Fin de fiesta a plazo fijo septiembre 14, 2013 By Informador Público latinoamerica lupa Informe Argentina con Lupa. Más allá de lo que reflejen las encuestas y aún el pormenorizado análisis de los comportamientos individuales de los cuadros que, en diversos niveles, integran el gobierno kirchnerista, se puede percibir, sin mucho esfuerzo, la sensación generalizada -tanto dentro como afuera del gobierno- de que lo que se ha denominado como “ciclo” del proceso iniciado en Mayo del año 2003 al asumir la presidencia de la Nación Néstor Carlos Kirchner, se ha agotado y ya no responden los métodos y recursos con los cuales el kirchnerismo ha venido asegurando su continuidad e intentando la prolongación de su permanencia en la gestión pública. Después de todo, parece corresponder a un proceso normal en cualquier rincón del mundo por efecto del natural desgaste, el envejecimiento y el descrédito en que suelen caer las excesivas reiteraciones del poder político pero, sobre todo, en el caso particular de la Argentina, como expresión de los escasos márgenes de imaginación y creatividad, fuera del manejo de la “caja”, para estimular la adhesión de la gente. Pero, de la misma manera, parece expresar, aparte de la pérdida de idoneidad política y de gestión, el fracaso de un intento autoritario que, habrá que ver si deja las correspondientes enseñanzas, permite impulsar una sucesión en condiciones de reformular los criterios aplicados hasta ahora, sobre todo a partir de un consistente retorno a la institucionalidad y las condiciones de vida republicanas tan fuertemente afectadas. En principio, los efectos concretos de esta percepción parecen comenzar a extenderse a través de una casi sistemática búsqueda de alternativas distintas para los cuadros que integran el gobierno, con los indicios crecientemente marcados por la gravitación del “horizonte penal” que parece cernirse, como un efecto del resultado final del proceso, sobre los mismos. Esta suerte de “fin de fiesta” ha comenzado a configurarse como una estampida para la fuga, en busca de paraguas protectores frente al eventual diluvio de causas penales. El hecho no es nuevo ni original para esta etapa y ha tenido comienzo en los meses anteriores a la reelección presidencial, en Octubre de 2011, con poca o ninguna expectativa que pudiera garantizar el objeto de la fuga: no había logrado elaborarse una plataforma en condiciones de garantizar esa protección pero, al mismo tiempo, suficientemente afín al gobierno agotado, como distante de este en los hechos o en las apariencias, esa suerte de ilusión de “kirchnerismo sin los Kirchner”, no por una cuestión fundada en programas, modelos o plataformas políticas, sino por una identidad sutilmente tramada con las bases y orígenes de la corrupción detectable en casi todos los procesos estatizantes. El reconocimiento del “fin de fiesta”, se ha reflejado en las conductas y en el resentimiento del poder propiamente dichos de la estructura del grupo que ejerce el gobierno y se ha estado exhibiendo, en el curso de las últimas tres semanas, a continuación de la fuerte derrota del kirchnerismo expresada en el comicio de las PASO, a comienzos de la segunda semana de agosto último. Los desacuerdos y polémicas públicas por temas de gestión que van desde la inflación y el descrédito de las políticas aplicadas por el secretario de Comercio Interior, contador especializado en costos Guillermo Moreno y la inflación; hasta asuntos altamente sensibles para la población como las medidas de seguridad (movimientos de la Gendarmería, incluidos), junto con los proyectos destinados, en la misma área, para bajar la edad de la responsabilidad penal. Nunca, en el curso de estos diez años, pese a existir fuertes y lacerantes desacuerdos internos, fue posible imaginar que dos o tres funcionarios de alto rango político y de la intimidad misma del poder, se cruzarán públicamente en términos poco estimulantes: el ejercicio de un poder que absorbía para sí todo el monopolio de la opinión y exigía una subordinación absoluta en términos inabordables, determinaban la separación de sus funciones, del cuadro o funcionario, sin expectativa alguna de defensa. Si los desacuerdos existieron siempre, hubo un poder en condiciones de imponer una férrea disciplina, basada en el silencio, la admisión o el olvido de las diferencias, que permitió presentar públicamente una aparente coherencia y, al mismo tiempo, una suerte de ilusión de “unidad”. Pero, por encima de todas estas expresiones públicas, esto implicaba