Dado la problemática que ha desarrollado la reforma fiscal, y que sigue dando de qué hablar hasta la fecha, he tratado en este artículo de plasmar lo que considero a mi juicio debería de entenderse sobre la materia impositiva sin dejar de hacer otros comentarios al respecto desde mi punto de vista. Mi exposición inicia con definiciones elementales en materia impositiva, finalizando en una conclusión a la exposición. Espero que sea de su interés estos apuntes, sobre el muy controvertido tema de la reforma. Tributo: Suele recogerse en la teoría de los ingresos públicos del Estado, pero no es esta faceta la más caracterizada porque el tributo representa una auténtica institución, es decir, un conjunto de normas que regulan una pluralidad de relaciones jurídicas, derechos, obligaciones, potestades, deberes y sujeciones en torno a lo que se ha llamado la relación jurídica tributaria, existente entre los ciudadanos y la Hacienda pública en virtud de la cual ésta hace efectivo su derecho al cobro de las cargas y obligaciones. El objeto del tributo es una prestación en términos de dinero en efectivo (periódica o no, dependiendo del hecho que la motive) a que está obligado el contribuyente o ciudadano sujeto a su pago. Dicha obligación tributaria nace de la ley, de modo que es un principio de rango universal y reconocido en todas las constituciones, como principio de reserva de ley para la imposición de los tributos, y garantizar así las notas de obligatoriedad y exigibilidad, pero protegiendo el principio de igualdad que aplicado a esta materia se traduce en el pago proporcional con arreglo a la capacidad económica del sujeto pasivo o contribuyente. Se reconocen tres tipos de tributos: los impuestos, las tasas y la contribución especial. Cuando el Estado actúa como ente público y satisface una necesidad colectiva que se concreta en prestaciones individualizadas que se otorgan a sujetos determinados, se les impone un tributo llamado tasa. La voluntad del usuario es determinante para producir o no el hecho sometido a gravamen, pero no para determinar el nacimiento, validez y contenido de la obligación, que derivan de la ley, única que puede regular esta obligación de Derecho público. Si el pago en cambio se determinara por contrato y no por la ley, habría que hablar de precio, de donde se deduce que la tasa no es un precio por la prestación del servicio Impuestos indirectos: Tributos que gravan la producción nacional, la venta, y el consumo de bienes concretos. Los impuestos indirectos pueden ser, bien de cuantía fija, aumentando en una misma cantidad el precio de todos los bienes que gravan, o bien un porcentaje del precio inicial, por lo que aumentará más el precio de los bienes más caros. En definitiva, el peso del impuesto lo sufre el consumidor final, que es el que está obligado a pagar los bienes más caros. Se trata, por tanto, de un impuesto sobre el consumo. La primera vez que se aplicó este impuesto fue en Inglaterra en 1643. Se trataba de una medida provisional tendente a paliar las dificultades financieras transitorias del gobierno. Sin embargo, el éxito de la medida, debido a los elevados ingresos que se obtuvieron, hizo que se mantuviera, pasando a ser una medida permanente, que pronto se fue extendiendo por otros países de Europa y del resto del mundo. Con la creación de la Comunidad Económica Europea a finales de la década de 1950, los países firmantes crearon un impuesto indirecto común sobre el consumo, que denominaron Impuesto sobre el Valor Añadido o Agregado (IVA). En la actual Unión Europea, el IVA sigue siendo el principal impuesto indirecto; es un gravamen que se establece como porcentaje del precio final, al que se aplican tres tipos de porcentaje: el reducido (4%) que se aplica a los bienes de primera necesidad (por ejemplo, alimentos), el 7% (vivienda) y el normal (16%). En México es el 16% sobre el consumo de algunos bienes. Mientras que otros permanecen exentos de este gravamen. Política fiscal: Política relacionada con la imposición o tarifas impositivas y el gasto público. Cuando se reducen los impuestos o se aumenta el gasto público para estimular la demanda agregada, se dice que la política fiscal es expansiva. Cuando se aumentan los impuestos o se reduce el gasto público, se dice que la política fiscal es restrictiva. La política fiscal y la política monetaria (que se encarga de controlar la oferta monetaria) son las dos actividades más importantes de la política económica global de un gobierno. Para diseñar la política fiscal, el gobierno debe tomar una serie de decisiones sobre la cuantía de los impuestos directos, como el impuesto sobre la renta, y de los impuestos indirectos, (como el impuesto sobre el valor agregado). También debe determinar la suma de gastos corrientes de la administración, (como los salarios de los funcionarios públicos) y cuánto hay que gastar en los distintos bienes y servicios, como en construcción de hospitales o de carreteras. Muchos gobiernos deciden gastar más de lo que ingresan, e incurren en déficit presupuestarios que pueden financiarse emitiendo dinero o deuda pública. Si se opta por emitir dinero se crearán tensiones inflacionistas; si se opta por emitir deuda pública se puede presionar al alza los tipos de interés. La emisión desmedida de dinero en Latinoamérica durante la década de 1980, generó graves niveles de inflación. Al tomar decisiones sobre la política fiscal los gobiernos están sometidos a influencias de índole política, como estimaciones sobre el volumen que debe tener el sector público o cuál será la reacción de la población ante una determinada decisión, y en su intención estará la reducción de bolsas de fraude y evitar que se produzcan otras. En la creciente economía integrada mundial, las empresas adoptan sus decisiones de localización en función de los posibles beneficios fiscales que prometan los gobiernos y de los distintos regímenes fiscales de cada país. En sus decisiones los gobiernos también deben tener presentes las tarifas impositivas de instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI, cuyos préstamos a los países menos industrializados suelen condicionarse al cumplimiento de determinadas medidas fiscales) o a los compromisos internacionales (como las contribuciones a las Naciones Unidas o al presupuesto de la Unión Europea, Organización de Estados Americanos y otros organismos internacionales). Los gobiernos deben tener en cuenta también el grado de desempleo o de crecimiento económico, presentes y futuros del país, porque estas variables determinarán la cantidad de ingresos que se podrán obtener mediante los impuestos y los gastos necesarios para mantener el Estado de bienestar. Para afrontar los errores en las previsiones, en los presupuestos suele haber una partida de reserva para atender a gastos extraordinarios o a un menor nivel de ingresos