• 25 SEP 2013 • ECONOMÍA • VISITAS: 1024 • PARA QUE HAYA ETNOCIDIO, ACLARA, DEBE FORZARSE ENCUENTRO CON GRUPOS EN AISLAMIENTO VOLUNTARIO Xavier Flores desnuda el falso dilema de los neoecologistas Como parte de un debate virtual, el asesor de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea aclara que no existe ninguna norma en el derecho internacional que prohíba la explotación de recursos naturales en zonas protegidas Redacción Actualidad En una entrada en su blog, el abogado guayaquileño Xavier Flores ha expuesto los fundamentos jurídicos para explotar el bloque ITT. Su texto forma parte ahora de un debate surgido con la crónica del periodista Roberto Aguilar, publicada en diario Hoy el pasado 15 de septiembre. En aquella ocasión el reportero aludió a Flores, asesor de la vicepresidenta de la Asamblea y vocal de la Comisión de Biodiversidad, Marcela Aguiñaga. El jurista se sintió afectado y envió una queja a la defensora del lector del matutino. A esa carta reaccionó Carlos Andrés Vera en la red social twitter. El activista político, quien trabajó en la campaña de Guillermo Lasso, acusó a Flores de guardar en un cajón el artículo 57 de la Constitución, que aborda los derechos colectivos de las nacionalidades indígenas. Esta opinión mereció una respuesta de Flores con sus argumentos jurídicos para explotar el crudo del bloque ITT, en el parque Yasuní. Su objetivo es “mostrar la falsedad del socorrido dilema ‘la no explotación es buena/la explotación es mala’”. Flores cita la sentencia del Caso del Pueblo Saramaka versus Surinam de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Ese fallo prohíbe interpretar el derecho aplicable de manera “que impida al Estado emitir cualquier tipo de concesión para la exploración o extracción de recursos naturales”. De igual manera menciona las “Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial de la Región Amazónica, el Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay”, elaboradas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos luego de efectuar consultas a Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela. Ese documento establece que “en caso de ubicarse un recurso natural susceptible de aprovechamiento, se deberá armonizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas con las necesidades públicas de los Estados”. “Estas referencias son muestra de que en el campo del derecho no existe tal cosa como una prohibición radical (escenario propio de uno de los polos en la falacia de falso dilema) a la explotación de recursos naturales”, expone Flores. Pero aclara que “sí existe en el campo del derecho, a manera de obligaciones que el Estado debe satisfacer, la explotación condicionada de los recursos naturales”. Y en Ecuador, añade, esas condiciones están consagradas en la Constitución. Flores cuenta que la Carta Magna recoge la protección a las comunidades en aislamiento voluntario, pero no replica el término “a perpetuidad”, “lo cual es lógico pues contiene una cláusula de excepción en su artículo 407”. Ese numeral se refiere justamente a la capacidad que tiene el Presidente de la República para solicitar la declaratoria de interés nacional. El jurista destaca que el informe de la Comisión de Biodiversidad excluye cualquier extracción en la zona intangible Tagaeri - Taromenane, delimitada en 2007, durante los últimos días del gobierno de Alfredo Palacio. “En este caso concreto, el informe de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales se adecuó estrictamente a lo dispuesto en el artículo 57”. Sobre el contacto con pueblos en aislamiento voluntario, Flores recoge las directrices del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Ese documento excluye de punición los encuentros accidentales. Para haber culpabilidad el contacto debe ser forzado. “Una intención, por ejemplo, que no se verifica en una resolución legislativa, amenazada absurdamente con el ‘cuco’ de servir de base para una futura acusación de etnocidio”, concluye. Inicio El testimonio del campesino ecuatoriano que enmudeció a la ONU Enviado por Luis Padilla en Mié, 09/25/2013 - 11:37 El campesino de la amazonía ecuatoriana, José Shingre, llora cuando ofrece su testimonio sobre la muerte de sus compañeros por la contaminación de Chevron- Texaco. Foto: Cancillería de Ecuador • jose_shingre_campesino_afectado_por_chevron-texaco.mp3 Quito, 25 sep (Andes).