Preocupa control a sociedad civil en #Ecuador Domingo, 28 de Julio de 2013 Organizaciones sociales alertan un debilitamiento con la expedición del Decreto Ejecutivo No. 16. Hay preocupaciones profundas. Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) no podrán dedicarse a actividades de política partidista o tener injerencia en políticas públicas que atenten contra la seguridad del Estado, so pena de desaparecer. Es una de las normativas constantes en el Decreto Ejecutivo No. 16 expedido por el Presidente de la República, que regula el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas (Suios). La norma, contenida en 51 artículos, crea el Sistema, cuyo control y rectoría estará a cargo de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, presidida actualmente por Betty Tola. Pero, las nuevas disposiciones, según las organizaciones, tienen “un carácter restrictivo y altamente discrecional”, por lo que les genera inquietud, preocupación e incertidumbre, según un comunicado enviado por la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil. De acuerdo a su análisis, existen limitaciones a “principios fundamentales”, especialmente relacionados con el derecho a la asociación y voluntariedad en una OSC, la desproporcionalidad en las causales de disolución y la excesiva exigencia de información. Qué dice el decreto El objeto del reglamento, según su primer artículo, es “establecer instancias, mecanismos, instrumentos, requisitos y procedimientos adecuados” para el Suios. Todas las organizaciones sociales y ciudadanas que participan voluntariamente en forma de organización lícita de la sociedad, organizaciones no gubernamentales extranjeras y quienes administran documentación, información o promueven la participación de las organizaciones sociales (art 2.) se tienen que regir por esta norma, que se expidió el 4 de junio. En el país, según el Sistema de Registro Único de las Organizaciones de la Sociedad Civil, existen 58 mil 357 instituciones de ese tipo, principalmente en Pichincha (11.212) y Guayas (9.524). Estas, en su mayoría, están dedicadas a temáticas sociales, por lo que la institución responsable del 46.27% de ellas es el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Concepción equivocada “Creemos fundamental tener una herramienta de regulación del sector porque nos permite obtener información para coordinar estrategias de acción, así como fortalecer las organizaciones mediante mecanismos de trabajo en conjunto”, indicó Orazio Bellettini, presidente de la Confederación. “Para nosotros es muy importante la transparencia y rendición de cuentas, no solo con el Gobierno, sino con la opinión pública. No nos oponemos a esto”, complementó Rocío Rosero, presidenta de Acción Ciudadana por la Democracia y el Desarrollo (ACdemocracia). Pero, el Decreto es “discrecional, incompleto y desconectado de la sociedad”, según el presidente de la Fundación Metis, Pablo Santillán, quien cree que no se ha entendido las características de las organizaciones, especialmente las pequeñas. Además de que, “tiene un carácter restrictivo, no lo conocíamos ni nos fue socializado previamente”, añadió Bellettini. El problema radica, de acuerdo al politólogo Jorge León, en que el Presidente de la República busca “legalizar lo que en los hechos ya lo hace”, limitar la acción de las ONG y las organizaciones sociales”. Con esto pretendería “que no haya contestación de la sociedad”. “(Rafael Correa) tiene una visión de que lo que la sociedad civil hace es considerado como negativo”, puntualizó. Las OSC, como explica la Confederación, tienen por fin presentar diversidad de posiciones, apoyar a la ciudadanía, son privadas, no tienen fines de lucro y son apartidistas. Pero, León dice que ese propósito se estaría perdiendo, debido a que las organizaciones deberán estar alineadas a las políticas públicas del Gobierno. Como consecuencia, las organizaciones creen que va a existir un debilitamiento de la sociedad civil y que varias organizaciones van a desaparecer porque no estarían en la capacidad de cumplir con todo lo establecido en el decreto. Cuestionamientos “(El Ejecutivo) está multiplicando las normas y reglamentos, aumentando los obstáculos, para que (las organizaciones) funcionen y está haciendo todo fácil para hacerlas desaparecer”, criticó León. Rosero asegura que “no necesariamente el Estado tiene la experticia y capacidad técnica en diversas áreas”, aunque debería tenerlo, “pero no sobre la base de la anulación y desconocimiento que tiene la sociedad civil”. Según su análisis, con el decreto “se restringen libertades fundamentales”, como la asociatividad. Mientras, César Ricaurte, director de la Fundación Andina para la Observación y el Estudio de Medios (Fundamedios), cree que “en principio se señala que (el reglamento) es un sistema de registro, como un sistema de información”. Sin embargo, “se trata de un decreto que regula el derecho a la libre asociación de los ecuatorianos”. Entre esas limitaciones estaría el registro que tienen que hacer las ONG de sus proyectos y de sus donantes, sean privados o públicos, explicó. Por su parte, Ivonne Yánez, parte de Acción Ecológica, considera que la norma es muy amplia porque hasta “un comité de padres de familia tendría que registrarse”. Igualmente, considera que existe un afán de que “las acciones que se realicen se alineen con el proyecto político de Gobierno y que se canalicen los recursos, para que las organizaciones formen parte de los proyectos que el Gobierno tiene pensado”. Este diario buscó la posición oficial de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, siguiendo el procedimiento solicitado por ellos, pero hasta el cierre de la edición no se tuvo respuesta. 58.357 Organizaciones de la sociedad civil existen a nivel nacional.
Posted on: Sun, 28 Jul 2013 14:17:37 +0000
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