Corrupción en construcción de bulevar Diego de Holguín se - TopicsExpress



          

Corrupción en construcción de bulevar Diego de Holguín se fraguó en las narices de la Corte de Cuentas, publica el periódico elfaro.net El fiscal general Luis Martínez describió la conspiración que hizo posible la corrupción en la construcción del bulevar Diego de Holguín: el exministro Jorge Nieto pactó con la constructora modificar el contrato para ir a arbitraje, a sabiendas de que era casi seguro de que en un tribunal arbitral Obras Públicas saliera perdiendo y se viera obligado a pagar compensaciones al contratista. La Corte de Cuentas avaló el cambio al contrato. El fiscal general Luis Martínez esbozó el viernes la trama de corrupción en la construcción del bulevar Diego de Holguín, y de sus explicaciones se infiere que hubo una conspiración para llevar al Estado a un arbitraje que de antemano se calculaba que iba a perder, y de la cual fue parte el exministro de Obras Pública Jorge Nieto, quien está acusado de tres delitos, el más grave de los cuales podría costarle hasta 15 años de prisión si fuera encontrado culpable. Aunque, para eso, antes tendría que ser capturado. Nieto, según Martínez, participó en reuniones y acuerdos con el contratista para alterar las condiciones de la relación entre el Ministerio de Obras Públicas y el asocio Copreca-Linares, decisiones que a la postre significaron que el tramo II del bulevar, que originalmente iba a costar unos 24 millones de dólares, terminara costando a los salvadoreños casi cuatro veces el precio original. En una de esas reuniones, en diciembre de 2007, incluso se decidió elaborar un documento falso por medio del cual se haría constar que el MOP había decidido suspender la construcción tres meses antes mientras se resolvía trámites administrativos, aunque en realidad el contratista los había abandonado desde julio de ese año. El fiscal general explicó ante la prensa las razones de las detenciones hechas la madrugada del miércoles, y atribuyó responsabilidades a aquellas personas contra las cuales giró órdenes de captura, de las cuales hay 9 prófugas y ocho capturadas. Entre las prófugas está Nieto, el funcionario de mayor rango acusado en un caso en que el perjuicio económico para el Estado Martínez lo tasó en poco más de 12 millones de dólares. Además de Nieto, están acusados el exviceministro Sigifredo Ochoa Gómez, y otros funcionarios del MOP y de la empresa Concreto Preesforzado de Centroamérica (Copreca), que en 2005, asociada con Linares, S.A. de C.V., ganó el contrato de adjudicación para la construcción de la segunda fase del bulevar que ahora es llamado Monseñor Romero. Hasta el viernes, los ocho capturados eran Sigifredo Ochoa Gómez, Alberto Colorado, Daniel Hernández, Iván Cañas, Jorge Blanco Mauricio, José Roberto Meléndez, Juan Francisco Bolaños y Lidia Elizabeth Blanco. Según la Fiscalía, el exministro Nieto participó en acciones contrarias a los intereses del Estado, alterando documentos, incumpliendo sus responsabilidades como funcionario público y facilitando todos los procesos administrativos y la documentación para que Copreca se viera beneficiada con los recursos públicos. Por eso está siendo acusado por los delitos de incumplimiento de deberes, falsedad documental agravada y peculado. De ser comprobado este último delito, el Código Penal establece una pena máxima de hasta 15 años de prisión. Algo que no mencionó el fiscal, pero que se desprende de las mismas investigaciones y de la investigación previa no judicial hecha por la Subsecretaría de Transparencia, es que toda la conspiración para favorecer la supuesta corrupción se produjo ante la vista de una Corte de Cuentas que ya había detectado faltas en el MOP cuando el ministro aún era David Gutiérrez, y aun así dio su aval a que el contrato se cambiara para permitir que las partes fueran a arbitraje, aun cuando las fallas previas del Ministerio podrían suponer que llegara en posición débil ante un tribunal arbitral. Según las investigaciones, Nieto y la empresa propiedad de Jesús Hernández Campollo prepararon el terreno para que, en abril de 2008, el Estado tuviera