III.-SABIDURIA ECOLOGICA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Alcanzar niveles básicos de sustentabilidad ambiental en Chile implica frenar la sobrexplotación y destrucción del patrimonio natural, impedir la externalización de los costos ambientales y eliminar los subsidios para la explotación de los recursos naturales. Nuestro país debe disminuir el extractivismo y agregar valor a su patrimonio ambiental. También requiere implementar una planificación territorial y la gestión integrada de las cuencas hidrográficas. También requiere diseñar Cuentas de Patrimonio Natural e indicadores sobre su cantidad y calidad. 16.-Política de desarrollo sobre la base del ordenamiento del territorial El desarrollo social, político y económico del país debe basarse en las aptitudes geográficas de su territorio y la disponibilidad de su patrimonio natural. Ello requiere: • Generar una política de ordenamiento territorial con participación vinculante de las regiones, que permita planificar el desarrollo y la administración descentralizada del territorio. • Establecer planes de desarrollo por cuenca hidrográfica, que permitan la integración de las divisiones administrativas. 17.- Generar una política nacional de recursos hídricos que proteja los ecosistemas fluviales y asegure el acceso oportuno, equitativo y libre de riesgo al agua; priorizando las necesidades esenciales y considerando las demandas futuras. Para ello es necesario: • Cambiar la Constitución para recuperar las aguas como patrimonio de todos los chilenos, consagrando el acceso al agua potable y saneamiento como un derecho humano fundamental, y la obligación del estado de proteger las fuentes, cuencas y glaciares. • Establecer en el Código de Aguas, los usos prioritarios del agua: asegurando agua potable y saneamiento, producción de alimentos, conservación del medioambiente; y con segunda prioridad los usos competitivos: industriales, hidroeléctricos, mineros, etc. • Redefinir en el Código de Aguas, la asignación de derechos de aprovechamiento, con concesiones temporales de acuerdo a cada actividad, y órdenes de prioridad para situaciones de sequía, escasez y conflictos. • Establecer caudales ecológicos mínimos y máximos con el fin de proteger las cuencas y la biodiversidad que estas poseen. • Perfeccionar con participación de las Asociaciones de Agua Potable Rural el proyecto de Ley para formalizar y proteger estas instituciones de gestión pública comunitaria del agua y dar urgencia a su tramitación en el Congreso Nacional. • Legislar para preservar los glaciares y restaurar las cabeceras de cuenca hoy amenazadas por la minería y actividad forestal • Implementar una política de Gestión Integrada de Cuencas y Comisiones de Gestión por cuenca con amplia participación de todos los usuarios. • Dictar normas de calidad ambiental y mejorar los sistemas de fiscalización y control para revertir la contaminación de las aguas. • Establecer para el sector minero la obligación de declarar las aguas halladas, informar sobre su ubicación, cantidad y calidad y que soliciten autorización para el uso de ellas. • Establecer normas obligatorias de eficiencia hídrica para todos los sectores productivos. 18.-Protección de la biodiversidad y uso sustentable de los ecosistemas terrestres. Los ecosistemas terrestres albergan parte importante de la vida de nuestro planeta, entre ellas la especie humana, que depende para su subsistencia, de las demás especies. Entre todas las formas de vida, el ser humano es quien tiene mayor poder de intervención en los sistemas naturales, y por tanto mayor responsabilidad para protegerlos. Conservar la biodiversidad terrestre requiere: • Ampliar las Áreas Protegidas del país, con el fin de preservar la diversidad de los ecosistemas forestales, generando un estatus de protección vinculante en el ordenamiento territorial del país, y establecer una moratoria para la explotación maderera de bosques primarios. • Establecer estabilidad jurídica para las Áreas Protegidas para impedir que sean intervenidas por actividades extractivas o desafectadas por meros actos administrativos. • Promover actividades económicas alternativas a la corta del bosque nativo, tales como ecoturismo, campismo, educación ambiental, captura de contaminantes atmosféricos, etc. • Reformar los planes de manejo forestal para incluir criterios ecosistémicos y el manejo integrado de cuencas en cada región. • Establecer la certificación socio ambiental de productos y procesos forestales como norma obligatoria para el sector. • Regular el uso del renoval de bosque nativo para leña y avanzar hacia la certificación de este combustible. 19.