MI PODER EN LA CONSTITUCION y MI CORAZON EN LA INVESTIGACION CONTRA EL TRÁFICO DE TIERRA EN EL ECUADOR. Móvil: 0980062754 en la provincia del Guayas, Los Cantones, Guayaquil, Samborondo, Daule, Duran, Yaguachi, Milagro, Naranjito, Bucay, Parroquias, Santa Elena, Comuna San Pablo, Lotizaciones, Blue Beach en el Balneario “Punta Blanca” Cantón Santa Elena, Los Ríos, Cantones, Quevedo, Valencia, Buena Fe, Cantón Santo Domingo, Provincia De Los Tsachilas, Comunas y tierras comunales en la provincia de Santa Elena La expedición de la Ley de Organización y Régimen de las Comunas de 30 de julio de 1937, la cual se mantiene vigente, constituye el primer acto de reconocimiento jurídico-orgánico de las comunas y de sus tierras comunales ocurrido durante el período republicano. En su artículo 1, la Ley estable y define que es una comuna: “todo centro poblado que no tenga la categoría de parroquia, que existiera en la actualidad o que se estableciere en lo futuro, y que fuere conocido con el nombre de caserío, anejo, barrio, partido, comunidad, parcialidad, o cualquiera otra designación, llevará el nombre de comuna, a más del nombre propio con el que haya existido o con el que se fundare”. Con respecto a la propiedad de la tierra comunal, la Ley en su artículo 21 prohíbe el registro indebido de tierras comunales: “Ningún notario podrá extender escritura pública que diga relación con los bienes colectivos de las comunas, sin previa comprobación de que se hayan observado fielmente las disposiciones constantes en el Art. 17 A.- Si llegare a otorgar escritura pública en contravención con estas prescripciones, tal instrumento adolecerá de nulidad, a costa de los que hubieren intervenido en su otorgamiento, inclusive el notario y el registrador de la propiedad, de llegar a inscribirse la escritura”. EJEMPLO: Cía. Campibo S.A. supuestamente representada por el Ing. JOSE FABRIZZIO CORREA DELGADO, quiere Desalojar a los Habitantes del Recinto Puerto Engabao Propiedad de La Comuna Engabao, de IGUAL Forma el Abogado. Álvaro Fernando Noboa Pontón y su Esposa Mantienen Juicios contra la Comuna Engabao. B.- Este proceso de sequía se origina por la deforestación del territorio debido a la tala sistemática de montañas residuales para la explotación de madera fina -guayacán, seca, caoba, amarillo, cedro, entre otros-, por la costumbre local de quema del carbón de madera, y por el más reciente impacto del desarrollo inmobiliario, infraestructura turística y otras cuestiones relacionadas con un concepto de desarrollo caduco que en la actualidad ya pasa factura. Sumado todo ello, sus consecuencias son harto visibles en Santa Elena, habiéndose transformado el territorio en grandes extensiones de terreno árido poblado de plantas cactáceas y de vegetación raquítica. Provincialización de Santa Elena C.- con un territorio que con anterioridad formaba parte de la provincia del Guayas. La provincialización es consecuencia de una continuada demanda popular que durante dos décadas nunca fue tomada en cuenta. Situación que tiene su fin con la llegada del Ec. Rafael Correa a la Presidencia de la República. Con anterioridad, estas demandas habían sido bloqueadas sistemáticamente por el conservador Partido Social Cristiano, quien dominó el Congreso Nacional del Ecuador durante años, y que a la par ostentaban el poder en la provincia del Guayas. Las razones que justificaron esta provincialización se enmarcaron en su identidad cultural peninsular (cultura de pescadores de ascendencia indoméstica y cultura comunera), su modo de vida económico diferente (turismo de playa, productos artesanales, hotelería, pesca y una pequeña producción petrolera), y la desatención continuada por parte del gobierno provincial del Guayas, cuya capital, Guayaquil, es el bastión de la derecha más recalcitrante del Ecuador. En el gobierno provincial del Guayas los santalenenses nunca gozaron de representación, de igual manera tampoco la tuvieron en el Congreso Nacional. El momento decisorio para la lucha por la provincialización de Santa Elena se da el 12 de octubre de 2007, donde a través de un bloqueo protagonizado por la población local, se impide el paso de vehículos a la península, tanto por la carretera Guayaquil-Santa Elena, como por vía a la costa a la altura de la comuna Villingota-. Con este hecho, se impidió el acceso, especialmente de guayaquileños, a las playas de Salinas y otros puntos turísticos ubicados en la Ruta del Sol. Todo esto se da en medio de una fuerte afluencia a la región fruto de la festividad de la Independencia del Guayaquil. En medio de esta crisis regional, el 17 de octubre de 2007, el Congreso Nacional aprobaba con 57 votos a favor, 30 abstenciones y tres en contra, el primer artículo del proyecto de provincialización de la Península de Santa Elena D.