6 MESES DE LA MUERTE DE LOS ANCIANOS WAORANI: PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS AISLADOS EL TIEMPO AVANZA MIENTRAS SUS DERECHOS RETROCEDEN Consternación y reacciones en cadena ante la muerte de 2 ancianos waorani lanceados en Orellana, hecho que provocó la “supuesta” –adjetivo que le duele a la realidad que pasa más veloz que la intención de solucionar algo- matanza de 30 Indígenas Aislados. De eso hace justo medio año. Dicho impacto movió sobre el tablero muchas fichas, parecía que algo iba a evolucionar en esta historia de olvido, negligencia estatal y muertes. Nada más lejos de la realidad –y de las declaraciones gubernamentales-, el tiempo se ha estancado para el cumplimiento de los Derechos de los Aislados y, por el contrario, una serie de pronunciamientos oficiales, acciones e inacciones, han torcido la balanza de los Derechos. ¿Será que tratan de tumbarla para tener el camino libre hacia la ampliación de la frontera extractiva? Del lado de los Derechos tenemos algo muy importante que jamás antes había sucedido. En las calles del país, en manifiesta protesta por la decisión del ejecutivo de explotar el crudo bajo el ITT, se vislumbra consciencia de que la vida de estos pueblos SÍ es afectada por la extracción petrolera en Yasuní –como el propio gobierno viene explicando y defendiendo internacionalmente desde hace más de 6 años, aunque ahora lo niegue- . “No soy Tagaeri ni Taromenani, pero su vida me importa”. Carteles como estos dan fe de que algo ha cambiado, algo pequeño –aunque imprescindible para comenzar a revertir la tendencia histórica para con estos Seres Humanos- en comparación a unos intereses económicos que son capaces de cambiar mapas de la presencia de los Pueblos Aislados, de afirmar que no existen a conveniencia de los planes de explotación, e incluso de lanzar mensajes a la ciudadanía de que, en caso de que aparecieran, se pararían las operaciones… algo que nunca se ha cumplido, ni al afirmar ahora que hay indicios de ellos en el Bloque 31 –y ver cómo un periodista pregunta por qué no se para la explotación ante un “no voy a responder” por parte del funcionario público-, o incluso recopilando un poco de historia reciente, cuando la por entonces Ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, hizo pedido de frenar la explotación del Bloque 17 tras la muerte de 3 personas lanceadas junto a una plataforma petrolera de PetroOriental, pedido que jamás tuvo respuesta. Más confuso y contradictorio aún es encontrarse, días después, con afirmaciones que en sí mismas están diciendo claramente que sí podrían aparecer aislados pero omiten, como si tuvieran una barita mágica para el olvido, que se pare la extracción: el Ministerio de Justicia –cartera encargada de proteger los Derechos de los Pueblos Aislados- da luz verde a la explotación del ITT y afirma que en caso de haber avistamientos de aislados, se generarían “códigos” para evitar problemas. Pero de lo que no se dan –o no quieren darse- cuenta es de que el problema es precisamente su incapacidad de aplicar el Principio de Precaución, que afirma que si, efectivamente se puede dar esa situación de afectar a los aislados, no pueden explotar ese territorio tal y como dice el artículo 57 de la Constitución. Como organización de Derechos Humanos, no podemos comprender que hasta el propio Defensor del Pueblo, titular de un órgano independiente, caiga en el mismo posicionamiento de promover protocolos en caso de encontrar aislados durante la actividad petrolera en lugar de estar precautelando por su Derecho al Territorio y a la Autodeterminación, o simplemente apelando a la Constitución. ¿Se está tal vez aceptando en medio de la confusión la idea de que, si se da el apuro, siempre nos quedará el contacto forzado? Está claro: se suman 6 meses al calendario, pero se restan los Derechos en la balanza. Tiempo en el que la Fiscalía que investiga en Orellana la “supuesta” –dolor- matanza de un grupo de aproximadamente 30 Indígenas Aislados a manos de las armas de fuego de los waorani que vengaron a Ompore y su esposa, tiene grandes dificultades para terminar la investigación sin haber llegado a conclusiones finales. Mientras, se ejerce más violencia sobre los Aislados recortando sus Territorios con la pretendida explotación del ITT. También tenemos una Comisión de investigación creada por Decreto Presidencial, que aún no se ha pronunciado en torno a la situación conflictiva que envuelve a los Indígenas Aislados y sus vecinos. ¿Pasaría lo mismo si la matanza se hubiera dado en un centro