En el Uruguay, la política y la vida social se rigen fundamentalmente por lo que sucede en los centros urbanos. En general lo agrario, cuando es noticia en la gran prensa, refleja los reclamos de los grandes produc¬tores exigiendo la preservación de sus ganancias. Los precios agropecuarios, el tipo de cambio y los impuestos, ocupan en el último tiempo la atención de las páginas especializa¬das de la prensa grande. En cambio la situación de los asalariados rurales y de los agricultores familiares, es desconocida para la mayoría de los uruguayos. Se da a conocer anualmente con mucha precisión el stock ganadero, su composición por categorías, el número de animales faenados, las toneladas de granos y de frutas cosechadas, etc. Pero muy poco se informa sobre la realidad social de los trabajadores rurales, sus condiciones de vida y laborales, su nivel nutricional o los índices de mortalidad y morbilidad infantil. Tampoco se informa sobre las condiciones de la vivienda y el acceso a la educación de la población rural. El sector agropecuario de nuestro país está compuesto, por un lado por trabajadores rurales -es decir asalariados no propieta¬rios de los medios de producción que dependen de la venta de su fuerza de trabajo para subsis¬tir- y los grupos familiares, que disponen de un volumen reducido de medios de produc¬ción, en unidades donde el trabajo de la propia familia es el predominante. Por otro lado, se encuentran los empresarios nacionales y extranjeros del sector, en su mayoría grandes propietarios. A estos, más o menos recientemente se le han sumado dos nuevos actores: En primer lugar, las compañías trasnacionales que controlan importantes extensiones de tierras y de capital y quienes han pasado a ser determinantes en las decisiones comerciales del sector agroalimentario, en lo que tiene que ver con las semillas, maquinaria, fertilizantes y agrotóxicos y hasta el mismo modo de producir, pasando por la industrialización y comercialización. A ellas se debe también el polémico ingreso de variedades transgénicas. El segundo, los inversionistas extranjeros que adquieren o alquilan tierras -principalmente optan por esta última modalidad- fundamentalmente destinadas a la producción de soja para la exportación. Ambos actores irrumpieron sin ningún tipo de regulación ni control y están produciendo una verdadera “contrarreforma agraria” como consecuencia de destrucción de cientos de pequeñas unidades de producción y el agotamiento y pérdida del suelo por el tipo de tecnología que utilizan. Debido a ello, es lógico que los trabajadores tengamos una problemática y por lo tanto una perspectiva diferente a la de los empresarios agrarios, derivada de la posición que ocupamos en el proceso de producción. A pesar de las condiciones socialmente adversas en las que se desarrolla, nuestro sector posee una rica historia de reivindicaciones y luchas por sus derechos, entre ellas el acceso a la tierra. Las primeras movilizaciones sindicales de que se tiene noticia se remontan a la década del 30 del siglo pasado y es a partir de la segunda mitad del siglo que las luchas de los asalariados rurales pasan a tener cierta difusión y a constituir un elemento importante de denuncia de sus condiciones salariales y de vida, así como la ausencia del Estado para establecer y hacer cumplir algunas elementales normas sobre las condiciones del trabajo asalariado en el medio rural. Producto de una larga lucha, que por razones de tiempo no podemos reseñar aquí, algo hemos avanzado. Dentro de los logros más importantes se destacan: - La Ley de 8 horas de trabajo para los trabajadores rurales, recién alcanzada en 2009 y cuyo cumplimiento todavía es marginal. - El Decreto 321 del 2009 que implementó las Comisiones de Salud y Seguridad en la agricultura. - La reinstalación de los Consejos de Salarios en el 2005, incluyendo por primera vez en ellos a los trabajadores rurales. - La Ley 17.940 del 2005, que fija normas para la protección de la libertad sindical. Pese a la cual, debido a las reaccionarias políticas de los empresarios rurales, solamente un 7 por ciento de los asalariados rurales están sindicalizados. La anterior calificación de reaccionaria no es antojadiza ni gratuita. En la pasada Expo-Prado, organizado por la Asociación Rural del Uruguay, la misma que se llena la boca reivindicando la libertad de expresión en contra de la llamada ley de medios, prohibió el ingreso de un grupo de trabajadores sindicalizados pese a que los mismos habían adquirido su entrada, con el argumento de que “todos ustedes están fichados”. Cuando medios de prensa consultaron al presidente de la ARU sobre ese hecho, respondió que “habían seguido recomendaciones del Ministerio del Interior”. Ese incidente, del que todavía no hemos recibido las disculpas del caso, nos confirma que todavía se nos considera ciudadanos de segunda clase. Discriminación que se reafirma por el hecho de que, mientras cualquier trabajador necesita completar 150 jornales para acceder al Seguro de Paro, a los trabajadores rurales se nos exigen 250. Por lo tanto, son varias las luchas futuras que deberemos emprender para alcanzar un mínimo grado de justicia social. Pero esas luchas no podrán limitarse solamente a lo material, también tendremos que luchar por la conservación del medioambiente. En ello nos va la vida. El día en que la tierra y el agua se agoten, los capitalistas emigrarán, mientras nosotros permaneceremos arañando la tierra yerma. German González y Enildo Iglesias
Posted on: Thu, 07 Nov 2013 17:51:22 +0000
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