- Desde la perspectiva política hay que señalar que estos sucesos conllevan la semi desaparición de la partidocracia conservadora en la nueva provincia, consecuencia de que esta se había opuesto reiteradamente a las demandas populares de provincialización. Es esta condición la que propicia que la construcción del oficialista Alianza PAIS –partido presidido por el presidente Correa- se articule en gran medida con actores que provenían de estructuras políticas conservadoras y que se reciclaron políticamente al calor del “caballo ganador”, bajo las banderas verdes de la llamada “revolución ciudadana”. Ahondando en esto último, cabe reseñar que personalidades políticas como el actual Alcalde del Cantón Santa Elena –donde se concentran la cuasi totalidad de conflictos sobre tierras comuneras-, Otto Vera, fuera concejal en la gestión anterior de su municipio por el conservador Partido Social Cristiano, y que se incorporará a las listas de Alianza PAIS en los últimos días de su campaña electoral de abril de 2009. De igual manera, la ex gobernadora de la provincia (dimitida hace apenas unos días), Noralma Zambrano, quien aspiró a concejal del Cantón La Libertad en las listas del Partido Social Cristiano junto al Ab. Paco Tamariz –en aquel momento postulante a alcalde-, hace una quincena de años. Actual problemática de las tierras comunales de Santa Elena Desde hace décadas, la tierra y el agua son elementos de fuerte conflictividad en la Península de Santa Elena, motivo por el cual se enfrentan los sectores del agrobusinesscon sectores de campesinos, lo cual evidencia una lógica de lucha claramente marcada por su posición social –conflicto de clases-. Según fuentes vinculadas al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), existen en la actualidad más de 150 mil hectáreas F.- inmersas en este tipo de conflictos. no permitían la aplicación del artículo 21 de la Ley de Organización y Régimen de las Comunas, lo que hubiese supuesto dejar sentado la improcedencia de la titularidad privada de las tierras en litigio desde hace ya muchos años (hay litigios que se remontan a 20 años atrás). La entrada en vigor de la actual Constitución del Ecuador G.- conllevó la reforma del Código Orgánico de la Función Judicial el 9 de marzo de 2009. Fruto de dicha reforma, el MAGAP perdió sus atribuciones como juez para la resolución de conflictos en tierras comunales, Pasando dichas competencias a los Juzgados de lo Civil. Con coincidencia en el tiempo, el gobierno del Presidente Correa ha ido desarrollando una fuerte inversión en materia vial e infraestructuras: desarrollo de la Ruta del Spondylus y de la Ruta del Sol, capacitaciones enfocadas al desarrollo turístico, ampliación de infraestructura vial existente, creación de nuevas carreteras, generación obra civil, etc. Todo desarrollo local ha ido acompañado a su vez por una alta permisibilidad respecto a actuaciones más que cuestionables desarrolladas por el capital privado: privatización de playas, creación de complejos inmobiliarios con alto impacto ambiental, lotización y venta de terrenos destinados extranjeros –especialmente norteamericanos-, fomento del biocombustible, control privado del agua proveniente del sistema de riego del trasvase Daule-Santa Elena o la permisibilidad en materia ambiental con empresas del sector pesquero y camaronero, entre otras cuestiones. Esta situación ha estimulado, objetivo pretendido por el gobierno, el interés de inversionistas privados en la zona. Pero consecuencia de ello, también se reactivaron los viejos conflictos nunca resueltos sobre la titularidad de las tierras comunales en la provincia. La transferencia de competencias del MAGAP al ámbito judicial sobre resolución de conflictos en tierras comunales, derivó en la práctica en que la mayoría de estos litigios terminasen en el despacho del juez décimo séptimo de lo Civil de la provincia, el Ab. Leónidas Litardo Plaza Con más de una década en el ejercicio de este cargo-. Los resultados de sus actuaciones judiciales no han sido poco proclives a las demandas comuneras en la región, alentándose nuevos intereses privados y nuevas agresiones sobre tierras comunales en la provincia. Los intentos de adquisición de estas tierras son constantes y utilizan fórmulas diversas: desde la invasión y el conflicto jurídico, hasta la compra directa -en muchos casos fraudulenta- de estas tierras ancestrales. La pasividad de las instituciones públicas involucradas de una u otra manera en estos contenciosos, provocó que en marzo de 2011, a través de un comunicado oficial, la Federación de Comunas de Santa Elena (FEDECOMSE) responsabilizara al Estado por los daños causados a las comunas afectadas por la “vorágine depredadora de empresarios privados”. La inacción de las autoridades e instituciones públicas –locales y nacionales- respecto de los conflictos con las tierras comunales en la provincia de Santa Elena, muestra una práctica violatoria respecto a los mandatos de la Constitución de Montecristi (2008), la cual en su artículo 57 indica: “Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e impuestos. 5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita. 11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales)”. H.