comercial de las principales ciudades del país? ¿Habría tan poca información estatal y tan poca indignación por parte de la sociedad al respeto? ¿Es que está aceptado por gran parte de la sociedad que hay personas que valen más y personas que valen menos? ¿Dónde está la consternación que hace meses asolaba los medios y las sensibilidades del Ecuador? Otra realidad, que se define por el mutismo en sí al respecto, es la situación en Orellana. Desconocemos información pública sobre lo que sucede, por eso como organización de Derechos Humanos usaremos la empatía. Imaginemos que vivimos en un barrio donde ha habido 2 ajustes de cuentas –presiones internas- seguidos por un problema que no ha sido controlado por las autoridades competentes –presiones externas-. El último acto de violencia –desproporcionada- ha venido del grupo al que pertenecemos. Nuestros vecinos recién atacados se encuentran minados y escondidos. Todos en el barrio tienen miedo y la violencia se revela como la única defensa en ese contexto sin alternativas. ¿Saldríamos a la calle tranquilos? ¿Qué tendríamos en mente? ¿Qué esperaríamos que hicieran las autoridades políticas para pacificar la zona, porque todo el mundo, a pesar de los conflictos, busca convivir en paz? El barrio se llamaría Yasuní, nosotros seríamos Waorani, los vecinos atacados los Aislados y los otros vecinos, que también tienen miedo y entran en la espiral de violencia preventiva, los colonos y Kichwas. El Estado es el encargado de pacificar este complejo conflicto, -evitando las presiones hacia estos grupos - necesita mucha más seriedad y voluntad política de la que se está demostrando. Lejos de reducir las presiones sobre la vida de los aislados, unos kilómetros más al oriente, se decide afectar al sector del ITT, en lugar estratégico para la cacería y la recolección, y por tanto, para su Derecho a la Soberanía Alimentaria. Tanto un accidente petrolero –tecnología de punta no es ni mucho menos sinónimo de desaparición de riesgos- como la propia explotación, por mucho que se trate de mitigar los impactos, son determinantes para un ecosistema tan frágil e interconectado. Y paralelamente al “será sólo el 1 por mil”, que omite los impactos indirectos y los inaceptables riesgos, sale un informe desde el Ministerio de Justicia diciendo que los pueblos en aislamiento ya no están. Afirman que lo han comprobado con 20 cámaras –en medio de la espesa inmensidad-, con imágenes satelitales –no existe disponibilidad a dicha tecnología de tan alta definición, con la actual una casa sería apenas una mancha inapreciable y borrosa- y preguntando a pobladores de la zona. Pobladores que por las pésimas condiciones de vida de la Amazonía, probablemente sepan que el Estado sólo les ofrece los Derechos -a los que por cierto ya tienen derecho, sin condiciones- a cambio de que esa zona se explote. Cuando la idea de extraer petróleo aparece, a los aislados les desaparecen. Pareciera que el nuevo mapa de los grupos en aislamiento en nuestra selva fuera más un mapa de futuro que de un estudio presente: señala dónde hay explotación y por tanto donde NO hay pueblos aislados, en lugar de hacerlo al revés, mostrando dónde hay aislados para saber responsablemente donde NO puede haber explotación según la Constitución –Art 57-. A través del Observatorio de Derechos Colectivos hemos difundido en reiteradas ocasiones un video de Ompore filmado un año antes de su muerte. En él, cuenta lo que los aislados le dijeron en un contacto fortuíto: se sienten acorralados por presiones externas –carreteras, pozos petroleros, colonos, etc.-. Pensamos que es imprescindibe seguir difundiendo la palabra del, paradójicamente lanceado, anciano waorani. Guardarle respeto es esparcir su mensaje para tomar medidas adecuadas en esta compleja situación. Es no ignorar a los Aislados pero tampoco omitir la situación de los que hace apenas unas décadas eran también no contactados: los waorani. Es más, el reciente enfrentamiento violento entre estos dos pueblos –ante el cual el Estado es incapaz de responder- es la más sobrecogedora muestra de ese olvido. Pero, la historia de Ompore y Buganey evidencia otro lado –poco visible- de todo esto, nos habla de lo que ha ocurrido con los Waorani “contactados”. Ellos habían decidido mantener su forma de vida tradicional, estando cerca de la “tecnología de punta” de las empresas petroleras y sus programas de “inversión” comunitaria con sus casas de cemento y sus vehículos, los ancianos decidieron internarse en la selva, no necesariamente para rechazar todo