CONTINUACION... 4. El arranque traumático de la segunda presidencia: crisis económica y estallido social Pérez, convertido en senador vitalicio en tanto que ex presidente, estaba decidido a regresar al Palacio de Miraflores al cabo de una década, esto es, tras dos administraciones presidenciales, que era el lapso prescrito por la Constitución de 1961. Superada sin desafuero la investigación en su contra llevada a cabo por una comisión parlamentaria formada por el COPEI, que intentaba demostrar la comisión de presuntas irregularidades en el ejercicio de su mandato, en todo este tiempo el político socialdemócrata se mantuvo activo en el ámbito internacional, donde contaba con muchos amigos y no pocos admiradores. En 1980 Pérez fue elegido presidente de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU) y de paso reelegido vicepresidente de la Internacional Socialista. A lo largo de la década, estuvo involucrado en iniciativas de mediación de conflictos y en misiones de monitorización electoral. Propagandista infatigable de sí mismo, sus numerosas visitas a pie a pueblos y barrios humildes a lo largo y ancho de Venezuela le hicieron acreedor del sobrenombre de el hombre que camina. En las elecciones generales del 4 de diciembre de 1983 AD recobró la Presidencia en la persona de Jaime Lusinchi, antiguo jefe del grupo parlamentario, senador y últimamente secretario general del partido, así como la mayoría en el Congreso. Para la selección del candidato presidencial adeco en las elecciones de 1988, Lusinchi apostó por Octavio Lepage Barreto, ex ministro del Interior y veterano dirigente del partido, pero en la elección primaria del 11 de octubre de 1987 Pérez se le impuso. Con su estilo optimista y arrollador de siempre, CAP, también conocido como El Gocho (gentilicio coloquial para referirse a los andinos tachirenses), consiguió que el electorado le recordara como el presidente del milagro económico de los setenta, cuando los venezolanos podían consumir y prosperar sin temor a perder poder adquisitivo. Pérez se erigió en el hombre-providencia, en el estadista con buenas credenciales que ofrecía una última oportunidad para confiar en un modelo de partidos y en una forma de hacer política que después de tres décadas, a raíz del famoso Pacto de Punto Fijo del 31 de octubre de 1958 (firmado por AD, el COPEI y la URD) y su posterior evolución a un mero pacto institucional, ya mostraba claros signos de agotamiento, no obstante haber sido él una pieza fundamental del sistema. Los infortunios económicos del presente tenían su origen en la dependencia masiva del petróleo, cuyos precios eran de nuevo reducidos; con los ingresos muy mermados, el Estado no podía hacer frente a los pagos de la deuda externa, crecida a los 34.000 millones de dólares, y las mismas importaciones de alimentos estaban en crisis. Además, la fuerte devaluación del bolívar en 1986 había desencadenado una ola inflacionista sin precedentes. En 1988 el índice de precios creció un 35%. El legado económico de su compañero de partido, Lusinchi, no tenía nada de positivo, pero el 4 de diciembre de 1988 Pérez se impuso al copeyano Eduardo Fernández con el 54,6% de los votos. Era la segunda vez que se presentaba a unas elecciones presidenciales y en los dos intentos había ganado con una confortable mayoría. El 2 de febrero de 1989, a sus 66 años, CAP tomó posesión de la suprema magistratura entre dispendiosos fastos y arropado por una veintena de jefes de Estado y de Gobierno del subcontinente incluido Fidel Castro (en el primer viaje del dictador cubano a Venezuela en los últimos 30 años), más el presidente portugués, Mário Soares, y el presidente del Gobierno español, Felipe González, ambos colegas de la Internacional Socialista y amigos personales del venezolano. Pérez también había tenido tratos con el canciller Willy Brandt. Pocos mandatarios de la región podían exhibir una cartera de simpatías y contactos internacionales tan abultada. Consciente de la gravedad de la crisis económica, Pérez no recurrió al populismo de su anterior mandato. Nombró un Gabinete cuajado de tecnócratas y expertos en gerencia y el 17 de febrero, en