- Violencia y amenazas en la Santa Elena de hoy La conflictividad relacionada con la posesión de tierras comunales en la provincia es notable y abarca a las comunas de Engunga, Tugaduaja, Villingota, Sucre, Olmedo, Ciénaga, La Barranca, Juntas del Pacífico, Sacachum, Montañita, Zopatal, Azúcar, Sayá, La Aguadita, Calicanto, Pechiche, San Miguel, San Antonio, Curía, San José, Entre Ríos, Loma Alta, Febres Cordero, Dos Mangas, Cadeate, Ayangue, Palmar, Manantial de Charduy, Sinchal, Barcelona, Valdivia, San Pedro, Sube y Baja, Atravesado y La Barranca. Como ejemplos evidentes de los desmanes en esta materia, pasamos a desarrollar los casos de Montañita, Ayangue y Pechiche, donde la forma de proceder de los intereses privados, los jueces implicados y permisibilidad de las instituciones públicas están significando una grave antecedente para las demandas populares en la provincia. Comuna de Montañita Data la existencia de la Comuna Montañita desde 1938, siendo en 1980 cuando el MAGAP formaliza el reconocimiento de 1.414 hectáreas como sus tierras comunales. En marzo de 2005 el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA), institución pública conocida por su alto nivel de corrupción interna, reconoce la titularidad de las tierras comunales de Montañita a favor de la Compañía Manglaralto SA (MASA). Esta situación genera recursos de revisión por parte de la Comuna, La cual se resuelve en febrero de 2010, cuando el INDA ordena el inmediato desalojo de las y los comuneros de Montañita del predio cuya titularidad reafirma a favor de MASA. Las escrituras de propiedad de las que dispone MASA sobre las tierras comunales de Montañita están legalizadas por el abogado Juan Cueva Rodríguez, quien en mayo del presente año se vio implicado en operaciones de corrupción donde se negociaba con funcionarios del Ministerio de Justicia la compra de pases a cargos de jueces y, obviamente, la compra de juzgados titulares. A pesar de ello, los diferentes recursos presentados por la Comuna de Montañita ante el MAGAP fueron rechazados sistemáticamente, favoreciéndose así a la empresa MASA. Este empresa está vinculada a la familia Andrade, quien a su vez ejercicio la administración de SOLBANCO, entidad financiera que fue llevada a la quiebra durante la gestión de su ex administrador, Alfonso Andrade Peñaherrera. Todo ello se da a pesar de que la Constitución de Montecristi en su artículo 60 claramente expresa: “Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, como una forma ancestral de organización territorial” comuneros de Montañita hayan perdido los derechos que los asisten y están presentes en la Constitución de 2008. A pesar de ello, el Juez Leónidas Litardo Plaza, juez décimo séptimo de lo Civil de Santa Elena, emitía el 29 de marzo del presente año una sentencia donde vuelve a fallar en contra de la Comuna de Montañita y a favor de la familia de banqueros. En abril del presente año, se admitió a trámite el recurso de la Comuna de Montañita, sobre lo cual está pendiente un recurso de casación interpuesto por los Andrade. A raíz del fallo a favor de la Comuna, el Juez Litardo procederá a presentar ante el Consejo de la Judicatura de la Provincia de Santa Elena un alegato en el cual acusa a la comuna de Montañita de “conducta criminal”, “protagonizar desmanes”, practicar rituales “diabólicos o de fuerzas ocultas”, quemar féretros, entre otras cuestiones. ¿Casualmente?, el Juez Litardo es primo hermano del Dr. Leónidas Plaza Verduga, quien fuera propietario de las tierras hoy en litigio en la vecina playa de Portete –Comuna de Ayangue- y quien es tristemente recordado en la historia reciente del Ecuador por haber sido Procurador General del Estado durante la presidencia de Abdalá Bucaram, Cargo que tuvo de abandonar tras ser acusado de beneficiarse económicamente al interceder entre los damnificados por el lamentable accidente del carguero aéreo en Manta en 1996 que puso varias víctimas mortales. Comuna Ayangue El reciente desalojo en la playa de Portete en Ayangue, sucesos acaecidos en la madrugada del pasado 24 de agosto, ya había tenido un precedente en el intento de desalojo realizado el 30 de junio pasado, donde tras tres horas de resistencia continuada por parte de los comuneros de Ayangue, los 150 policías enviados para actuar contra la comunidad marcharon sin lograr sus objetivos. Ante este episodio, la ex gobernadora de la provincia, Noralma Zambrano, declaró no tener conocimiento de la violenta acción policial, cosa que fue desmentida con posterioridad por su ex Intendente. Sin embargo, el pasado 24 de mayo, entre 300 y 350 efectivos policiales según denuncian los comuneros detenidos, aparecieron a altas horas de la madrugada en la Comuna de Ayangue, desalojando a siete de sus comuneros que guardaban presencia en la zona pública de playa. Cerca de doce horas mantuvieron retenidas a los comuneros detenidos –pescadores y sus mujeres- que defendían sus tierras comunales y ancestrales. La acción, catalogada de desmedida en todos sus aspectos por la población local, fue consecuencia de un fallo emitido por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena, que con fecha 11 de agosto, daba la propiedad de las tierras en litigio a la Compañía ZEMECKIS SA, quienes disponían de unas escrituras públicas sobre dicha propiedad fechadas el 29 de marzo del 2010 e inscritas en el Registro de la Propiedad el 3 de junio del mismo año. La operación fue hasta tal punto vergonzosa que la propia Intendente requerida por la Jueza de Garantías Penales, Dña. María Bacigalupo, se negó a acompañar el operativo policial. De igual manera procedió el Teniente Político de la Parroquia de Colonche, quien también fue requerido