Dadas las condiciones creo que nos sumamos a la propuesta del Dr. Juan Ortiz ¿Cascos azules en el Occidente de Michoacán? No exagero. Ante la imposibilidad de las autoridades mexicanas para atender y resolver la crisis humanitaria que padecen varios municipios de Michoacán, se hace necesario recurrir a los organismos internacionales para salvar vidas y bienes de miles de personas. En varias regiones de Michoacán domina el reclutamiento forzado de hombres y mujeres jóvenes por bandas criminales y, más allá, el asesinato, la extorsión, el secuestro, las desapariciones forzadas, el decomiso de bienes y el desplazamiento de personas, sin que autoridad alguna pueda impedirlo. Técnica y jurídicamente hablando Michoacán padece los estragos de algo parecido a una guerra civil. No se respetan las leyes nacionales ni los protocolos internacionales como el de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la Convención contra la Delincuencia Transnacional, la Convención contra la Corrupción, la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, entre otros. Todos ellos se aplican en el Occidente Michoacano. Los pueblos de Michoacán sufren las consecuencias de una guerra civil, y por ello han tenido que armarse para defender a las comunidades, tanto del abuso de los criminales como de las fuerzas del orden. Se asegura que las policías comunitarias son financiadas por otro grupo criminal; sin embargo, lo cierto es que un sector de la población ven en dichas policías a sus salvadores, lo que impide que los criminales continúen extorsionándolos, vejándolos y masacrándolos. Ya lo decía Cicerón, “cuando las armas hablan, callan las leyes”. Desde hace tiempo en Michoacán el monopolio de la violencia dejó de ser exclusivo del Estado y ello dificulta la separación de la esfera de gobierno y la de los delincuentes; incluso en ocasiones pareciera que operan en contubernio. ¿Qué dicen los teóricos de la guerra? Una guerra no es un hecho cualquiera, pues está de por medio la vida de miles de personas. En tales circunstancias, señala Michael Walzer, “la naturaleza humana se ve reducida a sus formas más elementales, en donde prevalece el interés propio y la necesidad. En un mundo semejante, los hombres y las mujeres no tienen más remedio que hacer lo que hacen para salvarse a sí mismos y a la comunidad a la que pertenecen, de modo que la moral y la ley están fuera de lugar”. El fenómeno se vuelve aún más crítico cuando se trata de una guerra civil en la que no se sabe a ciencia cierta en qué lugar habita el enemigo ni cuándo o cómo lanzará el siguiente golpe. Los pobladores se convierten, más que en aliados, en posibles agresores. Ante el temor de morir, se mata, y en el momento de hacerlo no se piensa en si se obró bien o mal, simplemente se destruye al enemigo porque eso es lo que se hace en una guerra, y en medio de esta confusión mueren miles de inocentes. La mayor parte de la población, sin importar su condición social, racial o económica, sufren los desastres provocados por el cisma social. Stathis N. Kalyvas señala que las “guerras civiles son la evidencia de una profunda crisis de legitimidad: segmentos sustanciales de la población se opone con toda intensidad al régimen del lugar y, por consiguiente, reasignan su apoyo a los rebeldes; en este sentido, las guerras civiles son en realidad, guerras de pueblos”. En estas guerras uno de los bandos defiende a quienes ostentan el poder político, y existe un mínimo de equilibrio con la fuerza que lo combate. Pero en esas guerras domina la brutalidad y la crueldad. Como no puede un bando destruir fácilmente al otro se dedican a vejar, extorsionar y saquear a la población civil. “Con frecuencia los bandos cambian su semblante camaleónicamente: algunas veces operan como unidades militares, pero otras, de repente, se convierten en una verdadera sarta de bandidos que persiguen exclusivamente ventajas materiales”. En un estado de derecho, los ciudadanos no tendrían la necesidad de armarse, pero, ¿qué hacer ante la amenaza del crimen organizado, el decomiso de bienes, el reclutamiento forzado, los asesinatos de inocentes, la extorsión que los delincuentes imponen a los pobladores, la nula libertad de tránsito, los miles de desplazados y la indiferencia de las autoridades? La historia nos enseña que las poblaciones no recurren a las armas por capricho de unos cuantos; lo hacen como última opción de sobrevivencia. No reconocer y no aceptar que Michoacán vive una verdadera tragedia humanitaria impide también la solución de los problemas. ¿Será que la clase política que gobierna Michoacán se olvidó de los principios fundamentales de todo buen gobierno? Al parecer sí. Ello explica que la mayor parte de los ciudadanos ya no se sientan representados en ninguno de los órganos del Estado y que, para sobrevivir, tengan que empuñar las armas porque no tienen otra opción. La posibilidad de convivir con apego al estado de derecho, al diálogo pacífico y al acuerdo, ya no existe en amplias regiones de Michoacán. Cada persona, cada grupo, cada comunidad hace lo que puede para no convertirse en otra víctima más. Ya lo decía Maquiavelo, para que una sociedad viva en armonía, es necesario mantener el equilibrio entre las necesidades del pueblo y las ambiciones de los hombres en el poder. Aquí