La energética Petromiralles, acusada de defraudar 180 millones 1 COMENTARIOS Las actuaciones de la Guardia Civil han supuesto el bloqueo de 300 inmuebles, 400 coches y 115 millones y se podría resarcir con otros mil millones de euros al Estado. La operación de la Guardia Civil en la que han sido detenidas 17 personas en Cataluña y Andalucía por defraudar en el pago del IVA ha destapado un complejo entramado de empresarios del sector de los hidrocarburos, abogados, testaferros y brokers que han defraudado 100 millones de euros en dos años. El coronel Berrocal, jefe del Departamento de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el comandante Balas, jefe del Grupo de Delincuencia Económica de la UCO, han informado hoy sobre la operación "Walkers", en la que han sido arrestadas 17 personas por blanqueo de capitales, falsedad documental, delito contra el mercado y los consumidores y contra la Hacienda pública. Once de las detenciones se han practicado en Barcelona, una en Girona, tres en Sevilla, una en Málaga y otra en Cádiz, y en los registros practicados se han intervenido más de un millón de euros, 102 vehículos, 24 propiedades inmobiliarias y más de cien cuentas bancarias. Se han investigado quince empresas del sector de los hidrocarburos, de las que diez han sido clausuradas provisionalmente, aunque la considerada matriz del entramado, la petrolera catalana Petromiralles, no ha sido clausurada porque la mayor parte de su actividad se considera legal. Entre los detenidos están el director general de Petromiralles y alcalde de Santa María de Miralles (Barcelona), Josep Maria Torrens Ferrer, y su hermano Pere, a quienes se considera los creadores del del entramado conformado alrededor de su compañía, con el que se defraudaban 250.000 euros al día y con el que se obtenían precios competitivos con los que "acaparaban el mercado". En la casa de Josep María Torrens se encontró una pistola con munición, según han detallado los mandos policiales. Los encargados de las gasolineras a las que se vendía el combustible no eran conscientes del fraude, aunque "sí sabían que compraban la mercancía por debajo del precio de mercado", han apuntado los mandos del instituto armado. Se trata de un complejo y complicado entramado para evitar el pago del 21 por ciento del IVA con el que están grabados los hidrocarburos en el que participaban un bróker ubicado en Suiza que adquiría el carburante, varias empresas pantalla y un despacho de abogados. El responsable de este despacho era el encargado del aparato de blanqueo, integrado por dos estructuras de testaferros, quienes guardaban el dinero hasta que recibían la orden de enviarlo a Japón, bien físicamente o bien mediante transferencias fraudulentas, para que luego circulase por otros países como Arabia Saudí o Jordania, hasta que llegaba de nuevo a manos de la organización. Todo el dinero se sacaba de sucursales bancarias de Sevilla y se guardaba en casa de los testaferros, ubicados en Andalucía y Cataluña. Los segundos se desplazaban a Sevilla en avión o en AVE dependiendo de si iban cargados de dinero o no, ya que en el tren hay menos medidas de seguridad. Los integrantes de la trama eran capaces de crear una empresa en un mes, cuando otra tenía que cesar su actividad porque Hacienda le iba a exigir el pago del IVA. La operación se precipitó cuando los agentes detectaron que supuestamente iban a enviar una importante cantidad de dinero a Hong Kong, y la explotación de la operación se coordinó con las autoridades chinas. La operación "Walkers" es "un punto y seguido" de la operación "Bashnya", llevada a cabo la primavera pasada y en la que fueron detenidas 30 personas en 15 provincias españolas por defraudar 120 millones de euros en el mismo sector y de forma parecida. El coronel Berrocal ha dicho que para la Guardia Civil es una prioridad seguir estos delitos y ha destacado la importancia del "resarcimiento económico del Estado" para que "los españoles recuperen lo que les quitan los grupos organizados". La cantidad de dinero puesta en manos del Estado en 2010 y 2011 ascendió 2.100 millones de euros, y en 2012 y 2013, años sobre los que aún no hay datos definitivos, las actuaciones de la Guardia Civil han supuesto el bloqueo de 300 inmuebles, 400 coches y 115 millones y se podría resarcir con otros mil millones de euros al Estado, todo ello sin incluir la investigación de los ERE.
Posted on: Wed, 26 Jun 2013 14:17:08 +0000