¿ES RAZONABLE EL MIEDO A LA PAZ SANTISTA? Tags: Paz, Sergio - TopicsExpress



          

¿ES RAZONABLE EL MIEDO A LA PAZ SANTISTA? Tags: Paz, Sergio Jaramillo, Juan Manuel Santos, Farc, Transición Número de palabras: 1052 Las Farc no se han bajado de una retórica que exige al estado colombiano realizar las reivindicaciones sociales y las transformaciones políticas y estructurales por las que ellos dicen estar luchando hace 50 años. Su retórica y sus hechos se convierten en auténticos mazazos a las expectativas de las gentes que en principio se animaron en altísimo porcentaje con el ensayo pacifista. Esa es una de las fuentes del miedo colectivo, sentimiento al que alude el presidente Santos como estorbo para la paz. Otra está relacionada con la posibilidad de que la guerrilla fariana, hábil y astuta, repita la dosis de convertirse en árbitro de la elección presidencial, cobrando un protagonismo y un poder que no se compadece con su debilidad estratégica. Se piensa que Santos, prisionero de los plazos, podría firmar un acuerdo con otorgamiento de curules, impunidad y sin dejación de armas, mientras se adelanta la campaña electoral para congreso y presidencia. El texto “La transición en Colombia” del Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, cerebro de esta política, presentado en evento realizado en la Universidad Externado de Bogotá (9/05/2013) que nos remite al fundamento de la “política de paz”, nos puede ayudar a entender el justo temor de los colombianos. Jaramillo parte de reconocer que “Colombia lleva casi 50 años en guerra y esa es una situación inaceptable”. No me detendré en la consideración de si esto es una guerra, un conflicto armado de baja intensidad o una amenaza terrorista, acepción esta última con la que él comulgaba cuando fue viceministro de Defensa del gobierno Uribe. La tesis no es producto de un balance crítico de la “Seguridad Democrática”, estrategia sobre la que no se dice una sola palabra. Tampoco es el resultado de un análisis del estado del problema que sustente el viraje. Es un documento de carácter metodológico, a la manera como se arma un aparato, invención de un funcionario público que compromete al gobierno y al estado colombiano y pretende dar cuenta de un sentimiento nacional de hartazgo con la guerra. No se preocupa por demostrarnos que la guerrilla sienta lo mismo. Se me ocurre que si estamos en una guerra lo peor que le puede suceder al gobierno, responsable de la defensa de la legalidad y la institucionalidad frente a un enemigo calificado de terrorista, la expresión “mamados con la guerra” que hemos escuchado al mismo jefe de estado revela una actitud de claudicación frente al deber constitucional. La claudicación comenzó cuando este gobierno les otorgó estatus de contraparte a las guerrillas. Lo más desconcertante en la política ideada por Jaramillo tiene que ver con la idea de paz. Según el Alto Comisionado “una cosa es firmar un acuerdo que formalmente ponga fin al conflicto, y otra es la fase posterior de construcción de paz”, y aclara el alcance de esta tesis al afirmar que en este proceso con las Farc hay un “núcleo duro de problemas que hay que resolver para hacer posible la paz”. Por lo visto, el gobierno acoge en su integridad el dogma de la guerrilla en el sentido de que este conflicto tiene causas objetivas y por tanto es un conflicto social y armado, cediendo de esta forma la razón moral y asumiendo la culpa del levantamiento armado. Jaramillo hace suyo y por tanto del gobierno, diagnósticos generosos de sectores de la academia y de la izquierda comunista, sin tomarse la molestia de analizar el devenir de las guerrillas, de sus crímenes, de sus nexos con el narcotráfico, de su fracaso político y militar y de la casi nula recepción de sus proyectos entre la población. Lo que sigue es aún más desconcertante, veamos: “En sentido estricto, en La Habana no estamos negociando estos puntos (los 5 del Acta de inicio) estamos construyendo acuerdos que establezcan las condiciones y las tareas que cada quien tendrá que cumplir para hacer posible la construcción de la paz”. Esto quiere decir, ni más ni menos, que la paz no es un pacto fruto de una negociación sino un proceso, que él llama de “transición”, durante el cual el estado colombiano no puede funcionar en la “normalidad” sino que “tenemos que… echar mano de todo tipo de medidas y mecanismos de excepción: medidas jurídicas, recursos