cabría la pregunta, ¿qué se espera de la clase política michoacana y mexicana? Reputación y presencia ética incontrovertible, profundo conocimiento de las necesidades sociales, pensar en el futuro; que sus acciones conduzcan al bien común, y estar consciente que representa a la nación o a la comunidad y no a un partido o facción. En Michoacán se están violando tratados, convenciones y protocolos internacionales firmados por el gobierno mexicano. Es necesario hacerlos respetar. La corrupción ha socavado profundamente las estructuras de buen gobierno, el estado de derecho, el tejido social y ha paralizado la economía. En Michoacán domina la expropiación ilegal de bienes, el asesinato de inocentes, la producción y trasiego de drogas promovidas por una delincuencia internacional y la violencia extrema. En Michoacán no existe un programa efectivo en la lucha contra la delincuencia (en especial la juvenil) y la prevención del delito, la asistencia a las víctimas que han perdido personas cercanas. Son muchas las viudas, menores de edad y ancianos sin apoyo económico y moral para salir adelante. ¿Cuántas veces se ha hecho visible la Comisión Nacional de Derechos Humanos? No se conoce, siendo que por el Tratado sobre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos el gobierno mexicano está obligado a “tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos.” Por eso es necesario recurrir a los organismos de las Naciones Unidas. Por ejemplo, el derecho internacional humanitario que trata de limitar los efectos negativos de la guerra entre la población civil. Se trata de un acuerdo que protege y demanda el respeto de vidas y bienes de la población civil que no participa en los combates , como es el caso de la mayor parte de los michoacanos. ¿Cuántos asesinatos se han registrado en Michoacán en los últimos siete años, cuando inició la “guerra contra el narco”?; no se sabe. No hay registro oficial y difícilmente se sabrá con precisión. Muchos cuerpos reposan en fosas clandestinas, y otros en los cementerios con la cruz que lleva su nombre. El testimonio disponible es el recuerdo parientes, amigos y conocidos. Nada más. De los asesinatos, uno de los más sentidos para los habitantes de Tierra Caliente y costa de Michoacán fue el del diputado local Osbaldo Esquivel Lucatero. Su muerte adquiere relevancia porque no era ni una persona ni un diputado cualquiera. Médico de profesión, egresado de la Universidad Michoacana, el doctor Baldo, como afectuosamente lo llamaban, era un luchador social muy comprometido con las poblaciones indígenas de Aquila y con los habitantes de la Tierra Caliente. Por el voto popular ganó la elección para diputado, lo que provocó la furia de los poderes fácticos. Desde la tribuna urgió a los gobiernos estatal y federal atender la aguda crisis que padecen los pobladores del valle de Apatzingán y de la costa sierra. Osbaldo Esquivel Lucatero hablaba como se espera que lo hiciera un diputado, llamaba a los hechos por su nombre y eso le costó la vida. Este asesinato muestra una verdadera tragedia para miles de personas que se han quedado sin su representante, justo el que más necesitaban: Michoacán agota su clase política, la que verdaderamente importa. Así como no se sabe cuántas muertes violentas se han registrado, tampoco sabemos cuántos embarazos no deseados se han dado en mujeres menores de edad, cuantas personas han huido de la violencia y hacia qué lugares, cuantas propiedades han sido expropiadas tanto por los delincuentes como por las policías comunitarias y el Estado, de qué manera sobreviven las poblaciones ante el bloqueo de alimentos y gasolina impuesto por los delincuentes, cuáles serían los escenarios para una pronta recuperación del estado de derecho y del tejido social. De una cosa si podemos estar seguros, las secuelas de una guerra civil, los traumas y heridas que deja en la sociedad no se borran fácilmente. Y entre más tiempo pase, más difícil será su solución. No podemos negar que la presencia del ejército, de la marina y de la policía federal han impedido la masacre de personas en las poblaciones sitiadas por el narco; sus acciones han contenido los ataques y pérdidas de vidas humanas, lo que no significa la solución del problema. Los pueblos afectados por la violencia desde hace varias décadas fueron abandonados por los gobiernos federal y estatal. Recordemos la desaparición de las empresas paraestatales de apoyo al campo y la descentralización educativa de finales de los ochenta y principios de los noventa. Con su extinción, el Estado dejó de existir en muchos lugares de México y su lugar fue ocupado por la delincuencia, la que al principio se percibía como la solución a la crisis y al abandono en que habían quedado los campesinos. En este momento las poblaciones se encuentran divididas y enfrentas, y el Estado mexicano no garantiza la sobrevivencia de la población civil. De allí la importancia de la presencia de la ONU y de sus cascos azules. • Discurso pronunciado porque pronunciará el Dr. Juan Ortiz Escamilla, Director del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, en la inauguración del Congreso Internacional, La insurgencia mexicana y la Constitución de Apatzingán, 1808-1824, en la UNAM, el 15 de octubre de 2013.
Posted on: Mon, 28 Oct 2013 04:59:05 +0000