impositivos. Evolución: En la edad media los impuestos no se pagaban con dinero, sino en especie (con trabajo o con parte de la producción agraria). Como los servicios que ofrecían los gobiernos consistían en esencia en la defensa militar o en la realización de algunas obras de utilidad pública, como carreteras, el cobro de impuestos en especie bastaba para cumplir estos objetivos. Los gobernantes podían reclutar soldados y trabajadores, y exigir a los nobles que proporcionasen soldados y campesinos en función de su rango y sus bienes. De forma similar, se cobraba una parte de la producción agrícola a los terratenientes, con lo que se podía alimentar a trabajadores y tropas. En los Estados industriales actuales, aunque los impuestos se cobran en términos monetarios, el método es el mismo en la práctica: el gobierno establece una base impositiva (en función de los ingresos o de las propiedades que se tienen) al que se le aplica un tipo impositivo; a partir de ahí se calcula el impuesto a pagar (resultado de multiplicar la base por el tipo). No obstante, en la actualidad los sistemas impositivos varían mucho según los países, pudiéndose crear un sistema de pago en especie o cobrar impuestos sobre los ingresos. Los sistemas más sencillos sólo son viables cuando la intervención del gobierno en una economía es mínima. Cuando las pretensiones gubernamentales son múltiples y complejas (por ejemplo, cuando un objetivo consiste en redistribuir la renta con criterios de equidad), el sistema impositivo tendrá una estructura técnica muy compleja. En este caso, habrá que elaborar complejos sistemas fiscales de control y educar a la ciudadanía para lograr su colaboración. Principios impositivos: Los sistemas impositivos deben cumplir distintas funciones, que dependerán de los objetivos del gobierno que los impone. Los gobiernos locales o regionales suelen obtener ingresos a partir de impuestos sobre las propiedades físicas, mientras que los centrales cobran impuestos sobre la venta e impuestos sobre la renta. Los gobiernos locales o regionales están obligados a limitar sus gastos a sus niveles de ingresos (restricción presupuestaria), que dependen de los ingresos impositivos que obtienen y del dinero que les transfiere el gobierno central. Sin embargo, éste puede además generar ingresos, aparte de los impuestos para equilibrar su presupuesto. Además, el sistema impositivo no tiene como único fin la obtención de ingresos, sino que es un instrumento esencial de la política fiscal. Los gobiernos, al controlar la oferta monetaria (mediante la política monetaria) y la política fiscal intentan lograr una estabilidad económica para conseguir una estabilidad en los precios y aumentar el empleo. Por ejemplo, durante una depresión económica, el gobierno puede optar por reducir los impuestos e incurrir en un déficit presupuestario aumentando de esta manera las posibilidades de consumo de los individuos y las posibilidades de inversión de los empresarios, que dispondrán de más capital para invertir, por lo que se logrará aumentar la producción. Durante los periodos de expansión económica, podrá ser necesario aumentar los impuestos y gastar menos de lo presupuestado para evitar presiones inflacionistas debidas a un exceso de dinero en relación con los bienes disponibles. Entre los diversos sistemas impositivos de cada país existen profundas diferencias tanto en lo que respecta a los ingresos como en lo concerniente a gastos. Las políticas impositivas y de gastos reflejan el sistema de valores que caracteriza a una sociedad. Casi todas las democracias modernas consideran que un buen sistema impositivo ha de cumplir cuatro principios fundamentales enunciados en el siglo XVIII por el economista escocés Adam Smith. Equidad: Un impuesto ha de ser, por su propia naturaleza, equitativo, es decir, que las cargas fiscales que se paguen sean proporcionales a la capacidad de pago de los individuos (algo que Smith definía de una forma ambigua afirmando que debían ser proporcionales al beneficio obtenido del Gobierno). Se considera que un impuesto es equitativo cuando los individuos contribuyen en relación a su capacidad de pago o, según la situación, de la cantidad de servicios que obtienen del Gobierno. Por lo tanto la capacidad de pago y los servicios obtenidos serán criterios de equidad. Cuando la intervención pública en la economía es muy grande, resulta imposible diferenciar los dos criterios, ya que la gente más rica posee una mayor parte de la riqueza social. Se considera equitativo que, cuando una persona recibe un determinado servicio del gobierno —que no obtienen los demás ciudadanos—, pague parte de los costos del servicio; como es obvio, este criterio no se aplica cuando se obtienen subsidios gubernamentales o una transferencia de renta como parte del sistema de redistribución del estado de bienestar. Cuando un sistema impositivo satisface los dos criterios anteriores se dice que es verticalmente equitativo (es decir, que quien tiene mayor capacidad de pago paga más). De igual importancia es la equidad horizontal, según la cual, a igual capacidad de pago corresponde igual presión fiscal. Claridad y certidumbre: La aplicación práctica del sistema impositivo tiene que ser clara y constante. Este principio, considerado esencial por Smith, suele subestimarse en los actuales sistemas impositivos (porque se supone que la administración pública es abierta e imparcial). Sin embargo, si este principio no se cumple y los impuestos varían cada año y son arbitrarios, los ciudadanos del país no podrán confiar en el sistema económico. Por ejemplo, altas tasas de inflación pueden crear incertidumbre y hacer que la gente piense que el tipo impositivo va a aumentar al ponerse en duda la equidad del sistema aplicado a ingresos que sufren más duramente los efectos de la inflación. Estas reacciones demuestran que los principios de claridad y certidumbre son esenciales para que el sistema impositivo resulte creíble. Aplicabilidad: El cumplimiento de las obligaciones tributarias dependerá de que su aplicación práctica sea fácil. El fraude fiscal se ha reducido mucho en aquellos países que han creado sistemas que permiten la retención de parte de los impuestos en la nómina de los trabajadores. Eficiencia: Un buen sistema impositivo tiene que ser fácil de administrar. Los sistemas tributarios difíciles de gestionar restan recursos de actividades productivas y minan la confianza en el sistema y en el ejecutivo. Y lo que es peor, un sistema tributario mal diseñado y una excesiva imposición puede aumentar el fraude fiscal; además, los impuestos demasiado elevados pueden provocar que los inversionistas detraigan recursos de actividades productivas hacia actividades más especulativas. Cuando esto ocurre no se cumple un principio que Adam Smith consideraba implícito: la neutralidad de los impuestos, es decir, que