para el acompañamiento de esta desproporcionada operación policial. La acción policial devino en que en la actualidad la playa pública de Portete esté cerrada y custodiada por la Policía Nacional en conjunto con la seguridad privada a cargo de ZEMECKIS; y su uso haya sido coartado para el conjunto de la población, con el fin de beneficiar intereses privados. Es de señalar que la playa de Portete era utilizada por los pescadores artesanales para la pesca de lisas, una de las formas de supervivencia de la población local. Una vez más, la acción judicial beneficiaba a los intereses privados, ignorando que la Ley de Comunas de 1937 indica con claridad que ningún notario puede extender escrituras públicas que diga relación con los bienes colectivos de las comunas. Esta acción policial evidencia a su vez cierta complicidad por parte del Ministerio del Interior. Una vez más aparecen los intereses de los poderosos por encima de los intereses populares y de la población autóctona en esta acción. ZEMECKIS es una compañía privada perteneciente a Guillermo Roseney Salcedo. Este joven empresario, con pinta de galán de telenovela barata y habitual del mundo de la farándula nocturna, es el marido de una nieta del ex presidente León Febres Cordero, quien pasó a la historia del país por dirigir el régimen más represivo y violatorio sobre los derechos humanos existente en Ecuador desde la vuelta a la democracia. Roseney, famoso por sus dispendios nocturnos en costosas discotecas de la vecina ciudad de Salinas, le compró las tierras a su anterior titular –también en litigios con la Comuna de Ayangue-, el Ab. Leonidas Plaza Verdura, quien como ya indicamos con anterioridad es pariente directo del único juez de lo Civil –condición que le genera un enorme poder- existente en el Cantón Santa Elena. Según grabaciones que obran en poder de los comuneros, en una asamblea de la Comuna de Ayangue, a la cual fue invitada la madre de Roseney, esta reconocía que su hijo y el actual gerente de la Corporación Financiera Nacional J.- el Ing. Jorge Wated, también son primos. Quizás por ello, el conjunto de la población de Ayangue piensa que la inversión de Roseney en los terrenos dictaminados de su propiedad será financiada por un banco público en decremento de los intereses populares. ZEMECKIS pretende, según fuentes de la comuna, desarrollar un proyecto turístico en la zona, donde incluso se crearán lagos artificiales con agua salada proveniente del Océano Pacífico. Según manifiestan los habitantes de la Comuna, la ex gobernadora provincial, Noralma Zambrano, les prometió una intervención interinstitucional coordinada para el desarrollo de la localidad, a cambio de que la comuna acate los fallos a favor de ZEMECKIS A la Comuna Pechiche se le reconoció por parte del MAGAP, en 2009, la propiedad de 200 de las 536 hectáreas de tierra que habían sido indebidamente vendidas por la Comuna Manantial de Charduy a la Compañía RILESA SA, una empresa privada dedicada a la exportación de productos agrícolas –agrobusiness-. Las tierras comunales de Pechiche son de las pocas –apenas el 1%- que tienen acceso al canal del trasvase Daule-Santa Elena, obra pública realizada en gobiernos anteriores que beneficia básicamente a grandes empresas del agro y terratenientes locales. A raíz del dictamen favorable del MAGAP, los comuneros de Pechiche conformaron una agrupación agraria y con su esfuerzo dieron vida a estas tierras que con anterioridad estaban baldías. Estratégicamente RILESA esperó hasta que las competencias del MAGAP pasaran a manos de los jueces de lo Civil, para proceder con un recurso contra la decisión de MAGAP, solicitando la nulidad de este. En Ecuador, de todos es sabido la falta de profesionalismo y los altos niveles de corrupción existentes en la función judicial, hecho que ha sido denunciado incluso por el Presidente Rafael Correa en multitud de ocasiones. Durante el transcurso del procedimiento jurídico, RILESA, gerenciada por Jorge Trujillo Jiménez, vendió este terreno a la Compañía FUTUROCELL SA, representada por Ana María Caputti Ollague. Esta última interpone una demanda contra la Comuna de Pechiche por invasión de tierras la cual es ratificada tras inspección pertinente por el director distrital de la Subsecretaría de Tierras del MAGAP, el Ab. Eduardo Carriel. El MAGAP, de la mano de Carriel constata la invasión y pide que se ordene retirar toda infraestructura en las tierras y prohibir el acceso de los comuneros de Pechiche. Esta resolución está en manos del Intendente General de la Policía para su cumplimiento inmediato. Una vez más, el posicionamiento del MAGAP beneficia a los intereses privados por encima de los intereses populares de los comuneros. Conclusión El potencial comunero en la provincia de Santa Elena y en el conjunto del país ha sido desperdiciado por reiterados gobiernos, que uno tras otro, han beneficiado directa o indirectamente al interés de la oligarquía local y a las grandes transnacionales extranjeras. El triunfo electoral del actual presidente Correa es el fruto de un acumulado de luchas que se remonta al levantamiento del Inti Raymi (junio de 1990) y llega hasta nuestros días. Gran parte de esas luchas se han articulado en torno a la reivindicación