que pagar 4 millones 844 mil 394.54 dólares a favor de Copreca. Ese plan se dibujó, según la Fiscalía, en una reunión que se llevó a cabo la última semana de diciembre de 2007. En esa cita participaron Nieto, el abogado Roberto Oliva, exmagistrado de la Corte de Suprema de Justicia que en ese momento era apoderado legal de Copreca; Ile María Calderón de Carpio, gerente legal del Ministerio, e ingenieros y supervisores del Ministerio que tenían a su cargo la autorización del pago de las partidas de la obra. El propósito de la reunión era puntualizar los detalles legales de un plan conversado el mes previo entre las partes. De acuerdo con la información que ha recabado Andrés Amaya, el fiscal anticorrupción a cargo del caso, el exministro Nieto tuvo la posibilidad de rescindir el contrato a Copreca-Linares desde el momento en el que su antecesor en el cargo, David Gutierrez, le pasó la estafeta del Ministerio, en enero de 2007. En esa fecha Nieto fue nombrado por el expresidente Elías Antonio Saca después de que Gutiérrez presentara su renuncia al cargo el 18 de diciembre de 2006, alegando problemas de salud. Para entonces, los retrasos eran inminentes, pues la obra estaba prevista a terminarse en febrero de 2007, según la programación original, pero Nieto dio un primer aval para la ampliación del plazo por otros 240 días. Cuando Gutiérrez dejó el puesto, entre el gabinete de gobierno ya se hablaba del eventual retraso y hubo quienes se quejaron abiertamente ante el presidente sobre lo que observaban en la cartera de Estado. Para entonces, la obra enfrentaba dos inconvenientes: en la construcción se había incurrido en una tala ilegal de árboles en la finca El Espino, y supuestamente había dificultades para adquirir los derechos de vía de algunas zonas donde se construiría la carretera. Hoy la Fiscalía sabe que esto último no es cierto, sino que se simuló intentos por negociar la compra de terrenos, pero en realidad nunca se hizo ningún trámite. A mediados de 2007, la Corte de Cuentas bajo la administración de Hernán Contreras emitió un informe en el que señalaba inconsistencias en la actuación del MOP por haber aprobado la ejecución del proyecto sin contar con los derechos de propiedad de las tierras y sin tener permisos ambientales. Cinco meses después de emitir dicho informe, la Corte de Cuentas se encargó de avalar una solicitud que le hizo llegar Nieto: que le aprobara el cambio de contrato para que, en caso de divergencias entre el contratista y el MOP, el asunto pudiera resolverse en un tribunal arbitral, y no en los tribunales comunes, como establecía el contrato original. La Corte avaló dicho paso a sabiendas de que el MOP había cometido ya varios errores que, a la postre, podían ser argumentos en favor del contratista en un eventual arbitraje, ya que lo que la Corte de Cuentas planteaba era que la responsabilidad última en los retrasos en la obra eran del MOP. Ahora, el fiscal Amaya no titubea cuando señala que cuando Nieto llegó al cargo, Copreca ya había violado el contrato con una serie de retrasos en la ejecución de la obra y que este pudo detener esa ilegalidad. Y es que por tratarse de un contrato “llave en mano” en el que la empresa se comprometió a asumir todos los riesgos derivados de eventualidades que puedan encontrarse en el camino durante la ejecución de la obra -excepto casos de fuerza mayor, como fenómenos naturales imprevisibles-, la compañía no podía alegar que las dificultades en la adquisición de los derechos de vía o la acusación de hacer talas ilegales eran motivos para cambiar las reglas del juego. Amaya explica que la cancelación del contrato le habría permitido al Estado cobrar la fianza de buena inversión de anticipo que presentó la empresa como requisito para adjudicarse la obra. Esa fianza aseguraba que el Estado no perdería los 7.6 millones de dólares que Copreca recibió en concepto de anticipo de parte del MOP apenas un par de días después de obtener la adjudicación de la construcción. Los 7.6 millones de dólares correspondían al 30 % del costo total de la obra, gracias a que Gutiérrez accedió a subir el anticipo desde un 20 % que era la tasa