-La protección de los derechos de las provincias como accionistas de YPF S. A. Por Ernesto Sanz Para que sepas de qué trata el oscuro acuerdo con Chevrón !!! notiar.ar El pasado 16 de julio la compañía con participación estatal mayoritaria YPF firmó un acuerdo con la compañía Chevron por u$s 1240 millones. Según informó YPF, el acuerdo permitirá el desarrollo inicial de una zona de 20 km2 de un área ubicada en Loma La Lata Norte y Loma Campana en la provincia de Neuquén, con un primer piloto que incluye la perforación de más de cien pozos, con un desembolso inicial de Chevron de u$s 300 millones una vez conseguida la aprobación por parte de la provincia de Neuquén. Más allá de ello, no existen mayores precisiones sobre el contrato. Aún a la fecha, estando en tratamiento en la provincia de Neuquén la aceptación o no del acuerdo, los términos de aquel permanecen como el más misterioso de los secretos. Los argumentos de la conducción de la empresa y sus abogados, que hablan de proteger aspectos privados del convenio comercial o de evitar la divulgación de información sensible aún bajo el requerimiento judicial de los tribunales locales, parecen olvidar que no solo las acciones de YPF corresponden a accionistas minoritarios de Repsol sino fundamentalmente son parte del patrimonio del Estado Nacional y de las provincias, los cuales deben conocer dicha información para velar por el cuidado del erario público. En ese sentido, los días previos a la firma del acuerdo, junto con el diputado nacional Lic. Enrique Vaquié, enviamos una misiva pidiéndole al gobernador de Mendoza que reclame al Directorio de YPF S.A. que se hagan públicos los términos del acuerdo, para que las provincias -en tanto accionistas por imperio del artículo 8º de la Ley 26.741- cuenten con cabal conocimiento de los mismos. Entendemos que la propiedad de 20,6% de las acciones sujetas a expropiación correspondientes a las provincias otorga a Mendoza entidad suficiente para no verse obligada a acompañar la firma a libro cerrado de un acuerdo, que entre otros implica extensiones de concesiones, que debería ser público y transparente. La falta de esos requisitos ineludibles en la administración del patrimonio público conduce a la arbitrariedad en la toma de decisiones y estaría condicionando el libre ejercicio del dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias (art. 124 CN). Por otra parte, así como en su oportunidad acompañamos las razones que fundamentaron la necesidad de la expropiación de YPF S.A., no escapa a nuestro conocimiento que existen versiones indicando que los términos del acuerdo son desfavorables para la empresa nacional, motivo principal de la renuncia de uno de los miembros del Directorio. El secretismo instaurado sobre el acuerdo, resulta cuestionable por otra paradójica razón. La importancia de ese argumento adicional ha sido subrayada por el propio gobierno en ocasión de la reforma a la ley 26.831 de mercado de capitales y nuevamente hace pocos días atrás con objeto de su reglamentación: el fortalecimiento de los mecanismos de protección y prevención de abusos contra los pequeños inversores (art. 1º, inc. b). Lo paradójico es que YPF estaría abusando de los derechos de las provincias argentinas como accionistas minoritarias de esta sociedad anónima con mayoría estatal. En particular, el artículo 99 de la ley 26.831 establece respecto del régimen informativo (Cap. V Régimen de Transparencia) que los administradores, directores, síndicos y gerentes de entidades que realizan oferta pública, entre otros, deberán informar a la Comisión Nacional de Valores (CNV) en forma “directa, veraz, suficiente y oportuna” sobre “todo hecho o situación que por su importancia sea apto para afectar en forma sustancial la colocación de valores negociables o el curso de su negociación”. Posteriormente, el artículo 101 de la misma norma establece las excepciones al régimen de transparencia diciendo que se podrá suspender la obligación de informar al público sobre ciertos hechos y antecedentes si su divulgación pudiera afectar el interés social. Sería saludable que los representantes del gobierno nacional y los representantes de las provincias en el Directorio de YPF S.A. informen a la CNV o al menos expliquen públicamente cual sería la afectación del interés social que podría verse dañado con la divulgación completa del acuerdo con Chevron. Estoy convencido de que la mayor información que se solicita ayudará a despejar las dudas, redundando tanto en un beneficio para YPF como para el patrimonio público de las provincias y de la Nación. Ernesto Sanz Senador Nacional UCR Mendoza Fuente: Cronista (Buenos Aires)
Posted on: Fri, 30 Aug 2013 06:16:33 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015