Un reclamo carcelario de un puñado de procesados mutó en dilema institucional. Media docena de policías detenidos por la desaparición de Daniel Solano resisten su traslado. Esa negativa oculta un problema mayor: la posterior ambigüedad y desobediencia policial, que explora la fortaleza de la autoridad civil y, consecuentemente, el futuro de los pretendidos cambios en esa fuerza. Muchas dudas todavía evidencia la causa Solano, entrelazada con componentes de abusos laborales, trata de personas y complicidad policial. Aun así, cuatro jueces –el instructor Víctor Soto y la Cámara Penal de Roca– juzgaron que hay elementos suficientes para procesar y detener a siete uniformados. El Estado, por ahora, tiene esa única valoración. Vale un poco de historia. En julio pasado la Justicia dispuso esas detenciones, estrujando al oficialismo ante una fatigosa complejidad interna. Justo cuando el gobernador Weretilneck lanzaba una transformación policial, partiendo con la inclusión de un civil –Ariel Gallinger– en su conducción. Desde un principio, la superioridad uniformada insinuó actitudes refractarias al proceso judicial. Existió un correctivo: el pase a disponibilidad del director de la Escuela de Suboficiales, el comisario Luis Jara, que exageró en su lealtad pública con los procesados. La inquietud de los vigilantes continuó y su poder ahora asomó, enlazado en las quejas de sus procesados. Hace algunos días esos detenidos iniciaron una huelga de hambre en la unidad de Viedma, que derivó en amotinamiento con mujeres e hijos. ¿Cómo ocurrió? La servicial actitud del jefe de la unidad, Horacio Vecchio, posibilitó el masivo ingreso de esos visitantes al improvisado "pabellón policial", ubicado en el hospital carcelario. Alzadas, una veintena de personas –mujeres, niños y procesados– exigieron su relocalización en el Valle Medio y cambios procesales. Seguridad, a cargo de Martha Arriola, se instaló en el Penal y la Justicia actúo frente al evidente peligro. No bastó con el juez Guillermo Bustamante y viajó, al otro día, la titular de la causa, Natalia Costanzo. Ella aceptó aquel pedido de regreso y los asignó a un edificio policial de Lamarque, según lo previamente convenido con el gobierno. Asintió otra pretensión: no más traslados. La jueza agregó al acta que permanecerán en el nuevo lugar "hasta la elevación a juicio". Más permisos llegaban de los penitenciarios. Curiosamente, miembros de la Mutual Policial incursionaban en la medianoche para asistir a los amotinados. Ya a las pocas horas, la Justicia y el Ejecutivo descubrían sus tremendos equívocos. El festivo arribo a Lamarque de los procesados y el cómodo encierro policial expuesto en la flamante morada fueron muestras suficientes. La secretaría de Arriola buscó su corrección, proponiendo otra localización. "No cumple con los requisitos mínimos de seguridad", según notificó a Soto, a cargo de la causa por ausencia de Costanzo. Seguridad propuso separarlos en los penales de Cipolletti, Roca y Pomona. El juez resolvió una inicial mediación y estableció que, si persistía "la negativa de los detenidos", la transferencia se cumpliera con "uso de la fuerza pública, en horario solar". El magistrado lo firmó el lunes y el miércoles negó ese aval al desalojo. ¿Habrá detectado impotencia oficial? Tampoco encontró apoyo en la cabeza de su Poder, totalmente ausente. Existen otras sobradas contrariedades. Soto habló de una reunión con el titular de Gobierno, Luis Di Giacomo, que él niega. Arriola valoró la orden judicial, desconocida para sus subordinados. El subjefe policial, Eladio Infante, ignoró aquel mandato frente a un desdibujado conductor civil, Fabián Gatti. Ocurre que nada vago había sido Infante. La fuerza no actuaría en contra de la voluntad de los policías procesados, fue el mensaje. Esa velada insubordinación quedó certificada cuando se sondeó a la Nación para el envío de tropas federales. Di Giacomo persiste en su estrategia