REPORTAJE// ALCABALAS del terror Archivo viernes 19 de julio de 2013... Desde la muerte de tres estudiantes de la Universidad Santa María, hasta el homicidio de una madre y su hija en Coro, especialistas exigen revisar la formación de los funcionarios adscritos a los órganos de seguridad. Sabrina Machado La noche del 27 de junio del 2005 el sector Kennedy, de la parroquia Macarao, en Caracas, se estremeció con los gritos de desesperación de Ángela de Rosales, quien suplicaba ayuda para salvar a su hija, Elizabeth, joven de 20 años que se encontraba herida en el puesto del copiloto, de un vehículo Corsa, propiedad de un compañero de clases que la llevaba a su casa. Su amigo, Leonardo González, yacía muerto al lado del carro. En el interior del auto se encontraban también —gravemente heridas— Danitza Buitriago Gamboa, de 26 años, e Irúa Coromoto Moreno, de 20 años. Dos hombres más fueron hallados a pocos metros, en un callejón, sin signos vitales. Los cuerpos de Erick Montenegro y Egdar Quintero presentaron golpes, múltiples disparos y signos de torturas. Las seis personas eran estudiantes de la Universidad Santa María. Los responsables de tal acción fueron 22 miembros de la Dirección de Inteligencia Militar, quienes habían montado un operativo ilegal en el sector en busca de un delincuente que dos días antes había matado a un compañero de labores. La desproporcionada actuación policial dio paso a un importante estudio sobre la labor y formación de los cuerpos de seguridad del Estado, especialmente de los policiales, en manos de especialistas de la materia. Nacía en ese instante la Conarepol, instancia que ha sido la piedra angular de múltiples reformas en materia policial, cuna del nacimiento de la Policía Nacional Bolivariana, único cuerpo de prevención de alcance nacional. Sin embargo, observamos cómo hechos marcados por los abusos se siguen cometiendo, por distintos actores, de diversos organismos, lo que demuestra que los excesos no son autoría de un solo grupo policial. Cuatro años después María Alexandra Sánchez, de 32 años, psicóloga del Intt, perdió la vida en un operativo de la Policía municipal de Caracas. Los funcionarios estaban vestidos de civil y ella hizo caso omiso a la voz de alto. En el 2010, le tocó el turno a Ángel Ojeda, de 67 años, quien fue víctima de dos funcionarios de la Guardia Nacional en un punto de control del 23 de Enero, en el oeste de la ciudad capital. La víctima fue detenida por los efectivos, quienes le pidieron los papeles de un vehículo Corolla, año 2002, propiedad de su hijo. El hombre estaba realizándole reparaciones al automóvil. Ojeda llamó a su hijo para informarle de la situación. Al paso de unos minutos le dijo “tranquilo, ya me estoy yendo”. Al poco rato —aún con su hijo al teléfono— se escucharon dos detonaciones. El hombre recibió un disparo en la cabeza, realizado desde la parte trasera, y en el auto quedó una bala de Fal. Los efectivos persiguieron a Ojeda en una moto y nunca dieron la voz de alto. “Son unas cuerdas de salvaje, no tienen la más mínima preparación, no están entrenados para ese tipo de actuaciones. Ellos interceptaron el auto con el objetivo de acabar, eliminar, le dispararon por la espalda”, indicó un familiar que no quiso ser identificado. Igual ocurrió en el 2012 con el caso de Karen Berendique, quien falleció tras recibir dos disparos en un operativo del Cicpc. La estudiante de Comunicación Social iba en compañía de su hermano a bordo de un vehículo con placa diplomática. En el trayecto a una fiesta se encontraron con un numeroso grupo de funcionarios que los interceptaron. Ante el temor de un secuestro Fernando Berendique intentó escapar. De acuerdo con declaraciones de Berendique, en el automóvil quedaron las huellas de 100 disparos. La víctima mortal en esta ocasión era la hija del cónsul de Chile, destacado en el Zulia. Los casos más recientes que ponen la lupa sobre los cuerpos de seguridad tienen tres escenarios: Falcón, Táchira y Miranda. El seis de julio fueron masacradas Luimener Pacheco, de 40 años, y su hija Graciela Pérez Pacheco, de 15 años, en el sector Las Calderas, de la entidad occidental. Más de 50 disparos fueron realizados en contra de un Chevrolet Corsa, plateado. Dos jóvenes resultaron gravemente heridas. Al parecer, todo se debió a una confusión. Los efectivos buscaban un Chevrolet, Spark, azul, donde supuestamente viajaban unos prófugos. Esa misma semana, el Ministerio Público abrió investigación contra oficiales del Ejército, acusados de obligar a beber gasolina a un joven de 24 años, ocasionándole la muerte a Reny Suárez. En Caracas, efectivos de la GN fueron detenidos, luego de dispararle por la espalda a un motorizado de 24 años con un Fal. La víctima fue abordada en un