lo que estaba al otro lado, como se podría pensar si se les ve como “ el buen salvaje”, sino para mantener cierto equilibrio entre la vida tradicional y esa caótica y estrafalaria “abundancia” traída por las petroleras. Ompore, al igual que otros pikenani -anciano sabio para los Waorani- como Mengatowe o Kemperi, tomó otra ruta para su relación con eso que muy equivocadamente llamamos “mundo moderno”. Como si él y los otros viejos guerreros Waorani que optaron por esa vía hubieran entendido que la “abundancia petrolera” obligaba a renunciar a algo fundamental para la sociedad Waorani tradicional: la soberanía del sujeto individual, su profunda condición autárquica y las condiciones de igualdad social a las que ello conducía. Y es que esta es la otra enseñanza de Ompore sobre la que no prestamos atención en estos momentos de “interés nacional”. Los impactos de las llamadas “relaciones comunitarias” de las empresas petroleras sobre las comunidades Waorani han sido nefastos, se trata de un pueblo al que no hemos sido capaces de garantizar condiciones mínimas de soberanía política debido a la dependencia que tienen de las empresas. El problema es político, en el sentido fuerte de la palabra, existen condiciones tremendamente asimétricas que dan como resultado una “administración privada” de poblaciones y territorios indígenas. Y lamentablemente en este nivel los problemas no se resuelven ni con la renegociación de contratos, que sin duda es acertada, ni con la “tecnología de punta” pues en lo social los efectos van bastante más allá de las áreas donde se instala la infraestructura petrolera. El problema es que ese esquema de relaciones políticas ahora es ejercido por el Estado, pero el modelo en sí mismo ha cambiado poco. La forma más segura de mantener sólo sobre el papel aquello del “carácter plurinacional e intercultural” del Estado, es continuar con ese modelo. Ompore intentaba –y lo consiguió durante algún tiempo- una coexistencia pacífica con los Tagaeri-Taromenane, sin agredir su situación de aislamiento, sin violentarlos físicamente, sin invadir su territorio. En ese lugar Ompore y Buganey dejaron ver que las relaciones entre estos pueblos no solo son una “guerra entre clanes” ante la que hay que encogerse de hombros para terminar afirmando que por esa razón el Estado “no puede hacer nada”. Por el contrario, podría decirse que con su actitud de negar los daños que provocaría la explotación del ITT, pareciera que el Estado está haciendo algo para empeorar la situación lejos de tratar de mitigar el problema, cuando no solucionarlo. Con esta suma de desaciertos, en un contexto en el que la Asamblea Nacional está dilucidando unilateralmente sobre si explotar el ITT o no, desgraciadamente la Consulta Popular es la única opción que han dejado a la sociedad. Macabra y espeluznante paradoja que precisamente los mismos que defendemos claramente la Vida y los Derechos de los Aislados, seamos los que tengamos que confiar en una Consulta que, en términos efectivos, significaría dar la libertad a la mayoría de elegir entre si respetar los Derechos Humanos de unas minorías o no respetarlos. Desde el CDES y su Observatorio de Derechos Colectivos no queremos que pase esta fecha de los 6 meses, para decir más contundentemente que nunca que la lucha de la sociedad civil por la defensa de los Indígenas Aislados en este país es un asunto de categórica urgencia. Que cuando los responsables de garantizar Derechos no dan muestras de responsabilidad, es la ciudadanía la encargada de pedir rendición de cuentas. Y que la información, la empatía hacia estos Seres Humanos y el debate serio son la llave que todos y todas tenemos en nuestra mano, a todas horas del día, en todos los ámbitos en los que nos encontramos, para abrirle la puerta a un futuro diferente. A un mañana donde no quepa en la cabeza de nadie omitir la vida de una minoría para justificar el bienestar de una mayoría. Tal vez ese sea el problema de raíz que no se entiende y que da pie a nefastas e irreversibles decisiones: hay Derechos tan grandes que simplemente no pueden meterse en una balanza, que no pueden medirse, ni elegirse. La existencia de los aislados es un hecho per sé que no necesita ser decidida por nadie más que por ellos mismos. No son una ficción, son personas con Derechos Humanos como tú y como yo. Centro de Derechos Económicos y Sociales Observatorio de Derechos Colectivos del Ecuador Quito, 6 de septiembre de 2013
Posted on: Mon, 09 Sep 2013 09:56:12 +0000
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