Fusilados sin culpa en Mallorca: los inocentes de la Guerra Civil Existe una categoría de represaliados por la Guerra Civil que podríamos calificar como los completamente inocentes, aquellos que fueron víctimas de represión sin ninguna razón para ello, ni siquiera por razón de venganza, ya que nada habían hecho ni podían hacer, bien por su personalidad o por su carencia de medios. En esa categoría podríamos encuadrar el muy conocido caso de Lluís Carrasco i Formiguera, por ejemplo, o el menos conocido de Manuel Ciges Aparicio, escritor de relativo éxito –calificado como ‘un menor’ de la generación del 98-, amigo personal de Manuel Azaña y gobernador civil de Ávila en julio de 1936, anteriormente de Santander y de Baleares hasta 1935, sólo porque lo ‘colocó’ Manuel Azaña en esos cargos para que viviera más fácilmente que con lo que ganaba con su pluma. Ciges Aparicio no pudo oponerse al 18 de julio porque no era un revolucionario, ni tenía medios para oponerse desde el momento en que el teniente coronel Romualdo Almoguera Martínez, responsable de la Guardia Civil -un jefe al que se suponía leal y que fue designado directamente para esa responsabilidad por el director de la Benemérita, general Pozas- estaba en la conjura de Mola y se pasó a los sublevados en las primeras horas. Bastó una tensa reunión con los conjurados en las primeras horas del 19 de julio para que Ciges fuera detenido por los alzados y apartado del cargo con más resignación que oposición por su parte. Los militares nombraron como nuevo gobernador civil de Ávila al comandante Luis Rubios Méndez, del arma de Caballería y profesor del Colegio Preparatorio Militar de Suboficiales y Sargentos ubicado en la ciudad. De la alcaldía se encargó un capitán de Intendencia retirado. La sublevación abulense impidió que llegaran a Madrid dos trenes que transportaban contingentes de mineros asturianos para apoyar al Gobierno legal. La zona de Ávila se mantuvo ‘leal’ al bando nacional durante toda la guerra con las únicas incidencias importantes de las correrías de las tropas republicanas del teniente coronel Julio Mangada entre cuyas acciones se cuenta la muerte del líder falangista Onésimo Redondo, el 25 de julio en enfrentamiento con un pelotón anarquista cerca de Labajos, y la derrota de la columna franquista del comandante Lisardo Doval, el represor de Asturias, el día 30 por la aviación leal y tropas republicanas desembarcadas de dos trenes blindados en las inmediaciones de Navalperal -lo que conllevó el apartamiento de Doval de cualquier otro mando de primera línea ([1]). Una vez proclamado el término de la guerra, el gobernador Manuel Ciges Aparicio fue fusilado pese a que ni había cometido ninguno de los horrendos crímenes que los franquistas atribuyeron a la República ni estaba en disposición de haberlo hecho, ni se había opuesto al alzamiento ni tenía medios para hacerlo, ni pertenecía de modo significado al frentepopulismo, etc. El único crimen del escritor Ciges había sido aceptar el ‘enchufe’ de su amigo Azaña en las gobernaciones de Baleares, Santander y Ávila para que vivieran sin apreturas su mujer e hijos. Uno de ellos, Luis Ciges -nacido en 1921-, se alistó en la División Azul para ‘lavar su nombre’ y disimular; tras ser repatriado a España desde la URSS, inició una larga carrera de actor como figurante secundario ‘característico’ y protagonista dejando una profunda y entrañable huella en la escena española; falleció el 11 de diciembre de 2002 ([2]). La represión anti republicana en Mallorca pertenece precisamente a esa categoría: la ejercida sobre los completamente inocentes porque ni habían cometido crímenes ni estaban en posición de oponerse a los alzados. Y pese a ello, a esta inacción, fueron o ‘paseados’ o sentenciados a muerte por consejo de guerra. Se registraron unos dos millares de víctimas de este tipo en la isla, y quede claro que no se incluyen aquí las muertes habidas en la represión de los milicianos capturados tras la retirada de la expedición de Bayo en los primeros días de septiembre de 1936, ni de los que ayudaron a este militar leal a la República en Ibiza, ni de los militares leales, marinería