- El campesino de la amazonía ecuatoriana, José Shingre, enmudeció momentáneamente a la audiencia de la Organización de Naciones Unidas, que lo escuchó dar su testimonio entre lágrimas, sobre cómo la contaminación dejada en su territorio por la gigante petrolera Chevron- Texaco causa muerte por enfermedad a miles de sus compañeros. “Consecuencia de eso están muriendo cientos, y ya miles de compañeros campesinos, indígenas, compañeros, y lo que más nos duele en el alma es que inclusive los gobiernos no nos han ayudado a los clamores de nosotros; no queremos plata, no queremos dinero, lo que queremos tener es dos cosas, señores, ¡Agua queremos, porque en la zona no hay como coger agua, está contaminada por más que las autoridades locales quieran darnos agua no lo pueden (hacer), todo está contaminado (…) y queremos justicia, nada más, justicia, porque hoy por hoy, ni la agricultura nos vale ¿ de qué vale que nosotros tengamos las manos encallecidas?”, dijo. Shingre, uno de los representantes amazónicos de afectados por la negligente remediación ambiental de Chevron- Texaco en la Amazonía ecuatoriana, recibió recién el lunes visa para ingresar a Estados Unidos, un documento que originalmente le fue denegado por la embajada de ese país en Ecuador y que necesitaba para poder acudir a dar su testimonio en el evento “Derechos Humanos, Medio Ambiente y Transnacionales- El caso Chevron-Texaco en el Ecuador”, que se llevó a cabo en el marco del 68 Periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. “Ellos gobernaban (Texaco). No gobernaban las autoridades, ni siquiera las Fuerzas Armadas, porque ellos determinaban que vayan estos uniformados para que nosotros no diéramos resistencia cuando nos derrocaban los cultivos de café, caña de azúcar, frutales y entre otros y nosotros, inclusive, éramos perseguidos por las mismas autoridades”. “Nuestras familias se enferman a cada rato y mientras permanezca esta desadaptada práctica de Chevron, antes Texaco, nada será bueno, por más que puedan agrupar a todos los médicos del mundo, tenemos claro en la mente que si no se quita, se hace una remediación ambiental adecuada, desde el corazón humano ningún remedio será bueno, ningún remedio”. “Y hoy, cuando pedimos justicia, se dice que (el culpable) es el mismo Estado (ecuatoriano), no estamos defendiendo al presidente, pero nosotros nos sentimos Estado, o sea que quiere que nosotros paguemos las injusticias de Texaco, hoy Chevron, y eso no se debe dar en ninguna parte del planeta". "Estamos viendo claro que ellos defienden solo los dólares, la parte económica, la parte mercantil, pero no se defiende la vida, cuando la vida es primero, no otra cosa”, dijo. lp/ar La información y el contenido multimedia, publicados por la Agencia de Noticias Andes, son de carácter público, libre y gratuito. Pueden ser reproducidos con la obligatoriedad de citar la fuente.andes.info.ec/es/actualidad/testimonio-campesino-ecuatoriano-enmudecio-onu.html • 25 SEP 2013 • ACTUALIDAD • VISITAS: 2870 • EL SECRETARIO JURÍDICO DE LA PRESIDENCIA RECORDÓ QUE EXISTE UN INFORME DE CONTRALORÍA QUE ESTABLECÍA INDICIOS DE RESPONSABILIDAD, PERO “DESGRACIADAMENTE LA FISCAL CECILIA ARMAS VIRÓ LA CARA Y DIJO QUE NO PASÓ NADA” Chevron cuenta con el apoyo de empresa de