extraordinarios, instituciones nuevas… para lograr las metas de la transición”. La paz deja de significar el silenciamiento de las armas que se produce con la firma de un documento, para llenarla de adjetivos, concediendo la razón a quienes confunden conflicto social con lucha armada. Y cuando habla de “medidas y mecanismos de excepción” uno no puede dejar de pensar que ese es el camino de la arbitrariedad y de la dictadura que se puede llevar por la borda las instituciones y la democracia so pretexto de cumplir lo acordado en La Habana. Ya vamos entendiendo una serie de movidas adelantadas por el presidente y sus asesores, como por ejemplo, el nombramiento de un Fiscal General agradecido con su postulante que se ha desbordado en sus funciones y dislocado sobre el sentido de la justicia transicional para validar una postura de impunidad. Son muy poderosas las razones para sospechar que cualquier barrabasada de documento puede ser firmado en La Habana, pues de acuerdo con el pensamiento de Jaramillo, “Ese es el verdadero comienzo del proceso de paz, no el fin”. El perdón es asunto de cada quien según “su conciencia y su corazón” no una política que obligue a las guerrillas. Y cuando vemos el auge de las protestas y movilizaciones populares, a las que llamó Márquez desde Oslo, para apoyar el “proceso de paz”, causa sorpresa maluca encontrar el siguiente párrafo en el texto de Jaramillo: “De lo que se trata entonces es de lograr una verdadera movilización de la sociedad alrededor de la paz en una fase de transición”. Al referirse a la temporalidad como uno de los factores de la “transición”, afirma sin pudor “Pongámonos una meta en el tiempo –una meta de diez años por ejemplo-”. Una especie de periodo de prueba que las Farc procurará extender a 20 o más años. Si en casi diez meses de conversaciones el país se encuentra en este estado de anarquía, imaginemos qué no podría ocurrir en ese túnel de la “transición” hacia la paz en que nos quieren meter. Darío Acevedo Carmona, Medellín, 18 de agosto de 2013 02:57 Anotado en Blog, OPINION | Permalink | Comentarios (0) | Trackbacks (0) | Email esto | Facebook | Imprimir | | | inShare | | SORPRENDENTE ENCUESTA SOBRE PAZ Y POLÍTICA Tags: Negociaciones de paz, favorabilidad política, Alvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos Número de palabras: 1050 Si a los colombianos les preguntaran si quieren que la guerra continúe, con toda seguridad la inmensa mayoría respondería con un no contundente. Demasiado sufrimiento se ha vivido como para desear más violencia propiciada por los grupos armados ilegales. Cabe la especulación ya que con motivo del tercer año de su mandato, el presidente Santos dio muestras de desespero ante las críticas, se dejó sacar de quicio y planteó que un eventual rechazo en un referendo a un acuerdo de paz con las Farc, significaría que “el pueblo colombiano desea que la guerra prosiga”. ¿Qué tan razonable es el juicio del presidente? Juicio que por demás es compartido por los defensores a ultranza de un pacto generoso y con impunidad en La Habana. Me parece que las encuestas no dejan de ser un insumo importante para tratar de entender lo que está pensando la ciudadanía. Y así como hubo lugar al regocijo desmedido cuando se iniciaron las negociaciones, por supuesto también deben ser miradas con atención en el momento actual. La cadena radial Caracol, gobiernista hasta los tuétanos, ordenó a la firma encuestadora Cifras y Conceptos una encuesta “Polimétrica” que se realizó entre el 28 de julio y el 2 de agosto, publicada el 5 de agosto en su portal e inexplicablemente ubicada en lugar secundario en cuestión de horas. Se adelantó en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga y versó sobre tres tópicos: percepción de las negociaciones de paz, tendencias electorales y favorabilidad de personajes. A las preguntas referidas a las negociaciones de paz, los encuestados respondieron de la siguiente forma: “Referendo popular para ratificar los acuerdos. Acepta el 47% - No acepta el 53%. Una asamblea constituyente. Acepta el 31% - No acepta el 69%. Participación electoral de representantes o miembros de las FARC sin condenas. Acepta el 24% - No acepta el 53%. Cero años de cárcel para la tropa raza(sic) y entre 5-8 años para los líderes (Como a los paramilitares). Acepta el 23% - No acepta el 77%. Participación electoral de los miembros del secretariado. Acepta el 22% - No