¿Y DE LOS GRAFITEROS QUIÉN NOS SALVA? 16 ago Y DE LOS GRAFITEROS QUIÉN NOS SALVACon el sofisma de “cultura urbana” se ha impuesto como tesis para elevar lo vulgar, lo ordinario y ramplón a nivel de “arte callejero” la expresión de pandillas o grupos de vándalos, resentidos sociales y delincuentes de toda laya. En la época de los valores y la cultura sana se acuñó una sentencia que ha sido desechada para justificar tal absurdo; la pared y la muralla son el papel del canalla definía el talante de los vándalos que aprovechando la oscuridad de la noche se deleitaban pintando paredes y murallas con frases de mal gusto, cuando no de amenazas o marcando territorios para sus actividades facinerosas. Lo más triste es que entidades oficiales que se dice están instituidas para preservar la cultura y la memoria cultural del pueblo colombiano, celebran esas manifestaciones grotescas tomadas de otras partes para hablar de una cultura joven y urbana, el arte callejero lo definen como una manifestación propia de la sociedad para colectivizar la vulgaridad como forma de expresión. Y es que el término original grafiti ni siquiera es propio de lo latino, sino que es asumido de la subcultura de los suburbios de Nueva York asociada al llamado hip-hop. No tiene pues nada de autóctono, original o de expresión de la cultura de nuestros pueblos y ciudades. Qué de arte puede tener destruir monumentos, espacios públicos, fachadas de edificios particulares o públicos con marañacos ininteligibles, dibujos absurdos y patéticos, consignas o insignias de pandillas delincuenciales, barras bravas, sindicatos, movimientos políticos o de cualquier organización lícita o ilegal; considerar esto como “arte callejero” no es otra cosa que manifestar la absoluta descomposición de una sociedad que renuncia a los valores morales que la constituyeron. Y es que esta manifestación de la anticultura no es sólo inmoral, también es ilegal, es contraria al derecho de los ciudadanos a contar con un ambiente sano porque implica polución visual que afecta la tranquilidad psicológica de quienes habitan o transitan por esos espacios urbanos; es ilegal porque viola claros principios constitucionales establecidos en los artículos 2, 8, 79, 82 y 95 de la Constitución Política de Colombia, amén de lo dispuesto, para el caso de Bogotá, en el Acuerdo 79 de 2003 que establece el Código Distrital de Policía. De tal manera que las autoridades distritales que favorezcan, patrocinen o estimulen de cualquier manera este falso “arte callejero” están prevaricando, están incurriendo en faltas disciplinarias y legales que deben ser investigadas y sancionadas por los organismos de control en tanto su acción implica una transgresión manifiesta a los derechos de los habitantes de la ciudad, de la mayoría de los miembros de la sociedad a quienes deben proteger de los excesos de las minorías vandálicas. Taxativamente el art. 82 de la Carta les impone como fundamento de su función el deber del Estado de velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Y no sólo es el daño ambiental, también es daño en cosa ajena cuando una de estas pintas, grafitis o expresión ‘artística’ destruye la fachada de un inmueble. El costo para el propietario es alto y se ha vuelto sistemático y repetitivo porque los vándalos están al acecho para volver a dañar paredes y estructuras. El costo de limpiar paredes, murallas y monumentos afectados por estas expresiones vulgares asciende fácilmente a dos millones de euros en ciudades de España, en Bogotá cuesta alrededor de 1.500 millones de pesos al año. Las tintas y pinturas que usan estos gamberros son fabricadas a base de ácido. Para que éste pueda ser removido, tiene que ser tratado con ácidos, igualmente fuertes, que deterioran la piedra o el ladrillo dejando daños irreparables. Los tatuajes indelebles no construye mensajes –pues nadie los entiende–, sino que destruyen paredes recuperadas con la plata de los bolsillos de los ciudadanos o de los sufridos propietarios de las viviendas afectadas. La actividad marginal e ilícita de estos vándalos da incluso para que elementos políticos la manipulen y obtengan réditos electorales como se aprecia en el caso del representante comunista Camilo Romero del Polo Democrático empeñado en destruir la vida profesional, social y familiar de un Oficial de la Policía Nacional por un desafortunado incidente, como ya lo ha hecho de manera mediática y demagógica la Fiscalía General con otros Oficiales y servidores públicos. La historia ahora se repite en el caso de Miami donde un grafitero murió durante un operativo policial Elevar a la calidad de mártires y protohéroes de la sociedad a individuos que destruyen el mobiliario urbano con sus absurdas pintas es un muy mal mensaje social, violar la ley de cualquier manera no tiene consecuencias y quien se oponga a ello será sancionado. Mientras esto sucede en los estrados judiciales, en las calles los ciudadanos del común, especialmente de los estratos menos pudientes económica o políticamente, deberán resignarse a seguir aguantando y pagando los excesos de estos mal llamados artistas callejeros, mientras ellos son elevados a la condición de ejemplo de superación social y de la libre expresión, so pena de ser calificados como intolerantes si defienden su derecho a la propiedad y a un ambiente sano.
Posted on: Fri, 16 Aug 2013 18:56:55 +0000
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