INTERVENCION DEL SENADOR RUBEN GIUSTINIANI EN EL TRATAMIENTO DE LA LEY DE MEDIOS AUDIOVISUALES (9-10 de octubre de 2009) Señor presidente: quiero expresar que, como lo hiciera el Partido Socialista en la Cámara de Diputados de la Nación, voy a acompañar en general la sanción de la norma en tratamiento y voy a votar en contra de los artículos 14, 32, 45, 47, 93 y 161. El debate de un proyecto de ley de radiodifusión tiene para nosotros, para la sociedad y para el país una importancia fundamental. Es un proyecto de ley que reúne varias cuestiones que son difíciles de encontrar en otras iniciativas. Es un proyecto de ley que aborda la industria de la comunicación, que es una de las más dinámicas en los tiempos de una economía globalizada. Y es un proyecto de ley que aborda derechos humanos fundamentales: el derecho a la información y a la libertad de expresión, consagrados en la Constitución Nacional. Es precisamente en este último aspecto que el socialismo tiene una larga y estrecha relación con la prensa en la República Argentina. No es casual que su órgano de difusión, su periódico La Vanguardia, fundado en 1894, antecediera en dos años a la fundación del Partido Socialista. Y que fuera el mismo fundador del Partido Socialista el fundador de su periódico. En estos tiempos en que se habla tanto de la vinculación de la prensa y de los medios de comunicación desde la perspectiva de los negocios y del comercio, en aquel momento Juan B. Justo vendió su auto y su medalla de oro de la Facultad de Medicina para financiar la salida de La Vanguardia. Ese periódico, la voz de los socialistas en la prensa de aquellos momentos, fue desde 1896 censurado, perseguido y reprimido en numerosas ocasiones. Por eso quiero incorporar al Diario de Sesiones este opúsculo de Juan Antonio Solari, La Vanguardia: su trayectoria histórica; hombres y luchas (Ed. Afirmación, 1974), que habla de esta vinculación del socialismo con la prensa en la Argentina. Alfredo Palacios, en su libro Libertad de prensa (Ed. Claridad, 1935) analizaba el origen del artículo 32 de la Constitución Nacional, del que mucho se ha hablado esta noche en este recinto. Le pido permiso, Sr. Presidente, para leer la cita textual. Decía Alfredo Palacios que “sin la absoluta libertad de imprenta no se puede crear hoy el gran poder que gobierna a los pueblos y dirige a los gobernantes: la opinión pública. Sólo la libre discusión por la prensa puede hacer formar el juicio sobre la administración o sobre los hechos políticos que deban influir en la suerte de un país. Sólo también por medio de la libertad de imprenta puede el pueblo comprender la marcha de la administración. No basta que un gobierno dé cuenta al pueblo de sus actos; sólo por medio de la más absoluta libertad de imprenta puede conocerse la verdad e importancia de ellos y determinarse el mérito o la responsabilidad de los poderes públicos”. Entrando en los tiempos de la democracia reconquistada en 1983, el socialismo tiene un trabajo persistente por una nueva ley de radiodifusión que reemplace al bando militar 22285. En primer lugar, fue Héctor Polino, primero como Secretario de Acción Cooperativa del gobierno de Raúl Alfonsín y luego como diputado nacional, que propuso la modificación del artículo 45 por esa injusta negación de permitir el acceso de las cooperativas a la radiodifusión. En segundo lugar, fue Guillermo Estévez Boero, como integrante del Consejo para la Consolidación de la Democracia; aquel consejo que elevó al Congreso un proyecto de ley de radiodifusión para su tratamiento; aquel consejo que estaba presidido por el recordado Carlos Nino y que estaba integrado, entre otros, por René Favaloro, María Elena Walsh, Gregorio Weinberg y Oscar Puiggrós. En aquella presentación, el Consejo para la Consolidación de la Democracia expresaba que la democratización del sistema de medios de comunicación de masas es una precondición para la consolidación del sistema democrático. Y aquel proyecto - que no pudo ser ley- definía muchas cosas que esta noche están en debate. Decía aquel proyecto que “la regulación de los medios de radiodifusión debe asegurar que ellos sirvan tanto al enriquecimiento del debate colectivo como el desarrollo de la autonomía individual. Y que para ello es necesario producir