y milicianos que durante toda la guerra mantuvieron la isla de Menorca dentro de la administración republicana tras oponerse a los sublevados en la Estación Naval de Maó y ejecutar sumariamente a sus oficiales alzados. Cierto que la represión republicana y antifascista en Menorca se cobró, hasta la recuperación franquista de la isla el 8 de febrero de 1939, la cifra de 220 personas entre militares juzgados y fusilados por traición al Gobierno de la República o ‘paseados’ sin juicio, sacerdotes, gentes de derechas, etc. pero la posterior represión por las autoridades del ‘nuevo Estado’ de Franco dobló ampliamente esa cifra –recogido en Memoria civil, 1936 / 1986, diario Baleares, 14 de diciembre 1986. Entre los represaliados en Mallorca hallamos las características de los republicanos centristas y moderados: se trataba de médicos, abogados, maestros, etc. ([3]). De ningún modo se trataba de ‘cenetistas’ o ‘largocaballeristas’ ni eran ‘hombres de acción’, sino por el contrario de centro moderado, con raíces sociales y familiares en el estrato social que en la isla se conoce como ‘benestants’, un giro coloquial que designa textualmente a los ‘bien estantes’, ‘los que están bien’, quienes gozan de fortuna, aunque sea pequeña, patrimonio, posición e influencia para llevar una vida tranquila, sin riesgos ni altibajos y saben ‘estar’ en sociedad. En la sociedad de sus iguales, por supuesto. Más o menos, ‘els benestants’ eran quienes en España se conocía como ‘los rentistas’ -pero que no eran ‘los caciques’. Tómese como ejemplo a Emili Darder, alcalde republicano de Palma de quien en febrero de 2007 se cumplió el 70 aniversario de su fusilamiento. Nacido en 1895, médico hijo de médico, fundador de Esquerra Republicana Balear en sintonía con Esquerra Republicana de Catalunya y la Izquierda Republicana azañista, su gran labor ciudadana como alcalde fue la extensión del alcantarillado y agua corriente en toda la capital balear, la creación de ‘escoletes’ o guarderías populares municipales, de escuelas de enseñanza primaria, de comedores escolares, el impulso para la recuperación del uso de la lengua catalana –fue fundador de la Associació per la Cultura de Mallorca-; fue además co redactor de un prirmer borrador de estatuto de autonomía balear que no pasó de ese estadio. Darder había accedido a la alcaldía en las elecciones de 1933 que dieron el triunfo a las derechas; la coalición lerrouxista / cedista le destituyó del cargo tras la revolución de octubre de 1934 -pese a que en Baleares no hubo revolución en absoluto: comunicados con la Península sólo por el buque correo Palma / Barcelona y fuera del alcance de las ondas de radio, los diarios palmesanos tardaron dos días en informar que desde el 6 de octubre había tiros y movimientos de tropas en la ciudad condal y hasta el 9 no se decretó el estado de guerra- pero recuperó la alcaldía tras las elecciones de febrero de 1936 cuando se decretó que fueron repuestos en sus cargos las autoridades civiles cesadas en octubre de 1934. En el mes de junio, la municipalidad palmesana emitió un decreto por el que los propietarios de viviendas alquiladas debían dotarlas de agua corriente y cuarto de aseo. Lo que suponía, claro es, un dispendio para los benestants que vivían de las rentas de alquiler que les proporcionaban sus inquilinos. El decreto fue recurrido por la Cámara de Propiedad que agrupaba a los propietarios privados el 10 de julio, recurso que fue rechazado el día 18 de julio, sábado ([4]). Como ocurriera en 1934, el alzamiento del 18 de julio llegó tarde a Baleares. El líder de Falange era el marqués Alfonso de Zayas y Bobadilla, capitán de Artillería y piloto militar, compañero de promoción de Ruiz de Alda y retirado por la Ley Azaña. La presencia de Falange en Mallorca no es que fuera escasa, es que era ridícula: organizó dos únicos mítines en la campaña de febrero de 1936 y sólo obtuvo 96 votos en toda la isla. El general Manuel Goded Llopis, comandante militar de Baleares, conjurado, proclamó el estado de guerra. En la mañana del 19, creyendo que el alzamiento habría triunfado en Barcelona, Goded se desplazó en avión desde Palma hasta la