acepta el 78%. Dejar de usar las armas sin entregarlas al gobierno. Acepta el 20% - No acepta el 80%. Cumplimiento de la Ley 60 para zonas de reservas campesinas. Acepta el 20% - No acepta el 80%. Condena sin pago de cárcel para los líderes. Acepta el 13% - No acepta el 87%. Asignar curules en el congreso sin elección popular a los líderes con condenas. Acepta el 11% - No acepta el 89%”. Los resultados son categóricos y deben ser tenidos en cuenta por el parsimonioso y silente Equipo oficial de negociación y por los asesores del Presidente. Lo que les parece inaceptable a los colombianos es una negociación con impunidad, sin dejación de armas, con concesiones políticas como una constituyente o la asignación de curules. Los comandantes farianos deben prestar atención si es que quieren de verdad una negociación con reconciliación. En algunos casos más del 53 por ciento y en otros hasta el 87 por ciento dicen no a sus propuestas. El presidente Santos y sus colaboradores están en la obligación de reflexionar si continúan echándole la culpa de este malestar al uribismo y al guerrerismo de las gentes o entienden que la pérdida de fe tiene que ver con una actitud arrogante y engañosa de una guerrilla que no genera confianza y que ha utilizado la situación para fines muy diferentes a los de “buscar el fin del conflicto”. La segunda cuestión que debe reconocer el Gobierno es que carece de una estrategia en la Mesa, sus delegados no parecen estar defendiendo las instituciones, les han dejado la iniciativa a los jefes farianos de tal forma que la población no los ve como sus defensores. Dan la impresión de estar acobardados y a la defensiva. Muy grave que el Presidente se atreva a sugerir que si el pueblo rechaza un acuerdo es porque quiere la guerra. Veamos lo que dice la encuesta sobre el camino deseable para dar fin al conflicto: La derrota militar de las Farc: 32%. Una negociación política con las Farc: 35%. Promover la desmovilización de sus miembros: 29%. Es decir, prefiere una negociación, eso sí, no a cualquier precio. Que un 32 por ciento esté en favor de la derrota militar se debe interpretar como la respuesta lógica a la negativa de las Farc a dejar las armas. Sobre el tema de la posible reelección la encuesta arroja un resultado preocupante para el Presidente y para quienes, como el liberalismo, el partido de la U y el conservatismo, cifran su futuro en la apuesta de la reelección. Se mantiene el rechazo a esa pretensión y por vez primera un “candidato uribista” le ganaría a Juan Manuel Santos, veamos: “el 63 por ciento respondió que no, el 33 por ciento que sí…la reelección de Santos era rechazada por el 63% en agosto de 2012; por el 50% en octubre; por el 58% en febrero de este año y el por 64% en mayo.” Y lo que puede ocurrirle enfrentando un candidato uribista: Por Santos, 24%; por un candidato uribista, 29%; por un candidato de izquierda, 8%; por otro, 3%, no sabe o no responde, 35%.” Más de un tercio del electorado no se ha definido aún, pero suben las acciones del uribismo pues en febrero sólo tenía el 18%, en mayo el 24% y ahora el 29%. Por último, en el tema de favorabilidad de los personajes públicos, las cifras deben tener al Gobierno al borde de un ataque de nervios: Álvaro Uribe Vélez: Favorable 62% - Desfavorable 32% Angelino Garzón: Favorable 61% - Desfavorable 31% Germán Vargas Lleras: Favorable 52% - Desfavorable 30% Juan Manuel Santos: Favorable 52% - Desfavorable 47% Antonio Navarro: Favorable 50% - Desfavorable 30% Francisco Santos: Favorable 44% - Desfavorable 33% Clara López: Favorable 42% - Desfavorable 28% Todo un desafío para los estudiosos de la imagen y el carisma que Uribe Vélez criticado y vapuleado por tirios y troyanos, con la gran prensa en contra, con ojeriza de algunos magistrados y las cortes, con la mayoría del congreso en su contra, con la intelectualidad y los columnistas en inmensa mayoría haciendo leña con su imagen, se mantenga arriba en las preferencias de la población llana. Darío Acevedo Carmona, Medellín, 11 de agosto de 2013 02:52 Anotado en Análisis, Blog | Permalink | Comentarios (0) | Trackbacks (0) | Email esto | Facebook | Imprimir | | | inShare | | 08/08/2013 EL ESTADO HUMILLADO Tags: estado colombiano, historia, democracia, violencia, guerrillas, autoestima colectiva. Número de palabras: 1098 Una corriente de opinión se ha impuesto, sin mayores dificultades, en distintas esferas de la vida