el reconocimiento de un poder, obedecido como única alternativa de protección, al que se les reconocía capacidad para implementar, justamente, las defensas pero, a cambio, también se le consentían los métodos que aseguraran la obediencia. Es este esquema el que ha entrado en crisis y es el que coloca, al borde de expectativas inciertas cuanto pueda ocurrir de ahora en más, en particular después del 27 de Octubre, no más allá del 10 de Diciembre, cuando se concreten las renovaciones parlamentarias y se sincere la nueva relación de fuerzas. Antecedentes inmediatos para algunas definiciones eventuales En este mismo espacio, para los suscriptores de Informe (2013) Argentina con Lupa, se recordó el fin de semana pasado y comienzos de la presente una variedad de declaraciones que parecen revelar la presencia de esa percepción de “fin de ciclo” o, en un sentido más elástico y deliberado, el intento de crear las condiciones para una determinada salida de este nuevo espacio, en el que el signo predominante es la derrota final del kirchnerismo. La decidida actitud de enfrentamiento del ministro de economía, Hernán Lorenzino, con el presidente de la Unión Industrial Argentina, señor Héctor Méndez, acusándolo de intentar debilitar el poder de la presidenta por reclamar “un ministro de economía fuerte” -e, implícitamente, fustigando la inoperancia del actual funcionario al frente de esa cartera- implica la acusación formal y frontal que afecta de manera directa el desempeño del cargo que hoy ocupa la viuda de Kirchner. Pero esto, que de manera flagrante hace referencia a un intento para afectar la permanencia de la ex primera Dama en el ejercicio de su gobierno, ocurrió apenas pocas horas después de que el jefe piquetero y presidente del partido Miles, que integra el partido ultra oficialista creado por la propia viuda de Kirchner, el Partido Unidos y Organizados (PUYO), anunciara -o “denunciara”- que el 8 de noviembre, al cumplirse el primer aniversario del mayor de los cacerolazos contra el gobierno, habría un comienzo de ejecución de un “golpe” para desplazar a la presidenta. Casi simultáneamente -y hablando de otros temas-, pero con una notoria convergencia en esta suerte de nociones compartidas respecto del poder, el presidente de Fiat Argentina, el agudo y tantas veces escuchado en forma pública respecto de sus opiniones en materia política y económica, el empresario Cristino Rattazzi, afirmó que la ex primera Dama “debe terminar su mandato en el 2015”, un juicio o criterio que implica admitir que existen posibilidades ciertas de que esto no ocurra: descarta la idea -por imposible-, de que exista una tentativa para la prolongación del mandato violando las órdenes constitucionales; y, en consecuencia, dejó flotando la noción de que puede haber otros riesgos que acorten la duración del mandato, sin precisar el origen para ese acortamiento que, en consecuencia, deja abiertas las posibilidades de una decisión personal o externa. Pero poco después, al comienzo de la semana en curso, la diputada y candidata a diputada Elisa Carrió, aseveró que, “hay sectores que quieren sacar a Cristina Kirchner” y, con mayor precisión, dijo que se prepara un “golpe de estado” en los términos clásicos -que han sido descriptos en varias oportunidades recientes, en este espacio, para los suscriptores de Informe (2013) Argentina con Lupa- de un “coupe d’ètat” tal como los que se desarrollaron en Francia, ya que, afirmó, “una pelea de facciones en el interior del partido del Gobierno” está preparando su desplazamiento. “A Cristina Kirchner -añadió- el PJ la abandonó, los ministros la abandonaron. Acá está en juego un camino de la ética de la República o el otro, el del PJ, donde Sergio Massa y Daniel Scioli están en una guerra por la sucesión, pacto de impunidad incluido”. Este breve ramillete de referencias públicas acerca del ejercicio de la presidencia de la Nación y la eventual continuidad de la ex primera Dama en sus actuales funciones, dejan planteado, de modo categórico, el tema de la continuidad presidencial para lo inmediato, considerando la inmediatez en un lapso que reclamaría, conforme con estas apreciaciones, un periodo destinado a la preparación de las condiciones necesarias para la sustitución de la ex primera Dama. ¿Manejaron los cuatro declarantes públicos mencionados una información de similar origen y calidad gravitatoria, o las versiones obviamente coincidentes proceden de sectores notoriamente distintos y, en todos los casos, silentes y altamente