Ciudad Condal sólo para ser detenido por fuerzas leales, juzgado más tarde en Consejo de Guerra y ejecutado a finales del mes de agosto. A partir de ese mismo día comenzaron las detenciones en Mallorca. Emili Darder se hallaba enfermo y la alcaldía accidental la ejercía Ignasi Ferretjans, teniente de alcalde y miembro del PSOE. Ferretjans pudo huir, no sólo de Palma, sino de Mallorca, de Baleares, de España, para exiliarse en Méjico hasta el fin de su vida. La nueva autoridad, militar por supuesto, designó una junta gestora para la administración de Palma de la que ¡qué casualidad! formaba parte la Cámara de Propiedad cuyo recurso contra la mejora de la higiene y salubridad de sus inquilinos había sido rechazado por la municipalidad republicana. Darder, que había sufrido un infarto el día 20, se alojaba en casa de su hermano Bartomeu; allí fue a buscarle una escuadra de Falange, le sacaron de la cama enfermo y le internaron en el castillo de Bellver –que había sido prisión de Jovellanos y lugar de ejecución de Lacy- situado en la altura que domina Palma y su bahía; allí estuvo hasta el mes de diciembre, cuando su salud estaba tan desmejorada que se le sacó del castillo para internarle en el Hospital General. Las detenciones afectaron a otros republicanos ‘benestants’. Como Alexandre Jaume, nacido en la emigración en Montevideo en 1879, alcalde accidental de Palma el 14 de febrero de 1931, diputado socialista en mayo del mismo año, compromisario en la elección de Manuel Azaña como presidente de la II República en abril de 1936, etc.: un verdadero político socialista y republicano. El domingo 19 de julio, Jaume estaba en su casa de Port de Pollença, un agradable rincón para senyors i benestants, cuando fue detenido por una pareja de la Guardia Civil. Se le condujo también al castillo de Bellver y, como Darder, su salud empeoró y se le ingresó en el mismo Hospital General afectado de úlcera de estómago. Otro republicano ‘significado’ a quien se detuvo fue Antoni Maria Ques, nacido en Alcúdia en 1889. Si Darder era médico y Jaume era político, diputado, etc., Ques era rico, tanto como para poseer acciones de la naviera Compañía Trasmediterránea (y no ‘Transmediterránea’ como a veces se transcribe) que fundara el contrabandista y prófugo Juan March. Pero Ques estaba con la República y con los reformistas de izquierda moderada y no con el caciquismo secular isleño: co fundó la Esquerra Republicana Balear, aportó dinero de su bolsillo para el arranque de la formación y hasta llevó sus libros de cuentas. Y otro republicano igualmente detenido fue Antoni Mateu Ferrer, nacido en Inca en 1901, ciudad agraria e industrial zapatera y alimentaria de la que fue alcalde de 1932 a 1933, y miembro de la directiva de la Esquerra. A él se debieron hitos como la creación en su Inca natal de la Biblioteca Municipal, la Escuela Graduada y la de Artes y Oficios. Fue detenido el 21 de julio, también en el Port de Pollença.. Le informaron del alzamiento el 19 cuando regresaba del baño dominical con la frase “los fascistas se han apoderado del Ayuntamiento y el Ejército les ha ayudado”. A él no le llevaron a Bellver, sino a las bodegas de un barco de guerra primero, luego a la cárcel de Can Mir y finalmente le internaron en la Prisión Provincial. Ese mismo día 21, un emisario de la legalidad republicana desembarcó también en el Port de Pollença procedente de Barcelona –había hecho la travesía en el torpedero nº 17- para instar la rendición de los alzados y evitar así un derramamiento de sangre. Se trataba del teniente de navío Carlos Soto Romero y obraba bajo órdenes directas del general Aranguren, leal al Gobierno. Exhibió bandera blanca y se dirigió hacia la base de hidroaviones –aún en servicio- del mismo puerto. El mando militar de la base le consiguió un coche de alquiler, conducido por el joven Macià Plomer, para cubrir los cerca de 60 kilómetros hasta la capital. Un control detuvo el vehículo a la altura de Inca, en manos de los sublevados como toda Mallorca, pero, tras comunicar con la autoridad de Palma, le dejaron continuar viaje. En la capital se entrevistó con el sustituto de Goded, el coronel Aurelio