El golpe cívico-militar y el terrorismo por Jorge Magasich El primer cenáculo que reúne civiles que acarician la “opción militar” con militares, es el club Cofradía náutica del Pacífico Austral. Allí se encuentran, desde 1968, altos oficiales navales como Toribio Merino, Patricio Carvajal, Arturo Troncoso, Pablo Weber y José Radic Pardo (quien llevará el ‘Plan Z’ a la revista Qué Pasa), con “unos pocos civiles cuyo número se irá ampliando”, reconoce Arturo Fontaine. Está Agustín Edwards y tres de sus hombres: Roberto Kelly (ex marino futuro ministro ODEPLAN), Hernán Cubillos (ex marino y futuro ministro de Relaciones Exteriores) y Fernando Léniz (administrador de Edwards y luego ministro de Hacienda), entre otros (1). En 1972 se integran el general Sergio Arellano y el general de carabineros Arturo Yovanne, organizadores del golpe en sus instituciones. Aparentemente, la Cofradía continúa funcionando después del golpe, y cuenta entre sus miembros a Jorge Ehlers, ex cadete naval, director de deportes bajo la dictadura e implicado en el asesinato del edecán Araya en 1973 (2). El segundo grupo es una organización empresarial constituida en Viña del Mar en septiembre de 1971, con un propósito explícito: “el derrocamiento del régimen del señor Allende”, afirma su fundador Orlando Sáenz (3), presidente de la SOFOFA. Llega a tener 70 personas dedicadas a organizar la crisis económica y el desorden social que infundan pánico en la población y la incite a clamar por una intervención militar. Este grupo organiza el paro de octubre 1972 y el de julio-agosto 1973. Dispone de cinco cuentas en Europa, Estados Unidos y América latina, copiosamente alimentadas: “¿Plata de la CIA? ¿Plata de la ITT o de otras empresas transnacionales? Ése no era nuestro problema.”, explica Sáenz. El dinero se lo entregaba a Léon Vilarín (presidente de los camioneros); a Pablo Rodríguez (jefe de Patria y Libertad); a Pedro Ibáñez (lo que correspondía al PN); a Felipe Amunátegui (lo que correspondía a la DC) y a Jaime Guzmán, (encargado de los gremialistas). El grupo se reunirá pronto con oficiales navales (4). El tercer grupo fue revelado por el general aéreo Nicanor Díaz (ministro del Trabajo de la dictadura) en 1990. Resuelto a “botar a Allende” se reúne los lunes en casa de Hugo León Puelma (presidente de la Cámara chilena de la Construcción y ministro de Obras Públicas de 1975 a 1979). Lo componen, entre otros, los presidentes de las asociaciones de patrones: Julio Bazán (Confederación de Colegios Profesionales); Alfonso Márquez de la Plata (Sociedad Nacional de Agricultura, ministro de Agricultura de la dictadura); Orlando Sáenz (SOFOFA) y Manuel Valdés (Confederación Nacional de Empleadores Agrícolas). “Yo sé -afirma Nicanor Díaz- que hubo contacto con los marinos, con los capitanes de navío que estaban metidos en el baile”. Por ejemplo, el almirante Patricio Carvajal se presenta en la oficina del general Díaz, a una reunión golpista, acompañado de Hugo León (5). Al mismo tiempo, funciona un comité coordinador golpista que se reúne semanalmente en la oficina de Cubillos, en la editorial Lord Cochrane, para decidir sobre las campañas de prensa. Lo componen Roberto Kelly, René Silva Espejo (director de El Mercurio), Arturo Fontaine (subdirector), Orlando Sáenz, Hugo León, Jaime Guzmán, Carlos Urenda, Jorge Ross, Edmundo Eluchans y otros. Kelly y Cubillos son llamados buzos tácticos pues se “sumergen” en la Marina gracias a sus contactos con Merino, Troncoso y Castro” (6). Entre las “acciones” organizadas en estos círculos sobresalen las impresionantes olas de “terrorismo frío y artero”, como las calificó Salvador Allende. Un verdadero frenesí destructor un tanto olvidado por la historiografía. Balance del terrorismo La primera ola terrorista interviene durante el paro de octubre 1972: miguelitos destruyen miles de neumáticos, de camiones, de automóviles y también de ambulancias, y se registran 52 atentados contra torres eléctricas, vías férreas y empresas públicas. La segunda ola, del 25 de julio de 1973 al golpe, es 25 veces mayor: se perpetran más de mil atentados que provocan inmensas destrucciones y víctimas mortales. Ya el 9 de agosto Allende denuncia la “ola fascista” que sacude a Chile: 215 atentados, con destrucciones materiales increíbles y cuatro muertos, que han dejado 25 huérfanos. Cuatro días después el Presidente precisa: 21 atentados contra camiones; 77 contra buses; 16 contra bombas bencineras; 37 a vías férreas; 10 contra puentes importantes; 6 contra oleoductos; uno contra un túnel y otros tantos contra servicios públicos, luz, agua, casas particulares, canales de TV… “sólo anoche en Santiago estallaron 14 bombas”. Su palabra queda inconclusa pues un atentado deja sin electricidad la zona central. El último balance del terrorismo es presentado por el secretario general del PS, Carlos