de la tierra por parte de las comunidades indígenas, campesinado y otros actores implicados en las luchas populares. Entender que el desarrollo sustentable de una provincia como Santa Elena puede articularse en base a la inversión de grandes holdings turísticos internacionales o empresarios sin escrúpulos que son capaces de articular mecanismos corruptos para la consecución de sus fines empresariales es volver a desarrollar lógicas ya concebidas con anterioridad en el país y que han generado escaso beneficio a las población locales. La construcción de un futuro para la provincia de Santa Elena. Por otro lado, la recuperación del sector agrícola ecuatoriano debe desarrollarse a través de la tan “cacareata” revolución agraria, de la cual sus beneficiarios, en consonancia con el Plan Nacional del Buen Vivir, no pueden ser otros que las comunidades implicadas, desarrollando estas modelos cooperativos para la explotación racional de la tierra. El abandono de estas lógicas políticas supone a su vez, el abandono de los principios que propugnó en su momento la llamada “revolución ciudadana”. Principios estos que auspiciaron al Ec. Rafael Correa al Palacio Presidencial de Carondelet. BIOGRAFIA DE UN ATRACO A LA PROPIEDAD PRIVADA Y COMUNALES. K.- 1. OTORRINO GOPPION BRUNATO. ITALIANO. Cía. Adic. S.A. Caso Monte Sinaí. 2. FABIO FOGHINI FOCHINI. ITALIANO. Cía. Pytsa S.A. Donación Ilegal a Las Fuerzas Armadas. 953 Oficiales: a) Me Introduzca con El Juez De La Causa Y Hacer De Una Vez Por Toda Limpieza También Con La Pancho Jácome, Como La Hicimos Con La FF.AA. Escrito enviado el 11 de octubre de 1996, por la Cía. POLIPROMOCIONES S.A. a Simón Parra Gil, por Fabio Foghini, b) Duplicidad de Registración, Memorándum enviado el 16 de octubre de 1996, al Dr. PEDRO ALVEAR ICAZA, Muerto tipo Sicariato. 3. JOSE LUIS GAMBOA RAYGADA. PERUANO. 4. LEOPOLDO EDGAPDO Y ARBULU, C.I.090577741, Apropiación Indebida del Predio Pascuales y Casas Viejas, La Ciudadela Los Ceibos Asociación Ilícita. 5. MEMO KOZHAYA ABI-HANNA. 6. LUTFALLAH KOZHAYA ABIHANNA. Casado con ADELA SIMONS, 7. ¿DONDE RODO LA PLATA DEL SALVATAJE? Descubra lo que entregaron Los Presunto ISAIAS, Falsa Identidad, como respaldo de sus deudas: VISTAZO, No.788 Junio 15/2000: ORQUIDEAS MARCHITAS, Ubicada en un sector popular al norte de Guayaquil, la Urbanización Las Orquídeas fue entregada en Garantía por Filanbanco a La A.G.D. por 55 Millones De Dólares, Pero No Fue Avaluada: La Misma Tiene Escrituras Falsa- La Compañía Kanigia No Consta Inscrita en El Registro Mercantil. ESTAFA AL ESTADO. AQUÍ ESTAN LOS TRAFICANTES DE TIERRA. G.- POLITICOS QUE TRAFICAN TIERRA DE PROPIEDAD PRIVADA EN ECUADOR, Abg. JAIME JOSE NEBOT SAADI, C.I. 0903354686, Apropiación Indebida Predio Compoñal, 26 de agosto de 1985, Notaria Decima Tercera de Guayaquil los PRESUNTOS PROPIETARIOS de Las Orquídeas, ceden sus acciones a “INDUPRIN” “INGERESA” “INMOBILIARIA SUSUNI” El 30 de Agosto de 1985, ante misma Notaria JAIME JOSE NEBOT SAADI Comparece para garantizar Las Compañías Urbanizadoras, 10% en Terrenos Urbanizados. VISTAZO: No. 815 del 2 de Agosto 2001, ¿Quien quebró a FILANBANCO? Dada en dación en pago por $ 50 Millones de Dólares a La A.G.D. ESTAFA AL ESTADO. Dr. HEINZ ADOLFO MOELLER FREILE, casado Fanny Gómez Ordeñana, C.I. 1702474378, Apropiación Indebida del Predio Pascuales y Casas Viejas, La Ciudadela Los Ceibos Asociación Ilícita. Dr. RAUL GOMEZ ORDEÑANA, C.I. 0903284383. Apropiación Indebida del Predio Pascuales y Casas Viejas, La Ciudadela Los Ceibos Asociación Ilícita. Abg. Roberto Falconi Peet, 0904857646, Apropiación Indebida del Predio Pascuales y Casas Viejas, La Ciudadela Los Ceibos Asociación Ilícita, OLGA MARIA CARRION VARAS DE SEMINARIO, C.I. 0903305951, Apropiación Indebida del Predio Pascuales y Casas Viejas, La Ciudadela Los Ceibos Asociación Ilícita. LUIS ALBERTO CHIRIBOGA PARRA: Apropiación Indebida de Herencia con la figura de presunto heredero: Presidente Ejecutivo de CEDEGE. Convocado una licitación para el trasvase de la aguas del Daule a la Península de Santa Elena, Hoy Graves perjuicios al Descubierto por la Compañía Adic. Ltda. S.A. ESTAFA AL ESTADO, 200 millones de dólares presunto costo del trasvase, Represa Daule-Peripa en Valor de más de 400 millones de Dólares, El Estado Ecuatoriano Mantiene una DEUDA ILEGAL E ILEGITIMA, con Los Gobiernos de ITALIA Y ESPAÑA, Dr. ANTONIO PARRA GIL: Apropiación Indebida de Herencias con la figura de presunto heredero y con la Compañía Urbana Agrícola. Además falsifican la Firma De La Sra. MAURA GIL ARIZAGA DE PARRA. En Complicidad del Mayor Retirado Del Ejército Ecuatoriano, Vicente Mata Yerovi. Con La Compañía PYTSA S.A. y el Sr. Miguel Loayza Apolo. Quien pretende meter $800 Millones De Dólares, al País para desarrollar planes URBANICOS. HERENCIA FORJADA UTILIZANDO MEMORIAS DE PERSONAS FALLECIDAS. Para enriquecerse y cubrir deudas en la banca cerradas. En las Siguientes Parroquias Rurales- Urbanas, Cantones y Provincias de La República Del Ecuador. IV. PEDRO PABLO GOMEZ TAMA. Nació en JIPIJAPA-MANABI, el 29 de junio de 1849, mientras su padre era Gobernador de Manabí. El 21 de febrero de 1880 caso con ANA JULIA GAULT CASSANOVA, nacida en Guayaquil el 16 de marzo de 1861, hija