La acción judicial fue ingresada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo federal y reclama la inconstitucionalidad del decreto 929/13, que plasmó el acuerdo por la explotación petrolera en Vaca Muerta. Según Solanas, el acuerdo permite al gobierno "disponer con total libertad y sin ninguna restricción reglamentaria de los bienes públicos, convirtiéndose el Poder Ejecutivo en un simple ejecutor de políticas que fueran diseñadas y propuestas por los acreedores externos". "Además de afectar el patrimonio público, se pone en peligro el medio ambiente a través de un sistema cuestionado en muchas partes del mundo, prohibido en otras como en Francia, y que será usado por una petrolera que devastó pueblos enteros en el Ecuador", resume la presentación.
Posted on: Mon, 19 Aug 2013 10:18:50 +0000
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