nacional. Según sus más destacados exponentes, el estado y la sociedad colombiana no tienen nada de qué enorgullecerse. En Colombia no hay democracia y el estado carece de legitimidad. Somos un país de asesinos dijo un poeta en un momento de iluminación “histórica”. La nuestra, es una sociedad forjada a punta de guerras y violencia, de tal forma que pareciera que llevamos incrustado el chip de la maldad en nuestro árbol genealógico. Eso que algunos llaman la autoestima colectiva, tan importante para no vivir cabizbajos, es materia escasa en colegios oficiales donde profesores adoctrinados en el marxismo caricaturizan nuestro pasado. Tampoco se encuentra en aceptable cantidad en sectores de las elites, que en actitud esquizofrénica reniegan de las instituciones mientras disfrutan de los placeres del mundano capitalismo. Un personaje literario que vive por fuera tiene por deporte denigrar de Colombia, cada que necesita vender un nuevo libro, regresa. Es recibido a manteles en los medios donde desahoga sus comentarios biliares sobre los colombianos. Un famoso periodista, gran investigador tiene por deporte burlarse de los símbolos distintivos de la nación y de la historia patria, como si eso no causara daño colectivo. Es una cofradía informal e insulsa que se dedica a dar látigo a diestra y siniestra y a la autoflagelación, con numerosos seguidores. Disfrutan de una libertad que no reconocen y han sido favorecidos por la vida o por pertenecer a sagas familiares de alcurnia y dinero, se avergüenzan de lo que somos y cuando han podido hacer algo desde cargos de importancia han dejado una estela de desastres. Investigadores extranjeros de nuestra historia como David Bushnell, Malcolm Deas y Daniel Pécaut han recabado críticamente sobre la tendencia de los académicos colombianos a magnificar la violencia y las guerras. El finado historiador Busnhell, por ejemplo, en contra de lo que es un lugar común afirmó en su libro Colombia una nación a pesar de sí misma: “la mayoría de los colombianos son pacíficos, amables y no están comprometidos en ningún tipo de actividad violenta o criminal”. Impacta el paisaje humano de millones de personas que todas las mañanas madrugan a buscar el sustento, unos de manera formal y otros desde la informalidad. Pagan impuestos, cumplen con el arrendamiento, el tendero del barrio les fía y son buenapagas. ¿A qué vienen estas reflexiones? Por supuesto no soy tan tonto como para pensar que tenemos un pasado idílico o limpio de llagas. Pienso que, como otros pueblos, tenemos una historia compleja irreductible a frases fatalistas o a síntesis forzadas, como cuando se dice que en Colombia la violencia es endémica, que la democracia no existe, que carecemos de identidad nacional, etc. Tenemos lastres y deficiencias, pero debemos cuidarnos de pensar que son la causa mecánica de la violencia. El problema que observo ahora es el mismo al que se refiere de manera oportuna el periodista Eduardo Mackenzie en artículo que circula por las redes (colombianews). Según él, estamos en presencia de una opinión para la que no hay razones que justifiquen la defensa del estado, la democracia y las instituciones, en medio de una negociación con una guerrilla que toda la vida ha querido aparecer como redentora y que fundamenta el empleo de las armas, precisamente, alegando exclusiones, persecución, ausencia de libertades y garantías. Mackenzie advierte que esta forma de pensar los problemas nacionales conduce a demeritar hasta el extremo el estado y la democracia, a privarlos de razón moral, de tal suerte que ante las demandas de la guerrilla y su lluvia de propuestas para refundar la patria, instaurar una verdadera democracia y remediar las injusticias sociales, no queda otra opción que acatarlas, como si diera lo mismo el estado que los armados ilegales. Es muy lamentable que apadrinados y beneficiarios del Frente Nacional, que no han dejado de pertenecer a las elites y que defendieron a gobernantes ineptos, prisioneros de conciencia de culpa y con la idea de pagar una “deuda histórica” afilen su pluma para acolitar una versión trágica y negativa de las últimas décadas. Es un discurso que nos desarma ante los violentos puesto que todos lo somos y todos somos culpables. Se pretende por parte de los flagelantes de nuestra historia, demeritar el relato de un pasado rosa para reemplazarlo por una leyenda negra. Así, Las particularidades de nuestro