de JULES E. GAULT y GABRIELA ELOISA CASSANOVA DUEÑAS. Fallecida el 21 de marzo de 1932. Hijos: Ing. JOSE ANTONIO GOMEZ GAULT. Nació en Guayaquil el 14 de julio de 1 1886 y Falleció el 12 de septiembre de 1948 en New York, casado el 3 de septiembre de 1920 con ALEGRIA ITURRALDE PLAZA, nacida el 28 de octubre de 1889, fallecida el 22 de febrero de 1928; hija del Cnel. JUAN ALCIDES ITURRALDE IRRAZABAL, Nieto del General RAFAEL IRRAZABAL, y DOLORES PLAZA GUTIERREZ, A. JOSE ANTONIO GOMEZ ITURRALDE, Falleció al nacer el 13 de Septiembre de 1921, Su Identidad Es Utilizada Para Forjar Títulos De Propiedad, de Propiedad De Terceros En las Provincias Del Guayas, Santa Elena, Los Ríos, B. SEÑOR. CARLOS ANTONIO GOMEZ BARREIRO falleció el 03 de enero de 1990 de 68 años de edad hijo de José Antonio Gómez Gault y Alejandrina Barreiro; Que dios Lo Come de Muchas Bendiciones por haber sido un ser muy ejemplar muy Horrado El No quiso Jamás creyó en la ESPURIA HERENCIA DEJADA Presuntamente por su PADRE, C. MARIA CECILIA MARGARITA GOMEZ ITURRALDE. Nació en Guayaquil, el 24 de noviembre de 1922 y caso con el Ing. Ignacio Ycaza Aspiazu, hijo de Ignacio Ycaza Gómez y Pacifica Aspiazu Valdez. Sin sucesión. Al enviudar contrajo segundo matrimonio con Guillermo Pareja Rolando, hijo de Guillermo Pareja y Pareja y Ana Luisa Rolando Coello. Hijos: a. SUSANA PAREJA GOMEZ, nacida el 27 de diciembre de 1967. b. FERNANDO PAREJA GOMEZ, nacido el 2 de julio de 1969. D. BEATRIZ MARIA DE LOURDES GOMEZ ITURRALDE. Nacio en Guayaquil el 19 de octubre de 1924, falleció el 28 de diciembre de 1994, casada con JAIME PUIG JIMENEZ, hijo de JAIME PUIG AROSEMENA y MERCEDES JIMENEZ ARBELAEZ. Al enviudar caso por segunda vez con GUSTAVO DOMINGUEZ FALCONI. Hijos: a. ALEGRIA MONTSERRAT PUIG GOMEZ, nacida en Guayaquil el 1 de septiembre de 1948. b. ALBERTO ANTONIO PUIG GOMEZ, nacido en Guayaquil el 22 de junio de 1950, casado con María Piedad Cordovez Peláez, c. CECILIA MARGARITA PUIG GOMEZ, nacida el 1 de septiembre de 1951, d. ALVARO JOSE PUIG GOMEZ, nacido el 10 de septiembre de 1953, e. RAFAEL DOMINGUEZ GOMEZ, nacido el 19 de septiembre de 1958, caso con Gilda Menéndez Romero, hija de Gastón Menéndez Gilbert y Delia Romero Pereira, segunda matrimonio María Teresa Avilés Cujili, hija de Martin Avilés Aguirre y María Teresa Cujili Rodríguez, f. ERNESTO DOMINGUEZ GOMEZ, nacido en Guayaquil, el 24 de junio de 1958. E. JOSE ANTONIO FEDERICO GOMEZ ITURRALDE, Nacido en Guayaquil el 22 de octubre de 1926, INSCRITO: el 23 de Octubre de 1926, Tomo: Tercero Pagina: 519 Acta: 5.152, caso el 6 de mayo de 1950 con María Inés González Coquis, nacida en Guayaquil el 12 de julio de 1930, hija de Enrique González Rumbea y Cristina Coquis Cockburn, Ha publicado varias obras sobre la Historia de Guayaquil: Gómez una Familia Guayaquileña, 1800-1993. Gómez una Familia Guayaquileña, 1800-2005, con el Auspicio de La Ilustre Municipalidad de Guayaquil, Aquí Están Las Suficientes Pruebas Como Se Forjan La Presunta Herencia Que Reciben, NULO DE NULIDAD ABSOLUTA, de las presuntas Hacienda Mapasingue- Tornero- Aragonés. a. Hijuela 1900. José Antonio Gómez Gault. b. Testamento. Gral. José Antonio Gómez Valverde. c. Hijuela. Ana Julia Gault Vda. De Gómez Tama. d. Testamento. Ana Vda. De Gómez Valverde. Hijos: JOSE ANTONIO GOMEZ GONZALEZ caso Marianella Echanique Ghiglione, ENRIQUE ALFREDO GOMEZ GONZALEZ caso María de Lourdes Maldonado Guevara, LETICIA MARIA de las MERCEDES GOMEZ GONZALEZ, casada Roberto Amador Cornejo, Hijo FAUSTO AMADOR YCAZA, Utilizan su Identidad para presunta Adquisición en Buena Fe, de 50 hectáreas en 1991 ya era fallecido. LILIANA PATRICIA ANDREA GOMEZ GONZALEZ, casada con el Abogado. JOSE ANTONIO PUOLSON GOMEZ, Notario Público Del Cantón Guayaquil, hijo: Antonio Poulson Andrade y Ana María Gómez Vernaza, RAFAEL EDUARDO GOMEZ GONZALEZ, caso Patricia Rosales Pino, hija: Xavier Rosales Aspiazu y Alicia Pino Moulme, MARIA CRISTINA GOMEZ GONZALEZ, casada Victor Kronfle Cabrera, hijo Victor Krofle Akel, y Betty Cabrera Jaramillo, Bancos privados pasan a la AGD el dinero retenido Publicado el 11/Julio/2003 | 00:00 La Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) recibió ayer $705 494,94 de las cuentas secuestradas a los deudores morosos. Las cuentas eran de 548 clientes que no pagaron sus obligaciones ni se acercaron a renegociar las que tenían con la banca cerrada. El dinero fue depositado en la cuenta especial que tiene la Agencia en el Banco Central, luego de que la AGD solicitó a cada gerente el débito correspondiente. El monto que recibió la institución es menor al que se informó en un inicio, que fue de $821 732, debido a que algunos clientes arreglaron su situación y consiguieron que se levantara la medida que impedía utilizar su dinero. El monto al que asciende este arreglo es de $116 238. Inmediatamente después de obtener el dinero, la AGD reanudará el pago a los acreedores a través de una cuenta especial de devolución abierta en el Banco del Pacífico. Mientras tanto, la Agencia de Garantía continúa el proceso de secuestro de bienes de las empresas morosas. Ayer, el incautador de la AGD, William Ramos, buscaba dos haciendas en la provincia de Los Ríos. Hasta las 16:00 estas no podían ser intervenidas porque no daban con la dirección. Los bienes debían ser secuestrados por los funcionarios de la Agencia por una deuda no renegociada que la empresa Tropicana Corp., de Enrique Alfredo Gómez González, tiene con un banco cerrado a cargo de la AGD y el monto de la obligación es de $2 310 630, más un interés de $1 008 105, según dijo Santiago Hidalgo, quien, desde Guayaquil y por teléfono, dirigió el secuestro de las haciendas de palma africana y de banano. (IBO-NMCH) AGD incauta hacienda, ESTAFA AL ESTADO, Inscrito: Transferencia De Dominio con Fecha: 2 de Agosto de 2011, Celebrado entre FILANBANCO S.A. En Liquidación en Calidad de Cedente al Banco Central Del Ecuador. AGD incauta hacienda QUEVEDO.