la imposición no debe modificar el comportamiento de los agentes económicos de un país. Los principios establecidos por Smith han superado con creces la prueba del paso del tiempo. A lo largo de la historia se han añadido otros principios, aunque a veces éstos han sido dañinos y contradictorios. Por ejemplo, se intentó crear un sistema que permitiera una mayor elasticidad de los impuestos, es decir, que variaran —sin cambiar el tipo impositivo— cuando cambiaran las condiciones económicas. Sin embargo, la mayor elasticidad tributaria generaba ineficiencias cuando había altas tasas de inflación, porque la gente tenía que pagar más impuestos al tener ingresos previamente señalados, y sin embargo, su renta real podía haber disminuido (porque la previsión no contemplaba la subida de los precios). El alto nivel de ingresos impositivos animaba a los gobiernos a aumentar sus gastos cuando la mayor presión fiscal estaba desincentivando el trabajo, el ahorro y la inversión. Esta situación puede crear un estancamiento económico acompañado de inflación. En ese caso será necesario revisar el sistema tributario, reduciendo su elasticidad y adaptándolo al nivel de inflación. Base impositiva: Al elaborar un sistema impositivo, los gobiernos suelen atender tres indicadores de la riqueza o de la capacidad de pago del contribuyente: sus ingresos, sus gastos y su patrimonio. Desde una perspectiva histórica, la agricultura, como primer sector productivo, fue el sector que se gravó en un principio. Por lo tanto, entre las principales fuentes de ingresos los más antiguos son los derivados de los impuestos sobre la propiedad de los bienes impositivos y sobre los productos que se obtienen de ésta. El control de la propiedad de otro tipo de bienes era más difícil, pero a medida que se desarrollaron los mercados fue haciéndose más fácil gravar la renta y la transferencia de bienes, obteniéndose cuantiosos beneficios a partir de estos impuestos. La aparición del comercio internacional facilitó la creación de los impuestos aduaneros, que se establecieron tanto con fines recaudatorios como con fines de control de importaciones. El crecimiento del comercio provocó la creación de multitud de impuestos, desde los impuestos indirectos que gravan algunos bienes de consumo (como ocurría antaño con la sal) hasta impuestos especiales que gravan determinadas transacciones económicas. Ejemplo de estos últimos, que siguen en vigor en algunos países, son los timbres que aparecen en algunas facturas y en otros documentos legales y financieros (el gobierno británico exigía a los colonos estadounidenses el pago de estos timbres que, al considerarse injustos, fueron una de las causas de la guerra de la Independencia). Los impuestos especiales también se utilizan para gravar bienes de lujo (suntuarios) o algunos bienes específicos como la gasolina, el licor y el tabaco, éstos últimos porque los gobiernos desean limitar su consumo. Muchos países crean impuestos indirectos sobre la venta. Para disminuir la presión fiscal sobre los más desfavorecidos, se excluyen de estos impuestos los bienes primarios como los alimentos y algunas medicinas. Los países de la Unión Europea cuentan con un impuesto sobre el valor agregado (IVA) que se aplica a su vez al bien en cada una de las etapas del proceso de producción. Aunque este impuesto es de muy reciente creación, los impuestos que gravan la propiedad, la compra-venta, la transferencia o la utilización de un bien son mucho más antiguos que los impuestos sobre la renta. El primer impuesto sobre la renta de las personas físicas se creó en Gran Bretaña en 1799. Problemas para alcanzar la equidad: Puesto que no hay ningún indicador preciso de la capacidad de pago, casi todos los países intentan diversificar la presión fiscal gravando las distintas fuentes de riqueza. Se suele equiparar la capacidad de pago con el nivel de ingresos. Sin embargo, este supuesto parece cada vez menos adecuado debido a las injusticias que generan los modernos sistemas tributarios. El impuesto sobre el patrimonio también está recibiendo numerosas críticas. Los expertos en la materia parecen preferir los impuestos sobre el consumo, pero estos son poco populares. Ningún impuesto es equitativo por completo; parece inevitable que grave más a unos que a otros. Por ello, se han creado numerosas exenciones, excepciones y deducciones para reducir la presión fiscal sobre los más desfavorecidos. Esto se ha debido, en parte, a presiones políticas, y hasta cierto punto, debido a la ineficacia de la administración o a la incapacidad de gestionar un sistema tributario complejo en exceso. Utilizando varios impuestos, los gobiernos intentan distribuir las posibles ineficiencias, reduciendo así sus efectos. A medida que la presión fiscal aumenta, así como el descontento de los contribuyentes, crece el interés por aumentar la equidad de los impuestos y la oferta de servicios. En algunos países estos servicios se financian a partir de los impuestos que se cobran sobre los mismos. Por ejemplo, se cobran para financiar los gastos de la educación. Los impuestos sobre la gasolina estarían destinados en teoría pura a financiar la construcción y mantenimiento de la red vial. Las cotizaciones a la seguridad social permiten sufragar los gastos del seguro de desempleo, de la sanidad pública y el pago de pensiones. Sin embargo, se trata de una decisión política, por lo que en algunos países (como en España) lo que se obtiene de un impuesto no tiene que servir para financiar el bien público que gravan. Aunque este sistema facilita la gestión de los impuestos, también puede crear desequilibrios presupuestarios, generando superávit en algunos servicios cuando otros carecen de fondos suficientes. Los Desamparados y los Amparados Por: C.P. Rolando Escamilla González Dado la problemática que ha desarrollado la reforma fiscal, y que sigue dando de qué hablar hasta la fecha, he tratado en este artículo de plasmar lo que considero a mi juicio debería de entenderse sobre la materia impositiva sin dejar de hacer otros comentarios al respecto desde mi punto de vista. Mi exposición inicia con definiciones elementales en materia impositiva, finalizando en una conclusión a la exposición. Espero que sea de su interés estos apuntes, sobre el muy controvertido tema de la reforma. Tributo: Suele recogerse en la teoría de los ingresos públicos del Estado, pero no es esta faceta la más caracterizada porque el tributo representa una auténtica institución, es decir, un conjunto de normas que regulan una pluralidad de relaciones jurídicas, derechos, obligaciones, potestades, deberes y sujeciones en torno a lo que se ha llamado la relación jurídica tributaria, existente entre los ciudadanos y la Hacienda pública en virtud de la cual ésta hace efectivo su derecho al cobro de las cargas y obligaciones. El objeto del tributo es una prestación