pacificadora. La aplica en el conflicto con los procesados, con quienes ya negocia un grupo de conciliadores. Sostiene igual práctica ante las reticencias de los jefes policiales. Los comandos uniformados no entienden de diplomacia y, en cambio, reducen cualquier valiosa apertura a testimonios de fragilidad y carencia de mando. Ese desafío alertó a parte del oficialismo, que descubre como Weretilneck pierde y se diluye el plan reformista en la policía, plagada de viejas mañas y de focos delictivos. Esa preocupación quedó expuesta en el comunicado del bloque del FpV. Realzó esa impotencia cuando vociferó que "la única autoridad sobre las fuerzas de seguridad es la que ejerce el poder político". Es obvio, según esa proclama, que hay quienes no creen en eso. La bancada respalda al gobernador y solamente alienta las posiciones de los equipos "de Seguridad y de Derechos Humanos". No incluye a Gobierno. ¿Qué cree el ministro? "Puede parecer debilidad, pero se prioriza el consenso y se evita el uso de la fuerza", declama Di Giacomo. Niega falta de conducción y desobediencia policial. Monitorea la presente negociación con los amotinados y evalúa su transferencia masiva a Pomona. ¿Qué piensan Seguridad y Derechos Humanos? Reclaman acciones y sanciones para restablecer el dominio político. Arriola no avala ubicar a todos en Pomona, como pretenden los procesados. "Sólo dos. Es la mejor cárcel que tenemos", bramó. Se iría si existiera aquel arribo masivo. Ese aviso, tal vez, explica que el ministro explore una segunda opción de ubicación de esos presos. En línea con Arriola, el secretario Néstor Busso llegó a Gobierno con su visión, que se está perdiendo en la contienda ideológica con la fuerza de seguridad. "Crecen, además, las denuncias contra la policía", transmitió. ¿Y el gobernador? Weretilneck siempre se ocupó del caso, inicialmente cercano a los familiares de Solano pero, luego, se posicionó con una perspectiva más proporcionada. El reciente despliegue lo sorprendió en una semana de descanso familiar. Siguió lo ocurrido, pero no apareció todavía una clara determinación institucional. Sí aprobó el traspaso al Valle Medio y, según cuentan, el jueves transmitió a Di Giacomo y Busso que hay que sacarlos de Lamarque. Más allá de las especulaciones, el mandatario regresa hoy y lo espera ese cuadro enrarecido. Ordenó elaborar respuestas al petitorio de los familiares de Solano. Deberá unificar esa contestación frente a las visiones dispares de las áreas. En realidad, el núcleo del asunto está en el reparo de los jefes policiales, cuya resolución se impone. Ese brete se mezclará con otro plano institucional: la elección de tres vocales del STJ, prevista para la reunión del Consejo de la Magistratura del próximo lunes. Antes, Weretilneck deberá reafirmar acuerdos. El esfuerzo recaerá en la cosecha de los votos en favor de su candidata, Liliana Piccinini. No afloran mayores trabas para la consagración de Ricardo Apcarian y Adriana Zaratiegui. Apoyados por los Colegios de Abogados, ambas postulaciones se consolidan con el respaldo oficialista. Este vínculo no se repite en Piccinini. Así, el gobernador saldrá a remendar y refrescar compromisos. En principio, se ocupará de aglutinar lealtades propias. El presidente de su bloque, Pedro Pesatti, sabe de las reservas expresadas por dos –Susana Dieguez y César Miguel– de los ocho miembros del FpV en el Consejo. Censuran el ascenso de la procuradora pero, esencialmente, están contrariados con el desarrollo de la trama policíaca. Ellos, como otros legisladores (por caso, el mismo Pesatti y Silvia Horne), divisan que esa disputa esconde mutaciones. Creen, con razón, que la gestión de Weretilneck está en un punto de inflexión entre la imposición o el abandono de algunos preceptos ideológicos.rionegro.ar/diario/inflexion-ideologica-1207306-9541-nota.aspx
Posted on: Sun, 14 Jul 2013 20:26:09 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015