CORRUPCION DE CIU. EL TSJC PROHIBE A LA GENERALITAT LA EMPRESA ACCIONA DE AGUAS. MAS PASA DE LA JUSTICIA Y SEGUIRA CON ACCIONA. Artur Mas tiene otro problema. La privatización del agua en alta (del lugar de captación a los municipios) se ha salido de madre. La sala cinco del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha emitido tres nuevas interlocutorias en las que desestima definitivamente las medidas cautelares solicitadas por la Generalitat, Acciona y Aigües de Catalunya, consorcio integrado por el grupo de los Entrecanales, el banco brasileño BTG Pactual y los socios locales (la familia Torreblanca-Godia y los Rodés). Por ahora, Acciona seguirá en la gestión del servicio. Los actores principales saben que la batalla judicial es larga y extremadamente compleja. Incertidumbre Los tres nuevos documentos del TSJC rizan el rizo a una adjudicación pública que ha levantado polvareda desde que se puntuaron las dos ofertas que participaron en la puja, la de Acciona y la de Aguas de Barcelona (Agbar). La incertidumbre del proceso es tal que el Govern, incluso, ha permitido aplazar sine die el pago de 40 millones de euros en concepto de tributos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados a la multinacional. El momento judicial actual es bizarro: el máximo tribunal catalán ha decidido rechazar tres recursos del Govern y la empresa privada contra las interlocutorias que publicó la sala en marzo. En ese momento, declinó dejar sin vigencia una resolución de su órgano de mediación contractual (OARCC) que echaba a Acciona del concurso mientras decidía la pulcritud administrativa del proceso de adjudicación. Sin análisis en detalle En la práctica, el tribunal no ha entrado a analizar los detalles del concurso. Sólo se ha fijado en cómo justificó la OARCC dejar fuera a Acciona de la licitación. ¿El mediador puede cargarse el concurso? El espaldarazo de los magistrados ha sido unánime: sí. Las leyes de la Unión Europea dejan claro que sus resoluciones “tienen el privilegio de ejecutividad”, reza una de las interlocutorias. Sólo un magistrado, Alberto Andrés Pereira, ha emitido un voto particular. Ratifica que las decisiones del OARCC se deben aplicar, pero pone en tela de juicio el impacto que supondría cambiar el gestor de ATLL (de Acciona a Agbar) para las cuentas catalanas. La operación permitió borrar de un plumazo casi 1.000 millones de euros de déficit público, el 0,51% del PIB catalán. Ninguneo del tribunal El Govern de Artur Mas y Acciona minimizan el nuevo revés jurídico. “Estamos ante un recurso contra un recurso que ya respondía a un tercer recurso”, afirman fuentes implicadas en el proceso. Los mismos interlocutores aseguran que, a efectos prácticos, las tres interlocutorias no tendrán un impacto inmediato en la gestión de ATLL. El grupo de los Entrecanales seguirá al timón del servicio. El cordón de seguridad que en su día Presidencia desplegó alrededor de la adjudicación sigue vigente. También implica a los departamentos de Economia i Finances, dirigido por Andreu Mas-Colell; y Territori i Sostenibilitat, liderado por Santi Vila, quien llegó al Ejecutivo de Mas pocas horas después de que el secretario de la consejería, Pau Villòria, firmara el contrato con Acciona.
Posted on: Sat, 20 Jul 2013 12:55:39 +0000
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