Díaz Freijoó para que se sometiera a la autoridad gubernametal, con resultado infructuoso. Los rebeldes querían salirse con la suya. Carlos Soto dio por concluida su gestión y, en la creencia que le amparaba su condición de emisario de la legalidad, se dispuso a regresar a Pollensa y a Barcelona para notificar a sus superiores el resultado de la entrevista. Pero no le dejaron: en la puerta del mismo despacho de Díaz Freijoó le esperaba un grupo de miltares y falangistas con Alfonso de Zayas a la cabeza, que le detuvo. Al saber todo esto, Franco montó en cólera. Telegrafió a Baleares, tildando al torpedero leal a la República de ‘barco pirata’ y ordenando el juicio sumarísimo del teniente de navío detenido. Al Generalísimo –en realidad, todavía no había sido designado como tal- le resultaba inconcebible todo lo relacionado con este episodio: que no se hubiese avisado por vigías de la presencia del barco republicano, que esta nave hubiese partido de regreso a Barcelona sin ser hostigado, que Carlos Soto recorriera todo el camino sin hallar un solo control de carreteras, que no hubiera sido detenido ni en la base militar de Pollensa ni en Inca ni al llegar a Palma, que se hubiera desplazado por la ciudad sin topar con nadie hostil, que entrara en el despacho de Díaz Freijoó, que éste hablara con él en lugar de detenerle él mismo, que le dejara salir de nuevo… El mismo día 21 de julio, hacia las 16 horas, se produjo la primera víctima mortal del alzamiento en Mallorca: un niño, Francisco González, recibió 5 balazos de una descarga hecha por una tropilla falangista desde el exterior sobre la fachada de su casa en la calle Fornaris de Palma. El niño Francisco se hallaba tras las persianas del balcón. Un vecino le llevó en brazos a la Casa de Socorro, donde falleció ([5]). Carlos Soto Romero fue juzgado en consejo de guerra acusado de ‘traición’ en causa instruida por el comandante Miguel Garau Sureda, de Infantería y numerada como sumario 900. En fecha de 5 de noviembre de 1936, el teniente de navío Carlos Soto Romero, emisario de la República, fue fusilado en Palma. Era obvio que no había cometido ningún delito ni de rebelión ni de traición ni debía ninguna muerte, ni antes ni después del 18 de julio –su chófer ocasional, Macià Plomer, fue encarcelado durante tres años; el 23 de marzo de 1986 se publicó una entrevista con él escrita por Damià Quetglas en el suplemento Memoria Civil 1936 / 1986 del diario Baleares. Aseguraba Quetglas que, al final, nadie se hizo cargo de la factura del coche de alquiler. El episodio rocambolesco del teniente de navío Carlos Soto ha permanecido como entre brumas durante mucho tiempo. El historiador Ricardo de la Cierva lo citó con cierto tono jocoso en su obra Historia ilustrada de la Guerra Civil Española, ediciones Danae, 1970, tildando a este militar leal como ‘uno de los más audaces marinos de toda la historia de España’ pero sin citar ni su nombre ni su destino final. Para la primera laguna, ¿le era difícil, a todo un Ricardo de la Cierva, consultar los escalafones de Marina? Para la segunda, ¿le era difícil consultar los sumarios de los consejos de guerra? Si no los consultó ni sabía su nombre, ¿cómo pudo calificar a Soto Romero del más ‘audaz marino’ de España? Los datos y fechas a él referidos fueron claramente expuestos en un corto artículo de Pep Vílchez, publicado en Diario de Mallorca en fecha de 15 de diciembre de 2006. Darder, Alexandre Jaume, Ques y Mateu Ferrer fueron incluidos los cuatro en una misma causa militar. A mediados de febrero de 1937 se instituyó el Consejo de Guerra presidido por Diego Navarro Boigas, teniente coronel del arma de Infantería, actuando como instructor el coronel Ricardo Fernández Tamarit, como vocal ponente Luis Ramallo y como vocales Juan Pons, José Isasi, Antonio Zaforteza, Ignacio Seguí y José Morey. Como defensores, Luis Alemany, civil, para Alexandre Jaume; Sebastián Feliu, capitán de Artillería, para Ques; Eusebio Pascual, teniente de Ingenieros para Darder; y Guillermo Villalonga, capitán de Infantería, para Antoni Mateu. El sumario era una completa estupidez, una novela inverosímil. Se acusó a los cuatro