abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1485817 El Estado de Perú - TopicsExpress

abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1485817 El Estado de Perú fue llevado hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por una familia que pide su condena por la "desaparición forzada" de Jeremías Osorio, un joven agricultor detenido en 1991 por militares, y la insuficiente investigación del caso. La abogada Gloria Cano, representante de los reclamantes, declaró a Efe que en la audiencia que celebra este jueves la CorteIDH "la principal exigencia es que se señale la responsabilidad del Estado por este caso que reúne todas las características de una desaparición forzada". Cano criticó además al Estado por "asumir la defensa de la persona encausada por la desaparición" en contradicción con "su deber de proteger a los ciudadanos y garantizarles un proceso de investigación imparcial y justo". La abogada explicó que la única persona que ha sido encausada en Perú por este caso es un teniente del Ejército que detuvo a Osorio, Juan Tello Delgado, quien fue absuelto en dos ocasiones. Según la acusación, Jeremías Osorio fue detenido por una patrulla del Ejército el 28 de abril de 1991, a la edad de 27 años, en la comunidad de Cajatombo, departamento de Lima, y desde entonces, desapareció. Jeremías era agricultor y hoy se dijo en la audiencia que en su día participó en actividades comunales para rechazar los actos terroristas de la banda Sendero Luminoso, pero no tuvo ningún protagonismo social, era sencillamente un ciudadano particular. La acusación indica que las denuncias presentadas por los familiares de Osorio han resultado infructuosas y que el caso se archivó en el fuero militar en 1996, aunque en 2004 se reabrieron las investigaciones, sin que diera resultado. Porfirio Osorio, hermano de Jeremías, aseguró hoy ante los jueces de la CorteIDH que la desaparición "forzada" de su hermano ha traído consecuencias psicológicas, de salud y económicas para su esposa, sus cuatro hijos y su madre. Relató que la última vez que vio a su hermano fue el 1 de mayo de 1991 cuando era trasladado a caballo hacia una base militar, con las manos atadas a la espalda y cubierto con un pasamontañas. Agregó que cuando pidió su liberación al día siguiente, los militares le dijeron que ya había sido puesto en libertad, sin que nadie lo haya visto desde entonces. Profirio Osorio afirmó que interpuso una denuncia y que el caso se tramitó en el fuero militar, donde fue archivado en 1996. En 2004 fue reabierto tras nueva denuncia, después de que rindiera testimonio ante la Comisión de la Verdad que investigó violaciones a los derechos humanos en Perú. El testigo propuesto por el Estado, Simeón Retuerto, quien cuando sucedieron los hechos era alcalde provincial de Cajatombo, también declaró hoy y dijo ante los jueces que conocía a Jeremías y su familia, aunque no tenían amistad íntima, y que vio al joven en libertad al día siguiente de su detención. A su vez, Rodrigo Escobar Gil, representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano que eleva los casos a la CorteIDH, afirmó que el Estado es responsable de que "tras 22 años se desconoce el paradero" de Jeremías. Agregó se trata de una "desaparición forzada" y que el Estado ha incurrido en una "violación continuada" de los derechos humanos de Osorio y sus familiares, ya que las investigaciones internas no muestran avance sobre el paradero de Jeremías. Las autoridades peruanas no han esclarecido los hechos, determinado el paradero de Osorio, sancionado a quienes pudieran ser responsables ni proveído medidas de reparación a favor de sus familiares, según alega la CIDH. La acusación indica que este hecho ocurrió en un contexto en el cual la desaparición forzada habría sido utilizada de forma sistemática por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, y que Osorio fue torturado.