en términos de dinero en efectivo (periódica o no, dependiendo del hecho que la motive) a que está obligado el contribuyente o ciudadano sujeto a su pago. Dicha obligación tributaria nace de la ley, de modo que es un principio de rango universal y reconocido en todas las constituciones, como principio de reserva de ley para la imposición de los tributos, y garantizar así las notas de obligatoriedad y exigibilidad, pero protegiendo el principio de igualdad que aplicado a esta materia se traduce en el pago proporcional con arreglo a la capacidad económica del sujeto pasivo o contribuyente. Se reconocen tres tipos de tributos: los impuestos, las tasas y la contribución especial. Cuando el Estado actúa como ente público y satisface una necesidad colectiva que se concreta en prestaciones individualizadas que se otorgan a sujetos determinados, se les impone un tributo llamado tasa. La voluntad del usuario es determinante para producir o no el hecho sometido a gravamen, pero no para determinar el nacimiento, validez y contenido de la obligación, que derivan de la ley, única que puede regular esta obligación de Derecho público. Si el pago en cambio se determinara por contrato y no por la ley, habría que hablar de precio, de donde se deduce que la tasa no es un precio por la prestación del servicio Impuestos indirectos: Tributos que gravan la producción nacional, la venta, y el consumo de bienes concretos. Los impuestos indirectos pueden ser, bien de cuantía fija, aumentando en una misma cantidad el precio de todos los bienes que gravan, o bien un porcentaje del precio inicial, por lo que aumentará más el precio de los bienes más caros. En definitiva, el peso del impuesto lo sufre el consumidor final, que es el que está obligado a pagar los bienes más caros. Se trata, por tanto, de un impuesto sobre el consumo. La primera vez que se aplicó este impuesto fue en Inglaterra en 1643. Se trataba de una medida provisional tendente a paliar las dificultades financieras transitorias del gobierno. Sin embargo, el éxito de la medida, debido a los elevados ingresos que se obtuvieron, hizo que se mantuviera, pasando a ser una medida permanente, que pronto se fue extendiendo por otros países de Europa y del resto del mundo. Con la creación de la Comunidad Económica Europea a finales de la década de 1950, los países firmantes crearon un impuesto indirecto común sobre el consumo, que denominaron Impuesto sobre el Valor Añadido o Agregado (IVA). En la actual Unión Europea, el IVA sigue siendo el principal impuesto indirecto; es un gravamen que se establece como porcentaje del precio final, al que se aplican tres tipos de porcentaje: el reducido (4%) que se aplica a los bienes de primera necesidad (por ejemplo, alimentos), el 7% (vivienda) y el normal (16%). En México es el 16% sobre el consumo de algunos bienes. Mientras que otros permanecen exentos de este gravamen. Política fiscal: Política relacionada con la imposición o tarifas impositivas y el gasto público. Cuando se reducen los impuestos o se aumenta el gasto público para estimular la demanda agregada, se dice que la política fiscal es expansiva. Cuando se aumentan los impuestos o se reduce el gasto público, se dice que la política fiscal es restrictiva. La política fiscal y la política monetaria (que se encarga de controlar la oferta monetaria) son las dos actividades más importantes de la política económica global de un gobierno. Para diseñar la política fiscal, el gobierno debe tomar una serie de decisiones sobre la cuantía de los impuestos directos, como el impuesto sobre la renta, y de los impuestos indirectos, (como el impuesto sobre el valor agregado). También debe determinar la suma de gastos corrientes de la administración, (como los salarios de los funcionarios públicos) y cuánto hay que gastar en los distintos bienes y servicios, como en construcción de hospitales o de carreteras. Muchos gobiernos deciden gastar más de lo que ingresan, e incurren en déficit presupuestarios que pueden financiarse emitiendo dinero o deuda pública. Si se opta por emitir dinero se crearán tensiones inflacionistas; si se opta por emitir deuda pública se puede presionar al alza los tipos de interés. La emisión desmedida de dinero en Latinoamérica durante la década de 1980, generó graves niveles de inflación. Al tomar decisiones sobre la política fiscal los gobiernos están sometidos a influencias de índole política, como estimaciones sobre el volumen que debe tener el sector público o cuál será la reacción de la población ante una determinada decisión, y en su intención estará la reducción de bolsas de fraude y evitar que se produzcan otras. En la creciente economía integrada mundial, las empresas adoptan sus decisiones de localización en función de los posibles beneficios fiscales que prometan los gobiernos y de los distintos regímenes fiscales de cada país. En sus decisiones los gobiernos también deben tener presentes las tarifas impositivas de instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI, cuyos préstamos a los países menos industrializados suelen condicionarse al cumplimiento de determinadas medidas fiscales) o a los compromisos internacionales (como las contribuciones a las Naciones Unidas o al presupuesto de la Unión Europea, Organización de Estados Americanos y otros organismos internacionales). Los gobiernos deben tener en cuenta también el grado de desempleo o de crecimiento económico, presentes y futuros del país, porque estas variables determinarán la cantidad de ingresos que se podrán obtener mediante los impuestos y los gastos necesarios para mantener el Estado de bienestar. Para afrontar los errores en las previsiones, en los presupuestos suele haber una partida de reserva para atender a gastos extraordinarios o a un menor nivel de ingresos impositivos. Evolución: En la edad media los impuestos no se pagaban con dinero, sino en especie (con trabajo o con parte de la producción agraria). Como los servicios que ofrecían los gobiernos consistían en esencia en la defensa militar o en la realización de algunas obras de utilidad pública, como carreteras, el cobro de impuestos en especie bastaba para cumplir estos objetivos. Los gobernantes podían reclutar soldados y trabajadores, y exigir a los nobles que proporcionasen soldados y campesinos en función de su rango y sus bienes. De forma similar, se cobraba una parte de la producción agrícola a los terratenientes, con lo que se podía alimentar a trabajadores y tropas. En los Estados industriales actuales, aunque los impuestos se cobran en términos monetarios, el método es el mismo en la práctica: el gobierno establece una base impositiva (en función de los ingresos o de las propiedades que se tienen) al que se le aplica un tipo impositivo; a partir de ahí se calcula el impuesto a pagar (resultado de multiplicar la base por el tipo). No obstante, en la