procesados de tramar un alzamiento revolucionario –cuando los alzados y rebeldes eran quienes les juzgaban-, designado nada menos como ‘Plan Lenin’ según el testimonio de un testigo y un ‘documento’ hallado en la oficina de Mateu que anotaba: “Camarada Lenin al camarada García. Listos primer aviso, intensificar propaganda por Darder, Mateu,…” etc. Suponer, siquiera de buena fe, que estos procesados tenían algo que ver con ‘camaradas’, con el leninismo, propagandas y con avisos subrepticios era un verdadero esperpento. Incluso se les achacaba la posesión y ocultamiento de 200 pistolas que, claro es, no aparecieron por ninguna parte –y eso que 200 pistolas pesan lo suyo y ocupan un cierto espacio- ni fueron aportadas como prueba durante la vista. El folletín del ‘plan Lenin’ fue ampliamente analizado por Herbert R. Southworth en el número 26 de Historia 16. Se trataba de cuatro folios mecanografiados con supuestas instrucciones para un alzamiento comunista en fecha indeterminada, que habrían sido hallados en despachos izquierdistas de Palma de Mallorca, Badajoz y La Línea. Elementos franquistas intentaron convencer de su veracidad a diplomáticos británicos, pero el Foreign Office no se tragó el cuento de unos folios sin sello ni fecha que habría podido escribir cualquiera. A mediados de la década de los 60, el mismo Ricardo de la Cierva asentó claramente que los pretendidos documentos comunistas eran una falsificación, ni siquiera hecha de forma hábil. Baste decir, por lo que toca a los juzgados en febrero de 1937, que los supuestos documentos comunistas sólo citaban el nombre de uno de ellos, el de ‘Jaume’, presuponiéndose que se refería a Alexandre Jaume, y como simple enlace, pero ni una palabra incriminatoria sobre los otros tres. A mayor abundancia, los documentos del ‘plan Lenin’ no presuponían ninguna conducta revolucionaria a desarrollar en Baleares, sino que claramente era designado el archipiélago como ‘reserva’. Es decir, según los mismos falsos documentos del ‘plan Lenin’, muy poco revolucionarios podían ser los encausados y muy pocos planes concretos se les podía atribuir. Poco importaba desde el momento en que se les juzgaba en base a una falsedad –y muy probablemente haya sido éste el único caso juzgado en España relacionado con la superchería del ‘plan Lenin’. Otro de los cargos contra los acusados era el de ‘infringir el bando del 19 de julio de 1936’, el bando de guerra, obviamente el proclamado por los complicados en el alzamiento, militares no competentes en la administración civil, por el que instaban a ser obedecidos de todos en toda España. A los cuatro procesados se les condenó a fusilamiento. En el colmo del absurdo, a Darder se le pedían 20 años y salió condenado a muerte. El 23 de febrero, al filo de la medianoche, los condenados fueron conducidos a la Prisión Provincial. Mateu había tenido la presencia de ánimo de bañarse con agua helada unos días antes sólo para estar más presentable en el trance. A Darder, semi inconsciente, le acompañaban su esposa e hija. El director del centro penitenciario se arriesgó a conceder permiso para que los reos estuvieran acompañados de sus familiares pese a la orden de que permanecieran incomunicados en capilla. Alexandre Jaume se negó a recibir una última comunión, al contrario que los otros. Darder se hallaba tan débil que ni abrir la boca podía, tuvieron que utilizar una cuchara para hacerle tragar la última hostia. Aquí y allá, en toda Mallorca hubo represalias sobre personas idénticas en carácter y significación a los cuatro encausados. Igualmente se produjeron ‘paseos’ y desapariciones. La Associació per a la Recuperació de la Memoria Històrica de Baleares presentó ante la Audiencia Nacional, el pasado mes de diciembre de 2006, una lista de 90 personas desaparecidas durante los años de la guerra. El día a día de la represión nacional mallorquina, bendecida por el obispo Miralles -quien había sido paciente de Darder- fue tan tenebrosa que el francés Georges Bernanos publicó Los grandes cementerios bajo la luna denunciando para Europa lo que ocurría en la isla. El libro, a decir del crítico literario Eduardo Jordá, “no