reservados, confiriendo a la suerte de versiones, prevenciones, interpretaciones o deducciones finales, un carácter de gravedad y seriedad de alto fuste informativo y valorativo? Varias referencias aportadas por la diputada Carrió, que han tomado estado público en distintos niveles y jerarquías para el análisis e interpretación, crean una suerte de soportes adicionales, por vía completamente distinta a esta suposición y expectativa, para un eventual proceso destinado al desplazamiento de la presidenta. Quizás el más expresivo ha sido la disposición oficial de poner a órdenes directas de la jefa del Ejecutivo una dotación de poco más de 200 gendarmes para tener operatividad en la estricta y creciente defensa establecida detrás de las vallas de la ya amurallado Casa de Gobierno; que no sustituirían -sino que se sumarían- a los efectivos militares que tradicionalmente ejercen la custodia presidencial, además de la ya elevada cantidad de efectivos de la Policía Federal que custodian el sector vallado, tendido como defensa en torno del edificio desde hace ya cuatro años. Sin dudas, el conjunto de estas declaraciones y la necesaria y justificada sospecha de las diversas fuentes que alimentan las mismas, permite un recorrido bastante amplio que va desde fuentes y percepciones estrictamente oficialistas, como la que revela el propio ministro Hernán Lorenzino, bajo la forma de un dato preciso; o bien la expresión de un temor basado necesariamente en alguna información del; hasta las más denunciativas y opositoras de la doctora Carrió, que no deja de tomar en cuenta, por su sentido, alcance y tiempo transcurrido para que fueran conocidas por ella, la denuncia -y su sentido-, de Luis D’Elía y la advertencia de Cristino Rattazzi. Caminos eventuales: de la violencia a la autovictimización No hace falta un gran esfuerzo, sino tan solo, quizás, ofrecer el oído atento para percibir con la mayor precisión posible los susurros ambiguos, contradictorios y argumentalmente dispersos, pero pese a ello, convergentes, para desarrollar y complementar la idea de que el detalle predominante en la escena política desde ahora hasta antes del 10 de Diciembre, no descuenta que la ex primera Dama cese al frente del Ejecutivo. Clasificar la variedad de versiones que convergen hacia este punto sería harto difícil aunque no imposible; y permite analizar el tema a partir de un pantallazo de las distintas alternativas contenidas en esos susurros. En principio ya sobre finales del año 2010, tras la muerte del marido de la presidenta, hubo versiones consistentes que atribuían a diversas presiones familiares la urgencia para que la ex primera Dama, carente ya de lo que implicaba una suerte de protección para su gestión procedente de los apoyos y manejos políticos de su marido, renunciara y, sobre todo, desistiera de la posibilidad de la reelección al año siguiente. Según las versiones más afiatadas la descripción -con mayores precisiones que cualquiera de las que se hayan hecho hasta ahora-, acerca de los riesgos implícitos respecto del “horizonte penal” que se habrían presentado en aquel momento a la ex primera Dama, para tratar de sustraerla a las presiones familiares y de algunos sectores políticos íntimamente ligados a ella, habrían determinado su cambio de rumbo final ratificando su postulación a la reelección y comprometiendo la continuidad a fin de evitar el riesgoso “horizonte penal”. Las expectativas de una reiteración de aquel esquema, esta vez consolidado por la imposibilidad constitucional de proceder a la reelección y la pérdida de cualquier expectativa de una reforma constitucional ante la evidente retracción electoral, habrían reproducido, en dimensiones mucho mayores, no solamente las presiones a favor y en contra de la permanencia en el gobierno, sino los planes alternativos para ejecutar alguna de estas proyecciones. El resultado de las PASO habría terminado por liquidar cualquier expectativa de generar condiciones para que, mediante el uso de la fuerza, pudiera llegar a imponerse una reforma constitucional: en el caso de haber habido un resultado relativamente homogéneo y con escasas o mínima expectativa de pérdida de bancas, sino un aumento o, como en algunos casos se estimaba debido a la menor cantidad de escaños para ser renovados, la vía cruenta para imponer una solución constitucional para la reelección habría quedado definitivamente archivada. Los susurros hacen hincapié en la idea de que cualquier movimiento que realice la ex primera Dama deberá tomar en cuenta un intento