-Desarrollar una estrategia de uso sustentable de los ecosistemas marinos: • Establecer mayor cantidad de Parques y Reservas Marinas para conservar ecosistemas representativos de la biodiversidad marina de nuestro país. Hoy es necesario proteger las 8 áreas prioritarias ( I, II, III, IV, V y X Región) ya identificadas por los científicos. • Establecer Planes de Manejo para los recursos marinos con criterios ecosistémicos para promover su recuperación. La flota nacional debe adecuarse a dichos Planes de Manejo. • Incorporar una tributación vinculada al aprovechamiento de los recursos marinos, que permita a los chilenos recuperar la renta que capturan 7 grupos económicos que monopolizan el uso de este patrimonio público. • Cerrar a la pesca industrial las 5 millas hoy reservadas a la pesca artesanal, debido a que sus artes de pesca destruyen las áreas de reproducción y alimentación de la biomasa marina. 20.- Incorporar criterios de sustentabilidad en el sector minero. La minería corresponde a la principal actividad económica en términos de exportaciones y generación de riqueza, pero es una actividad que impacta negativamente los territorios, el agua y las comunidades locales y deja (con excepción de Codelco), escasos beneficios para el desarrollo nacional. Para recuperar la renta minera y reducir sus impactos proponemos: • Establecer un royalty equivalente al 25% de las ventas de cobre que contribuya a compensar al país y las regiones por la extracción de un recurso no renovable, y que desincentive la actual sobreproducción. A ello debe sumarse un impuesto de 1% de las ventas para equiparar la pérdida del recurso no renovable y generar un capital que permita a las regiones mineras mantener ingresos una vez agotado este recurso natural. • Reasignar parte de la tributación minera hacia fondos regionales y regular la creación de un porcentaje de empleos para trabajadores de las comunas y regiones en que se localizan los proyectos mineros. • Regular la extracción de agua por parte de las mineras, obligando su información, solicitud de uso a la autoridad previniendo los impactos a los ecosistemas y economías locales. • Realizar un catastro nacional de recursos hídricos utilizados por las empresas mineras y generar normas para su uso eficiente en la minería, controlando su sobreexplotación y contaminación. • Auditar la actividad mineras para generar catastros sobre los materiales que extrae cada empresa y de este modo generar nuevos tributos que las empresas deban cancelar que sea un real aporte. • Restaurar los pasivos ambientales mineros y reducir progresivamente la economía extractivísta y primaria exportadora dependiente de este recurso no renovable. 21.-Concretar una nueva política energética Durante los últimos años la sociedad chilena ha expresado con argumentos técnicos, acciones políticas, judiciales y marchas masivas que no esta dispuesta a aceptar la continuidad de una política energética sucia, dependiente, monopólica y con grandes cargas económicas, sanitarias y ambientales para la población. Chile requiere incorporar criterios de sustentabilidad, equidad y democracia en el desarrollo energético del país. mediante acciones como: • Regular y estimular el uso eficiente de energía teniendo como meta un 15 % de eficiencia en la matriz energética al año 2020. • Promover y facilitar la regulación para la auto generación residencial y de pequeña escala y la inyección de excedentes al sistema eléctrico (net metering) así como la micro generación cooperativa, local y regional para avanzar hacia una generación más distribuida y desmercantilizar los servicios energéticos. • Establecer un Fondo Nacional para la Eficiencia Energética para facilitar y acelerar la eficiencia y la cogeneración, a partir del año 2014. • Diversificar la matriz priorizando la incorporación de las energías renovables no convencionales tales como la eólica, solar y geotermia y estableciendo metas obligatorias para inyectar como mínimo un 20% ERNC al año 2020 y un 30% ERNC al año 2030, y planificar la incorporación de 60% de estas fuentes en la matriz del año 2050. • Establecer una moratoria para nuevos proyectos de generación eléctrica en base a carbón. • Reformar y transparentar la operación de los sistemas eléctricos transformando el actual Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC) en centros de operación independiente de las empresas generadoras y con participación del Estado y los consumidores. • Terminar con las actuales distorsiones del mercado eléctrico mediante acciones prioritarias como: desconcentrar la propiedad de los medios de generación, transmisión y distribución eléctrica mediante instrumentos normativos y de acceso al mercado (Ej.: licitaciones) y la reforma del sistema de tarificación marginalista que genera cargas injustas para los usuarios. Establecer mecanismos de participación ciudadana en la decisión sobre los proyectos energéticos y en el diseño de estrategias que estimulen el consumo consciente de la energía. • Priorizar inversión y platas fiscales a la investigación para el desarrollo de los distintos potenciales presentes en los recursos renovables no convencionales y terminar con los fondos para estudios sobre la opción nucleoeléctrica. • Eliminar la Comisión Chilena de Energía Nuclear, traspasando su infraestructura y recursos al Centro de Energías Renovables y su personal de seguridad nuclear al Ministerio de Salud. 