Altamirano, el 9 de septiembre: entre el 23 de julio y el 5 de septiembre se han perpetrado 1.500 atentados, 24 al día, uno cada hora, con un saldo de más de 10 muertos, más de 117 heridos, aparte del gigantesco daño económico (7). Entrenados en la Armada Parte de estos atentados tienen su origen en la Armada. Desde 1972, los marinos constitucionalistas escuchan a oficiales pronunciar encendidas arengas contra el gobierno, mientras les dan instrucción militar “antisubversiva” contra enemigos como “los comunistas y el MIR”. Y, más grave, advierten que están entrenando grupos de extrema derecha (8). En noviembre de 1972, aparece una bomba sin explotar en el jardín de la casa del almirante Ismael Huerta, un golpista de la primera hora. El almirante Merino se queja del “caos” y exige dar con los culpables de ultraizquierda. Investigaciones da con los autores en junio de 1973: se trata de un grupo dirigido por Jorge Young Montesinos, un ex oficial de la Armada emparentado con Ismael Huerta, que había lanzando una bomba contra la casa de la inspectora del Liceo de Niñas de Viña, Lucía Kirberg, “por comunista”; otra contra la residencia del ministro de la Corte de Apelaciones Sergio Agüero, pues no era duro con los detenidos de izquierda; y otra contra un depósito de combustible del palacio presidencial del Cerro Castillo, que no explotó. La bomba hallada en el jardín del almirante Huerta fue arrojada por Arturo Pinochet, un sobrino del futuro dictador, tal vez involucrado para desestabilizar a su tío, hasta entonces catalogado como un general leal (9). La segunda huelga insurreccional se desata con el asesinato del edecán Arturo Araya la noche del 26 de julio. Investigaciones sortea una intensa campaña de desinformación que acusa a cubanos y escoltas del Presidente y consigue detener a los culpables: Guillermo Claverie, Guillermo Bunster y otros, conducidos por el ex cadete naval Jorge Ehlers. Serán indultados por Pinochet y varios ingresan al Comando Conjunto. Una interesante investigación del periodista Jorge Escalante indica que hubo otros involucrados y que Arturo Araya fue ultimado por un tirador apostado en un balcón frente a su casa. El asesino actuó “por encargo de algunos sectores de la Armada y políticos” (10). Poco antes, el 13 de julio, había ingresado ilegalmente a Chile el jefe de Patria y Libertad Roberto Thieme (exilado en Ecuador para escapar al juicio por su participación en el “Tanquetazo”) e informa a la prensa que inicia las “acciones”. El Gobierno ordena su captura que se concreta el 22 de julio. Pero días antes oficiales de la Armada le piden una reunión urgente. Aunque prófugo, Thieme se reúne con el capitán Hugo Castro (luego ministro de Educación) y otro oficial. Le informan que el 25 de julio se inicia el nuevo paro que busca paralizar al país y crear las condiciones para dar el golpe. Piden que Patria y Libertad “contribuya” volando vías férreas, carreteras y oleoductos, pero evitando daños mayores; para eso la Armada les indicará los objetivos y les proporcionará explosivos (11). Un “objetivo” fue el gaseoducto de la ENAP que va de San Fernando a San Vicente. Los explosivos eran de tal poder que, cerca de Curicó, volaron un tramo de 30 metros dejando nueve heridos y dos muertos por quemaduras. Como en el caso del edecán, una campaña de prensa acusa a un tal Sabino Romero, transformado en un terrible “comandante Sabino”, quien estaría bajo fuerte protección porque “sabía mucho”, explica El Mercurio del 17 agosto. Pero la Corte de Apelaciones de Talca lo pone en libertad por falta de méritos. Los verdaderos culpables –conocidos- nunca han debido responder por el atentado ni por las muertes. Otro “objetivo” fue la torre de alta tensión volada con explosivos facilitados por Hugo Castro y detonados por un grupo vinculado a Patria y Libertad dirigido por el ex oficial naval Vicente Gutiérrez. Privó de suministro eléctrico la región central e interrumpió la comunicación del Presidente. Y seguirán otros atentados… Impresiona que cierta prensa nunca ha calificado de “infiltración” o “motín” las reuniones conspirativas entre civiles como Sáenz, Claro, León, o los hombres de Edwards, con altos jefes militares, ni siquiera cuando Kelly y Cubillos se “sumergían” en la Marina. Tales términos son reservados para referirse a las reuniones que, poco antes del golpe, sostuvieron los jefes del PS, del MAPU y del MIR con un grupo de marinos constitucionalistas que denunciaban el golpe inminente (12). Aunque ha quedado demostrado que escuchar una denuncia de complot contra el gobierno legítimo no es delito (Oscar Garretón, el único parlamentario juzgado por esto, fue absuelto por la Corte Suprema, por unanimidad), los textos navales se empecinan en hablar de “infiltración”. Hasta hoy.
Posted on: Fri, 18 Oct 2013 20:50:20 +0000
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