Las autoridades españolas comenzaron a alienar a la población en general mediante el establecimiento de una política conocida como bagajes, que requería que los ciudadanos entregaran cualquier animal de trabajo a los militares españoles sin ningún tipo de garantía de indemnización. Esto fue especialmente problemático en la región del Cibao en el norte, donde los agricultores dependían de sus animales para su sustento. Un segundo factor fue cultural: el nuevo arzobispo de España se horrorizó al descubrir que un gran número de parejas dominicanas no estaban casados bajo la Iglesia Católica Romana. Esta situación se produjo debido al pequeño número de sacerdotes en el país, así como la pobreza y la falta de caminos y transporte para llegar a una iglesia para casarse. Con las mejores intenciones, el Arzobispo Bienvenido Monzón quería poner remedio a esta situación en un corto tiempo, pero sus demandas sólo irritaba a la población local que habían llegado a aceptar el estado actual de los nacimientos "ilegítimos" de forma normal. Económicamente, el nuevo gobierno también impuso aranceles más altos para los productos no españoles y los buques y trató de establecer un monopolio sobre el tabaco, contrariando a las clases comerciantes también. A finales de 1862, los funcionarios españoles estaban empezando a temer la posibilidad de una rebelión en la región del Cibao (el sentimiento anti-español no era tan fuerte en el sur). Por último, habían rumores de que España volvería a imponer la esclavitud y enviar a los dominicanos negro a Cuba y Puerto Rico.
Posted on: Fri, 16 Aug 2013 14:02:48 +0000
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