ALERTA En la última etapa hacia las próximas elecciones legislativas, el partido Unión Popular pegó un cimbronazo dentro del massismo y radicó una denuncia para impugnar el armado del Frente Renovador por su inclusión en ese espacio “sin la consulta de los afiliados”. En efecto, el presidente de la Convención bonaerense y apoderado de Unión Popular, (UP) Daniel Herrera, anunció la realización de una presentación judicial en el Juzgado Federal con competencia electoral, a cargo de Manuel Blanco. En declaraciones a este portal, Herrera sostuvo que el acuerdo para incluir a su fuerza dentro del armado de Sergio Massa fue un acuerdo “ilegal”, gestionado por el interventor judicial y el intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, quien aparece como su referente. “El interventor nacional que es funcionario de Mauricio Macri en Capital Federal se auto nombró interventor en el nivel provincial y se arrogó la representación para definir las alianzas sin la voluntad de los afiliados”, afirmó a INFOCIELO. Según consignó Herrera, el intendente de Malvinas Argentinas fundamenta su representación de Unión Popular por tener “un acuerdo político con el interventor judicial”. Incluso, de acuerdo al dirigente, Cariglino es “sólo un afiliado al Partido Justicialista”, sin ninguna ligazón legal con la fuerza. De hecho, Herrera expresó que Cariglino nunca formó parte de Unión Popular. “Cariglino sólo fue uno de los candidatos del Frente Popular que llevó en 2011 la fórmula Duhalde – Das Neves, pero hasta ahí llegamos; después no hubo más conversaciones”, apuntó. “Ni Sergio Massa, ni Jesús Cariglino deben sorprenderse por esto. Todos sabían cuál es la situación de Unión Popular y no se puede pactar una alianza sin conocer la voluntad de sus afiliados. Estuvimos esperando la convocatoria del interventor que nunca llegó”, aseguró Herrera. El dirigente explicó que existe gran descontesto hacia el interior del partido y calificó la incorporación “inconsulta” de Unión Popular como un “mamarracho”. “Si desde el Frente Renovador actuaron así no pueden ignorar los costos jurídicos que aparezcan”, argumentó. “Como no nos escucharon tuvimos que recurrir a la Justicia. Los candidatos públicos deben ser elegidos por el voto popular. Nosotros nunca pudimos hablar, ni conversar con nadie. Es un acto de apropiación”, concluyó el dirigente. Según informó Herrera, el partido Unión Popular cuenta con 30 mil afiliados a nivel nacional y 8500 en la provincia de Buenos Aires, donde tiene su sede en el partido de Tres de Febrero. La jueza María Servini de Cubría determinó hace tiempo la intervención del partido para regularizar la situación patrimonial y en ese lugar colocó a una persona allegada al PRO, de acuerdo al propio Herrera.
Posted on: Tue, 25 Jun 2013 21:24:20 +0000
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