actualidad los sistemas impositivos varían mucho según los países, pudiéndose crear un sistema de pago en especie o cobrar impuestos sobre los ingresos. Los sistemas más sencillos sólo son viables cuando la intervención del gobierno en una economía es mínima. Cuando las pretensiones gubernamentales son múltiples y complejas (por ejemplo, cuando un objetivo consiste en redistribuir la renta con criterios de equidad), el sistema impositivo tendrá una estructura técnica muy compleja. En este caso, habrá que elaborar complejos sistemas fiscales de control y educar a la ciudadanía para lograr su colaboración. Principios impositivos: Los sistemas impositivos deben cumplir distintas funciones, que dependerán de los objetivos del gobierno que los impone. Los gobiernos locales o regionales suelen obtener ingresos a partir de impuestos sobre las propiedades físicas, mientras que los centrales cobran impuestos sobre la venta e impuestos sobre la renta. Los gobiernos locales o regionales están obligados a limitar sus gastos a sus niveles de ingresos (restricción presupuestaria), que dependen de los ingresos impositivos que obtienen y del dinero que les transfiere el gobierno central. Sin embargo, éste puede además generar ingresos, aparte de los impuestos para equilibrar su presupuesto. Además, el sistema impositivo no tiene como único fin la obtención de ingresos, sino que es un instrumento esencial de la política fiscal. Los gobiernos, al controlar la oferta monetaria (mediante la política monetaria) y la política fiscal intentan lograr una estabilidad económica para conseguir una estabilidad en los precios y aumentar el empleo. Por ejemplo, durante una depresión económica, el gobierno puede optar por reducir los impuestos e incurrir en un déficit presupuestario aumentando de esta manera las posibilidades de consumo de los individuos y las posibilidades de inversión de los empresarios, que dispondrán de más capital para invertir, por lo que se logrará aumentar la producción. Durante los periodos de expansión económica, podrá ser necesario aumentar los impuestos y gastar menos de lo presupuestado para evitar presiones inflacionistas debidas a un exceso de dinero en relación con los bienes disponibles. Entre los diversos sistemas impositivos de cada país existen profundas diferencias tanto en lo que respecta a los ingresos como en lo concerniente a gastos. Las políticas impositivas y de gastos reflejan el sistema de valores que caracteriza a una sociedad. Casi todas las democracias modernas consideran que un buen sistema impositivo ha de cumplir cuatro principios fundamentales enunciados en el siglo XVIII por el economista escocés Adam Smith. Equidad: Un impuesto ha de ser, por su propia naturaleza, equitativo, es decir, que las cargas fiscales que se paguen sean proporcionales a la capacidad de pago de los individuos (algo que Smith definía de una forma ambigua afirmando que debían ser proporcionales al beneficio obtenido del Gobierno). Se considera que un impuesto es equitativo cuando los individuos contribuyen en relación a su capacidad de pago o, según la situación, de la cantidad de servicios que obtienen del Gobierno. Por lo tanto la capacidad de pago y los servicios obtenidos serán criterios de equidad. Cuando la intervención pública en la economía es muy grande, resulta imposible diferenciar los dos criterios, ya que la gente más rica posee una mayor parte de la riqueza social. Se considera equitativo que, cuando una persona recibe un determinado servicio del gobierno —que no obtienen los demás ciudadanos—, pague parte de los costos del servicio; como es obvio, este criterio no se aplica cuando se obtienen subsidios gubernamentales o una transferencia de renta como parte del sistema de redistribución del estado de bienestar. Cuando un sistema impositivo satisface los dos criterios anteriores se dice que es verticalmente equitativo (es decir, que quien tiene mayor capacidad de pago paga más). De igual importancia es la equidad horizontal, según la cual, a igual capacidad de pago corresponde igual presión fiscal. Claridad y certidumbre: La aplicación práctica del sistema impositivo tiene que ser clara y constante. Este principio, considerado esencial por Smith, suele subestimarse en los actuales sistemas impositivos (porque se supone que la administración pública es abierta e imparcial). Sin embargo, si este principio no se cumple y los impuestos varían cada año y son arbitrarios, los ciudadanos del país no podrán confiar en el sistema económico. Por ejemplo, altas tasas de inflación pueden crear incertidumbre y hacer que la gente piense que el tipo impositivo va a aumentar al ponerse en duda la equidad del sistema aplicado a ingresos que sufren más duramente los efectos de la inflación. Estas reacciones demuestran que los principios de claridad y certidumbre son esenciales para que el sistema impositivo resulte creíble. Aplicabilidad: El cumplimiento de las obligaciones tributarias dependerá de que su aplicación práctica sea fácil. El fraude fiscal se ha reducido mucho en aquellos países que han creado sistemas que permiten la retención de parte de los impuestos en la nómina de los trabajadores. Eficiencia: Un buen sistema impositivo tiene que ser fácil de administrar. Los sistemas tributarios difíciles de gestionar restan recursos de actividades productivas y minan la confianza en el sistema y en el ejecutivo. Y lo que es peor, un sistema tributario mal diseñado y una excesiva imposición puede aumentar el fraude fiscal; además, los impuestos demasiado elevados pueden provocar que los inversionistas detraigan recursos de actividades productivas hacia actividades más especulativas. Cuando esto ocurre no se cumple un principio que Adam Smith consideraba implícito: la neutralidad de los impuestos, es decir, que la imposición no debe modificar el comportamiento de los agentes económicos de un país. Los principios establecidos por Smith han superado con creces la prueba del paso del tiempo. A lo largo de la historia se han añadido otros principios, aunque a veces éstos han sido dañinos y contradictorios. Por ejemplo, se intentó crear un sistema que permitiera una mayor elasticidad de los impuestos, es decir, que variaran —sin cambiar el tipo impositivo— cuando cambiaran las condiciones económicas. Sin embargo, la mayor elasticidad tributaria generaba ineficiencias cuando había altas tasas de inflación, porque la gente tenía que pagar más impuestos al tener ingresos previamente señalados, y sin embargo, su renta real podía haber disminuido (porque la previsión no contemplaba la subida de los precios). El alto nivel de ingresos impositivos animaba a los gobiernos a aumentar sus gastos cuando la mayor presión fiscal estaba desincentivando el trabajo, el ahorro y la inversión. Esta situación puede crear un estancamiento económico acompañado de inflación. En ese caso