El acuerdo YPF – Chevron avanza contra los derechos populares sobre los bienes comunes y profundiza la integración dependiente de nuestro país. Por Centro de Estudios para el Cambio Social (CECSO) “Si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende” Arturo Jauretche Hidrocarburos por ‘fracking’, el combustible del neodesarrollismo El reciente acuerdo del Estado Nacional con la trasnacional petrolera de base norteamericana Chevron, para asociarse con YPF-SA en la exploración y explotación petrolera en el yacimiento de Vaca Muerta, Neuquén, abona a la estrategia energética del proyecto neodesarrollista. En tal sentido, el proyecto pasa a crear las precondiciones para convertir al territorio nacional en plataforma de exportación de petróleo y convertir a la Argentina en nación petrolera. El acuerdo -cuyo contenido definitivo y completo todavía es secreto- va a contramano de los discursos de soberanía nacional agitados por el gobierno cuando expropió a Repsol del control de la empresa YPF. Mediante este acuerdo parece hacer a un lado el avance popular que significó la expropiación de YPF a manos de la española Repsol. Hasta la salida de Repsol, la estrategia gubernamental había sido mantener el esquema de concesiones petroleras al capital privado creado en los años noventa. Erróneamente se esperó (por casi 10 años) que esas empresas invirtieran en ampliar la base de reservas. Al tiempo, el gobierno decidía mantener bajos los precios de los combustibles a través de una política de subsidios masivos cuyos efectos pretendió ser ocultada con la creación de la empresa fantasma importadora de combustibles ENERSA. El resultado fue el agotamiento de las reservas, la multiplicación de las importaciones de combustibles y la creación de matriz de generación de energía eléctrica (y patrón de consumo) que se apoya cada vez más en el uso de combustibles fósiles. En 2012, con la re-estatización parcial de YPF S.A., el kirchnerismo dio un inesperado golpe de timón. A partir de allí, la empresa sería la base de una nueva estrategia: convertir a la Argentina en país exportador neto de combustibles a partir de las explotación del llamado “gas/petróleo de esquisto” con las técnicas de la factura hidráulica o ‘fracking’ (1). Esta metodología extractiva, ha sido prohibida en varios países de Europa y proyectos de este tipo están siendo frenados en Estados Unidos y Canadá, por su elevado costo socio-ambiental. Ignorando la realidad de las denuncias de organizaciones socio-ambientales y la decisión de pueblos que han votado contra el uso del fracking (2) el gobierno avanza con esta primera ‘alianza estratégica’. Chevron entra al negocio no sólo reclamando derecho a la exploración y explotación, sino que ha conseguido un acuerdo que le permite hacerlo en condiciones excepcionales, con exenciones impositivas multimillonarias, libre uso del 20% de la producción en el corto plazo (luego del 5to año del acuerdo) y posibilidad de remisión al exterior de todas las utilidades obtenidas. Para colmo, el acuerdo enmarcado en el decreto 929/2013, habilita a todas las empresas que ya operan en el país a avanzar en los proyectos de exploración y explotación con estas técnicas. Más allá del neodesarrollismo. Una política energética para el Buen Vivir A partir del acuerdo con Chevron, el proyecto kirchnerista profundiza un patrón periférico de inserción internacional de la economía argentina. A la sojización y la minería, ahora se agregarían los hidrocarburos al eje extractivista y de producción para la exportación. Una forma de explotación que no se cuestiona los costos sociales y ambientales. La nación organizada como plataforma de exportación de productos primarios o manufacturas básicas para beneficio de las trasnacionales y nuestros “socios” comerciales (los viejos, Europa y Estados Unidos, y los nuevos, Brasil y China). Frente a tal “destino”, que es presentado como inexorable pero providencial, es indispensable comenzar a caminar un nuevo camino que nos reposicione como nación en un proyecto popular en la Patria Grande. Hay otras apuestas posibles. Primero, la política de hidrocarburos deber reformularse, avanzando en la nacionalización de las reservas, desplazando progresivamente al capital privado, trasnacional y nacional. Esto supone suspender cualquiera nueva concesión de exploración o producción, a la vez que se anulan las existentes, con YPF recuperando el control de estos bienes comunes. Luego, debe reencauzarse la política energética en su conjunto orientando recursos, hoy derrochados, hacia la investigación y desarrollo local de tecnologías de producción de energía renovable de bajo impacto social y ambiental. Esto supone establecer un camino para la superación a mediano plazo de la dependencia de los hidrocarburos, la energía hidroeléctrica y nuclear. Esa reorientación general de la producción de energía puede ser impulsada por una nueva YPF (transformada en sociedad de gestión popular, en lugar de sociedad anónima) convertida en empresa de producción de energías sustentables en articulación con la red de instituciones de Ciencia y Técnica del Estado. Tercero, el cambio en la matriz de generación de energía debe ser acompañado por una estrategia sostenida de reducción del consumo suntuario de energía, apuntando a alterar los patrones de consumo y las tecnologías de producción en empresas. Esto requerirá revisar también, entre otras, la política de transporte (para orientarla definitivamente a favor del transporte público con tecnologías ecológicamente responsables) como la política de vivienda e infraestructura urbana en pos de construir nuevas formas de vida urbana que respeten a la naturaleza y promuevan el uso racional de la energía y los bienes comunes. Esta estrategia para una soberanía energética y productiva, sólo puede pensarse en un marco de integración continental, con las petroleras públicas de los países del ALBA, pensando en función de bloque regional con los procesos de cambio que están en marcha, y marcan el camino en Nuestramérica. En definitiva, frente al acuerdo de Chevron-YPF que no es más que la más reciente expresión de la política del neodesarrollismo en la periferia, la alternativa es avanzar en una dirección que privilegie el buen vivir. Notas: 1. Para más información sobre la técnica de fractura hidráulica, se puede consultar el artículo: opsur.org.ar/blog/2013/07/15/a-proposito-del-acuerdo-ypf-chevron-que-es-el-fracking/ 2. Según el Observatorio Petrolero Sur, el 15 de marzo el Concejo Municipal de Cinco Saltos ratificó la ordenanza que declara al municipio de Cinco Saltos (Río Negro) libre de fracking. El 26 de abril, el Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) aprobó una ordenanza que declara a la localidad “libre de toda explotación y/o exploración no convencional de hidrocarburos mediante la técnica de fractura hidráulica o fracking”. Otros municipios se han declarado libres de fracking, como San Carlos, Tunuyán, Tupungato y General Alvear (vetadas los dos últimos) en la Provincia de Mendoza; San Jaime de la Frontera, La Paz, Colón, Diamante, Colonia Avellaneda, Rosario de Tala y Villaguay en Entre Ríos. También existen proyectos de ordenanzas para prohibir el fracking en Godoy Cruz y Maipú en La Provincia de Mendoza; Los Conquistadores y Concordia en Entre Ríos y Viedma en la Provincia de Río Negro.
Posted on: Wed, 24 Jul 2013 15:50:51 +0000
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