Causa falsa SEGURIDAD. FOTO: ALEJANDRO ARIGÓN Bordaberry, la liberación de presos de 2005 y la seguridad pública El senador Pedro Bordaberry cree que de aprobarse la ley que regula el mercado de la marihuana que se encuentra a consideración del Parlamento el país se expone a sufrir consecuencias catastróficas. Piensa que se trata de un experimento social peligroso en el que los uruguayos van a ser usados como ratas de laboratorio. Es razonable que lo crea: el senador colorado es un hombre de talante típicamente conservador y piensa que cualquier cambio en las costumbres amenaza la integridad del tejido social. Hubo un tiempo en que los colorados eran en general mucho menos conservadores que Bordaberry y veían con mejores ojos los experimentos sociales (la separación de la Iglesia y el Estado, las leyes sociales), pero eso no viene al caso ahora. El punto es que Bordaberry cree que hay un antecedente muy cercano en el tiempo, que justifica sus temores ante las posibles consecuencias de la regulación del mercado de la marihuana. En una entrevista que concedió al periodista Emiliano Cotelo el jueves de la semana pasada y más tarde en una columna que publicó en su perfil de Facebook el domingo, Bordaberry dijo que este experimento social tiene similitudes con otro que a su juicio emprendió el Frente Amplio a poco de llegar al gobierno. El hecho al que alude fue la liberación para descomprimir los establecimientos carcelarios de algunos cientos de presos bajo el gobierno de Tabaré Vázquez, en el marco de una ley de humanización de las cárceles que promovió el entonces ministro del Interior José Díaz. Según Bordaberry, en 2012 el comisionado parlamentario Álvaro Garcé informó que el 40 por ciento de los reclusos liberados por esa ley reincidieron, es decir, que volvieron a cometer delitos y fueron enviados nuevamente a la cárcel. Pero esa cifra es falsa. El informe del comisionado dice en realidad que del total de liberados, que ascendió a 827 personas, 207 (25 por ciento) reincidieron, mientras que 118 incumplieron el régimen de vigilancia y retornaron a la cárcel, aunque no reincidieron en el delito. Esa tasa de reincidencia de 25 por ciento habría que compararla (cosa que Bordaberry no hace, pero el comisionado parlamentario sí) con la tasa general de reincidencia, que se encuentra en el entorno del 65 por ciento. Pero el planteo de Bordaberry no está errado sólo en los números. El senador colorado agrega el siguiente argumento: “Si tenemos en cuenta que la tasa estimada de no denuncia de delitos es del 55 por ciento y la de aclaración de rapiñas del 9 por ciento, ese 40 por ciento se va a más del 70 u 80 por ciento”. El razonamiento aquí parece ser el siguiente. A cada delito se le corresponde un único delincuente y a cada delincuente un único delito. La mitad de los delitos no se denuncia y de esa otra mitad que sí se denuncia, sólo uno de cada diez se aclara. O sea que de 100 delincuentes sólo cinco van presos. El gobierno liberó a un montón de presos. El 40 por ciento volvió a la cárcel poco tiempo después. Seguramente el 100 por ciento reincidieron, pero como el sistema penal sólo captura y castiga a cinco de cada 100, todavía quedan un montón de delincuentes de los que fueron liberados por obra y gracia de José Díaz y Tabaré Vázquez haciendo tropelías por ahí, aunque el gobierno no se entere. Invitamos al lector que albergue alguna duda de que este haya sido efectivamente el razonamiento de Bordaberry a que encuentre otra interpretación bajo la cual sus cuentas y razonamientos tengan sentido. Da un poco de pereza mostrar que este argumento es defectuoso en todos y cada uno de sus pasos. Para empezar, no es verdad que a cada delito se le corresponda un único delincuente y a cada delincuente un único delito. Así que las tasas de denuncia y de aclaración de crímenes de ninguna manera se pueden sumar o restar con las tasas de reincidencia. A ese desatino hay que sumarle el hecho de que el senador colorado asume tácitamente que la población de reclusos puestos en libertad en 2005 es representativa del total de los delincuentes, lo que obviamente no es el caso, entre otras cosas porque los liberados en 2005 fueron elegidos mediante criterios de selección fijados en la ley que permitió su liberación anticipada y no tomados al azar del conjunto de la población carcelaria. Hasta aquí todo está mal en el planteo de Bordaberry: las cifras son falsas y los razonamientos desastrosos. Pero lo peor está por venir. El senador colorado deja entender de una manera inequívoca que en la liberación de presos de 2005 está el origen causal del aumento de la violencia y el delito que el país ha experimentado en los últimos años. Escribe Bordaberry: “Pensar que largando presos a la calle (los gobernantes de la época) iban a mejorar la inseguridad fue no sólo ingenuo. Fue una gran irresponsabilidad que hoy estamos pagando en rapiñas y aumento de homicidios. En el 2005, cuando se propuso esta ley, ocurrían 7 mil rapiñas por año en el país. Hoy son 17 mil. En el 2005 ocurrían 199 homicidios por año. El año pasado fueron 287”. La locución latina Post hoc ergo propter hoc (“Después de esto, por lo tanto, debido a esto”) es usada habitualmente para referir al error de razonamiento que consiste en creer que la mera sucesión temporal implica la existencia de una relación causal entre eventos. Esto es, la falacia de creer que si el evento X ocurrió antes que el evento Y, entonces (por el mero hecho de haber ocurrido antes) X es la causa de Y. El senador Bordaberry ofrece en su columna un ejemplo de esta falacia mejor que cualquiera de los que pueden encontrarse en los numerosos libros de texto destinados a la enseñanza universitaria. En efecto, no hay ninguna razón para pensar que la liberación de presos de 2005 tuvo (seis años más tarde) una incidencia real sobre el aumento de los homicidios y de las rapiñas. Hacer una asociación entre ambos eventos es simplemente una locura. Si las liberaciones hubieran sido periódicas (por ejemplo, anuales o semestrales), se podría pensar que de esa manera se minaba desde el propio aparato del Estado el efecto disuasorio de la cárcel sobre el delito. Pero no sólo la liberación de presos se produjo en una única oportunidad, sino que además las cárceles uruguayas están abarrotadas. Tenemos la tasa de encarcelamiento más alta de América Latina y una de las más altas del mundo. Y no parece que esa altísima tasa de encarcelamiento esté provocando ninguna mejora en la seguridad pública. El lector quizás pueda pensar: “Hubo una marca histórica de homicidios el año pasado, esta semana estuvo teñida de sangre y muerte, de dolor y de miedo, y estos dos papanatas están hablando de lógica”. El problema es que hacer asociaciones delirantes de causa y efecto en el tema de la violencia y el delito no sólo no ayuda sino que más bien entorpece la búsqueda de una verdadera solución al problema. Nadie conoce a ciencia cierta las causas del delito. Ninguna de las teorías vigentes ofrece una explicación completa del fenómeno. Ello no implica, desde luego, que las autoridades deban permanecer de brazos cruzados hasta que una teoría general sea encontrada. Pero los cálculos de política electoral menor y cortoplacista, las afirmaciones disparatas, y el manijeo permanente a la población no contribuyen en lo más mínimo a encontrar una ruta de salida aceptable.
Posted on: Sat, 10 Aug 2013 22:05:50 +0000
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