una gran apertura y expansión del sistema existente. Descentralizar los focos de distribución de licencias dando por primera vez activa participación a provincias y municipios. Pluralizar las vías de acceso al sistema expandiendo el sector privado y comunitario y desdoblando el público en uno gubernamental y otro en el que estén representados los grupos parlamentarios, las universidades y otras entidades educativas y culturales. Evitar, aún con sanciones penales para la simulación, que ningún grupo tenga una posición monopólica o dominante por vía del control de múltiples medios de modo que su opinión prevalezca sobre las restantes”. Pido también la incorporación de todo este trabajo publicado por EUDEBA (1988) que, además de la exposición de motivos y del proyecto de ley, incorpora el derecho comparado sobre las autoridades regulatorias y de aplicación en distintos países del mundo. Y, en tercer lugar, nuestra tradición, que es la prédica permanente de Alfredo Bravo, de derogar todas las normas de los gobiernos de facto, entre ellas, la que hoy estamos tratando. Señor presidente: estoy convencido de que una ley de la democracia siempre será mejor que un bando de una dictadura militar. Por eso acompañamos en general esta ley, por esta posición histórica y porque la letra concreta de lo que hoy estamos analizando, de lo que hoy se pone en consideración, con los interrogantes que abre su aplicación a futuro, es superadora de la actual Ley 22285. Se dice que en los dos años que le quedan a partir de la sanción de esta ley, el actual gobierno tendrá más poder, pero no se dice que con las actuales reglas de juego, la ley vigente tiene una discrecionalidad muchísimo mayor. Esto quedó demostrado cuando en 2005, a través de un decreto de necesidad y urgencia —el 527—, pudo darle graciosamente 10 años más a todas las licenciatarias. Pudo muy bien aplicar lo que decía la ley: terminaban los 15, y les daba los 10 de prorroga que venían; pero no hizo eso, suspendió los plazos; es decir que les dio los 15, más los 10 de prorroga, más los 10 del decreto sin ninguna explicación. Entonces, ¿por qué no podría en los dos años que le quedan, y con un COMFER intervenido, hacer lo que tengan ganas? Nosotros somos conscientes de que una ley es la ley y el contexto histórico en el cual se sanciona y en el cual se aplica. No somos ingenuos. Muchos ciudadanos que nos apoyaron y que nos apoyan con buenas intenciones nos han pedido que rechacemos esta ley porque no le creen al gobierno, porque han perdido la confianza en este gobierno. Entonces, a esta altura, quiero hacer una consideración muy importante. El lugar desde el cual el Partido Socialista apoya en general esta ley es desde una banca de la oposición política. El Partido Socialista fue, es y será oposición a este gobierno hasta el 10 de diciembre de 2011 por una sencilla razón: no acompañó su programa, y por eso, la mejor contribución que le hacemos a la democracia es, desde estas bancas de la oposición, manifestar el control hacia el gobierno y las alternativas a lo que el gobierno no concreta. Pero ser oposición no significa votar siempre en contra todo lo que propone el gobierno. Es por eso que, en su momento, acompañamos la renovación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aquellos juicios políticos y la renovación posterior fueron momentos para analizar la intencionalidad. Se ha hablado mucho hoy de la intencionalidad. ¿Cuál era la intencionalidad de aquellos juicios políticos que se realizaban y la de cambiar los miembros de la Corte? Quizás, de alguna manera, también se ha mencionado acá que, con las modificaciones posteriores y con el Consejo de la Magistratura, pueden configurarse posicionamientos de intencionalidades. No tenemos dudas de que la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación es una de las mejores de las últimas décadas en el país, por su independencia política, por su capacidad y por su eficiencia. Hoy es muy importante hacer este análisis y, desde esta posición, decir que el Partido Socialista nunca ha canjeado un voto en el Parlamento por algún extraño interés. Nuestros intereses son los del país y los de la sociedad, y la pelea por el país federal la estamos dando en los ámbitos que corresponde. El gobierno