Soy colombiano residente en Argentina, hice parte del grupo de personas que se congregó voluntariamente frente al Alvear Art, a propósito del repudio que generó la invitación al ex-presidente de nuestro país a hablar sobre “cómo gobernar en tiempos de crisis”. Más allá de mi parecer sobre el evidente juicio de valor que el autor hace sobre la reciente vida política del expresidente, quiero solicitar se hagan algunas aclaraciones a este reportaje para que no se dé lugar a peligrosas confusiones. Reconociendo de antemano la manera sagaz en que se redactó, me parece que el encabezado da a entender que los únicos que se manifestaron esa tarde de 17 a 20 hrs. fueron “los activistas de Quebracho”, lo cual es falso, pues esta agrupación no llegó a conformar la mayoría de los indignados reunidos, de hecho no fueron siquiera los responsables de la convocatoria, la cual se llevó a cabo a través de las redes sociales y por medio de diversos grupos virtuales que se han venido configurando a causa de la solidaridad que expresan los colombianos en exilio con los campesinos de nuestra tierra, quienes a parte de estar siendo acabados económicamente por la prohibición de los T.L.C. de sembrar sus semillas tradicionales y con la consecuente obligación de cultivar transgénicos, también están siendo objeto de la fuerza represiva del Estado que -no en pocos casos- viene rayando en el autoritarismo y propiamente en actos delictivos perpetrados por agentes del escuadrón antimotines (E.S.M.A.D.) de la Policía Nacional. Por lo tanto, lo que sería lícito afirmar es que un grupo de miembros de Quebracho se sumaron a la expresión de rechazo que la comunidad colombiana estaba realizando por tan vergonzosa visita. A nuestro comprender, basado en el haber experimentado en carne propia sus gobiernos, resulta provocador que partidos políticos y grupos económicos argentinos que se dicen democráticos vean y difundan en este personaje la imagen de un experto en el arte de gobernar en tiempos de crisis. Precisamente, la quiebra del sector agropecuario que le ha venido explotando en las manos a Santos es producto de las políticas económicas ejecutadas entre 2002 y 2010, que dieron paso y realizaron en gran parte las negociaciones del T.L.C. con U.S.A. Las cuales poco a poco fueron evolucionando hacia la implantación de un modelo industrial minero-energético, que no ve ningún inconveniente en poner nuestra soberanía alimentaria en manos de los emporios trasnacionales, a través de la importación de alimentos que natural y culturalmente siempre se han cosechado en nuestras fértiles tierras. Por eso lo que creemos, los que nos encontramos la tarde del miércoles, es que ese individuo es un excelente administrador … ¡pero de la miseria del pueblo!. Los invito a que busquen por internet la participación de este personaje en el diseño y aprobación de la ley 100, que rige nuestro desastroso sistema de salud privado, que ni pagándolo particularmente cubre a cabalidad las necesidades del empleado colombiano. Ni qué decir sobre los desastres que hizo en materia de garantías laborales, como el aumento de las horas de trabajo, la eliminación del pago por horas extras y festivos, la reducción del tiempo y cobertura económica de las vacaciones y la implementación de una modalidad de sub-empleo llamada “contrato por prestación de servicios”, en el cual el asalariado -si acepta trabajar- debe renunciar a la cobertura por parte de su empleador a una serie de garantías laborales y de servicios sociales. Medida que sirvió para manejar estratégicamente los indicadores de desempleo durante sus gobiernos, a costa de la informalización del trabajo. Sin embargo, lo que genera la presente solicitud de aclaración de la información suministrada por la agencia de noticias Urgente24 es la frase: “que llegaron (quizá en reivindicación de las FARC o algo así)” puesto que es una afirmación temeraria, carente de realidad, que cuestiona la legitimidad de la expresión social de nuestras colectividades cívico-pacifistas y que pone en riesgo la integridad física de cada una de las personas que de manera espontánea nos vimos moralmente convocadas a repudiar lo que consideramos es un irrespeto a los más de 5 millones de desplazados y a los aproximadamente 32 mil desparecidos que se mal-contaron durante el régimen de la “seguridad democrática”, la cual garantizó militarmente la tan anhelada (por el gobierno y el sector privado) “inversión extranjera”. En consecuencia, sentimos doloroso que un político que viene siendo reconocido por los comandantes paramilitares como su líder ideológico, que varios de sus ministros han sido investigados penal y/o disciplinariamente por corrupción, que 54 congresistas y/o senadores de su bancada política están en prisión por sus alianzas con paramilitares que les permitió ganar las elecciones, que su jefe de seguridad personal -ascendido por él mismo a general de la república- esté hoy extraditado en U.S.A. por narcotraficante, que comandantes de las fuerzas armadas y el director de la agencia de seguridad nacional (D.A.S.) -subordinada directa de la presidencia- estén en la cárcel por proporcionar ayuda logística e impunidad a los comandos de mercenarios paramilitares; en fin, por estos motivos y otros menos conocidos internacionalmente, sentimos humillante que a este tipo de dudosa reputación se le reciba con honores en Argentina, desestimando con ello sus anfitriones y la audiencia local que él viene siendo investigado por el Tribunal Superior de Medellín, dentro del proceso de Justicia y Paz que permitió el perdón sin condena de miles de combatientes paramilitares a cambio de su desmovilización (desmovilización que fue cuestionada esta semana por la organización Human Rich Watch, al denunciar que los comandantes y miembros de las llamadas bandas criminales actuales son los mismos paramilitares y que, lejos de haber disminuido, estos grupos armados se han duplicado en su cantidad). Lo que muestra que, realmente, más allá de la imagen y la retórica, Uribe y Santos no son muy distintos, pues lo que los confronta es su indeclinable ambición de poder. En este orden de ideas, sugiero al autor de este escrito de urgencia que aclare: 1) que los congregados la tarde del 18 de septiembre en las inmediaciones del Alvear Art no sólo fueron los activistas de Quebracho, 2) que tal expresión de repudio fue convocada por la misma comunidad colombiana residente en argentina, 3) que los que asistieron a dicha manifestación no sólo fueron los que quedaron tras la rejas impuestas injustificadamente por la Policía Federal a partir de las 17 hrs. en las esquinas de Suipacha con Marcelo T. y con Sta. Fe sino, también, la comunidad de colombianos que estábamos dentro (frente al Hotel) y que fuimos reducidos en nuestra movilidad y en contra de nuestra voluntad por el hostil cerco policial, el cual en reiteradas ocasiones nos exigió -sin argumentos legales pero con presión de fuerza- desistir de nuestro acto público y abandonar la calle. Situación que, tal vez, no vio toda su dimensión el autor cuando hizo el trabajo de campo. Finalmente, exijo al autor o en su defecto a la agencia de noticias que se retracten de afirmar que los gritones y bulliciosos que nos reunimos estábamos reivindicando a las F.A.R.C.-E.P. puesto que con todo el historial de violaciones a los derechos humanos que han ocurrido durante esta década y media en Colombia, esas palabras nos pone en la frente la diana de objetivo militar por parte de la ultra-derecha. Por el contrario, que sea esta una ocasión para confirmar, una vez más, el espíritu de resistencia pacífica que reinó durante la expresión de condena moral a la ignominia que se llevaba puertas adentro del Alvear, aún incluso cuando fuimos hostigados y provocados por el cerco policial; rechazo ético que es extensivo a cualquier otro grupo ilegal que pretenda justificar políticamente la lucha armada, en nuestro país o en cualquier parte del mundo.
Posted on: Sun, 22 Sep 2013 22:39:54 +0000
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