excanciller Ortiz Quienes firmaron el acta final que avaló el supuesto cumplimiento del contrato de remediación a favor de Chevron fueron: Patricio Rivadeneira García, ministro de Energía y Minas; Ramiro Gordillo, presidente ejecutivo de Petroecuador; y Luis Albán Granizo, gerente de Petroproducción. Mera indicó que el fiscal Galo Chiriboga debe iniciar un juicio por peculado “en contra de esos delincuentes, traidores a la Patria, sinvergüenzas y corruptos”. La petrolera debe pagar una indemnización de $19.000 millones. Los daños ambientales provocados por 26 años de operaciones petroleras antitécnicas de Texaco-Chevron, aún son visibles en las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana. Foto: AFP Redacción Actualidad Por el delito de peculado, el cual no prescribe, serían investigados penalmente por la Fiscalía los exfuncionarios de los gobiernos de Jamil Mahuad (de la extinta Democracia Popular) y de Sixto Durán Ballén, que hace 15 años liberaron de toda responsabilidad a la transnacional Texaco (cuyas acciones adquirió Chevron en 2001) por la contaminación ambiental causada en el norte de la Amazonía ecuatoriana. Como “traición a la Patria” calificó el secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, la actuación de los exfuncionarios de Mahuad y Durán Ballén, quienes con su firma aprobaron un plan de remediación que no se cumplió en Sucumbíos y Orellana. Como reveló EL TELÉGRAFO el 4 de septiembre pasado, el acta final que en 1998 avaló la supuesta remediación la suscribieron: el exministro de Energía y Minas, Patricio Ribadeneira; el expresidente ejecutivo de Petroecuador, Ramiro Gordillo; el exgerente de Petroproducción, Luis Albán Granizo; el exvicepresidente de Texaco, Ricardo Reis Veiga; y Rodrigo Pérez Pallares, representante legal de esa compañía en Ecuador, denominada Texpet. Sin embargo, para los afectados, Texaco nunca reparó los daños causados en la Amazonía durante los 26 años de explotación petrolera. Pese a que el informe de Contraloría (realizado entre 1997 y 2000) y los estudios de la realidad que viven los afectados confirmaban que Texpet solo hizo cierta remediación antitécnica, funcionarios de Mahuad procedieron con su rúbrica a “liberar, absolver y descargar para siempre a Texpet, Texas Petroleum Company, Compañía Texaco de Petróleos del Ecuador S.A., Texaco INC. y a todos sus respectivos agentes, sirvientes, empleados, funcionarios, abogados, indemnizadores, garantes, herederos, administradores, ejecutores, beneficiarios, sucesores, predecesores, principales y subsidiarias, de cualquier demanda o reclamación del Gobierno del Ecuador, de Petroecuador y de sus filiales” (ver facsímil). Ayer, en una entrevista con EL TELÉGRAFO, Mera dijo que se reunió con el fiscal General Galo Chiriboga y le pidió “revivir” el caso en base a la auditoría realizada por la Contraloría General del Estado. ¿El Gobierno actual va a emprender una acción legal contra los exfuncionarios públicos que firmaron el acuerdo de remediación con Texaco-Chevron? Es terrible lo que hicieron tanto los funcionarios de Sixto Durán Ballén como de Mahuad. Firmaron sin remediar las piscinas de Chevron y dieron un finiquito estableciendo que todo estaba limpio. La Contraloría estableció indicios de responsabilidad hace algunos años, pero desgraciadamente la fiscal (de ese entonces) Cecilia Armas viró la cara y dijo que no pasó nada, que este era un problema de carácter civil. Ya hemos pedido al fiscal Galo Chiriboga que reabra el proceso, por cuanto consideramos que hay indicios de peculado, cuyo delito no prescribe. ¿Cuándo le pidió eso al fiscal? Hace cuatro semanas. Está en manos del fiscal iniciar un juicio penal contra esos delincuentes, traidores a la Patria, sinvergüenzas, corruptos. Eso es peculado, porque van a obligar a Petroecuador, cuando terminen