paralelo para encontrar un respaldo en la opinión o, al menos, un justificativo que no deje liberada toda la expectativa a una mera reacción histérica de tribuna. El criterio que parece haber comenzado a predominar consiste en la idea de la autovictimización, imponiendo el criterio de haber sido “abandonada” por sus adeptos. El esquema básico de reacción consistiría en un extendido lamentó respecto de la imposibilidad de ejercer el poder, llevar adelante la gestión con una notoria degradación de su presencia legislativa, orientando la interpretación pública hacia la existencia de una “oposición sistemática que no permitirá gobernar”. La vertiente para exponer un abandono del poder como consecuencia del ejercicio de la violencia, estaría contenida en la advertencia formulada por Luis D’Elía. Poco más de una semana después del comicio del 27 de Octubre, tomando como punto de referencia el espacio entre esa fecha y el 8 de Noviembre, un desarrollo de tensiones y violencia urbana debería llevar, conforme con las ideas o proyectos esbozados, a la exhibición de un intento de “golpe” a ejecutarse en coincidencia con la celebración del aniversario del mayor cacerolazo efectuado el año pasado. La combinación de los dos elementos, conforme con algunos susurros escuchados a mediados de semana en curso, permitiría cerrar un panorama de mayor “credibilidad” pública. Un proceso que pudiera arrancar en la medianoche del 27 al 28 de Octubre, con actos de violencia que se prolongaran en los días siguientes, coronando la convocatoria a una marcha recordatoria y ratificatoria del cacerolazo del 8 de Noviembre, debería engarzarse, según esos mismos susurros, con una cotidiana invasión en la red de comunicaciones oficiales, con motivo de los actos violentos, que permitieran a la ex primera Dama una retórica autovictimizadora, como plataforma preparada para el anuncio de su abandono del gobierno. Una versión edulcorada, que intentaría moderar los alcances, algunos de los cuales necesariamente deberían involucrar a cuadros del propio gobierno acerca de los cuales no existiría, en este momento, plena fiabilidad (referencia destinada quizá a subrayar la participación condicionada de Tupac Amaru), remite el proyecto a una serie de discursos por la red de radiodifusión que deban ir agregando condiciones de ingobernabilidad para justificar un último episodio de renuncia. El extremo moderado de estos susurros -que se atribuyen a uno de los pasillos de la Casa de Gobierno en coincidencia con algunos núcleos del propio peronismo- intenta restar dramatismo al proceso y otorgarle un grado de sobriedad que, hasta ahora, no han tenido las exposiciones presidenciales, en las que se anuncie la decisión de someter la renuncia al Congreso”, renovado con posterioridad al 10 de Diciembre. Con seguridad, este último gesto de renuncia podría tener tan solo un alcance y espectro meramente formal y simbólico, ya que se descuenta necesariamente el rechazo, tras lo cual podrían sucederse reclamos de la viuda de Kirchner, para la “gobernabilidad”. En esta versión la idea de “gobernabilidad” no parece manejarse al margen de una negociación paralela respecto del “horizonte penal”. Una de las versiones de estos susurros, añade que, en realidad, esas negociaciones habrían comenzado ya, bien que, en ningún caso, se precisa en qué nivel eso ocurre, aunque se sugiere la posibilidad de deducir en qué puntos y con qué sectores políticos podría concretarse: el neokirchnerismo, en este sentido, aparece como una de las referencias predominantes, en la medida en que uno de sus principales argumentos políticos consiste en “no mirar al pasado sino hablar del futuro”. Alcances y efectos de una renuncia: “campo minado” y yermo sucesorio Pero para cualquiera de los proyectos susurrados desde los más diversos niveles, parecen existir bases, comunes denominadores o referencias descontables respecto de la gestión inmediata que, en algunos momentos, han sido breve y superficialmente señalados, aún desde fuentes oficiales y en forma pública. La idea respecto de lo que podría ocurrir a continuación de una renuncia presidencial, se intenta asimilar a una suerte de caos incontrolable. Al respecto son abundantes las versiones que indican la elaboración de políticas destinadas a la creación de un “campo minado”, mediante decisiones adoptadas a último momento de las vísperas de las decisiones finales, que comprometerían más severamente aún de lo que se encuentran comprometidas, las finanzas nacionales y algunos aspectos