¡Exclusiva! Escándalo corrupción en Aduana se diluye tras retiro “ilegal” de querella Tres años después de observar cómo la justicia dominicana titubeó sin decidir apertura de juicio contra tres imputados de dejar pasar furgones sin verificar a cambio de dinero, en la Dirección Nacional de Aduanas, la entidad decide dejar sin efecto el sometimiento judicial que hiciera contra sus empleados, entre los que se encontraba el hijo de un legislador del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a pesar de que la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, responsable de conducir entonces las primeras indagatorias del caso, determinara que había pruebas suficientes en contra de los involucrados. Y en efecto, el sistema judicial dominicano, al parecer, apostaba a que el contrabando detectado en las Aduanas de Santiago en julio de 2010, se extinguiera entre la bruma del tiempo y el olvido. Una cosa sí es cierta, el presunto fraude ?que en una segunda etapa incluyó lavado de activos? evidenció la vulnerabilidad de las recaudaciones fiscales por la entrada de mercancías al país. No obstante, con lo ocurrido la pasada semana, la investigación del Ministerio Público no despejó ni despejará jamás las dudas de si parte de la campaña electoral de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana en las últimas elecciones congresuales, habría sido financiada con recursos obtenidos a través de las Aduanas durante el primer semestre del año 2010. Lo cierto es que, sin explicación alguna, la Dirección General de Aduanas (DGA) decidió dejar sin efecto el sometimiento judicial que hiciera contra sus tres empleados, a quienes acusaba de despachar los furgones de mercancía sin verificar, en franca violación a lo que establece el artículo 58 de la Ley 76-02, que crea el Código Procesal Penal dominicano. Dicho articulado se refiere a la irrenunciabilidad e indelegabilidad y de manera textual indica: “La jurisdicción penal es irrenunciable e indelegable, excepto en los casos en los cuales el ejercicio de la acción pública esté sujeto a la presentación de querella o instancia previa o la ley permita de modo expreso el desistimiento del ejercicio de la acción pública en cualquier fase del procedimiento”, lo que no ocurre en este caso específico, pues se trata de un fraude contra el Estado. “Ni muerta me retracto”, fueron las contundentes expresiones de la entonces fiscal de Santiago, Yeni Berenice, quien encabezó las indagatorias, iniciadas en junio de 2010, aunque no fue hasta el 9 de febrero de 2011, que el Ministerio Público presentó la acusación, en la ocasión, calzada con la firma de su sucesora, Luisa Liranzo. En ese momento, el proceso llevaba tres aplazamientos de la audiencia preliminar, solicitando el Ministerio Público dichos reenvíos, que solamente servían para retardar el inicio del juicio de fondo, contraviniendo lo que establece la legislación vigente. En la ocasión, tanto el consultor jurídico de la DGA, Gerardo Rivas, en la administración de Rafael Camilo, como el procurador fiscal de la Unidad contra el Lavado de Activos, Germán Miranda Villalona, se desligaron de la lentitud del proceso. El tema ocupó un lugar de preferencia en la agenda de no pocos comentaristas de programas especializados, tanto de radio como de televisión. En algunos casos cuestionando la acción, y en otros, dándose golpes de pecho por la “travesura” cometida por hijos de dirigentes “probos” del partido en el poder. Solo que, como en el caso de uno de los señalados como principal cabecilla de la cuestionable acción, Adalberto Rosa, su padre, del mismo nombre y a la sazón diputado ante el Congreso por la provincia de Santiago, había sido señalado también en el año 2001 por actividades nada honorables mientras era un alto ejecutivo de la desaparecida Compañía Anónima Tabacalera. La cuestión es que, entonces como ahora, se apostaba al olvido y el propio legislador salió al frente de los medios de comunicación a defender tanto a su hijo como su “honorabilidad”. Mientras, el pasado jueves, la Dirección de Aduanas retiró la querella contra varios hijos de exfuncionarios acusados de cometer un fraude en perjuicio del Estado por más de 100 millones de pesos en el 2010. Además de Adalberto Rosa Rosario, subcolector operativo del depósito fiscal Now Logistics, en la lista de imputados se encontraban Herald Estévez Peña, administrador; y Miguel Ángel de Jesús Lazala Cabrera, aforador II. La lista inicial se amplió con la inclusión de Pedro José Almonte Luna, residente en Esperanza, Valverde Mao, y presidente de Papo Shipping; Patria de Jesús Vargas, domiciliada en Santo Domingo Oeste, y sus hijos José Rafael Marte de Jesús, de San Francisco de Macorís, y Juan José Marte de Jesús, de Santo Domingo Este. También figuran como imputados el abogado Gibrán Abukarma Martínez, con domicilio en la calle 27 de Febrero de San Francisco de Macorís; Héctor Manuel García Ortega, residente en la calle Hatuey, Torre Vista Park, en el Distrito Nacional; y Ramón Leonardo García Feliú, domiciliado en la urbanización Caperuza, en San Francisco de Macorís, y aunque al final no figuraba como imputado, se encontraba Hamlet Rodríguez, hijo de Ramón (Monchy) Rodríguez, presidente del Comité Municipal del PLD en Santiago y director de los Comedores Económicos. Cuando el caso saltó a los medios en julio de 2010, era vox pópuli en Santiago lo que sucedía alrededor de estos empleados de la Dirección General de Aduanas. El contrabando habría sido develado porque a uno de los beneficiarios lo dejaron fuera de la repartición y, en represalia, denunció a sus compañeros, aunque en retribución a las informaciones suministradas no fue incluido en el expediente acusatorio, narran fuentes. Adalberto Rosa Rosario, Herald Estévez Peña, Miguel Ángel Lazala Cabrera, Pedro José Almonte Luna y los demás implicados en el caso, eran procesados bajo las imputaciones de asociación de malhechores, lavado de activos provenientes de tráfico de armas, tráfico de dólares y desfalco. Como parte del proceso, las autoridades incautaron torres en construcción en Santo Domingo y locales comerciales en San Francisco de Macorís. “La DGA detectó ciertas irregularidades en almacenes y depósitos en Santiago; esas anomalías estaban ligadas al hecho de que las recaudaciones habían bajado en más de un 70%, pese a que el flujo de mercancías que entraba al país a través de Aduanas Santiago seguía siendo el mismo o mayor, además de que empresas que no tenían sucursales en el Cibao estaban trayendo mercancías por Santiago, lo que no era lógico ni coherente, en vez de traerlas por Santo Domingo”, ?dice el documento acusatorio elaborado por la Fiscalía-. La DGA inició un proceso de investigación en relación con dos contenedores asignados en el depósito fiscal Now Logistics, y detectó declaraciones falsas en el llenado de los formularios de entradas de mercancías. La acusación de la Fiscalía explica: “En fecha 29 de junio de 2010, el teniente coronel Alejandro Polonia Núñez, supervisor de seguridad e inteligencia de la región norte de la DGA, recibió una llamada telefónica por parte del segundo teniente de la Policía Nacional, Daniel Brito Brito, entonces encargado del depósito fiscal Now Logistics, quien le informó que había recibido información de Hamlet Rodríguez Fernández, empleado de la DGA, de que el acusado Miguel Ángel Lazala Cabrera iba a despachar un contenedor sin verificar”. Recibida la información, se activó un plan de seguimiento a un contenedor llegando al municipio de Esperanza, a las instalaciones de la empresa Papo Shipping, donde detectaron un contrabando compuesto por diversas mercancías. Se confirmaba la información, por parte del Ministerio Público y la Policía adscrita a la DGA, en la que se daba cuenta de que los acusados Adalberto Rosa Rosario, Herald Estévez Peña y Miguel Ángel de Jesús Lazala Cabrera “recibían dinero a cambio de dejar pasar mercancías, dinero y armas de fuego en contenedores que no eran revisados”, dice el