Ley 779, significa avances contra la violencia hacia la mujer en Nicaragua. La aplicación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779) redundó este año en acciones concretas para revertir el legado patriarcal en Nicaragua, coinciden defensores de los derechos del sector. De acuerdo con el diputado Carlos Emilio López, el principal reto por vencer es desarraigar el modelo de violencia contra ellas predominante en esta sociedad, es decir, "desarrollar una cultura de nuevos valores". Tras la aprobación de esa norma por la Asamblea Nacional, hace un año, las autoridades sandinistas crearon la comisión nacional interinstitucional para prevenir y sancionar la violencia contra ellas, integrada por todas las instituciones del Estado, explicó el legislador. En este período, reconoció, se elaboró la política nacional contra la violencia hacia la mujer y se crearon 12 juzgados especializados en el tema, seis de los cuales funcionan en Managua y el resto en otros departamentos. Otros logros son la constitución del Modelo de Atención Integral, que funciona en las Comisarías de la Mujer y la Niñez, y el anuncio oficial de la construcción de 90 oficinas de esas para completar 153, una por cada municipio, señaló. Eso será un paso importante en la prevención de la violencia hacia las féminas, porque implicará que cada localidad contará con una unidad especializada donde ellas podrán interponer su denuncia o recibir atención psicosocial, significó. La activista Juana Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres, concordó en que este primer aniversario de la ley debe celebrarse, aunque recordó que todavía son elevadas las muertes de mujeres y debe definirse respecto a la insistencia de algunos sectores en modificar ese cuerpo legal. Esta ley es importante porque en la medida en que sea mejor aplicada puede propulsar el desarrollo de la nación, porque "si hay violencia no podemos hablar de igualdad", sentenció la diputada Irma Dávila. Cuestión pendiente por resolver, en la que coinciden los interesados desde el gobierno y la sociedad civil en contribuir a la restitución definitiva de los derechos de las mujeres, es en la necesidad de destinar mayor cantidad de recursos para la aplicación efectiva de la Ley 779. Según el movimiento Católicas por el Derecho a Decidir, del 21 de junio de 2012 a la fecha los agresores cobraron la vida de 89 mujeres, en tanto la Corte Suprema de Justicia registró en esa etapa más de siete mil 500 acusaciones contra hombres, de los cuales dos mil 400 recibieron el beneficio de la suspensión de la acción penal por diversos motivos.
Posted on: Fri, 21 Jun 2013 15:03:42 +0000
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