punto de control, respondía al nombre de Edwin Rivera Calderón. Durante todo este tiempo, las frases de los distintos representantes gubernamentales en relación con el uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial han sido reiterativas. Esta metodología quedó plasmada en la legislación concerniente a la adecuada actuación de los cuerpos de seguridad. En el ínterin de los últimos años la fiscal general Luisa Ortega Díaz, tomó la determinación de crear las unidades criminalísticas contra la vulneración de los derechos fundamentales, con el propósito de blindar las investigaciones donde estuviesen involucrados funcionarios policiales. De acuerdo con cifras del Ministerio Público en el año 2012 la dirección de Derechos Fundamentales registró 41.299 egresos; sin embargo, en el informe de memoria y cuenta no se especificó cuántas imputaciones y actos conclusivos fueron realizados este año en contra de funcionarios policiales, a diferencia de otros años. En el 2011 se realizaron 968 imputaciones y siete mil 269 actos conclusivos, de los cuales solo el 3,11% fueron acusaciones. En total 266. El año anterior las cifras señalaron mil 12 imputaciones y nueve mil 131 actos conclusivos, de ellos 266 acusaciones, equivalentes a 2,91%. Esta relación se mantiene en los años 2009 y 2008. En el primero, la Fiscalía procesó 315 acusaciones y, en el segundo, 298, igual a 3,28% y 6,34% de las actuaciones de los representantes fiscales en materia de derechos fundamentales, respectivamente. Tales hechos le generan gran preocupación a los dirigentes de organizaciones civiles que ven cómo cada año aumentan las cifras de denuncias por excesos policiales. Por ejemplo, esta semana Liliana Ortega, directora de Cofavic, indicó que los hechos mencionados con anterioridad causaron conmoción por las características de las víctimas, eran personas inocentes, pero —acotó— que existen otras personas cuyas muertes no provocan tal expectación y sus casos no llegan a buenos términos. Marino Alvarado, director de Provea, hizo un llamado de atención en relación con las investigaciones sobre secuestros que se están realizando en el país últimamente. “En los últimos casos aparecen rescatadas las víctimas y, generalmente, los secuestradores mueren. Pareciera que se hubiera instaurado una política de Estado: a los secuestradores hay que matarlos”, afirmó. El experto reiteró que es necesaria una revisión constante en la formación del funcionario, ya que los hechos ocurridos durante los últimos meses evidencian que “en Venezuela se necesita reforzar en los funcionarios de las Fuerzas Armadas del Estado la capacitación en el uso diferenciado y progresivo de la fuerza, crearles conciencia, ya que pueden recibir muchos cursos, pero si no los asimilan vamos a ir acumulando experiencias muy lamentables”. En este sentido, señaló que la responsabilidad no es solo del Estado, también de las gobernaciones y alcaldías, cuyos cuerpos de seguridad no están exentos de incurrir en abusos de poder. “Los hechos demuestran que hay una gran deficiencia”, dijo enfáticamente. En el informe anual de este año de Provea se deja constancia que por primera vez en 24 años que tiene esta institución, la Guardia Nacional ocupa el primer lugar como cuerpo más señalado de cometer torturas, desplazando al Cicpc, que siempre ha sido el organismo más cuestionado. En 14 años, la GN fue responsable de 301 violaciones al derecho a la vida. Por tal motivo, exigió al Ejecutivo que revise los planes de seguridad donde participan funcionarios de la Fuerza Armada Nacional, ya que —al parecer del especialista—, estos efectivos no están en capacidad de atender asuntos pertinentes al orden interno, solo en casos de excepción como Estados de Sitio, tal cual establece la Constitución nacional. “En el caso de sacar la Fuerza Armada a hacer labores de seguridad, los hechos están confirmando las advertencias que se habían realizado. Existe un potencial de riesgo con respecto a las violaciones, con esto no se quiere decir que van a ocurrir, pero al sacar a la Fuerza Armada le agregamos un elemento más. Hemos tenido un julio sangriento con la presencia de forma arbitraria de la Fuerza Armada en las calles”. Sin embargo, los voceros del Ministerio de Interior, Justicia y Paz defienden el vigésimo plan de seguridad del Estado. Afirman que en menos de tres meses ha bajado los índices delictivos en 30%. Lamentan los hechos “aislados” cometidos en este tiempo y arguyen que lo fundamental es que las instituciones actúan. En cada uno de estos casos la Fiscalía y los tribunales han dado respuestas en contra de la impunidad. No obstante, estos hechos de pocos responsables no dejan de enlutar a familias venezolanas.,,,
Posted on: Fri, 19 Jul 2013 22:34:55 +0000