Quito, 29 de octubre de 2013 ABOGADOS DE CHEVRON ASESORAN A GOBIERNO EN DEFENSA INTERNACIONAL... URGENTE...PARA QUE SE INFORME EL ECUADOR...URGENTE... BOLETÍN DE PRENSA Asambleísta Jiménez pide explicación a Presidente y Procurador ABOGADOS DE CHEVRON ASESORAN A GOBIERNO EN DEFENSA INTERNACIONAL El asambleísta de Pachakutik por Zamora Chinchipe, Cléver Jiménez reveló que el bufete de abogados Foley Hoag de EEUU, presidido por Paul Reichler, fue contratado por el gobierno ecuatoriano para la defensa en varias demandas internacionales, pese a que trabaja para la multinacional Chevron-Texaco, lo cual atenta gravemente a los intereses del Estado ecuatoriano. Jiménez cuenta con información de que la relación entre Chevron y Foley Hoag, la conocen los más altos funcionarios del gobierno, por lo que exigió al presidente Rafael Correa y al Procurador del Estado, Diego García Carrión, aclaren el hecho. Entre la información que maneja el asambleísta Jiménez, se encuentran documentos que reflejan la preocupación expresada por parte del Secretario Jurídico de la Presidencia Alexis Mera, al enterarse de que la firma Foley Hoag, desde el 2009 maneja ciertos intereses de Chevron, hechos que habrían sido confirmados con el propio abogado Reichler. Aunque Foley Hoag no ha estado directamente a cargo de los casos Chevron II y III, sí habría hecho análisis puntuales para efectos de verificación de la estrategia jurídica del Ecuador o de posibles acciones futuras, explica Jiménez. De igual forma, habría intervenido en el arbitraje de interpretación del Tratado de Protección de Inversiones (TBI) con Estados Unidos, en relación a la aplicación del estándar de denegación de justicia en el laudo Chevron II, caso en el cual el Ecuador fue condenado a pagar USD 96 millones más intereses, en el Laudo final emitido en junio de 2013. Para Jiménez, esto sólo podría significar un doble juego de intereses, pues Foley Hoag maneja casos internacionales importantes, como el conflicto con Colombia por las fumigaciones con glifosato. El legislador cuenta con información de que Reichler habría convencido a Rafael Correa para dejar insubsistente la demanda planteada por el Estado en contra de Colombia, en La Haya, en circunstancias en que el Ecuador tenía prácticamente ganado el caso. Esta inquietud, es una de las formuladas por el legislador de Pachakutik, quien asegura además, que la falta de lealtad jurídica y ética de Reichler y Foley Hoag, surge en un marco preocupante de violación de la privacidad y la soberanía, al ordenarse mediante la Ley Federal Contra la Extorción Criminal y las Organizaciones Corruptas (Ley RICO), desarrollada en Nueva York, la supervisión de correos electrónicos y material privado del equipo de defensa de los demandantes de Lago Agrio por presuntas acusaciones de corrupción. Los pedidos de revelación de información han sido utilizados por todas las partes involucradas en el pleito en reiteradas ocasiones. La orden dada por el juez estadounidense Lewis Kaplan que preside el caso, pretende obtener las direcciones IP de las cuentas de correos electrónicos de ciudadanos ecuatorianos, vinculados a la defensa frente a Chevron-Texaco. Son más de 100 cuentas de email intervenidas, de activistas ambientalistas, periodistas y abogados, involucrados en la disputa legal de Chevron, documentos relacionados en la acción judicial en contra de más de 50 personas que forman parte de la defensa de Lago Agrio, aduciendo que son parte de una conspiración para estafar a la petrolera. Con esta acción, el Ecuador se encuentra prácticamente sometido a la acción de un juez extranjero, dice Jiménez. Respecto a la resolución adoptada por la Asamblea Nacional en torno a Chevron, el legislador reiteró que la misma es un peligroso despropósito, orientado a beneficiar a la multinacional. Reveló que entre los más altos funcionarios del gobierno y de la Procuraduría se habría analizado el tema de la intervención de funcionarios o instituciones del Estado en la demanda contra Chevron-Texaco, y advertido de los peligros de intervenir en el caso, como consta en información en poder del legislador zamorano, donde se argumenta: “el Juez Kaplan entendería que nos estamos sometiendo a su jurisdicción y nos vincule al proceso, de manera que sus decisiones puedan afectar al Ecuador y generar un efecto de cosa juzgada. Un riesgo similar al que corrió el Ecuador cuando la AGD presentó su demanda en Florida y fue contrademandada. Adicionalmente, Chevron ha venido sosteniendo siempre que el Estado ha intervenido para favorecer a los demandantes de Lago Agrio y nuestra intervención abonaría a ese discurso. Esto ya pasó cuando el Defensor del Pueblo presentó un amicus curiae en Argentina”, se lee en el documento en manos de Jiménez. Responsable de Prensa Despacho Asamblea Nacional
Posted on: Tue, 29 Oct 2013 22:49:47 +0000
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