IFE: verdades necesarias Denise Dresser Mareados, spoteados, avasallados, disgustados y con buenos motivos para sentirnos así. Porque la numeralia de la elección presidencial del 2012 que el IFE está examinando revela un sistema político que en aras de promover la equidad ha producido el abuso. Una narrativa de rebases de topes de campaña. Una crónica de caos, una historia de desorden, una larga lista de excesos e irregularidades pagadas con el dinero de los contribuyentes. Una predicción de multas millonarias provocadas por partidos que rutinariamente actúan fuera de la ley. Hoy en México la democracia no significa igualdad de oportunidades para contender, sino igualdad de oportunidades para abusar. Hoy el país padece las consecuencias de una decisión fundacional que se ha vuelto contraproducente. La apuesta al financiamiento público a los partidos como una forma de fortalecer la democracia está empeorando su calidad. Lo que funcionó en 1996 se ha vuelto disfuncional 17 años después. Lo que fue un bálsamo se ha convertido en un veneno. Lo que funcionó para fomentar la competencia ahora financia la incontinencia. Lo que fue un ingrediente indispensable para la transición actualmente obstaculiza su avance. El subsidio público a los partidos resolvió algunos dilemas pero ha creado otros y muy graves. Antes la equidad electoral enfrentaba el problema del acceso al financiamiento, y ahora se enfrenta al problema de sus excesos. Antes se pensaba que el financiamiento público prevendría el ingreso indebido del financiamiento privado al proceso electoral, pero tanto Monex como Soriana, como los excesos cometidos por el Movimiento Progresista, han demostrado que no es así. Antes el Estado canalizaba recursos para asegurar la equidad entre los partidos y ahora esos flujos ascendentes contribuyen a su “cartelización”. Partidos que son cárteles de la política y operan como tales. Deciden quién participa en ella y quién no; deciden cuánto dinero les toca y cómo reportarlo; deciden las reglas del juego y resisten demandas para su reformulación; deciden cómo fortalecer su feudo y reciben protección del IFE para hacerlo. Partidos que canalizan el dinero público para pagar actividades poco relacionadas con el bienestar de la sociedad. Organizaciones multimillonarias que, en lugar de transmitir demandas legítimas desde abajo, ofrecen empleo permanente a los de arriba. Organizaciones autónomas que extraen sin representar y usan recursos de la ciudadanía sin explicar puntual y cabalmente su destino. Agencias de colocación para una clase política financiada por los mexicanos, pero impermeable ante sus demandas. Partidos que aún no logran aclarar las 789 observaciones hechas por el IFE a actividades como la obtención de recursos por origen ilícito, gastos sin objeto partidista, observaciones de forma. El saldo final dictaminado del gasto de campaña de la Coalición Movimiento Progresista que asciende a $408,061,914.40, lo que representa un rebase en gastos de tope de campaña por $71,949,830.24. Rebase detectado que llevará a una probable sanción mientras el PRI queda exonerado en el caso Monex. Huellas de discrecionalidad. Huellas de falta de credibilidad. Huellas del veneno que corre a lo largo del andamiaje electoral y merma la confiabilidad a la cual -como sus patrocinadores- tenemos derecho. Veneno ante el cual la autoridad electoral no tiene un antídoto eficaz, por tres motivos: la debilidad y la división dentro del IFE, el modelo de fiscalización que impera en México y los incentivos que tienen los partidos para violar sus reglas. Las sanciones no funcionan como un disuasivo, el monitoreo concluye un año después de la elección, las irregularidades detectadas no invalidan el triunfo conseguido con ellas, la expectativa de más dinero público -en función del voto- obtenido crea razones para exceder los topes en vez de respetarlos. Ante ese envenenamiento, hay un IFE impotente, errático, que mide con varas distintas y criterios cambiantes. Un IFE que parece tener miedo de reportar las irregularidades detectadas dado que no es capaz de diseñar la cura correcta. Porque la elaboración de un suero capaz de devolverle la salud al sistema político depende de los propios partidos. Depende de quienes se benefician del statu quo y no tienen incentivos para reformarlo. La solución a aquello que aqueja al sistema electoral está en manos de quienes contribuyen a violar el Cofipe. Depende de quienes saben que el reto ya no es la equidad electoral, sino quién logra gastar más sin que se le compruebe o sancione. Encuesta tras encuesta lo revela: 50 por ciento de la población no cree en la democracia y sospecha de sus principales actores; más de la mitad de los encuestados afirma que los partidos políticos “no son necesarios” para el bien del país; 77 por ciento piensa que las elecciones “cuestan demasiado” y son “poco o nada útiles para informar a la ciudadanía”. Síntomas de la toxicidad producida por un modelo de competencia electoral que el IFE conoce pero tímidamente no se atreve a confrontar.
Posted on: Mon, 08 Jul 2013 14:30:32 +0000
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