de la provincia de Santa Fe, con la firma del gobernador Binner, ha hecho tres presentaciones en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la permanente violación del artículo 7/ de la actual Ley de Coparticipación Federal, porque nos hemos ido deslizando en un país federal que es letra muerta en la Constitución Nacional. El gobierno nacional se apropia hoy del 75 por ciento de los recursos. Sólo el 25 por ciento de la distribución primaria de la coparticipación se distribuye en las provincias, y el artículo 7/ es muy claro al fijar un piso del 32 por ciento que no puede violarse. Nosotros creemos que es fundamental el debate de esta ley, y desde esta banca les decimos a los 700 mil santafesinos que nos apoyaron en las elecciones del 28 de junio, y a muchos tantos otros que, con esperanza, andan buscando una posibilidad en este país, que la única trinchera en esta guerra que se ha planteado es la de trabajar desde esta banca por una provincia de Santa Fe mejor, por el derecho de los jubilados, por el derecho de los jóvenes, de las mujeres y de los más desprotegidos. Ese es nuestro compromiso. Yo pregunto si necesitábamos una nueva ley de radiodifusión. Es una pregunta obvia con respuesta más obvia todavía. Absolutamente nadie discute hoy la necesidad de una nueva ley de radiodifusión. Y la siguiente pregunta es inmediata: ¿por qué en 26 años no fuimos capaces de sancionar una ley, a pesar de que hubo más de 70 iniciativas parlamentarias y de que todos los gobiernos —a diferencia de lo que dice el proyecto del Ejecutivo en su exposición de motivos, que dice que es la primera vez— enviaron un proyecto de ley al Parlamento. Y, si tenemos honestidad intelectual, la respuesta a esto también es bastante simple: porque desde el poder, convino siempre mantener, consolidar y profundizar el statu quo vigente. Porque para los distintos gobiernos, era más fácil mantener un COMFER intervenido, que es una estructura oscura, discrecional, más parecida a la SIDE que a un órgano de regulación de la radiodifusión de la democracia. Era más fácil mantener ese poder. Y para los grupos económicos de la radiodifusión, también era mejor tener una regulación precaria que permitía obtener beneficios de todos los gobiernos. Por eso, estas reglas de juego que hoy tenemos son la perversa combinación de un bando militar, la Ley 22285, con el neoliberalismo. Porque no es que la democracia acunó a este bando militar. No es que hicieron modificaciones que mejoraron democráticamente el bando militar. No es así, porque sólo nueve de las doscientas modificaciones que se le hicieron en los tiempos de la democracia fueron por ley; la mayoría fueron por decretos de necesidad y urgencia y resoluciones, pero no se hicieron para mejorar su funcionamiento y hacerla más democrática, sino que todas y cada una de esas modificaciones fueron para beneficiar intereses sectoriales. Voy a nombrar sólo dos modificaciones, las más emblemáticas: las del artículo 45, en los tiempos del menemismo, que permitió que quien tenía diarios pudiera tener radio y televisión, y el decreto 527, de 2005 que —como antes expliqué— extendió graciosamente por diez años las concesiones. Ambas acciones consolidaron situaciones de privilegio. Fuimos muy pocos los que nos opusimos en aquellos momentos y, además, no tuvimos prácticamente prensa. Nuestra posición fue reflejada muy tenuemente, casi diría inexistentemente. Por eso es importante afirmarnos en la necesidad de este cambio, porque el statu quo vigente, muchas veces, tiene más fuerza que el cambio. Entonces, nos surge otra pregunta: ¿cuál es el sistema de medios que tenemos hoy en este país? ¿Por qué tenemos la necesidad de cambiarlo? Porque tenemos muchas pymes dentro de los medios de comunicación, que son emprendedores. Hay muchos periodistas en nuestro país de una gran y alta creatividad. Tenemos, realmente, mucho periodismo independiente en la Argentina. Sin embargo, sólo cuatro operadores reúnen el 84 por ciento de la facturación y el 83 por ciento del mercado. Entonces, ¿no hay posiciones dominantes? Claro que las hay. De tal modo, bienvenido que este gobierno, después de dictar el decreto 527 y después de avalar en un primer momento la fusión de CableVisión y Multicanal y de querer hacer ingresar