Silencio, impunidad o reparación; batalla por la memoria. “…no nos dejes caer en la tentación de olvidar o vender este pasado o arrendar una sola hectárea de su olvido ahora que es la hora de saber quiénes somos…” Mario Benedetti Padrenuestro Latinoamericano Después de diez años del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, sigue pendiente el debate sobre qué hacer con los responsables de las violaciones de derechos humanos, cómo reconstruir una sociedad fracturada y sobre todo qué hacer desde el plano político por lograr la reconciliación nacional. Las posibles respuestas a estas interrogantes, metaforizan las posturas diversas que -para encarar la verdad- encontramos en la sociedad peruana. Por un lado están aquellos que postulan y procuran el olvido colectivo y, por lo tanto, intentan impedir la memoria bajo la estrategia de la negación del contenido del Informe o el descrédito de sus autores. Del otro lado, están también quienes proponen la necesidad de la verdad pero sin justicia, es decir la verdad como constatación cuantitativa e historiográfica de la realidad peruana, pero sin contenido que vincule el quehacer político. Y finalmente, están quienes procuran el establecimiento de la verdad, como base para el ejercicio de la justicia y la reparación. Así, estas tres posturas sobre la verdad, se reducirán a prácticas con pretensión de validar políticamente el silencio, la impunidad o la reparación. Para quienes nos situamos en la última postura, conviene –en este contexto caracterizado por los crecientes detractores del Informe - aclarar que la CVR no tuvo la pretensión de decir hasta el último detalle de lo que había ocurrido en veinte años de terror. Como tampoco documentar lo ocurrido de modo tan exhaustivo que no hubieren luego otras declaraciones, otros elementos que completaran lo dicho o que lo perfeccionaran, y en algunos casos –incluso- que lo cuestionaran. Creemos en el Informe, en el sentido que marca un hito, un punto de partida ineludible; la primera batalla desde la cual y sin la cual, no podrían librarse el resto de batallas por la memoria que -diez años después- aún están pendientes. Lo imprescindible del Informe, es tal vez el haber puesto de manifiesto aquellas precariedades que como Estado y como Nación, desembocaron no sólo en el divorcio entre las clases políticas y la ciudadanía; sino en esas fracturas que se expresaron en un conflicto de dimensiones desbordadas. Donde lo medular del problema fue la incapacidad de un Estado para responder al pacto fundamental de defenderte la vida, los bienes y la honra de sus representados. Y aún hoy, su insuficiencia para responder al requerimiento de las víctimas de una batalla estratégica, donde “unos”, se jugaron la existencia de “otros” para obtener dividendos en una balanza de poder en la cual la vida humana, no contaba como tal. El informe ha rescatado para nuestra memoria colectiva, los rostros de las víctimas. El grito ensordecido de los desaparecidos, de los desplazados, de los que no volvieron, de los que fueron reclutados, torturados, asesinados, violados, y secuestrados. Ha recobrado la palabra, el llanto y el nombre ignorado de sus madres, padres, viudas, viudos, huérfanos, huérfanas; y de sus sobrevivientes. Abdicar de esta victoria, bajo el expediente barato de la “inconsistencia estadística” o su carencia de pragmatismo inmediatista, equivale a traicionar la memoria de los ausentes y de las víctimas, las que ya fueron, por el Estado –en más de una ocasión - desconocidas, ignoradas, silenciadas, invisibilizadas y en muchos casos olvidadas. Peor aún, desconocer el estatus mismo de las víctimas, bajo la perversa taxonomía de víctimas buenas o malas, víctimas pobres o ricas, víctimas para legitimar o para ocultar, víctimas para reparar o para olvidar; implica validar aquellas fracturas sociales económicas, culturales y políticas que dieron lugar a la espiral de violencia. En términos programáticos, el Informe impone - por su contundencia cualitativa- la necesidad de un nuevo acuerdo social y político entre los peruanos y sus instituciones. De manera que a través de una primera batalla, se garantice el derecho (individual y/o colectivo) a la verdad como derecho a saber, a conocer lo que realmente pasó y la razón por la cual ocurrió. Exigiendo del Estado el “deber de la memoria” que ayude a transformar el dolor de las víctimas. En segundo orden, está pendiente la batalla por el derecho a la justicia, que impone lograr que el ofensor sea juzgado, el hecho no quede impune y el daño sea reparado. En tercer orden – y también pendiente de librar- está la batalla por el derecho a la Reparación, que implica medidas individuales y/o colectivas como compensación económica o simbólica por los perjuicios psíquicos, morales o daños materiales causados a las víctimas y a la sociedad en su conjunto. Únicamente así, podrá plantearse -con solvencia- la última y crucial batalla, por el derecho a que lo sucedido, no se repita. María Soledad Bellido Angulo
Posted on: Tue, 03 Sep 2013 05:20:09 +0000
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