será necesario revisar el sistema tributario, reduciendo su elasticidad y adaptándolo al nivel de inflación. Base impositiva: Al elaborar un sistema impositivo, los gobiernos suelen atender tres indicadores de la riqueza o de la capacidad de pago del contribuyente: sus ingresos, sus gastos y su patrimonio. Desde una perspectiva histórica, la agricultura, como primer sector productivo, fue el sector que se gravó en un principio. Por lo tanto, entre las principales fuentes de ingresos los más antiguos son los derivados de los impuestos sobre la propiedad de los bienes impositivos y sobre los productos que se obtienen de ésta. El control de la propiedad de otro tipo de bienes era más difícil, pero a medida que se desarrollaron los mercados fue haciéndose más fácil gravar la renta y la transferencia de bienes, obteniéndose cuantiosos beneficios a partir de estos impuestos. La aparición del comercio internacional facilitó la creación de los impuestos aduaneros, que se establecieron tanto con fines recaudatorios como con fines de control de importaciones. El crecimiento del comercio provocó la creación de multitud de impuestos, desde los impuestos indirectos que gravan algunos bienes de consumo (como ocurría antaño con la sal) hasta impuestos especiales que gravan determinadas transacciones económicas. Ejemplo de estos últimos, que siguen en vigor en algunos países, son los timbres que aparecen en algunas facturas y en otros documentos legales y financieros (el gobierno británico exigía a los colonos estadounidenses el pago de estos timbres que, al considerarse injustos, fueron una de las causas de la guerra de la Independencia). Los impuestos especiales también se utilizan para gravar bienes de lujo (suntuarios) o algunos bienes específicos como la gasolina, el licor y el tabaco, éstos últimos porque los gobiernos desean limitar su consumo. Muchos países crean impuestos indirectos sobre la venta. Para disminuir la presión fiscal sobre los más desfavorecidos, se excluyen de estos impuestos los bienes primarios como los alimentos y algunas medicinas. Los países de la Unión Europea cuentan con un impuesto sobre el valor agregado (IVA) que se aplica a su vez al bien en cada una de las etapas del proceso de producción. Aunque este impuesto es de muy reciente creación, los impuestos que gravan la propiedad, la compra-venta, la transferencia o la utilización de un bien son mucho más antiguos que los impuestos sobre la renta. El primer impuesto sobre la renta de las personas físicas se creó en Gran Bretaña en 1799. Problemas para alcanzar la equidad: Puesto que no hay ningún indicador preciso de la capacidad de pago, casi todos los países intentan diversificar la presión fiscal gravando las distintas fuentes de riqueza. Se suele equiparar la capacidad de pago con el nivel de ingresos. Sin embargo, este supuesto parece cada vez menos adecuado debido a las injusticias que generan los modernos sistemas tributarios. El impuesto sobre el patrimonio también está recibiendo numerosas críticas. Los expertos en la materia parecen preferir los impuestos sobre el consumo, pero estos son poco populares. Ningún impuesto es equitativo por completo; parece inevitable que grave más a unos que a otros. Por ello, se han creado numerosas exenciones, excepciones y deducciones para reducir la presión fiscal sobre los más desfavorecidos. Esto se ha debido, en parte, a presiones políticas, y hasta cierto punto, debido a la ineficacia de la administración o a la incapacidad de gestionar un sistema tributario complejo en exceso. Utilizando varios impuestos, los gobiernos intentan distribuir las posibles ineficiencias, reduciendo así sus efectos. A medida que la presión fiscal aumenta, así como el descontento de los contribuyentes, crece el interés por aumentar la equidad de los impuestos y la oferta de servicios. En algunos países estos servicios se financian a partir de los impuestos que se cobran sobre los mismos. Por ejemplo, se cobran para financiar los gastos de la educación. Los impuestos sobre la gasolina estarían destinados en teoría pura a financiar la construcción y mantenimiento de la red vial. Las cotizaciones a la seguridad social permiten sufragar los gastos del seguro de desempleo, de la sanidad pública y el pago de pensiones. Sin embargo, se trata de una decisión política, por lo que en algunos países (como en España) lo que se obtiene de un impuesto no tiene que servir para financiar el bien público que gravan. Aunque este sistema facilita la gestión de los impuestos, también puede crear desequilibrios presupuestarios, generando superávit en algunos servicios cuando otros carecen de fondos suficientes. Incidencia: Los efectos económicos, y por tanto la incidencia de los impuestos, no puede calcularse con precisión debido a la dificultad de saber sobre quién recae en realidad el impuesto. Incluso cuando se trata del impuesto sobre la renta de las personas físicas —y por lo tanto se supone que su peso incide directamente sobre el contribuyente— existen una serie de efectos indirectos; este impuesto afecta a las decisiones de trabajo, ahorro e inversión y a su vez estas decisiones afectarán a terceros. Es probable que la incidencia del impuesto sobre la renta de las sociedades sea la más difícil de determinar. Dependiendo de la estructura y la flexibilidad del mercado donde opere la empresa, el impuesto afectará tan sólo a los beneficios y a los dividendos o reducirá el nivel de ingresos de todos los propietarios y de todas las empresas. Debido a que éstas pueden trasladar la carga impositiva al precio de sus productos, la incidencia del impuesto puede afectar a los consumidores. Si el impuesto reduce el margen de beneficios de la empresa, ésta podrá reducir los salarios, o efectuar despidos de sus empleados por lo que serán los trabajadores quienes se vean afectados por el impuesto. Efectos secundarios de los impuestos: A pesar de las dificultades para calcular la incidencia de los impuestos con exactitud, los gobiernos procuran mantener, al menos, cierta equidad vertical. Su principal preocupación reside en saber si los impuestos gravan más a los ricos que a los pobres (impuesto progresivo), si gravan a todos según su capacidad de pago (impuesto proporcional) o si acaso grava más a los más desfavorecidos (impuesto regresivo). En casi todos los países industrializados se prefiere utilizar una estructura tributaria progresiva, por dos razones. En primer lugar, porque se considera que los impuestos progresivos son más equitativos (los más ricos tienen mayor capacidad de pago). En segundo lugar, la riqueza y la pobreza extremas perjudican el bienestar social y económico de una sociedad, y los impuestos progresivos tienden a reducir estos extremos. Por otro lado, los tipos impositivos demasiado progresivos —que aumentan demasiado— desincentivan tanto el trabajo como la