convenció a nadie. La derecha franquista lo acogió con una cruel indignación, mientras que la izquierda le dispensó una fría cautela. Al fin y al cabo, Bernanos era un católico y un monárquico (…) irritó a todo el mundo: a los franquistas, porque los acusaba de haber instaurado en Mallorca un régimen de terror y de delación, y a la izquierda europea, porque era un católico heterodoxo que atacaba por igual al obispo de Mallorca, a la democracia cristiana, a la Revolución Francesa, a Mussolini, a Hitler y a Franco” ([6]). Y eso que Bernanos se marchó de la isla y de España, asqueado, en 1937. La represión franquista en Mallorca fue animada, instada, por las clases dominantes de siempre desde el caciquismo a los propietarios rentistas pasando por la Iglesia, los señores de las possessions o grandes fincas agrarias de almendros, viñas y olivos y ganadería porcina; los industriales y los contrabandistas reconvertidos en banqueros y financieros de Franco -como Juan March, que le echó un pulso mortal a la República que quería encarcelarle. Conocida es la frase de Indalecio Prieto “o la República acaba con March, o March acabará con la República”. Conocido es también que ocurrió lo segundo. El objetivo de la inquina de los represores fue acabar –físicamente además- con políticos como los citados que fomentaban la higiene, la salud, la educación, la cultura y el agua corriente para todos ¿Cabe mayor elogio para un alcalde o diputado que recordar que durante su mandato difundió la cultura y mejoró la salud pública? Aún hoy en día funcionan los centros docentes fundados por el alcalde Emili Darder. Mientras los políticos republicanos fundaron bibliotecas y construyeron escuelas, sus represores multiplicaron el número de cárceles. Se desprende una conclusión más del currículo político y vital de Darder, Ques, Mut y Jaume: si hicieron tanto en tan poco tiempo por la sociedad de su época, y además pese a la interrupción de sus mandatos, es porque ya existían en la sociedad mallorquina y la española los medios para alcanzar esas metas, sólo hacía falta la intención de sus dirigentes para que en cuestión de meses aparecieron las mejoras sociales y ciudadanas. El mito de que Mallorca era pobre y mísera en los años 30 del s. XX es un mito relativo ya que, como se comprueba al analizar estas biografías, un simple cambio electoral era capaz de potenciar la cultura, la formación y proveer de alcantarillado a toda la capital en menos de dos años. En cambio el caciquismo mallorquín no era un mito sino una realidad palpable. En los años 30, la ‘cuna’ o imposición semi fraudulenta de candidatos extraños a la circunscripción, la amenaza de castigar a los protestones con el desempleo, el clientelismo político y económico, la alternancia de negocios legales con ilegales como el contrabando o el fraude económico, etc.; y el apoyo al sistema de ‘las fuerzas vivas’: el cura, el notario, el médico, el carabinero, el alcalde todopoderoso, el diputado local, etc. conformaban la ‘Mallorca profunda’ que experimentaba una emigración hacia América al mismo tiempo que las industrias tradicionales -vino en las comarcas de Felanitx y Binissalem, telares en la de Sóller -con línea marítima propia hasta Francia y ferrocarril privado hasta Palma-, trabajo del cuero en Inca, queso y embutidos, etc.- más un incipiente turismo de alto nivel -Robert Graves, Pola Negri, Gertrude Stein…- atraían a inmigrantes peninsulares. En muchos pueblos del interior de la Isla no se tuvo conciencia de que existía República hasta febrero de 1936. Analizando los nombres de la lista presentada ante la Audiencia Nacional por la Associació per a la Recuperació de la Memoria Històrica se adivina otro patrón de conducta de los represores: todos los nombres de sus víctimas observan la grafía, fonética y la patronímica catalana. Se confirma así que los alzados ensalzaron su ‘españolidad’ por vía de la persecución de personas afectas al ‘catalanismo’. Es comprobable también en la composición del consejo de guerra, en donde los instructores y defensores militares son casi todos de nombre y apellidos españoles, incluso los de apellido mallorquín aparecen