- Siete guardias de Soadbi se quedaron la noche del jueves en la Hacienda La Gomera, ubicada a 30 minutos del recinto Los Ángeles, parroquia Patricia Pilar, cantón Buena Fe, kilómetro 45 de la vía Quevedo - Santo Domingo. Su objetivo vigilar que no entre nadie, ni salga nada porque ahora ya está bajo la administración de la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD). "Usted ya no trabaja para el señor Gómez, sigue laborando normalmente, pero rendirá cuentas a la AGD", le dijo el incautador de la institución, Eduardo Ramos, a Henry Andrés Juanazo Bohórquez, quien se desempeñaba como vaquero en La Gomera. La hacienda de mil hectáreas, aproximadamente, pasó a ser administrada por la AGD, debido a una deuda que tenía su propietario, Enrique Alfredo Gómez González, representante de Tropicana Corp., con cuatro bancos cerrados y ascendía a Tres Millones 700 mil Dólares. La Gomera, hasta hace dos años una bananera que llegó a producir once mil cajas por semana, quebró y se dejó perder. En las mil hectáreas viven apenas tres personas: el guardia, Darwin Romero, quien labora hace un año y medio, pero antes era maquinista; Henry Andrés Juanazo Bohórquez, que llegó hace seis meses para hacerse cargo del ganado; y, Asael Arcagel Vera Basurto, quien comparte las tareas con Juanazo. La sorpresa de los empleados de la AGD se dejó ver en sus rostros. Toda la tierra estaba desperdiciada, las empacadoras abandonadas y unos cuantos tubos que antes formaban parte de la red de transportación del banano, era la evidencia que antes la hacienda producía. A pesar de todo la incautación se hizo: 232 cabezas de ganado, dos villas, una casa grande con tres dormitorios, una cocina, dos baños, la sala comedor, energía eléctrica, aire acondicionado y 40 hectáreas de cacao pasaron a la Agencia De Garantías De Depósitos. Otra hacienda Junto a La Gomera, también se incautó la hacienda de 60 hectáreas, ubicado en el kilómetro 23, en el sector Pambilar, recinto Fumisa, cantón Buena Fe. También de Enrique Alfredo Gómez González. La única persona que confirmó que esa hacienda es de Gómez fue la persona que tenía la orden de cuidar las tierras, Daniel Pisco, quien trabajó por once años con Gómez. Su esposa, María Menéndez, recordó que hace 12 años trabajaba de cocinera en La Gomera, cuando cerró se trasladó a la hacienda pequeña para cuidarla, "eso hace dos años. El acuerdo fue con Enrique Alfredo Gómez González, a cambio nos dijeron que podemos sembrar y nos decidimos por el maíz". En este lugar quedaron dos guardias vigilando. Daniel Pisco señaló que alrededor de 40 hectáreas se sembraron de maíz por orden de José Magallanes, quien laboraba antes con Enrique Alfredo Gómez González. Nació el 29 de Mayo de 1954 y caso María de Lourdes Maldonado Guevara, Además, se conoció que Magallanes vendió parte de la infraestructura bananera, como tubos y bombas de La Gomera, y era quien permanecía en contacto permanente con Enrique Alfredo Gómez González, por lo que se decidió prohibirse la entrada de Magallanes a las haciendas incautadas. Ayer, se realizó la incautación de las oficinas de Tropicana Corp., en Guayaquil, allí permanece un guardia, quien vigilará todo movimiento. (CPL) Alquiler l Para recuperar el dinero la AGD puede alquilar las tierras o venderlas si es que existe una persona interesada, que pague lo que cuestan las haciendas. Esta fue la última incautación realizada por la AGD en la primera fase. Las autoridades preparan una segunda fase próximamente. Incautan haciendas quebradas La hacienda La Gomera, ubicada en Los Ángeles está bajo la administración de la AGD. La Gomera hasta hace dos años era una bananera que llegó a producir once mil cajas por semana. También se incautó una hacienda de 60 hectáreas, ubicada en el sector Pambilar, Recinto Fumisa . PRUEBA.- Celebrada por escritura pública extendida el 15 de diciembre de 1949 ante el Notario Licenciado Gustavo Falconi Ledesma, Mediante la cual se adjudica a favor de Cecilia Gómez Iturralde de Ycaza, el lote No. 1 constituido por la Hacienda Mapasingue, A Beatriz Gómez Iturralde Puig, Lote No. 2 constituido por la Hacienda Prosperina, y a favor de José Antonio Gómez Iturralde (que según, el Lote No. 3 constituido por la Hacienda La Alegría. ISSFA.