22.-Fortalecer la legislación y la institucionalidad ambiental de Chile. • Recuperar el espíritu preventivo de la Ley Ambiental (19.300 y leyes complementarias), elevando a un estatus de "vinculante" la participación ciudadana en el Sistema de Evaluación Ambiental, e independizando la relación entre empresas consultoras y empresas que contratan estudios de impacto ambiental. • Incorporar la participación ciudadana en la fiscalización de los permisos ambientales concedidos a través del SEA y también mecanismos para el monitoreo y evaluación del cumplimiento de normas y Planes de Descontaminación. • Establecer la figura de "responsabilidad objetiva por daño ambiental" y la figura legal del delito ecológico. • Establecer un proceso de ordenamiento territorial estratégico a nivel regional y nacional, velando por las áreas protegidas, la protección de las cuencas hidrográficas, la calidad del aire, los valores ambientales y paisajísticos, la compatibilidad entre sectores y emprendimientos productivos y la conectividad armónica entre los territorios urbanos y rurales. 23.-Soberanía y seguridad alimentaria La cadena alimenticia vincula la tierra, los ecosistemas, el empleo, el comercio, la salud y la cultura entre otros. Los agricultores y campesinos son actores fundamentales para la soberanía y seguridad alimentaria del país. El abismo creciente entre la producción agrícola y el consumo de alimentos a nivel local, la marginalización de los pequeños productores y la degradación ambiental producida por las nuevas tecnologías agroindustriales amenazan la soberanía y la seguridad alimentaria de los pueblos. Para revertir esta tendencia los ecologistas proponemos: • Resguardar las prácticas agroecológicas para la soberanía alimentaria nacional y local en el actual contexto de expansión de la superficie dedicada a la agroindustria exportadora. La agricultura Orgánica y Agroecológica, además de revalorar saberes y prácticas ancestrales, prioriza conocimientos y tecnologías para obtener productos agropecuarios sanos y amigables con el medio ambiente. • • La creación de liceos agrícolas de calidad para la formación de jóvenes con competencias para la gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas; habilidades para la producción agrícola, ganadera, acuícola, forestal y turística sustentable y el desarrollo de sistemas de producción, procesamiento y consumo de alimentos a nivel local y regional. • • Crear una red nacional de certificación orgánica, con certificación participativa y capacitación a certificadores locales, incluyendo a productores y consumidores. • • La implementación de sistemas de información y evaluación abiertos y transparente (rotulado, etiquetado, etc.) sobre riesgos y beneficios de los diversos productos alimenticios para la población. • • Acelerar la prohibición de los agroquímicos tóxicos, empezando por los organoclorados de la denominada docena sucia (pesticidas, PCBs, dioxinas y furanos) regulados por el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) de 2001. • • Establecer un Plan Nacional de Reducción y Sustitución de Plaguicidas en complemento con un Plan de Fomento de la Agroecología, bonificado por el Estado, con metas de producción limpia para los próximos cinco y diez años, abriendo una cartera de mercados para dichos productos (local, nacional e internacional Pro-Chile). 24.-Promover una cultura de respeto a todas las especies vivientes y dictar leyes para el bienestar animal y su protección • Fomentar y regular la tenencia responsable de mascotas, incluyendo la educación y esterilización. • Incorporar medidas que garanticen el bienestar animal en las cadenas agroindustriales referidas a la producción animal. • Regular y fiscalizar los deportes y espectáculos que incorporen animales, penalizando el maltrato animal. • Regular y fiscalizar los productos probados en animales. • Evitar la eutanasia como medida de control de la población animal, permitiendo su uso sólo en caso de animales gravemente heridos o enfermos. 