de la institucionalidad del país. Pero a esta misma situación se le suman los imponderables respecto del orden sucesorio establecido por el propio kirchnerismo, a modo de un “tapón” tendiente a reproducir las condiciones críticas que vivió el país al comenzar el segundo año de este siglo. ¿Acaso podría el vicepresidente Amado Boudou desempeñar la presidencia con algún grado o nivel de respaldo mayor que el de la propia presidenta renunciante, o podría estar en condiciones de negociar un ejercicio del poder por los dos años siguientes? El deterioro de la imagen del vicepresidente de la Nación no es menor que el de la titular del Ejecutivo; pero, además, la fiabilidad respecto de su eficiencia para el ejercicio de la función, sumadas a las sospechas y fundamentaciones judiciales que obran en su contra, parecen no resistir cualquier argumentación posible. Pero aún pasando por encima del impracticable Amado Boudou, su sucesora institucional, la presidenta provisional del Senado, la senadora tucumana, fonoaudióloga Beatriz Rojkés de Alperovich, no parece entrenada ni disponer de facultades adicionales excepcionales como para suplir al vicepresidente Boudou, pese a ser la presidenta del partido peronista tucumano, un aparato que, en realidad, maneja su marido, el gobernador tucumano José Alperovich. Una sucesión de este tipo está pensada, obviamente, como uno de los argumentos más deprimentes y menos auspiciosos para una sucesión presidencial que, en ese caso, descansaría en la Asamblea Legislativa Nacional, reuniendo las cámaras de Diputados y Senadores, que deberían designar un presidente para completar período entre los gobernadores en funciones, algo de tan difícil elaboración como el desemboque eventual en la última instancia constitucional: el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien dispondría de 60 días para convocar a un comicio dentro de los 60 días siguientes, a fin de designar al nuevo presidente de la Nación. El intrincado y complejo camino descripto ya se conoció, sin esa última instancia de la Corte -porque el gobernador electo, Eduardo Alberto Duhalde, optó por llamar a elecciones antes de terminar el periodo constitucional del doctor Fernando de la Rúa- o, en un complejo juego de alternativas, a partir de los dos presidentes que lo sucedieron, en una instancia que no variaba los casi dos años pendientes de ejercicio. Esta compleja sucesión es, al parecer, de escasa significación si se compara con los efectos de la gestión propiamente dicha que quedarán en suspenso, y que podrán complicar en términos poco imaginables, las situaciones económicas y sociales que vive el país, pendiente adicionalmente de una variedad de circunstancias internacionales que agravan notoriamente las actuales condiciones de gestión. De ahí que la advertencia del empresario Cristino Rattazzi parece una condición imponderable para superar el grave embrollo político e institucional en el que está desembocando una gestión que, mediante parches sucesivos, aplicados durante diez años, ha intentado sobrevivir a pesar de la ineficiencia e inoperancia políticas que los ha caracterizado. Parece obvio, de la misma manera, que la denuncia formulada por la doctora Carrió, subraya la procedencia del intento, una identificación que no hace falta mucho esfuerzo para reconocerla en la propia “denuncia” del piquetero Luis D’Elía, de ser ciertos los susurros antes relatados, probablemente uno de los factores operativos para que alcanzara y otorgarán credibilidad a su propia denuncia. Y la pregunta, en consecuencia, subsiste: ¿Cuánto de lo que conocía -como fundamento para su advertencia- Cristino Rattazzi, conocía el propio ministro a través de las intimidades del poder al que pertenece? Los opositores y los dudosos En el caso de confirmarse cualquiera de las versiones implícitas en los susurros, escuchados de manera cada vez más audibles, además de los elementos fuertemente conflictivos de la cadena sucesoria y de las políticas que en el curso de las mismas podrán incrementarse sin garantía alguna, se suma la expectativa de qué poder y cuánto poder se resumirá en el no de nuevo Congreso, sumado a las situaciones provinciales y municipales con creciente gravitación ante la ausencia de partidos nacionales. Parece una circunstancia que quizá resulte de un valor exponencial mucho más conflictiva aún, el hecho de que el neokirchnerismo asuma un papel preponderante como garantía para el poder que cesa respecto del futuro y esencialmente del “horizonte penal”. El aspecto