una tensa alocución, anunció por radio y televisión un plan de austeridad muy riguroso sujeto a las prescripciones del FMI, que a cambio aceptaba prestar a Venezuela 4.500 millones de dólares en los tres años siguientes. Conocido popularmente como El Paquete, el plan del Ejecutivo imponía: alzas generalizadas de los precios de los carburantes y las tarifas de los servicios públicos; la liberalización de los precios de los demás productos, salvo los incluidos en la canasta básica; la liberalización de los tipos de interés hasta un tope temporal del 30%; la congelación de las contrataciones de personal en la administración del Estado; la reducción del gasto público con el objetivo de rebajar el déficit fiscal al 4% del PIB; la eliminación progresiva de los aranceles a la importación; y un nuevo esquema cambiario consistente en un tipo único y flexible, el que determinaran la oferta y la demanda, y que operaría en todas las transacciones de la economía. Esta última medida supuso la defunción del Régimen de Cambios Diferenciales (RECADI), establecido por el Gobierno de Herrera Campins tras el Viernes Negro de febrero de 1983. Simultáneamente, el presidente comunicó una serie de medidas sociales compensatorias: el incremento del salario básico en 4.000 bolívares para los trabajadores de la ciudad y en 1.500 bolívares para los del campo; una subida del 30% en los sueldos de los funcionarios; un programa de becas alimenticias para los escolares de familias con ingresos bajos; el establecimiento de 42.000 hogares de cuidado diario para la infancia; el refuerzo de los programas de asistencia a los niños lactantes y preescolares; y la creación de una comisión presidencial para la lucha contra la pobreza. El 24 de febrero el Banco Central empezó a desprenderse de sus reservas de oro para venderlas en el mercado de Londres (un primer envío de ocho toneladas en lingotes partió a la capital británica en la bodega de un aerocarguero). El 25 de febrero el Gobierno anunció la ampliación de la suspensión de pagos por la deuda externa del sector privado. Y el 26 de febrero el Ejecutivo precisó el aspecto más draconiano de su plan de ajuste, el encarecimiento de la gasolina un 100% y del transporte urbano un 30%, con carácter inmediato y por un período de tres meses, transcurrido el cual el Gobierno se reservaría aplicar alzas aún mayores. El 27 de febrero, coincidiendo con la entrada en vigor de los nuevos precios y tarifas, estallaron violentísimos disturbios en barrios populares del metropolitano de Caracas, con saqueos de comercios y pillaje generalizado, que rápidamente se extendieron al núcleo urbano de la urbe, así como a Valencia, La Guaira, Mérida, Ciudad Guayana y otras poblaciones importantes del país. Las fuerzas policiales y la Guardia Nacional se vieron desbordadas y al día siguiente el presidente, con la plena aquiescencia del ministro de Defensa, general Italo del Valle Aliegro, decidió movilizar al Ejército, que desplegó a 9.000 soldados en las calles, al tiempo que decretaba el estado de emergencia y el toque de queda con suspensión de garantías constitucionales. El tristemente célebre Caracazo, o Sacudón, dejó un balance incierto pero estremecedor de muertos, en su mayoría víctimas de los disparos efectuados por los militares y los agentes del orden, así como cuantiosísimas pérdidas materiales, luego calculadas en 150 millones de dólares. Las autoridades dieron cuenta de 276 víctimas mortales, pero esta cifra fue considerada demasiado conservadora por multitud de medios y organismos tanto nacionales como extranjeros. Más tarde, diversas ONG venezolanas denunciaron la aparición de fosas comunes llenas de cuerpos de revoltosos abatidos que no figuraban en los partes oficiales así como la desaparición de hasta 2.000 personas en los dos días que duraron las algaradas y con posterioridad a las mismas. En otras palabras, el Caracazo se saldó con una masacre de enorme magnitud y con claros indicios de represalias postreras, cuando los saqueos ya habían cesado, que pudieron esconder una represión completamente ilegítima, de tipo político. Tras esta insólita conmoción, Pérez analizó lo sucedido