25. Reforma estructural de las Políticas de Desarrollo Urbano. Las estructuras urbanas y las ciudades son espacios geográficos, históricos y culturales de carácter público, que albergan y condicionan la calidad de la convivencia y las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales entre sus habitantes. Actualmente en Chile, el desarrollo urbano está centrado en criterios de mercado, en base a la especulación inmobiliaria y el mercado del suelo, lo que está generando graves impactos en los territorios rurales y el medioambiente, además de obstáculos para la convivencia ciudadana, la cohesión social, la movilidad y la seguridad. Recuperar el sentido público del desarrollo urbano requiere participación del Estado y los ciudadanos y la utilización de herramientas como las evaluaciones ambientales estratégicas, la planificación ecológica, los planes de ordenamiento territorial y los planes reguladores participativos, además de la evaluación de las externalidades negativas, especialmente ambientales, en forma rigurosa, acumulativa y sinérgica. Los ecologistas sostenemos que la ciudad verde es un entorno físico y funcional armonioso para la convivencia armónica de poblaciones concentradas espacialmente. Este principio de armonía, abarca desde la calidad de la vida social urbana, hasta su relación con el medio rural que la alimenta, acoge y rodea. Nuestra propuesta destaca la necesidad de orientar el desarrollo urbano hacia la creación dede un entorno amable, que posibilite una mejor vida social y su relación con la naturaleza y desarrollo rural. Ello requiere: • Articular la ciudad con la biorregión en un marco de planificación y ordenamiento territorial y detener el crecimiento especulativo de las ciudades dominado por el afán de lucro del mercado inmobiliario. • Incorporar legalmente la participación ciudadana vinculante en la planificación urbana. • Implementar reformas estructurales a la Ley General de Urbanismo y Construcción para establecer regulaciones vinculantes que desincentiven el crecimiento de las grandes ciudades (particularmente Santiago, Valparaíso y Concepción) y apunten al mejoramiento de infraestructura y servicios en ciudades intermedias. • Limitar el crecimiento de las capitales regionales, promoviendo la restauración de los barrios históricos y el diseño de proyectos urbanos participativos, con equipamiento, vialidad y áreas verdes en áreas degradadas o abandonadas. • Legislar para la incorporación y planificación de “injertos vegetales” y corredores naturales al interior de las ciudades, para restaurar calidad de vida, permitir esparcimiento físico y recreación, reparando parte de los problemas ambientales ya existentes. • Mejorar sustantivamente la vivienda social, el equipamiento y áreas verdes de los barrios populares para detener la suburbanización que hoy intensifica la segregación social. Reforzar los fondos municipales para la arborización de calles, áreas verdes y de la periferia urbana. • Introducir la diversidad en las urbanizaciones populares para mejorar la calidad de vida, la provisión de servicios y la calidad ambiental de ellas. • Desconcentrar el parque industrial y desplazar las industrias contaminantes (fundiciones, mataderos, curtiembres, etc.) fuera del radio urbano, más cerca del origen de sus insumos básicos y controlando sus emisiones contaminantes (ruido, gases, desechos sólidos y líquidos) y poniendo metas obligatorias de producción limpia. • Proteger los terrenos hortícolas y frutícolas adyacentes a las ciudades, incentivando su desarrollo y facilitando la comercialización directa en los barrios más cercanos. Asimismo promover la creación de huertos familiares y/o comunitarios urbanos y suburbanos en espacios públicos y privados. • Incentivar, a través de regulaciones y mecanismos económicos, la reconversión del transporte público a combustibles limpios, su racionalización y el desincentivo al uso del auto dentro del área urbana. • Concretar la meta de 1000 kilómetros en redes de ciclo vías en los próximos 4 años en las diversas ciudades del país. Además de regulaciones de velocidad del tránsito urbano (30 y 40 km/hora para proteger al ciclista e incentivos a estudiantes y trabajadores para la adquisición de bicicletas. Involucrar al usuario ciclista en el diseño e implementación de ambas medidas. • Concretar y enviar para tramitación en el Congreso Nacional una Ley que regule la Gestión Integral de Desechos Sólidos, con inclusión de los recicladores que incluya reducción, reciclaje y reutilización de desechos y de materia orgánica con metas regionales y nacionales. Promover y fortalecer las Asociaciones de Recicladores, posibilitando su acceso a la salud, la previsión, la capacitación Sercotex y los fondos Corfo.
Posted on: Wed, 11 Sep 2013 19:40:05 +0000
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