conflictivo de una alternativa de este tipo reside, fundamentalmente, en la orientación y demandas que se han podido percibir en la opinión pública y en las reacciones globales. Si el massismo ha crecido, parece el resultado, fundamentalmente, de una transferencia de cuadros y sectores de la opinión pública que han dado soporte hasta ahora a la gestión kirchnerista. Este lector de importancia para este crecimiento en el eventual triunfo en la provincia de Buenos Aires, se ha sumado a una impronta inicial que identificaba al intendente de Tigre como uno de los sectores importantes de la “oposición al kirchnerismo”, para descubrir, quizás de manera tardía y todavía no completa que, en realidad, no jugaba ese papel en forma absoluta sino como un elemento meramente inicial y apto para la negociación: por esta razón, obviamente, se registró la demora de Sergio Massa para su decisión final de presentarse al comicio, demora durante la cual, obviamente, las negociaciones no excluyeron a los principales resortes de poder del kirchnerismo. De esta ambigüedad, esta dualidad en materia política supone un conflicto a corto o mediano plazo, un periodo que, después de todo, no excede en mucho al lapso que resta por cumplirse del mandato presidencial que podría interrumpirse y que supone -si no hay una variable que interrumpa la sucesión al nivel de los gobernadores- el plazo normal de renovación presidencial en el año 2015. Si el conflicto de dual integración del neokirchnerismo se produce con o sin la ex primera Dama al frente del Ejecutivo, parece indistinto para los efectos eventuales, porque no excluirá de manera alguna la negociación sobre el “horizonte penal”. Sobre todo se complicará si, tanto en una como en otra alternativa, con o sin la presidenta en el gobierno, el neokirchnerismo, confinado actualmente a la provincia de Buenos Aires, se ve forzado a negociar con viejos estamentos en las conducciones provinciales, originados también en el kirchnerismo, que reforzarían las líneas para que se pasaran por alto los temas judiciales pendientes que constituyen, de hecho, uno de los principales núcleos de reclamo de la opinión pública. Es difícil que el neokirchnerismo pudiera optar a una conducción del poder en el orden nacional sin llegar a acuerdos con los vectores de poder provinciales, donde se registra su principal orfandad política. En este punto es donde el resto de la oposición, incluidos los peronismo de Córdoba y alguna provincia norteñas, en particular Misiones y Salta, por ejemplo, o la eventual reorientación que puedan experimentar los peronismos patagónicos, podrían comenzar a jugar un papel decisivo que sustituyera parte de las ilusiones banales concentradas en el Frente Renovador. Respecto de este último, como expresión orgánica del neokirchnerismo bonaerense, la constitución del nuevo bloque de Diputados ha generado algunas sorpresas inesperadas como es, por un lado, la notoria preponderancia de cuadros del duhaldismo en franco proceso de oposición, del peronismo disidente que hizo gala de una oposición cáustica un; de la línea que respalda al ex gobernador Felipe Solá, un conjunto de corrientes que, en realidad, no expresan ni han expresado en el pasado reciente una actitud moderada como la que intenta exhibir el intendente Sergio Massa. Más aún, el diputado Roberto Mouilleron, elegido por el bloque como Presidente para desempeñarse hasta el día del vencimiento de su mandato, el 9 de Diciembre próximo, fue suficientemente expresivo cuando se le interrogó acerca del documento más importante en juego en la cámara de Diputados, el proyecto de Presupuesto para el año próximo, y afirmó que, de ninguna manera, su bloque dejaría de dar quórum y, más aún, afirmó que no votaría contra el proyecto oficial sino, puntualmente, en algunos detalles respecto de los cuales el bloque no tuviera acuerdo, descartando cualquier hipótesis de rechazo “porque un país necesita un presupuesto, ese presupuesto debe ser a la medida de lo que se necesita ese año; no podemos funcionar con el presupuesto del año anterior porque siempre hay un poco más de gastos (sic)”, lo que pone en evidencia la buena disponibilidad de “no poner palos en las ruedas” sin comprometer cambio alguno respecto del “modelo” kirchnerista: el problema reside en saber hasta cuándo posiciones de este tipo podrán contar con el respaldo de la opinión pública que ya ha rechazado actitudes similares.
Posted on: Sat, 14 Sep 2013 16:05:41 +0000
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