inversión, al disminuir su rentabilidad real. A principios de la década de 1980 este problema llevó a que los políticos se interesaran por lo que se denomina políticas económicas del lado de la oferta, es decir, aquellas teorías que subrayan la importancia de fomentar la oferta, evitando que los impuestos desincentiven la inversión individual o empresarial. Evasión, defraudación, simulación, planeación fiscal etc.: Imperativo ético: La evasión de impuestos representa una situación de gran inequidad entre quienes cumplen sus obligaciones tributarias y quienes no lo hacen. Corregir esta inequidad no es sólo un imperativo ético, sino también un requisito indispensable para el buen funcionamiento de una economía moderna. En efecto, por un lado, el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de algunas empresas genera una situación de competencia desleal respecto del resto del sector privado. Por otra parte, el respeto a la normativa tributaria es parte del principio más general de respeto a la ley que toda economía moderna requiere para funcionar adecuadamente. La percepción de que existe evasión termina representando un obstáculo para la promoción del cumplimiento voluntario de las leyes impositivas por parte de los buenos contribuyentes. La defraudación fiscal es una forma de incumplimiento consciente de la norma que supone la obtención de un beneficio, generalmente económico, para el trasgresor, en perjuicio de aquellos que cumplen honestamente con sus obligaciones respecto a la economía pública. Las causas que motivan que el individuo defraude son un conglomerado de procesos económicos, jurídicos y ético - sociales que se resumen a continuación. Percepción de la Relación de Intercambio: A la hora de cumplir con sus obligaciones tributarias, al pagar el impuesto del I.S.R. (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), por ejemplo, los individuos de forma más o menos consciente tienden a comparar la inutilidad de los pagos, o prestaciones que personalmente tiene que realizar a la economía pública, con la utilidad que les reporta lo que reciben de la misma. Si los sujetos en cuestión adoptan el papel de compradores de bienes y servicios públicos, perciben que el intercambio está desequilibrado en su perjuicio y, por lo tanto, surge la legitimación subjetiva de su comportamiento fraudulento. Los factores subjetivos que influyen en esta percepción de una desequilibrada relación de intercambio son: 1.- Inutilidad personal de los pagos a realizar, en función del nivel de los tipos impositivos y las cotizaciones, y la capacidad económica del sujeto. 2.- La inutilidad personal derivada de los costos indirectos -costos de dinero, de tiempo o psicológicos- asociados al cumplimiento de la obligaciones de la economía pública, como consecuencia de la complejidad y variabilidad de las normas. 3.- La utilidad del gasto individual disfrutado, en función del grado en que el gasto público se ajusta a las necesidades y demandas concretas de los ciudadanos. 4.- La valoración económica del gasto individualmente disfrutado, en base tanto a la correcta percepción por parte de los individuos del conjunto de bienes y servicios públicos de los que directamente se benefician, como el conocimiento del costo efectivo de los mismos. 5.- La percepción individual sobre la eficiencia del gasto, en función de la honestidad y ejemplaridad manifiesta en la administración de los caudales públicos. Son dos las circunstancias que influyen en la comparación de utilidad e inutilidad, y en la valoración económica del gasto individual beneficioso. Por un lado, el individuo carece de plena conciencia sobre el gasto público del que puede disponer. Por otro lado, al sujeto le resulta difícil conocer el costo efectivo de los servicios que percibe. Si, además, el individuo compara su capacidad económica y el esfuerzo directo o indirecto que le supone cumplir, con los supuestamente inagotables recursos de los que dispone la administración para financiar el gasto público, le conducen claramente a la opción de defraudar al sistema. Percepción de Equidad en el Sistema: Los individuos respetan más fácilmente las normas a que se ven sujetos si perciben que el sistema que las determina es equitativo, al atribuir unas obligaciones y derechos comparables entre distintos individuos en función de su nivel de ingresos, su grupo social, su localización geográfica, etc. Sin embargo hay varias causas que pueden hacer que esta percepción varíe, son las siguientes: 1.- Los criterios de asignación de obligaciones y prestaciones, cuando sitúan a los individuos en una situación objetiva y/o subjetivamente desventajosa frente a otros individuos. 2.- El grado de generalidad fraudulenta conocido o sospechado en el entorno social del individuo. 3.- El comportamiento más o menos honesto e incorrupto llevado a cabo por quienes desempeñan tareas de liderazgo político o de referencia social. El Principio de Solidaridad: Dado que el fraude es un comportamiento intencionado que, siendo contrario a la norma, beneficia a unos pocos individuos perjudicando directa o indirectamente a la mayoría restante, su realización responde claramente a un sistema de valores claramente carente de toda solidaridad. El individuo recorre al comportamiento fraudulento para restablecer su particular y subjetiva visión de la relación de intercambio y de equidad del sistema, ignorando o despreciando las consecuencias negativas que para los demás pueda tener su conducta fraudulenta. Las causas de esta insolidaridad pueden resumirse en: 1.- Un reducido sentimiento de grupo en el ámbito nacional. Si el individuo no se identifica con la sociedad a la que pertenece, difícilmente podrá sentirse solidario con los demás. 2.- Un proceso de socialización en el se presta poca atención a los valores cívicos y que, sin embargo, subraya la importancia del beneficio económico personal por encima de cualquier otro tipo de valoraciones. 3.- Un tipo de vida que no fomenta la convivencia entre los ciudadanos o que deriva en relaciones fuertemente conflictivas y competitivas, reforzando el desarrollo de actitudes favorables al fraude que se agudizan al intensificarse la sensación de inseguridad o incertidumbre respecto al futuro. 4.- Una baja implicación de los ciudadanos en las decisiones colectivas. 5.