con el nombre castellanizado. La dureza de la represión, y lo descabellado de la misma, fue además impulsada por el propio Franco quien había detentado el cargo de comandante general de la demarcación de Baleares unos meses antes de dirigir la represión de Asturias en octubre de 1934. Tras el reembarco de la expedición de Bayo en los primeros días de septiembre de 1936, Franco emitió graves amonestaciones y anunció severas medidas para los mismos alzados que “se habían mostrado tibios” hasta ese momento ([7]). Pasado a la reserva el coronel Díaz Freijoó, Franco le tildó directamente de mostrar “gravísima cobardía” por no haber detenido él mismo a Soto y, desde Burgos, emitió toda una retahíla de faltas en el servicio entre las que se hallaban no haber aplicado penas de muerte todavía a las alturas del mes de septiembre, al tiempo que ordenaba juzgar y ejecutar sentencias contra quienes “directa o indirectamente favorecieron los planes del enemigo”. Lanzado cuesta abajo, Su Excelencia ordenaba “la detención de todo jefe u oficial tibio”. Encontramos aquí otro rasgo distintivo entre la República y quienes la atacaban. Es de sobras conocido que las autoridades republicanas perdieron el control de la represión antifascista y del orden público durante los primeros meses de la guerra y que posteriormente los sucesivos gobiernos legales se esforzaron por recuperar su autoridad hasta detener casi completamente las ejecuciones extra sumariales y los ‘paseos’, al tiempo que lanzaron continuos mensajes de contención a las organizaciones milicianas antifascistas para que refrenaran sus actuaciones –recuérdese el mazazo que para gentes como Zugazagoitia y el propio Azaña supuso el enterarse de las primeras sacas en las cárceles madrileñas. Y en cambio desde las más altas instancias del bando nacional se alentaba la represión antirrepublicana, se ordenaba más dureza contra ‘los rojos’ y se condenaba la tibieza. Por supuesto, Su Excelencia no denominaba esta actitud ‘represión indiscriminada’ sino ‘energía’. Energía militar, claro. Así lo comentó a su primo y ayudante Francisco Franco Salgado-Araujo con la frase “hasta que no hubo energía en el mando no se dominó la situación” refiriéndose en concreto a Mallorca. Hoy, seguimos sin saber el verdadero alcance numérico de la represión isleña aunque se coincide en situarla por encima de los dos millares de muertos. Hace un par de décadas el escritor holandés Jean Schalekamp, tras analizarla, la retrató en la frase “de una isla no se puede escapar”: poco importaba que ciertos fulanos o menganos, fueran sindicalistas o médicos, se escondieran, que tarde o temprano darían con ellos. Fracasada la expedición de Bayo, la isla pasó automáticamente a ser zona de retaguardia nacional, lo que facilitó que la represión se produjera de manera pausada, sin prisas, con calma… Las primeras detenciones llenaron las cárceles –800 presos sólo en Bellver- y las muertes se prolongaron en el tiempo. Como en otros lugares de España, el trabajo sobre la memoria histórica y la memoria oral de los supervivientes se revela esencial. El diario Última Hora publica desde hace tres años en su suplemento dominical la serie Memoria del 36 dedicada a entrevistas con personas vinculadas con las víctimas de la represión. Huelga decir que los recuerdos de estas gentes son estremecedores, no sólo por lo detalles aportados, sino por el patrón que evidencian: que los afectados no eran culpables de nada. En las primeras horas del día 24 de febrero de 1937, un numeroso público comenzó a congregarse en las inmediaciones del Cementerio de Palma deseoso de presenciar la ejecución contra uno de sus muros de Darder, Jaume, Ques y Mut. Ferretjans citó en su momento que acudieron tres millares de personas, incluidas muchas señoras. Al alcalde de Palma, que no se tenía en pie, le tuvieron que atar a una silla. Alexandre Jaume se destacó de nuevo: prefirió que no le vendaran los ojos. A las 6 de la mañana se dio orden al pelotón de proceder a la descarga de fusilería tras la cual, dicen, el público aplaudió.
Posted on: Fri, 16 Aug 2013 19:16:43 +0000
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