país respecto de otros en el continente son obviadas. Colombia es vista con el lente que se ha usado para otros países de tradición militarista y golpista. Es un discurso sin matices, según el cual el Frente Nacional fue una dictadura, a pesar de que, aún con las limitaciones y las restricciones, en los años sesenta el partido comunista retornó a la vida pública y legal, editó periódicos, realizó una intensa actividad sindical que se tradujo en la creación de la confederación comunista CSTC. Hubo disidencias con gran fuerza electoral como el MRL y la ANAPO y surgieron numerosos grupos de la variopinta izquierda y se restableció la paz. De esa forma cobra validez un razonamiento que no se corresponde con los hechos: que las guerrillas surgieron como resistencia a la opresión, a la exclusión, a la persecución y a la ausencia de democracia y no como la aplicación de teorías revolucionarias que en el marco de la Guerra Fría y de la división del bloque comunista internacional, alimentaron el idealismo de activistas que se lanzaron al monte con la intención de liberarnos de las cadenas opresoras. Esos grupos armados procuraron, sin éxito, durante 50 años, representar a los campesinos y a los obreros. Dicen tener la razón moral para cambiar el presente pues para ellos el desmonte del Frente Nacional, la elección popular de alcaldes y gobernadores y la constitución del 91 son cosa de poca monta. La amplitud de esa tendencia a minusvalorar el pasado, el Estado y la democracia tiene, por supuesto, mucho que ver con la degradación y corrupción de la Justicia, el Congreso y nuestras malas costumbres políticas. Y es tan fuerte que, a quienes preferimos defender el estado de derecho desde una actitud reformista, nos estigmatizan de extremoderechistas y guerreristas. ¿Será por eso que los delegados oficiales en La Habana guardan silencio ante los deslenguados comandantes de las Farc y no le dicen al mundo y al país que están defendiendo una democracia que a pesar de sus limitaciones es defendible, que actúan en nombre de un estado que ha cometido errores pero que es legítimo y no se puede colocar al mismo nivel de quienes han buscado su destrucción? Darío Acevedo Carmona, Medellín, 4 de agosto de 2013 01:58 Anotado en Análisis, Blog | Permalink | Comentarios (2) | Trackbacks (0) | Email esto | Tags: estado colombiano, historia, democracia, violencia, guerrillas, autoestima colectiva | Facebook | Imprimir | | | inShare | | PETRO EL INIMPUTABLE Tags: Gustavo Petro, alcaldía de Bogotá, revocatoria de mandato, Procuraduría Número de palabras: 766 El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, apoyó a Alejandro Ordoñez en su primera aspiración para Procurador General de la nación. Sus congresistas le dieron su voto en la reelección. Era conocedor de la trayectoria del Procurador Ordoñez como también de que no ha mostrado bruscos cambios en su forma de pensar. Quienes conocen la trayectoria de Petro saben que él no fue víctima de una celada. Es más, la mayoría de sus seguidores, los progres y la militancia de izquierda no se explicaban, en su momento, las razones por las cuales había tomado tan rara determinación. De manera, pues, que a estas alturas y colocado de bruces en los tablados del Código disciplinario, carece de presentación realizar actos de rebeldía, desconocimiento de legitimidad y dilación ante el funcionario que ayudó a elegir. A un grupo de intelectuales y artistas, en el colmo del despropósito, se le ocurre plantear un argumento que huele a chantaje: “la destitución de Petro implicaría el fracaso de las negociaciones de paz”. La sensatez y la paciencia de los colombianos con las infructuosas conversaciones de La Habana, darían para esperar pronunciamientos de estos sectores en los que se señale que el mayor peligro de ruptura de los diálogos de paz vienen de las acciones terroristas de las Farc y de su desborde propositivo. El argumento es tan pobre y efectista que queda como una burda maroma para arropar al alcalde de sus preferencias. Petro ha sido y es un mimado de los procesos de paz. Indultado en su momento, ha sabido aprovechar las ventajas de la democracia y la paz, tiene seguridad y moja prensa, y eso está muy bien. Pero, resulta que cuando alguien que estaba por fuera de las reglas del juego retorna a ellas, no lo puede hacer de manera fragmentada, a pedazos o en unos casos sí y en otros no. Eso no es tolerable porque viola la