Derogación de la ley de subversión económica El FMI exige su derogación por Julio C. González En el diario la Nación, página 4 del día 19 de Marzo de 2002, leemos lo siguiente: “El Ministerio de Economía y los bloques de senadores y diputados del Justicialismo acordaron en las últimas horas avanzar de inmediato con las dos últimas exigencias que planteó el FMI para brindar una ayuda económica a la Argentina: la derogación de La Ley de Subversión Económica y la modificación de la actual ley de quiebras La derogación de la Ley de subversión económica fue reclamada por Anoop Singh, el enviado (de nacionalidad hindú) del Fondo a Buenos Aires. Es entonces evidente que esta original normatividad penal, que tiene nuestro país para defensa de su economía, es altamente perturbadora para el arbitrario funcionamiento del Fondo Monetario internacional y demás estructuras Bancarias de la “globalización”. El diario que citamos señala en la cuarta columna del artículo que glosamos lo siguiente: “Durante las últimas semanas aumentaron las causas judiciales contra banqueros y empresarios por el presunto delito de subversión económica, contemplado en una ley que proviene de la última dictadura militar" (1) La última referencia exhibe la desinformación que padecen quienes - paradójicamente- deberían informar a la opinión pública argentina. ¿Por qué? Sencillamente porque esa ley fue sancionada por unanimidad por el Congreso Nacional el 28 de septiembre de 1974 y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional (entonces ejercido por la Señora M.E. Martínez de Perón ) el 30 de septiembre de 1974. Se halla registrado bajo el número 20.840 y el Decreto que la promulga lleva por número 967 del año 1974, habiendo sido publicada por el Boletín Oficial el 2 de octubre de 1974. El texto integral de la ley fue concebido y redactado por mí, por requerimiento que me hizo el Poder Ejecutivo en la época en que ejercía el cargo de Secretario Técnico de la Presidencia de la Nación. Pido respetuosas disculpas a los lectores por la falta de modestia que me lleva a escribir en primera persona. Empero considero que ante la absoluta desinformación con que se trata esta cuestión y la obsecuencia del actual Poder Ejecutivo y de los senadores y diputados del bipartidismo, que actúa como “gestor” de las imposiciones del FMI, es necesario poner las cosas en su lugar. La ley que comentamos fue uno de los instrumentos jurídicos que me cupo el honor de redactar para defensa del patrimonio de la Nación Argentina, del patrimonio del Estado Nacional y de las economías particulares y personales que forman los bienes vitales del pueblo argentino. Un autor británico, Harry S. Ferns , Profesor de la Universidad de Birmingham publicó en ese año de 1974 una nueva edición de su obra “Argentina” (Editorial Sudamericana; Buenos Aires) en cuya página 247 leemos lo siguiente: “Como no sea mediante una guerra civil devastadora, resulta difícil imaginar cómo puede deshacerse la revolución efectuada por Perón.” (1) Toda la obra de este autor expresa - con rigurosas cifras- que lo que él mismo denomina “revolución”, fue la puesta en marcha y el desenvolvimiento, a partir del 4 de junio de 1943, lo que las Fuerzas Armadas proyectaron como una “ARGENTINA INDUSTRIAL-TECNOLÓGICA Y CIENTIFICA” esto es, la Argentina de los valores agregados. Su vanguardia fueron la dirección General de Fabricaciones Militares (obra inmortal del General Savio), el desenvolvimiento de la petroquímica de YPF (fundada por los Generales Mosconi y Baldrich en la década de los años 20) y la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Estructuras éstas de las cuales se derivó un largo etcétera hasta el año 1989, en que un oscuro individuo fue promocionado a la Presidencia de la Nación para que -en el término de diez años- se entregase todo el patrimonio de la nación a cambio de NADA, como lo acredita la Ley de Reforma del Estado 23.696 del 18 de Agosto de 1989, fecha de promulgación de esa norma. Junto con la entrega a precio simbólico de Fabricaciones Militares , el país perdió su Poder Energético, su Poder Financiero, su Poder sobre los medios de transporte, su Poder sobre los medios de comunicación su Poder sobre las materias primas, su Poder sobre los Servicios Públicos (comenzando por el agua de Obras Sanitarias de la Nación y Hospitales Públicos), su Poder sobre el sistema Previsional y su Poder sobre las Fuerzas Armadas. Esta cibernética de entregas y negociados en el orden privado, se concreta en una gigantesca desindustrialización a través de la desaparición de 108.000 establecimientos industriales. Y la tragedia que se halla a la vista: más de diez millones de ciudadanos argentinos sin ningún recurso para seguir viviendo. El terrorismo económico y financiero fue en la década de 1970 y ahora, desde el año 1990 hasta el presente año 2002, el complemento y finalidad última de los terrorismos bélicos y psíquicos/psicológicos en todas sus variables personales y quehaceres operativos. Por esa razón la ley 20.840 - que ahora el FMI sin hesitaciones ni ocultamientos le exige al Gobierno Argentino derogar - representa la mecánica jurídico económica decisiva para que la “guerra civil devastadora” que se ha planificado, no logre su objetivo de dejar a nuestro país con una población de tan sólo diez millones de personas , esto es, con veinte millones de argentinos que tengamos como único destino el cementerio o el exilio y la emigración compulsiva. Es importantísimo destacar que el Congreso Nacional en la década de los años 80, modificó y redujo las penas de la ley de terrorismo económico, empero no la derogó. En el próximo número seguiremos con el análisis de las figuras delictivas del TERRORISMO ECONÓMICO, comentando la ley taxativamente. El Dr. Julio C. González es Profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora; ex profesor de la Universidad Nacional de Buenos Aires 1965-1976 y ex secretario técnico de la Presidencia de la Nación periodo constitucional 1973-1976.
Posted on: Thu, 04 Jul 2013 00:40:18 +0000
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