- Un desconocimiento del daño que la propia conducta puede ocasionar a los demás. Factores de Oportunidad de la evasión: El factor oportunidad permite a los individuos aprovechar fallos o deficiencias (lagunas) en el sistema para obtener resultados contrarios a los previstos por el mismo. Para que esto se origine, el defraudador, debe percibir que estas oportunidades están a su alcance. Factores de Decisión: Dada una propensión al fraude y un esquema de oportunidades, la decisión de defraudar responde a la valoración que hace el individuo de las ventajas e inconvenientes que le reporta esta conducta. México, la segunda mayor economía de América Latina, tiene una recaudación tributaria cercana a 11 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), menor que otros países de la región. Ideas sobran, Dinero falta: México , estrenando una flamante “democracia” llegada al poder dado lo desgastado de los zapatos de los mexicanos, con más de la mitad de su población viviendo en extrema pobreza y con la incertidumbre de recaer en más y severos descalabros económicos que por errores o sin ellos se han producidos cíclicamente en los últimos veinticinco años, ocasionando con esto pocas o nulas oportunidades de empleo, economía informal creciendo por todo el país sin control alguno, inseguridad pública , reparto de la riqueza cruelmente in equitativo etc. Se dio el cambio vuelta al partido PRI, más que por convencimiento de la población por hartazgo e incredibilidad en las instituciones. Escuchando las promesas de los candidatos eligieron aquel que ofrecía más de todo y a un corto plazo. Pero para hacer, se tiene que tener con que hacer, y el ejecutivo federal creó expectativas alegres fundamentadas en una mayor recaudación, la cual se daría a su entender en la iniciativa que el poder ejecutivo presentó al H. Congreso de la Unión, se, mediante la cual se pretendía, la adopción de un nuevo marco tributario eficiente, equitativo, moderno y competitivo, que se agrupaba en cinco puntos a saber: - Apto no gravar con el IVA a alimentos y bebidas - Apoyar la inversión, el ahorro y el empleo - Facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales - Otorgar mayor seguridad jurídica Nuestro país a lo largo de los años ha sufrido de constantes reformas fiscales que han llevado a nuestra legislación fiscal a convertirse en un enigma que pocos logran descifrar, rompiendo con ello todo pero absolutamente todo lo que deberían ser la legislación fiscal de un país moderno, sacando de provecho con ello solo mayor evasión fiscal de parte de los contribuyentes que ven en ella un acertijo sin resolución. Cabe destacar que en la discusión de la iniciativa no fue desaprovechada por los partidos de la oposición que más que velar por los interese de sus representados vieron en ella un filón para sus fines partidistas. El tiempo se vino encima y la discusión ocupaba día a día los medios informativos con dimes y diretes de un lado y del otro. La población absorta solo veía su bolsillo peligrar por los nuevos impuestos al consumo (IVA), sin considerar los beneficios que pudiera darle una mayor recaudación vía los servicios que presta el gobierno. Al final, el tiempo se vino encima y se aprobó a altas horas de la madrugada unas modificaciones a diversos ordenamientos que tuvieron que ser publicados en el Diario Oficial de la Federación el 1 de enero del 2002, para entrar en vigor a partir del mismo día de su publicación. Pero resulto de toda esa polémica un potaje de nuevas cargas adicionales que se imponen a los contribuyentes cautivos y a los consumidores, y que se introducen, a través de distintas disposiciones. El gobierno federal ha reconocido que la recaudación que se ha generado por esta ley ha sido muy baja y no va ser ni aproximada a lo requerido para realizar prácticamente ningún proyecto trascendental. Y espero sinceramente les alcance para cubrir las altas remuneraciones a los legisladores y demás servidores públicos, que a mi juicio se hallan fuera de todo contexto; debo respetarlos porque sus cualidades tendrán, además de que fueron elegidos democráticamente por la ciudadanía que representan, pero eso si me queda muy claro, no son expertos al menos en materia impositiva y los resultados constan a la vista. Los amparos a las nuevas disposiciones fiscales aprobadas son llevadas a los juzgados en carretillas, la fiabilidad de las nuevas disposiciones ponen en manifiesto el desconocimiento pleno de nuestros legisladores al expedir o modificar los preceptos legales, que solo redundara en beneficio de los abogados fiscalistas que viven en jauja a raíz de estas modificaciones. Los jueces se ven completamente avasallados por tanto caso por atender en materia de amparos fiscales. Nuevamente se tomó la decisión de subir la carga impositiva al sector productivo del país (cautivos fiscalmente) que por cierto cada día desertan más a incorporarse a la economía informal o subterránea como se le conoce. Este sector ha sido el que tradicionalmente paga sus impuestos aquellos que prestan un trabajo subordinado y se les retiene su impuesto por su empleador, el profesional independiente que también en carácter de pago anticipado se le retiene un porcentaje de ISR y otro de IVA. Pudiéramos definirse este sector como la cada vez menos clase media en vías de extinción. La clase empresarial también flagelada por estas disposiciones discordantes fiscales aprobadas, a través de sus asesores legales dará cuenta de estas modificaciones por vía de amparos contra el Congreso de la Unión y otras autoridades. Los desamparados seguirán siempre sin amparo y los amparados seguirán siempre amparados, el número de pobres ira en aumento sin tener a corto plazo quien se apiade de sus necesidades más elementales de sobre vivencia. Conclusión: Es imperativo se busque subsanar a la brevedad posible las deficiencias en nuestra legislación fiscal, atendiendo los cuatro principios fundamentales de los impuestos citados con anterioridad. Equidad, Claridad y Certidumbre, Aplicabilidad e Eficiencia. Debe dejarse de imponer toda la carga tributaria al sector tradicionalmente productivo, esto significa dejarlos trabajar y producir que es lo que saben hacer, y lo saben hacer bien y no coartando su crecimiento. Acabar con la economía informal en todas sus facetas, que tanto daño hace a la nación que no se vea en este sector a potenciales votantes sino a mexicanos en igualdad de circunstancias con sus derechos y obligaciones que cumplan con su deber ciudadano de contribuir a los gastos del país. Se reduzca el gasto público en relación directa a los ingresos percibidos por el Estado, y no se busque el mantener un flujo de efectivo por la venta de empresas públicas; las cuales pienso, se les ha olvidado fueron adquiridas por el caudal del erario producto de las contribuciones de mexicanos no hace muchos años atrás. La ineficiencia en la administración de dichas empresas, si es que existe, debe ser subsanada a la brevedad posible y hacerlas autosuficientes sin olvidar que ellas son las que más contribuyen en el pago de impuestos (PEMEX), situación que en manos de particulares pudiera no presentarse. Bueno por último, las reformas fiscales y el pago de impuestos en ningún país del orbe son populares y nunca lo serán, Así que no nos queda más que exigir a nuestros legisladores haga su trabajo a favor de sus representados y de México.
Posted on: Sat, 26 Oct 2013 00:00:34 +0000