igualdad con sus semejantes. El hecho es que al convertirse en funcionario público está en la obligación de acatar y acogerse a las investigaciones que se susciten como producto de sus actos oficiales cuando estos despierten la inquietud de las autoridades respectivas. Son más los exguerrilleros que no han convertido en escudo protector o en tabla de inmunidad su añeja militancia armada para decir que son perseguidos por su pasado. Antonio Navarro y muchos otros son buen ejemplo de respeto de los deberes de sus cargos y de atenerse a las investigaciones que realizan los organismos de control. El pasado no debe contar ni para bien ni para mal. Petro, poseedor de un ego elefantiásico, amante de los titulares, no se ha caracterizado por ser un buen administrador de la cosa pública. Prisionero de veleidades autoritarias que le impiden ver los límites, se ha dedicado a actuar por fuera de las normas. Habla más de la cuenta y yerra a mañana y tarde. Sus desatinos escandalizan hasta a sus propios subalternos. Por algo renunciaron Daniel García Peña y Antonio Navarro, y el primero no de cualquier forma sino tildándolo de autoritario. En ese andar, Petro, que en muchas cosas se parece a su ídolo Chávez, quiso privatizar de la noche a la mañana, a escobazos y volquetas, la recolección de basuras de una ciudad de 8 millones de habitantes. Al hacerlo, presumiblemente, como dicen en los estrados, violó contratos de terceros, firmó contratos sin el lleno de requisitos, puso en peligro las finanzas de la capital y sobre todo la salud y la vida de esos millones provocando un estado de caos y anarquía que derivó en angustia colectiva. Eso fue lo que motivó la intervención del Procurador y dio pie a la recolección de firmas para revocarle su mandato en un referendo. En el inmediato pasado, Petro en calidad de congresista impulsó mecanismos de participación ciudadana. Había que poner freno a los desbordes, a mediocridades e indelicadeces de funcionarios y gobernantes electos. Lo ideal era establecer la figura de la revocatoria vía referendo, sostenía entonces. Y ahora que se le pretende aplicar su propia medicina, Petro, que en esencia se considera a sí mismo destinado para misiones superiores y por encima del bien y del mal, se ha dedicado a ganar tiempo con marrullas y esguinces para deslegitimar el mecanismo democrático de control. En suma, su comportamiento es el de un reyecito medieval que deslegitima la investigación y obstruye la rendición de cuentas ante el electorado para que lo revoque o ratifique. Una lástima que esto provenga de quien ha posado de respetuoso de la Constitución, peor aún, que sus amigos lo defiendan como un perseguido. Darío Acevedo Carmona, Medellín, 28 de julio de 2013 01:55 Anotado en Blog, OPINION | Permalink | Comentarios (0) | Trackbacks (0) | Email esto | Tags: gustavo petro, alcaldía de bogotá, revocatoria de mandato, procuraduría | Facebook | Imprimir | | | inShare | | 22/07/2013 COLOMBIA SIN PILOTO Y SIN BOMBERO TAGS: Protestas sociales, gobierno colombiano, agentes políticos, guerrillas Número de palabras: 917 Mientras los académicos, columnistas y gobernantes nos enredamos en un debate acerca del significado, la justeza y la manipulación de las protestas sociales en curso, los paros y bloqueos crecen en número, cobertura y radicalidad. Empecemos por el tema de la justeza que anima no pocas de las movilizaciones sociales de los últimos tiempos. No hay duda que existen poderosas razones justicieras, en particular de los sectores agrarios. Temores ciertos sobre las consecuencias de la competencia que se abre con la firma de tratados de libre comercio sin que el gobierno tome las medidas preventivas para conjurar la ruina de unos y planear el recambio de actividades económicas de otros. Es claro también que allí donde existen grandes desigualdades y exceso de pobreza, habrá siempre condiciones sociales para que las gentes exijan reivindicaciones puntuales. Ahora bien, no solo en Colombia sino en cualquier país con problemas similares, los paros y las huelgas no son asépticos. Quiero decir, no se mantienen en la esfera puramente reivindicativa, v, gr. salarios, salud, vivienda, servicios públicos, educación, infraestrructura, medio ambiente, etc. sino que entran en contacto con intereses y agentes políticos. Hasta este punto no hay motivo para mayores preocupaciones. El ministro del Interior olvida, adrede, que la democracia