El presidente honorífico de Aglomerados Morell, Jorge Andrés Morell, declaró ayer a la juez Mercedes Alaya, la instructora del caso de los ERE fraudulentos en Andalucía, que el conseguidor de ayudas y exsindicalista Juan Lanzas le pidió hasta 1,2 millones de euros a cambio de facilitarle subvenciones de la Junta de Andalucía para trasladar su empresa desde Santiponce a Villanueva del Río y Minas, localidades situadas en la provincia de Sevilla. Llegó a cobrar más de 3 millones de euros, de los cuales 1,2 correspondían a un expediente de regulación de empleo en 2006 para 24 trabajadores entre los que se incluyeron como intrusos el propio Jorge Andrés Morell, que ya estaba jubilado, y Luis Llorente. JOSÉ GALIANA Jorge Andrés Morell, ayer a su llegada a los juzgados sevillanos Morell, a quien la juez le imputa supuestos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias, relató que Lanzas, en prisión preventiva desde marzo por el caso de los ERE, justificó esta comisión por que tenía que repartir dinero entre miembros del Gobierno andaluz que no especificó. Sin embargo, finalmente sólo desembolsó unos 11.000 euros al testaferro de Lanzas, Juan Francisco Algarín, y a otra empresa tapadera para blanquear dinero de las sobrecomisiones administrada por Ismael Sierra, cuñado de Lanzas que también está imputado. El empresario se ratificó en su declaración previa ante la Guardia Civil cuando dijo que Lanzas les explicó que pedía comisiones porque «tenía que pagar favores a personas con responsabilidades públicas en la Junta de Andalucía». «Tú no sabes lo que tengo que engrasar para conseguir estas subvenciones » , apuntó. Quien le facilitó el contacto de Lanzas fue el empresario jerezano José María RuizMateos, afirmó. Animado por la riada de dinero público que le suministró la Junta, Morell trasladó su fábrica de corcho a la localidad sevillana de Villanueva del Río y Minas. Afirma que la candidata del PSOE en las elecciones municipales de 2007, María José Cervantes, actual directora de Área de la Diputación de Sevilla, ganó los comicios gracias a que colocó en la empresa a las personas que le había indicado previamente. El entonces delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, imputado en la causa y condenado por el cobro de comisiones en el «caso Mercasevilla», le prometió que le concedería dos millones de euros pero que los iba a fraccionar en cuatro pagos de 440.000 euros para evitar que pasaran por el Consejo de Gobierno andaluz. Finalmente, Aglomerados Morell recibió 1,2 millones por un ERE que admite que no era necesario, 920.000 euros de un aval bancario procedente de la Agencia IDEA (la caja pagadora de los ERE que concedía la Consejería de Empleo), dos ayudas directas a empresas de 440.000 euros cada una y 11.000 euros correspondientes a un incentivo para elaborar el plan de viabilidad de la empresa.
Posted on: Thu, 24 Oct 2013 23:43:04 +0000
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