a las telefónicas en el mercado, ahora pretenda limitar a los monopolios. Los monopolios ya fueron rechazados en el corazón mismo del capitalismo floreciente a finales del siglo XX. Fue un senador norteamericano, John Sherman, quien propuso la ley antitrust. Es decir que el combate al riesgo de cartelización y contra el monopolio es inherente al surgimiento y al desarrollo mismo del mercado. Ahora bien, los monopolios en los medios de comunicación son infinitamente más negativos. Por eso, constituye una historia importante aquel discurso del abogado irlandés Sean MacBride, pronunciado en la Unesco en junio de 1977, centrado en la fragilidad y en la vulnerabildiad de la prensa como consecuencia de las presiones económicas, financieras y políticas. Y fue ese discurso de MacBride en la Unesco el que determinó la formación de una comisión que integró gente muy importante, como el canadiense Mac Luhan. Esa comisión, después de varios años, llegó a conclusiones muy importantes. Por ejemplo, se refirió al derecho de los estados, no de los gobiernos, a disponer de los medios de comunicación y su deber de ponerlos a disposición de las organizaciones ciudadanas para contrapesar el poder de las grandes corporaciones. También, se refirió aquella comisión a establecer medidas de control de los monopolios, porque la concentración atenta contra la libertad de información. Señor presidente: con relación a la sanción de esta norma, hemos escuchado en estos días verdaderas exageraciones. Deberíamos guardarlas todas y, dentro de cinco o diez años, ponerlas arriba de la mesa, escucharlas y compararlas con la realidad. Yo no creo que lleguemos al paraíso mediático, pero tampoco creo que la sanción de esta norma genere el riesgo de entrar en el país de la noche de los silencios. Este es un tránsito en la democracia, un camino de una sociedad plural en el marco de un mundo globalizado de desarrollo increíble en materia tecnológica de las comunicaciones, donde ya es imposible acallar las voces y restringir los pensamientos. No tengo dudas, ya entrando en la consideración de la norma específicamente en particular, que si se aceptaran las modificaciones que estamos proponiendo desde la oposición, estaríamos concretando una norma mucho más sustentable y mucho más importante, que tendría un acuerdo mucho más amplio; porque la autoridad de aplicación prevista en el artículo 14, como manifiestan los 21 puntos de la Coalición para una Radiodifusión Democrática, debería ser independiente. Esto es muy importante, porque esta autoridad debería ser independiente tanto del poder político de turno como de los grupos económicos concentrados. Se habló mucho esta noche de cuál es el nuevo Estado del siglo XXI. El neoliberalismo dejó en claro que sin Estado, o mejor dicho con un Estado a su disposición, el mercado genera flagrantes desigualdades. Pero el viejo Estado burocrático, concentrado, verticalista, oscuro y personalista es del pasado. El Estado que necesitamos es un Estado austero, transparente y participativo; un Estado que no tenga nombre y apellido, porque el rol fundamental de este Estado lo tiene la sociedad. Entonces, la reforma —y esta es muy importante, en un tema trascendente— es sustentable en el tiempo, si es acompañada por la sociedad, porque los triunfos a lo Pirro son efímeros. De tal modo que estas son las cuestiones que tenemos en debate. ¿Por qué, también, planteamos que el plazo de adecuación a la nueva ley no sea de un año, sino de tres? Yo no comparto algunas interpretaciones hechas sobre los derechos adquiridos, porque pareciera que algunos empresarios se preocupan mucho de la seguridad jurídica cuando empiezan a perder, pero cuando ganan mucha plata lo hacen como sea, y no reparan en si hay decretos o resoluciones de dudosa legitimidad para respaldar su accionar. En esos casos, pareciera que la seguridad jurídica pasa a un segundo plano. Entonces, nuestro enfoque sobre la exigüidad de un año en la aplicación de esta norma —plazo que, por lo menos, debería llegar a tres— tiende a intentar que este proceso no tenga la misma sospecha de todos los procesos de la Argentina, donde la celeridad y la opacidad han sido la característica de la acción del Estado; por ejemplo, en el tema de las privatizaciones. Esa