Incertidumbre priva entre los más de 13 mil trabajadores del Gobierno del Estado, pues entre la burocracia ya se ha comenzado a hablar de la notificación de recortes de personal desde la última quincena como parte de la “reestructura administrativa” anunciada por el gobierno estatal, en la que se considera que pueden ser afectados al menos mil 500 empleados o hasta 3 mil de ellos. Por el momento, entre servidores públicos estatales ya se habla del inicio de un recorte de personal que se realiza con empleados de confianza que tenían el puesto de asesores en dependencias y organismos del Gobierno del Estado, así como del personal que trabaja bajo contratos de honorarios, sin que hasta el momento, la Oficialía Mayor o la Secretaría de Hacienda (que se llamará en breve Secretaría de Planeación y Finanzas) ni la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (FSTSGE), precisen cuántos empleados son los afectados por esta medida. En las filas del gobierno estatal, 9 mil empleados son de confianza y tan sólo 4 mil sindicalizados de base, estos últimos agrupados en 7 sindicatos que conforman la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (FSTSGE). Miembros de la burocracia extraoficialmente conocen que empleados de confianza con el puesto de asesores, así como trabajadores que estaban bajo contrato de honorarios, están siendo notificados de sus bajas, en diversas dependencias del gobierno. Además, también se supo que se tomó la determinación de cerrar algunas oficinas de organismos descentralizados, con lo que pretenden aminorar gastos operativos, pero que también implican recortes de personal, como es el caso del Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), que está en proceso de cerrar las delegaciones que tiene en los municipios adicionales a Chetumal, a excepción de la que tiene en Benito Juárez. Esto, además de las fusiones de dos secretarías y ocho organismos descentralizados, que se encuentran en marcha por decreto del Congreso del Estado publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado 19 de agosto y que se deberá concretar en el lapso de 60 días que ya están corriendo. Lo anterior adicional a la retabulación de sueldos, que también ya fue decretada la semana pasada y que implicará la reducción de remuneraciones para la burocracia, empezando por los altos funcionarios. Las medidas de austeridad severas que ha puesto en marcha el Gobierno del Estado se suman al refinanciamiento de 4 mil 984 millones de pesos de créditos a corto plazo, como medidas para que la administración pública pueda superar un alto déficit presupuestario en sus finanzas, que se puede complicar el siguiente año con la carga de la deuda pública, porque en este 2013 se termina el período de gracia del saldo de 10 mil 970 millones de pesos de deuda a largo plazo que se acrecentó en la gestión del exgobernador Félix González Canto. Conforme a los datos de las Cuentas Públicas del Gobierno del Estado, el gobierno pasado dejó un saldo a largo plazo de 6 mil 562 millones 617 mil pesos; sin embargo, posterior a 2008, en vez de buscar mejoras a las condiciones financieras, la administración de Félix González Canto dejó, además, deuda a corto plazo por más de 4 mil millones, de modo que el saldo total de créditos se cuadruplicó durante los últimos tres años. Ahora, al gobierno de Roberto Borge Angulo le ha tocado la dura tarea de tomar otro tipo de acciones para mejorar las condiciones financieras del Estado, las que incluyen estas severas medidas de austeridad. El pasado 8 de agosto, en una decisión que dejó “helados” a los burócratas en la entidad, el mandatario Roberto Borge Angulo anunció la reducción del 25 por ciento en su sueldo, como parte de “una profunda reingeniería administrativa” en la administración estatal. La medida fue anunciada, después que el Congreso del Estado autorizó vía “fast track” un nuevo empréstito por cuatro mil 800 millones de pesos, para atender el vencimiento de la deuda bancaria a corto plazo; nuevo endeudamiento que trató de ser escondido el mismo día de la sesión, pues en el orden del día no se puso claramente que se trataría el tema de la autorización de refinanciamiento por la cantidad señalada, sino que el punto referente se consignó como “Sustanciación del oficio 000687, por el que el Secretario de Gobierno del Estado da cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 68, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para su aprobación en su caso”. Conforme al posterior anuncio de la reorganización administrativa y retabulación de sueldos, se dijo que la reducción de salarios se aplicará también a todos los miembros del gabinete, dado que, según la Ley de Salarios Máximos, ninguno de los secretarios puede ganar más que el titular del Poder Ejecutivo. “Adicionalmente, se reorganizará la administración pública del Estado, lo que implicará la fusión de varias dependencias y organismos públicos descentralizados. La aplicación de las nuevas medidas permitirá obtener un ahorro de casi 400 millones de pesos anuales, 200 millones por la fusión de dependencias y 188.6 millones por la aplicación del tabulador en el rubro de servicios personales”, se difundió en ese momento. Pero las medidas de austeridad también contemplan al recorte de la nómina del Gobierno del Estado, pues extraoficialmente entre la burocracia de la entidad ya se sabe que