documento acusatorio. En Almadela (almacén fiscal localizado en la autopista Duarte, en las afueras de Santiago), las autoridades encontraron diversos armamentos, incluyendo una mini Uzi, marca Luger, una ametralladora, marca Kel-Tec, una pistola marca Ruger y diversas municiones, “lo que evidencia que a través de esos depósitos los acusados dejaban entrar armas de fuego de contrabando, armas de alto calibre”, indica el Ministerio Público. El 23 de julio de 2010, en el depósito Almadela fueron detectados US$438,980 en una caja consignada a Patria de Jesús Vargas. El envío fue realizado por Shipping Salcedo Cargo Express, empresa de transporte que opera bajo la modalidad de “puerta a puerta”, representada por Huáscar Canaán. El remitente del envío fue el imputado Juan José Marte de Jesús, con dirección en Nueva York, y quien lo recibía era su madre, Patria de Jesús Vargas, residente en Cancino, Santo Domingo. Otras entregas estaban consignadas a Joanny García Ortega en la urbanización Andújar, de San Francisco de Macorís. En uno de los envíos fueron incautados US$200,000 entre hojuelas de maíz. En total, fueron incautados en sólo 15 días US$878,980, equivalentes a unos RD$30,764,300, los días 23 y 27 de julio y 5 de agosto de 2010. Los dólares eran camuflados entre alimentos y detergentes. Según la Fiscalía, los imputados formaban parte de “una red o asociación criminal que se dedica a darle apariencia lícita a dinero obtenido de la venta de heroína (en Estados Unidos) o del narcotráfico”. Las indagaciones no abordaron el financiamiento a las campañas electorales, pese a los rumores que rodearon el caso. El fraude coincidió con la campaña a diputado de Adalberto Rosa, quien en 1996 fue jefe de campaña de Leonel Fernández en Santiago, y la de otro familiar, candidato a regidor. Asimismo, el hecho coindició con la campaña de Julio César Valentín, entonces candidato a senador. La relación de Valentín con los imputados se evidencia en diálogos que fueron grabados y que constan en el escrito acusatorio. A finales de julio de 2010, el entonces presidente de la Cámara de Diputados por Santiago, Julio César Valentín, salió en defensa de Adalberto Rosa, miembro del Comité Central del PLD, director del INTABACO y diputado electo por esa provincia, a quien desligó de las acciones imputadas a uno de sus hijos. “Es una de las personas más verticales de la historia política de República Dominicana. Es un dirigente digno, que mantiene principios”, dijo. Al parecer, el tiempo lo borra todo. Y en efecto, esa afirmación cobró mucho sentido a raíz de los acontecimientos en aduanas, luego de escuchar con cuanto frenesí, algunas “personalidades” defendían la “honorabilidad” del entonces recién electo diputado peledeísta por la provincia de Santiago, Adalberto Rosa. Pero, si como dicen, los hijos e hijas son, en parte, producto de la formación de sus padres, entonces, el joven Adalberto Rosa actuó de manera coherente, puesto que, Adalberto Rosa (padre), en su momento, hablamos del año 2000, cuando el Gobierno del PLD abandonaba el poder para dar paso al presidente Hipólito Mejía, se vio envuelto en un nada honorable lío que involucró la nada despreciable suma de 85 millones de pesos, aproximadamente, y que todavía hoy, no se ha podido desenredar, a pesar de que en ese mismo año, la desaparecida Revista AHORA, publicaba un trabajo de investigación, calzado con la firma de quien suscribe y debidamente documentado, sobre una cuestionada transacción cuando se desempeñaba como administrador de la Tabacalera. Pero, como bien dijo el diputado Rosa: “creo en la inocencia de mi hijo, pero también creo que será la justicia, la que finalmente aclarará su situación y no la morbosidad de algunos medios”. Solo que la justicia ni siquiera abrió el juicio, y en la última audiencia sólo un medio “morboso” estuvo presente. Ahora, asistimos al cierre total del caso. No pasa nada.
Posted on: Thu, 21 Nov 2013 01:06:56 +0000
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