Graves conflictos de intereses pesan sobre postulantes al Tribunal Constitucional Estudio legal de Rolando Sousa defiende al clan Sánchez Paredes; mientras que Ernesto Blume defiende al cuestionado alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos Unidad de Investigación ROLANDO SOUSA NIEGA CONOCER A CLAN SÁNCHEZ PAREDES El 13 de junio pasado el estudio de abogados Sousa & Nakazaki, de Rolando Sousa, se presentó ante la Segunda Fiscalía Supraprovincial para asumir la defensa del parlamentario fujimorista Alejandro Aguinaga en la investigación por la esterilización forzada de dos mil mujeres en el gobierno de Fujimori. Semanas después, Aguinaga –con el apoyo de su grupo partidario– presentó el nombre de Sousa como candidato al Tribunal Constitucional (TC). Entre el 2009 y el 2010, el estudio de Sousa denunció ante el TC al alto mando de la PNP, la Dirandro y la Fiscalía de Crimen Organizado para bloquear las investigaciones contra el grupo Sánchez Paredes por lavado y desvío de insumos químicos. También utilizó esta vía judicial para favorecer al ex alcalde de Pucallpa Luis Valdez, procesado por blanqueo de activos. Estos hábeas corpus no prosperaron, pero en la Segunda Fiscalía Supraprovincial –que ve las esterilizaciones forzadas– no descartan que Sousa & Nakazaki pueda presentar este tipo de recursos ante el TC, como hicieron en los casos citados o cuando buscaron anular la condena de Alberto Fujimori por el Caso Barrios Altos y La Cantuta. En el 2010, IDL-Reporteros denunció que Sousa utilizó al entonces ministro del Interior Octavio Salazar para reunirse con el otrora director general PNP Miguel Hidalgo y tratar el Caso Sánchez Paredes. Ese mismo año, Sousa & Nakazaki empezó a defender a militares procesados por lesa humanidad, tras ser contratado por el Ministerio de Defensa aprista. Este estudio también fue involucrado en la creación del Decreto Legislativo 1097, conocido como la ley de impunidad, para favorecer a militares condenados por lesa humanidad. Años antes este estudio fue ‘chuponeado’ por Business Track, que buscaba descubrir presuntos actos irregulares en la relación de los abogados y sus clientes procesados por lavado. El estudio de Sousa además defendió a los integrantes de la mafia montesinista: los generales Nicolás Hermoza, Julio Salazar, César Saucedo y Fernando Dianderas, los ex empresarios de televisión Samuel y Mendel Winter, el prófugo Ernesto Schütz y el ex legislador Alberto Kouri. Todos condenados por corrupción o violación de derechos humanos, algunos de ellos presos y con la posibilidad de interponer algún hábeas corpus. El ex legislador fujimorista dirige el estudio junto a César Nakazaki y tiene intereses en el rubro inmobiliario, ya que en el 2012 asumió la gerencia de la constructora Alomar, que posee un capital de S/.1’300.000. “En el estudio hay varios abogados, Nakazaki ve el derecho criminal. Yo veo el derecho económico. No soy abogado de Fujimori, no conozco a los Sánchez Paredes, ni los saludo ni sé nada de ellos ni de sus procesos. Eso lo ven otros abogados”, dijo Sousa a El Comercio. Pero ustedes reciben su dinero, preguntamos: “Claro, cobramos, sería extraño si no lo hiciéramos”. ERNESTO BLUME: EL DEFENSOR DEL ALCALDE BURGOS El experto en derecho constitucional Ernesto Blume Fortini ha patrocinado a varias municipalidades desde su Estudio Blume Abogados, pero solo con un alcalde ha tenido mayores deferencias. Se trata de Carlos Burgos Horna, autoridad de San Juan de Lurigancho y sobre el que pesan unos cincuenta cargos por enriquecimiento ilícito, estafa y otros. Esto no ha desanimado a Blume para ser su abogado desde hace siete años. Según el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), en el 2006 Ernesto Blume fue contratado a título personal como asesor legal del municipio de San Juan de Lurigancho y desde entonces no ha perdido ninguna de las adjudicaciones anuales. Como se ve en el portal del OSCE, este es el único municipio al que Blume le brinda consultoría personalizada y permanente, cada año, por un costo que a la fecha bordea el medio millón de soles. A fin de este mes vence su último contrato, pero el 5 de julio el concejo ya convocó el concurso público para buscar a un nuevo consultor y las bases incluyen los mismos requisitos del servicio que este les brinda. Blume es el abogado favorito de Burgos. Pese a ser constitucionalista, es su defensor en el proceso penal por estafa que se inició el 2008 y que derivó en un proceso por lavado de activos contra el alcalde. Así consta en el expediente 35453-2008 de la Quinta Sala para Reos Libres, donde se opuso a la recusación de jueces sobre los que había indicios para favorecer a Burgos. PEDIDOS DE VACANCIA No es el único caso. Este Diario obtuvo dos cartas, del 14 de mayo y 11 de junio, donde Burgos presenta a Blume como su defensor ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Se trata de pedidos de vacancia y suspensión que pesan contra el alcalde por contratos irregulares y constantes viajes al extranjero sin permiso del concejo. “Burgos a mí me parece de lo peor, pero que un abogado haya tenido un cliente así no lo inhabilita. El doctor Blume, a través de su estudio, debe haber defendido a la mitad de municipios del país, pero si es que en el Tribunal Constitucional (TC) tuviera que resolver el caso de un ex cliente es obvio que tendrá que inhibirse”, dijo Luis Galarreta, congresista de la Alianza por el Gran Cambio (APGC) y miembro de la comisión que seleccionó a los candidatos. Blume es fundador de Somos Perú, fue asesor legal de Alberto Andrade y defendió al congresista de Perú Posible Rennán Espinoza cuando este era alcalde. Tratamos de hablar con él, pero no fue posible. No solo los amparos que presente Burgos en el marco de sus juicios pueden llegar al TC, al que ahora postula Blume. También las demandas iniciadas por las 15 municipalidades que su estudio asesora, además de los juicios de los ministerios, inmobiliarias y mineras que aparecen en su lista de clientes.
Posted on: Fri, 12 Jul 2013 22:12:19 +0000
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