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RESULTADO DEL DEBATE LEAN ESTO ES IMPORTANTE!!!!!!!!!!!! Por estas horas, en los despachos oficiales arman una nueva estrategia para poner blanco sobre negro en el debate que se desató por el cuidado de San Guillermo. Se trata de judicializar la cuestión a través de una acción declarativa de certeza, para que un juez diga si en la reserva se respetan o no las normas ambientales y de esta forma, terminar con la incertidumbre y el desprestigio que viene regando Greenpeace. El planteo está en estudio y según el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, lo van a resolver este mismo año. La idea de llevar el debate a la Justicia surgió después de las últimas arremetidas de la ONG contra la provincia por la supuesta afectación de la actividad minera sobre el parque nacional. Primero fue la bandera que desplegó en el Centro Cívico y luego una polémica solicitada publicada en un medio nacional contra el gobernador José Luis Gioja (ver recuadro y página 3). Todo, en el marco de una campaña que Greenpeace llama “Salvá la reserva de San Guillermo”. La gestión giojista viene de presentar hace poco un plan de manejo de San Guillermo aprobado por el organismo nacional que se encarga de la protección de los parques y frente a las críticas, invita una y otra vez a los activistas a que visiten el lugar y dejen de hablar detrás de “una computadora”. A todo eso se suma que en el núcleo de la reserva no hay minería, tal como lo exige la Unesco y las normas de cuidado del ambiente, y que Veladero y Pascua-Lama tocan la periferia, llamada de uso múltiple, donde las leyes sí permiten actividades industriales. Pero como la arremetida no cesa, ahora analizan cortar por lo sano, apelando a un actor imparcial comola Justicia. Gioja ya dio el OK para trasladar el debate a Tribunales y De Sanctis baraja presentar una acción declarativa de certeza, recurso jurídico que se usa cuando hay dudas por la aplicación o cumplimiento de una norma. Así, un juez recabaría pruebas y declararía si San Guillermo se ve afectado o si se mantiene intacto. Si bien una resolución a favor de la provincia no obligaría a la ONG a parar la campaña, vaciaría de argumentos su estrategia. Al mismo tiempo, desaparecerían los fantasmas y para los actores nacionales e internacionales ajenos a la minería, quedaría acreditado la preservación de la reserva y el cumplimiento de las obligaciones ambientales. De Sanctis fundamentó la acción judicial en que Greenpeace, la principal detractora de la minería, “montó una campaña en base a mentiras, instala dudas sobre cómo se procede aquí, sin argumentos genera un descrédito para la provincia en el país y el mundo, hay que sacarle la careta y terminar con la incertidumbre”. El funcionario adelantó que tiene un alto de pruebas para aportar a la Justicia. Habló, entre otras cosas, del plan de manejo, el inventario de glaciares, los resultados hidrológicos de institutos universitarios y los estudios científicos que dicen que no hay contaminación.