han sido notificadas sus bajas a personal que estaba por contrato de honorarios y también a los empleados de confianza con plaza de “asesores”, por lo que la serie de anuncios mantiene en completa incertidumbre a los trabajadores que no se encuentran protegidos por algún sindicato ante este tipo de medidas. Conforme a lo dicho por servidores públicos, el recorte de personal no se limita solamente a las dos secretarías del gabinete y 8 organismos descentralizados que el Congreso decretó desaparecer y cuyas funciones serán absorbidas por las secretarías que quedan vigentes, sino que abarca a todas las secretarías y entidades paraestatales de la administración pública estatal. Las secretarías que están eliminadas son la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional (SEPLADER) y la Secretaría de Cultura, que se fusionarán como áreas dependientes de la Secretaría de Hacienda, que cambia de nombre para llamarse Secretaría de Planeación y Finanzas, y la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) vuelve a tomar el nombre de Secretaría de Educación y Cultura (SEyC). Asimismo, mediante diversas reformas de Ley, desaparecen los siguientes organismos descentralizados: El Comité de Planeación del Desarrollo del Estado (COPLADE), que se convierte en un órgano técnico dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas; el Consejo Estatal de Población (COESPO), se convierte en unidad técnica dependiente de la Secretaría de Gobierno; la Comisión de Energía (CENER) se convierte en unidad técnica de la Secretaría de Desarrollo Económico; el Fondo para el Desarrollo Económico de Quintana Roo (FODEQROO) se convierte en unidad administrativa de la Secretaría de Desarrollo Económico; el Instituto Forestal de Quintana Roo (INFOQROO) desaparece y sus atribuciones son absorbidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Ecología (SEMA); las funciones de la Comisión de Mejora Regulatoria son transferidas a la Secretaría de la Gestión Pública; las funciones de la Comisión para el Desarrollo de la Etnia Maya y Comunidades Indígenas de Quintana Roo son absorbidas en su totalidad por la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena; el Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad (INFOVIR) desaparece y sus funciones son absorbidas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI). Además, se establece que en todos órganos de gobierno de los organismos descentralizados, incluyendo a la Junta Directiva de la Universidad de Quintana Roo (UQROO), deberá existir un representante de la Oficialía Mayor y de la Secretaría de Planeación y Finanzas. La información oficial dice que con esta reestructuración orgánica de la administración se ahorrarán 200 millones de pesos anuales. Son precisamente los trabajadores de las dependencias mencionadas los que mayor inquietud han manifestado, admitió el secretario general del SUTAGE, Roberto Poot Vázquez, quien también es presidente de la FSTSGE, que agrupa a los siete sindicatos de burócratas locales. Solicitó a los delegados sindicales apoyo para informar debidamente que no habrá despidos ni reducción de salarios entre los sindicalizados, toda vez que existe “una gran cantidad de versiones en torno a lo que pasará con los trabajadores de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, la Secretaría de Cultura, el Consejo Estatal de Población y el Instituto de Fomento a la Vivienda”. Sin embargo, Poot Vázquez reiteró que en el SUTAGE las cosas se encuentran “en calma”, dejando claro que pese a las dificultades económicas y los recortes presupuestales anunciados, está garantizado el pago de las prestaciones a las que los trabajadores tienen derecho, como el llamado “cuatrimestre” y el aguinaldo. Sin embargo, sobre los recortes de personal de confianza y bajo contrato de honorarios, la Oficialía Mayor y la Secretaría de Hacienda no han dado información, ni de la manera como se está aplicando la medida ni del universo de empleados del Gobierno del Estado que está haciendo afectado. Por ejemplo, después del aviso y del aval del Congreso a la reestructuración administrativa, la Oficial Mayor, Rosario Ortiz Yeladaqui, reconoció que al menos mil 500 burócratas estatales “están en movimiento” por los ajustes derivados de las medidas de austeridad anunciadas. Reveló que por lo menos mil 500 trabajadores resultarán afectados por lo que se ha llamado una reingeniería administrativa del aparato gubernamental, tras el anuncio de la fusión y desaparición de algunas dependencias estatales. Pero dijo que en esos momentos no se podía hablar de despidos, aunque reconoció que con el tiempo habría de ser necesario realizar un recorte de los empleados que están por contrato, para tener mayores ahorros, como parte de las acciones de austeridad. También dijo que los empleados que formarán parte de estas dependencias que son fusionadas, son parte de una bolsa de trabajo que será utilizada de acuerdo con las necesidades que requieran las diferentes áreas del Gobierno del Estado. “Se integrará una bolsa primero de trabajadores, que se irán ocupando de acuerdo a cada uno de los perfiles que se requieran en cada una de las dependencias, se les respetará sus emolumentos y se respetarán los perfiles para las posiciones a las que estén propuestos”
Posted on: Fri, 04 Oct 2013 23:29:27 +0000
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