Estimad@s colegas y amig@s, El 10 de septiembre de 2013 el Centro de DDHH de la UDP lanzó por adelantado el capitulo Verdad, Justicia y Memoria de su informe anual 2013. El capitulo, preparado por el Observatorio DDHH, fue presentado a la prensa en una actividad en la Facultad de Derecho. Los puntos relevados en la presentación fueron los siguientes: 1- Información y datos: ¿Cuántas personas desaparecieron? ¿Cuántas personas fueron asesinadas y torturadas durante la dictadura? A pesar de las reiteradas instancias de verdad en Chile, desde el Informe Rettig (1991) y CNRR (1996) a la Mesa de Dialogo (2001), el Informe Valech (2004/5) y las calificaciones realizadas por ‘Valech II’ en 2011, hoy no existe una institucionalidad estatal mandatada y capaz de sistematizar, recoger e informar con exactitud cuántas y cuáles son las personas que el Estado hoy reconoce como víctimas de las nefastas practicas de desaparición forzada, ejecución política, prisión política y tortura. Todas las mencionadas instancias, parciales y temporales, han sido disueltas, y ante las consultas pertinentes no existe una respuesta estatal univoca, clara e informada. Hoy en día recae nuevamente a la sociedad civil la tarea de estudiar, investigar y tratar de resolver situaciones tales como las de Claudia Poblete y Pablo Athanasiu, víctimas infantiles de la práctica de desaparición forzada quienes posteriormente aparecen con vida; o de la decena de personas consignadas en los informes mencionados de los cuales cuya situación real no se ajusta a los parámetros allí expuestos. Reconociendo y acogiendo los esfuerzos realizados por las instancias anteriores y quienes laboraron en ellas, estimamos que ya es tiempo de que exista una sola instancia permanente, dotada de los recursos e informaciones necesarias, que vela por la permanente calificación y reconocimiento de situaciones de victimización y del cumplimiento pleno de los derechos a la verdad, justicia y reparaciones correspondientes. No es responsabilidad de los familiares y sobrevivientes sino de la sociedad y del Estado en su conjunto dar cuenta de cada vida truncada y cada historia personal marcada con fuego por las prácticas del terrorismo de Estado. 2- El desamparo jurídico de las y los sobrevivientes No existe institución alguna en Chile que vela por los derechos de las casi 40.000 personas actualmente reconocidas como sobrevivientes de las prácticas de prisión política y tortura. El Programa de DDHH del Ministerio del Interior y Seguridad Pública aporta servicios sociales y jurídicos a familiares de personas desaparecidas y ejecutadas. No hay quien ejerce la misma función respecto a los sobrevivientes, y la proporción de causas judiciales que reivindica el crimen de la tortura es ínfima en relación a las dimensiones reales que tuvo esa práctica. No se ha podido constatar más de 33 causas por este crimen, en comparación con las cerca de 1.400 causas que investigan crímenes de desaparición y ejecución. Desde que se reanudaron las causas ddhh en el año 1998, tenemos conocimiento de una sola pena efectiva dictada por tortura. Siguen existiendo denuncias de este crimen en relación al actuar de las fuerzas de seguridad y orden ante situaciones actuales, por cuanto para que la justicia penal tenga el efecto disuasivo que figura como una de sus metas, es necesario señalar con firmeza y claridad el repudio institucional ante este grave delito a través de la judicialización activa y la condena correspondiente a sus hechores. 3- El imaginario público y el ‘desfile del perdón’ Las responsabilidades morales y éticas escapan siempre el ámbito de lo meramente punible. A raíz del caso ‘Cheyre-Lejderman’, se revive la discusión sobre quienes son las personas más aptas para liderar los procesos políticos y las instituciones democráticas en la actualidad. Tanto en el ámbito civil como en el ámbito castrense es hora ya de definir quiénes son y deben ser los referentes que guían la vida nacional y aseguran el estado de derecho. 4- Espacios públicos y la conmemoración de los 40 años Al nivel de simbolismo, el estado actual de la calle Morandé, la Plaza de la Constitución y los espacios públicos más evocativos del golpe de 1973 levanta fuertes contrastes con la apertura y habilitación de esos mismos espacios en el 2003, al conmemorar 30 años del golpe. Las obras públicas que se vienen realizando en dichos espacios han impedido que se conmemore masivamente los hechos mencionados en los principales espacios cívicos. Acogimos con agrado las palabras del Presidente Sebastián Piñera, pronunciadas el 31 de agosto de 2013, de que los graves, reiterados y sistemáticos atropellos a los derechos humanos deben ser condenados en forma “firme, clara y permanente”. A la vez, se contrasta con la falta de definición e información sobre las actividades públicas respectivas, reflejadas en que la oficina de prensa respectiva nos informaba, hasta la fecha del 26 de agosto 2013, de que aun no se definían actividades oficiales ni la agenda presidencial para el día once. Observamos con preocupación el actuar policial de retirar, el día 8 de septiembre, sin explicaciones, intervenciones artísticas gestionadas por el sitio de memoria Londres 38 en los puentes sobre el rio Mapocho alusivas a la situación de los detenidos desaparecidos y la exigencia de revelación de información sobre su paradero. Hasta las 14.00 horas del día 10 de septiembre, el colectivo Londres 38 aun no recibía respuesta oficial a su solicitud de explicación del retiro y reintegración de los lienzos respectivos, que se creen permanecen en poder de las autoridades policiales. Los permisos y autorizaciones respectivas del Consejo de Monumentos Nacionales y las municipalidades de Providencia y Santiago pueden ser consultados en el sitio web del colectivo, y las municipalidades se han sumado a la exigencia de su reposición.
Posted on: Tue, 10 Sep 2013 23:21:22 +0000
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