prestablecida. Gutiérrez, sin embargo, no es uno de los perseguidos. Según el fiscal Martínez, no tiene pruebas como para proceder contra él. La Fiscalía plantea que las intenciones de Hernández Campollo de estafar al Estado fueron claras desde el inicio, y por eso el empresario es uno de los acusados, aunque no ha sido capturado. Para ilustrar su afirmación, la Fiscalía explica que de los 7.6 millones de dólares de anticipo, la constructora solo justificó ante el MOP el uso de un millón de dólares. El resto, ahora se sabe, lo destinó al pago de deudas de la empresa. Además, la Fiscalía dice tener pruebas de que con el anticipo la empresa de Hernández Campollo compró 54,000 bolsas de cemento, que nueve meses después volvió a cobrarle al Ministerio. Y el MOP accedió a pagarlas sin mayor indagación. A pesar de esas anomalías, cuando Nieto llegó al cargo no solo no rescindió el contrato, sino que, casi de inmediato, accedió a las solicitudes de la empresa de extender los plazos de ejecución del bulevar. En ese momento, Copreca alegaba que había subcontratado a una tercera empresa que se encargaría de gestionar los permisos en las alcaldías correspondientes y a los mismos dueños de las tierras por las que iba a cruzar el bulevar, y que esta empresa no había podido obtener las autorizaciones, por lo que no podía continuar con la obra. A esto, los empresarios le llamaban “motivos de fuerza mayor”. Y Nieto aceptó. De esta forma, el ministro avaló en enero de 2007 ocho meses adicionales (240 días) para entregar la carretera que hoy lleva del poniente de San Salvador al poniente de Santa Tecla. De acuerdo con el informe sobre las irregularidades en la construcción de la obra que presentó ante la Fiscalía la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la gestión del Presidente Mauricio Funes en coordinación con el MOP, esas excusas por incumplimiento que alegaba la empresa no podían ser considerados motivos de fuerza mayor, dado que en términos jurídicos estos se entiende como “un hecho exterior, de manera que quien lo alega no haya intervenido o contribuido, en forma alguna en su realización”, cita la SAE en su informe. Para la SAE esos motivos de fuerza mayor se referían a complicaciones con eventos naturales, tales como huracanes, terremotos o erupciones volcánicas. La Fiscalía además, dice que esas excusas eran la coartada perfecta que la empresa de Hernández Campollo necesitaba para poder ir a un arbitraje y ganar una compensación del Estado porque este sería declarado responsable. Amaya dice tener documentado que esta empresa contratada por Copreca nunca realizó ningún esfuerzo por obtener los permisos. “Era mentira que había atrasos, Hernández Campollo no superaba esos obstáculos porque quería ir a arbitraje para poder cobrar más”, explicó Amaya el viernes. Asimismo, aunque el contrato con el MOP le permitía a Copreca subcontratar a otra u otras empresas, este también establecía que las consecuencias de esos subcontratos "beneficiarían o perjudicarían exclusivamente a Copreca, sin que los mismos tuvieran consecuencias legales y patrimoniales para el otro miembro del asocio". Aún así, ni la administración de Gutiérrez ni la de su sucesor tomaron la decisión de cancelar el contrato. La irregularidades, durante la etapa de Gutiérrez como ministro, tuvieron presencia mediática en septiembre de 2006, cuando el entonces ministro del Ambiente, Hugo Barrera, anunció que el MOP había cometido un error en el trazado del bulevar Diego de Holguín, tramo II y que iba a multarlo. El hecho fue ventilado en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, después de que el MOP demandara al Ministerio del Ambiente por 158,147 dólares, alegando que era el MARN el que había fallado al emitir inicialmente los permisos ambientales para la obra. La demanda que presentó equivalía al monto que le impuso el mismo MARN, cuando señaló que se habían cambiado los trazos de la obra sin autorización de esta oficina: 132,000 dólares para obras de mitigación y 26,145 dólares por el cambio de trazo. santaelenatravel
Posted on: Thu, 19 Sep 2013 04:46:55 +0000

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