celeridad y esa opacidad han permitido, en poco tiempo, grandes ganancias para los amigos del poder. Esto es lo que tenemos que evitar; es decir, esa sospecha de que la adecuación a la ley y lo que tiene que ser la desinversión acelerada de algunos, se trasforme en un proceso de acumulación acelerada para estos pocos amigos del poder. El señor presidente, a lo mejor, me va a entender si le hablo de la piñata y de la remerita en los cumpleaños infantiles. En los cumpleaños infantiles, uno de los momentos más lindos es cuando se rompe la piñata y caen los caramelos y las golosinas. Por lo general, algún mayor se pone abajo y les dice a los chicos que no vale hacer “remerita”, porque siempre hay un niño pícaro que pone su remera en forma de bolsa y se queda con todos los caramelos y las golosinas. Entonces, para evitar que se haga “remerita” con este proceso de desinversión de algunos, para que no sea el proceso de acumulación de unos pocos amigos del poder y para que exista un proceso de transparencia en toda esta realidad, queremos que este plazo sea mayor. El artículo 32, junto con el 14 y el 161, determinan una discrecionalidad que en ninguna de las audiencias realizadas —a las que asistió el licenciado Mariotto y las autoridades del gobierno nacional— ni en los debates con el oficialismo pudo ser explicada. Puedo decir que hasta se trata de una cuestión de sentido común. Entiendo, porque soy ingeniero civil y he participado de muchas licitaciones de trabajos profesionales, lo que significa una licitación y su adjudicación por distintos órganos. Lo que no explica el sentido común es que si le destinamos tanto tiempo a discutir la autoridad de aplicación, por qué al momento de adjudicar las licencias más importantes —que son en ciudades de 500 mil habitantes o más y con un radio mayor de 30 kilómetros—, sacamos a la autoridad de aplicación y ponemos al Poder Ejecutivo nacional. Esto no sólo no tiene explicación lógica, sino que no se ha dado ningún tipo de explicación razonable al respecto. Por eso, creemos que estos cambios hubieran sido importantes. Desde el socialismo, acompañamos en general este proyecto. No es verdad lo que se ha dicho aquí de las cooperativas, que van a realizar una competencia desleal respecto de las empresas de cable y que, entonces, tienen riesgo de desaparecer, porque la Ley 20337 de las cooperativas —que realizan una tarea fundamental, que es la economía solidaria— obliga a las cooperativas a llevar contabilidad separada por cada actividad que desarrollan y, además, prohíbe expresamente los subsidios cruzados, -que se ha dicho que aquí existen- que no existen en esa realidad. Entonces, también vemos como muy positivo que las universidades, junto con las cooperativas y los pueblos originarios puedan actuar en la radiodifusión, lo que enriquecerá, seguramente, los contenidos y aportará a la democratización de la información. El saldo de todo este proceso, señor presidente, creo que es positivo. Me parece que todos tenemos que pensar que queda pendiente una cuestión fundamental, porque tenemos la sensación de que en este debate hemos hablado mucho del presente de la radiodifusión, mirando mucho el pasado y poco el futuro. Queda un debate abierto que no lo resuelve esta ley, que es Internet. Nuestros niños y jóvenes hoy pasan igual o más cantidad de tiempo frente a la pantalla de la computadora que frente a la pantalla del televisor. Por eso, es fundamental, también, abordar estas cuestiones; por ejemplo, el acceso universal a Internet de toda la población y, sobre todo, de los sectores que menos tienen, porque es allí donde se genera igualdad y educación. No tenemos que mirar a Europa para citar un ejemplo, con sólo cruzar el charco, en Uruguay, nos encontramos con el Proyecto Ceibal: una computadora para cada uno de los chicos que están en la escuela pública; y es maravilloso ver en un pueblito del interior del Uruguay a un niño pobre con una computadora entre sus pies accediendo a Internet. Esto es lo que está pendiente para tener mayor libertad e igualdad en la República Argentina. Debemos realizar aportes verdaderos para consolidar la democracia en nuestro país. Muchas gracias
Posted on: Fri, 01 Nov 2013 01:57:53 +0000
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