en clave de una "rebelión de los pobres contra los ricos". Pero este subterfugio populista no le ahorró ser ferozmente recriminado por los excesos represivos de los cuerpos armados, más propios de las peores dictaduras que había conocido el continente. El dirigente perdió mucha de la popularidad –no toda- que le había devuelto a la Presidencia, abriendo un divorcio de la opinión pública que iba a pasarle factura tres años después. Por el momento, Pérez moderó los aspectos más dolorosos del plan de ajuste, como el aumento del precio de la gasolina, y se esmeró en el cumplimiento de las fórmulas de compensación como las alzas salariales, aunque, en conjunto, se mantuvo fiel a su nuevo pragmatismo económico de fuerte gusto liberal. Habiéndose cerrado el infausto año de 1989 con un crecimiento negativo del PIB del -8,1% y una tasa de inflación del 81%, 1990 registró un 4,4% positivo en la primera variable y un 36% en la segunda. La deuda externa también experimentó un sensible descenso luego de acogerse el Gobierno al Plan Brady, ofrecido por el Tesoro de Estados Unidos para el escalonamiento de los pagos. Si las macromagnitudes tomaron un cariz relativamente benigno, no podía decirse lo mismo en el ámbito social. El índice de población que se hallaba por debajo del umbral más extremo de pobreza avanzó del 15% a finales de 1988 al 45% dos años después; también, estaban creciendo el desempleo y el subempleo, y todo ello en un contexto de inseguridad ciudadana por la proliferación de la delincuencia común y el crimen organizado. En el terreno diplomático, Pérez retomó el activismo de su primer mandato, si bien ahora el margen para desenvolverse era menor debido al ajuste económico. El venezolano fue uno de los presidentes amigos del secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, en su labor de mediación en el proceso de paz de El Salvador (1989-1992) y participó en los proyectos de integración regional, como el del Grupo Andino, que el 17 y el 18 de mayo de 1991 celebró en Caracas la V Reunión de su Consejo Presidencial, cita en la que se decidió iniciar un área de libre comercio regional a partir del 1 de enero de 1992. La capital venezolana congregó también una cumbre especial del G-3 (Venezuela, Colombia y México) y los cinco presidentes centroamericanos el 12 y el 13 de febrero de 1993, dedicada a estudiar la implementación de otra área libre de aranceles en torno a 2003, así como la IV Reunión ordinaria de presidentes del Grupo de Río, el 11 y el 12 de octubre de 1990. En dicha cita, este organismo, surgido en diciembre de 1986 como el Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, o Grupo de los Ocho (a su vez, nacido de la fusión del Grupo de Contadora para los conflictos de Centroamérica, del que Venezuela era integrante, y de su Grupo de Apoyo), adquirió el nombre de Grupo de Río a la vez que otorgó la membresía a Ecuador, Bolivia, Chile y Paraguay. Asimismo, el 23 de octubre de 1991 Pérez, el colombiano César Gaviria y el mexicano Carlos Salinas de Gortari se entrevistaron con Fidel Castro en la isla mexicana de Cozumel para intentar convencerle de que introdujera reformas políticas en su régimen. Dando fe de la calidad alcanzada por las relaciones venezolano-estadounidenses, Pérez realizó hasta siete viajes a Estados Unidos para encontrarse con el presidente George Bush. Más aún, en diciembre de 1990, en plena crisis del Golfo por la ocupación irakí de Kuwait, Bush encontró necesario volar a Caracas, en el primer viaje de este nivel desde el realizado por Carter en 1978 -precisamente cuando la primera administración del dirigente adeco-, para cerciorarse de que Venezuela seguía siendo un aliado diplomático y un fiel proveedor de petróleo. Ciertamente, el país caribeño accedió a aumentar la producción para paliar la desaparición del petróleo kuwaití e irakí en los mercados. Por otro lado, Pérez acogió con los brazos abiertos al presidente izquierdista haitiano, Jean-Bertrand Aristide, derrocado por los militares en septiembre de 1991. Finalmente, en noviembre de 1991
Posted on: Tue, 30 Jul 2013 17:21:46 +0000
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