ha creado instrumentos, instituciones, mecanismos y tradiciones que permiten un manejo no explosivo ni crítico de la protesta social aunque en ella intervengan intereses y agentes políticos. En un marco como el señalado, los movimientos sociales y sus medios de manifestación aprenden a regularse, no se proponen objetivos radicales de difícil o imposible respuesta por parte del gobierno. La intervención de activistas políticos en dichos movimientos tampoco puede ser motivo de alarma siempre y cuando ellos entiendan y se acojan a esa regla de oro de no instigarlos hacia demandas inalcanzables o hacia el uso de la violencia. Pero, y por eso la coyuntura colombiana no es comparable con la de Brasil por ejemplo, cuando las protestas sociales son aupadas, infiltradas y azuzadas por líderes y movimientos que no se ubican en la legalidad, por ejemplo por guerrillas como ocurre en muchas de esas protestas, la cuestión cambia de naturaleza. Primero y muy grave, la intención es crear una situación de fuerza llevada al extremo, en el Catatumbo llevamos más de 40 días y en vez de amainar se agudiza. Segundo, porque lo reivindicativo pasa a ser instrumentalizado en favor de otro propósito de carácter subversivo. El Movimiento Continental Bolivariano, el partido Comunista clandestino y células guerrilleras, siguen lineamientos que les ordenan intervenir y dirigir las protestas y acrecentar la lucha revolucionaria, pues lo que ellos buscan no es la solución de problemas puntuales sino acumular fuerzas, acrecentar el caos del régimen y despejar el camino de la toma del poder. No es un invento que en los paros y bloqueos está la mano de la guerrilla y de la extrema izquierda, aunque no se puede desconocer que en ocasiones presentes y en tiempos de la guerra fría se apelaba al fantasma de la subversión para desestimar y descalificar movimientos reivindicativos justos. Hay también pruebas suficientes sobre la infiltración de esos movimientos y luchas por parte de grupos al margen de la ley. Fresco está el recuerdo de lo sucedido con el movimiento de usuarios campesinos surgido durante el gobierno de Carlos Lleras en torno a la consigna de la tierra para el que la trabaja. Una amplia gama de grupos de izquierda y extrema izquierda y hasta guerrillas, se apoderaron de la dirección del mismo llevándolo al total fracaso. También sucedió en algunas huelgas obreras en las que para sectores ultradicales lo importante era la destrucción de las empresas más que la transacción y la negociación misma. Un ejercicio de revisión crítica sobre el comportamiento de estos sectores en aquellos años está por realizarse, pero, tropieza con el desinterés de la academia y de una intelectualidad que se niega a mirar con ojos revisionistas esa experiencia. Aún se presentan tesis doctorales acerca del heroísmo obrero en huelgas que significaron un total fiasco y sacrificios innecesarios porque se les plantearon a los sindicalistas objetivos y misiones fuera de sus posibilidades. De manera pues, que la presunción de que tras de las gentes rebotadas por problemas reales hay grupos con intereses que van más allá de lo soportable en democracia, tiene su razón de ser. Pero, reconozcamos también, que el manejo que les está dando el gobierno Santos es inadecuado, negligente y errático. Responde con ambigüedad, tardíamente, se deja presionar, promete y no cumple. La ineptitud de los ministros del Agro, del Interior y de Minas se revela con crudeza al ser reemplazados por el supernumerario Angelino, una opción ya desgastada. El orden público hace agua, por los cuatros costados se incendia el país y la opinión se pregunta con toda razón ¿y dónde está el capitán? Y lo grave es que tampoco hay bombero porque la Policía no puede domeñar la situación con medidas extremas, y ojalá que no lo haga. Si el capitán entendiera que hay que tomar el timón con firmeza y dar un viraje como alejarse de las aguas bravas de La Habana, las cosas empezarían a cambiar. Pero, prefiere cerrar los ojos, como el avestruz, y declara estar jugado por la paz mientras los supuestos amigos de la paz matan a 21 soldados, en rotundo mentís a su discurso pacifista en el Congreso, en el que reiteró la infamia de calificar a sus críticos en la legitimidad como partidarios de la guerra. Darío Acevedo Carmona, Medellín 21 de julio de 2013
Posted on: Thu, 29 Aug 2013 17:18:18 +0000

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