los procesos penales y civiles contra Chevron, a hacer esa remediación (con dineros del Estado). Si Chevron no lo hace y corrompe a todas las autoridades internacionales, tendría el Ecuador que hacerlo. ¿De qué exfuncionarios se habla? De Petroecuador. Son funcionarios que dijeron a Chevron: ya no te vamos a reclamar, vete tranquilo, cuando todo estaba contaminado. ¿Es una cláusula implícita o explícita la que está en el acuerdo de liberación que exime de responsabilidad a Chevron? Es explícita, porque exime de responsabilidad a Chevron... dice que todo está limpio cuanto todo sigue sucio después de 20 años. Esa gente debería irse a la cárcel. ¿Chevron se ampara en que esa acta final firmada en el Gobierno de Mahuad la libera de todo? Claro, Chevron se basa en eso, pero lo que no pensó Chevron es en que las comunidades indígenas iban a presentar su propio reclamo. Tampoco consideraron que el actual Tribunal Arbitral de La Haya diga que los afectados tienen derecho a reclamar. El Tribunal Internacional, a diferencia de lo que dice Chevron, ha señalado que cualquier persona afectada por la contaminación de Chevron puede hacer su reclamo. ¿El delito de peculado no prescribe, lo que significa que aún se puede hacer algo? No prescribe, de allí que nunca es tarde para hacer lo que se tiene que hacer y esperemos que el fiscal actúe. Hay un examen especial de la Contraloría General. El que no se hizo en este Gobierno. Se hizo en la época del expresidente Lucio Gutiérrez. Examen especial que determina que no hubo tal remediación... ¿Qué habrán recibido? En el Gobierno de Mahuad, el canciller era Benjamín Ortiz, actual jefe de relaciones públicas de Chevron en Ecuador. Esos son los traidores a la Patria. Y actualmente Cecilia Armas es asesora de la Fiscalía General. Tiene que responder ante el país por lo que hizo (en ese entonces). EN LA ONU SE DENUNCIÓ A LA MULTINACIONAL Ecuador denunció ayer, en la sede de las Naciones Unidas, la campaña mediática de desprestigio contra el país que lleva adelante la petrolera Chevron. Su objetivo, denuncian las autoridades, es evitar el pago de 19.000 millones de dólares a los afectados por la contaminación, producto de su actividad desarrollada entre 1964 y 1990. El evento estaba previsto para la tarde de ayer, pero hasta el cierre de esta edición éste aún no ocurría. Según el periódico oficial ElCiudadano, el canciller Ricardo Patiño tenía previsto proteger “los intereses nacionales luego de que Chevron intentó involucrar al Estado ecuatoriano en el litigio que la petrolera mantiene con las comunidades amazónicas, por los pasivos ambientales que la Texaco dejó en la zona selvática del país”. Junto a Patiño viajaron a Nueva York varios de los afectados por la contaminación en la provincia de Sucumbíos. Entre ellos estaban Carmen Zambrano y Medardo Shingri. A ellos Estados Unidos demoró en otorgarles la visa, lo que fue denunciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tras esta protesta, finalmente, los demandantes pudieron recibir el permiso de viaje. Ellos tenían planeado exponer los efectos de la contaminación en las poblaciones donde viven. Querían denunciar las consecuencias a la salud y cultivos. Las piscinas de petróleo se han filtrado a los ríos y pozos subterráneos, lo que ha causado problemas a la salud de los habitantes. Fue la Corte Provincial de Sucumbíos la que falló a favor de los demandantes. El tribunal obligó a la multinacional a pagar 19 mil millones de dólares. Chevron considera al juicio fraudulento y acusa de corrupción a los abogados ecuatorianos y norteamericanos. Además asegura que el Gobierno manipula la justicia a su favor. Por esos alegatos no reconoce la legitimidad del fallo. Etiquetas: Chevron
Posted on: Wed, 25 Sep 2013 18:12:49 +0000
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