- Desde el mes de noviembre del 2001, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) mantiene necia y vanamente una demanda de reivindicación sobre una par-te de los terrenos de propiedad de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL).Y sostengo esta afirmación, fundamentado en el título único, pleno y legítimo otorgado por Decreto SupremoNo.1557 publicado en el Registro Oficial No. 372 de julio5 de 1977, que expropió como cuerpo cierto a favor de la ES-POL la mayor parte del predio “La Prosperina” con todas las construcciones, usos, servidumbres activas y pasivas- entonces de propiedad de la señora Beatriz Gómez Yturralde de Domínguez. Esta declaratoria de utilidad pública con fines de expropiación urgente conjuntamente con el Decreto Supremo No.3577-C publicado en el Registro Oficial No. 4de Agosto 16 de 1979, Sirvieron de base para que el Juez Quinto delo Civil de Guayaquil en auto de octubre 1de 1999 confirmado por la I Sala de la Corte Superior de Guayaquil declarara concluido el juicio de Expropiación que siguió la ESPOL contra la prenombrada demandada, Dispusiera su archivo y la protocolización de las piezas procesales que cumplió el Notario Séptimo de este cantón el 6 de junio de 1980, escritura pública que se inscribió en el Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil el 26 de junio de 1980. Desde entonces hasta la fecha, la ESPOL ha venido poseyendo la totalidad del predio expropiado en forma pacífica, pública e ininterrumpida por más de 25 años, sin reconocer dominio ajeno en ninguna parte del Campus Politécnico “Gustavo Galindo Velasco”, dentro del cual ha construido más de 54 edificios, en cuyas aulas se han formado miles de profesionales de excelencia académica que han aporta-do al desarrollo tecnológico, científico, cultural y social del Ecuador. Ha realizado obras de infraestructura de alcantarilla-do sanitario, fluvial y de trata-miento de aguas servidas, vías de comunicación de primero den, siembra de variedad de árboles, complejos deportivos y mantenimiento de áreas ver-des y jardines que dan a la ESPOL la característica de centro de educación superior de primer nivel no sólo en el ámbito nacional sino internacional. Dentro del juicio, la ESPOL contestó la demanda, dedujo excepciones y reconvino al ISSFA en la suma de CIEN MIL DÓLARES en concepto de indemnización pecuniaria por perjuicios y daño moral. Presentó durante la estación probatoria todas las pruebas de que le asisten como ser los títulos de propiedad, instrumentos públicos y privados que ratifican su dominio, declaraciones testimoniales que corroboran la posesión pacífica, pública e ininterrumpida. Ha solicitado la inspección judicial de la totalidad de Campus Politécnico y la confesión judicial al representante legal del ISSFA. En definitiva, la ESPOL ha probado hasta la saciedad el dominio absoluto, único y pleno sobre la totalidad del Campus Politécnico”Gustavo Galindo Velasco” y que se encuentra en posesión del mismo sin violencia, sin clandestinidad, en forma pacífica, pública e ininterrumpida por más de 25 años. El ISSFA, por su parte, lo único que ha presentado es una espuria escritura pública de Donación y su modificación otorgada por el Ministerio de • ABSURDA PRETENSIÓNDEL ISSFA • Por DR. EITHEL ARMANDO TERÁN, • ASESOR JURÍDICO ESPOL • Instantes en que la Dra. Patricia Victimilla Navarrete, Juez 31 de lo Civil de Guayaquil; la Secretaria Ab. María Terranova de Valverde; la Auxiliar del Juzgado, el Dr. Eithel Armando Terán, Asesor Jurídico de la ESPOL; y el Dr. Ramón Espinel Martínez, Director del CENAE, realizan la inspección judicial al Campus Politécnico “Gustavo Galindo Velasco” el miércoles 5de julio del 2006. PRUEBA.- La firma y rúbrica de la señora Mercedes Victoria Illingworth Noboa constante en la escritura de compraventa, comparada con la firma constante en la escritura de partición de bienes, celebrada el 28 de junio de 1932, ante el doctor Carlos Manuel de Murrieta, Notario Cuarto del cantón Guayaquil, del único bien dejado por los cónyuges José Pantaleón de Ycaza Silva y Rosa Eloísa Paredes de Ycaza-bisabuela de Mercedes Illingworth, denominado Hacienda Convento de la provincia de Los Ríos, presentaría ciertas anomalías). 2.- Mediante R.O. 372, de 5 de julio de 1977, se declara de utilidad pública con fines de expropiación urgente, confirmando la declaratoria dictada por los Consejos Administrativos y Académico de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, en la sesión conjunta celebrada el día 10 de febrero de 1977, DR. ALFREDO PINOARGOTE CEVALLOS: EL MONUMENTO DEL PODER, 27 de Marzo de 1987. Piedra a piedra, palmo a palmo, la Vía perimetral de Guayaquil. Tal cual se empecina en ejecutarla la administración Febres Cordero, constituye un monumento a la arrogancia del Poder. CALCULOS ELECTORALES, Dr. ANGEL DUARTE VALVERDE, No obstaste lo indicado, es menester anotar también que de alguna forma RODRIGO BORJA CEVALLOS y RAUL BACA le dieron una mano a su coideario- El Presidente Español- Felipe González, quien financia la obra programada y ejecutada por León Febres Cordero. El Guayaquileño Lcdo. Xavier Ledesma cuando denuncio el caso CEDEGE, Arq. Alfredo Vera Arrata y Ítalo Ordoñez, RESUMEN DEL DISPARATE: 7) La perimetral, en vez de ayudar a solucionar el problema del tránsito en Guayaquil, está orientada a servir de vía de penetración a lugares despoblados donde se levantara la Ciudad Satélite
Posted on: Sat, 13 Jul 2013 03:06:42 +0000
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