IRREGULARIDADES Y OBSTRUCCIONES EN EL CASO DEL ASESINATO DE JORGE CARPIO NICOLLE Marta de Carpio, declaró que durante el atentado uno de los asaltantes gritó, "mata a Jorge; mata a Carpio". Si definitivamente va a poder demostrarse que los atacantes de Carpio fueron o no delincuentes comunes o elementos de una patrulla civil, sigue sin saberse. Pero las irregularidades y obstrucciones gubernamentales en el caso Carpio pueden corroborarse. En julio de 1995, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno guatemalteco presentar un informe mensual sobre la situación del caso Carpio y brindarle protección a la familia y al fiscal. Pero hasta los informes del gobierno, emitidos por la oficina presidencial de derechos humanos demuestran la ambivalencia oficial en este caso. Por ejemplo, un informe de la oficina de derechos humanos se quejaba de que la familia Carpio no colaboraba con rendir testimonio respecto a las amenazas. Karen Fischer, enfurecida, le pidió una carta al gobierno que demostrara que estaba comunicándose semanalmente y que mantenía informado al gobierno. En entrevista con la SIP, el entonces procurador general Ramsés Cuestas mostró su propia ambivalencia hacia el caso. Al principio, pareció hacer una declaración firme: "ha habido tres o cuatro comandantes en la Zona Militar 20 (responsable del área donde fue asesinado Carpio), desde entonces. En mi opinión, eso indica que el asesinato no fue obra de una sola persona sino de carácter institucional. La actitud de protección o de apoyo al encubrimiento ha persistido". Añadió que este caso "podría ser institucional. Pero también podría ser que las personas directamente responsables (del asesinato) estén en el último o en un nivel intermedio en la sucesión de mando. Todavía no es clara la actitud que adoptará el nuevo gobierno respecto al caso Carpio. Hasta ahora, la administración del presidente Alvaro Arzú ha mostrado voluntad de hacer cambios en el comando militar. Pero sigue abierta la interrogante de si el gobierno, que tuvo una estrecha victoria en las elecciones pasadas, puede mantenerse al margen de las tradicionales presiones militares. En una entrevista de dos horas con la familia Carpio, el 15 de febrero de 1996, Arzú dijo a Karen Fischer y a Marta de Carpio que revisaría los documentos judiciales. Ante preguntas de Fischer, añadió que recomendaría que se ampliara la investigación, e indicó que no podía pedir una nueva. Cuando dijo que el Poder Ejecutivo no era responsable, Karen Fischer recomendó que la presidencia podría proporcionar la siguiente documentación: los nombres de los primeros soldados que investigaron el ataque; el informe de la Zona Militar 20; la captura de los patrulleros que todavía no se han arrestado; el nombre del oficial de la Zona Militar 20 que recibió un casquillo de bala encontrado en la furgoneta; el paradero del pantalón que usaba López (con la huella de una bota militar) desaparecidos después de entregarse a un oficial militar; la ubicación de los informes del FBI y de los expertos mexicanos y españoles sobre pruebas de balística. Karen Fischer quien también era la secretaria particular de Jorge Carpio, ha investigado tenazmente el caso. Ha recibido amenazas de muerte, su automóvil fue chocado por hombres armados y ha tenido que pasar algún tiempo fuera del país. El proceso del asesinato impune se remonta a la recopilación de evidencias físicas por la policía y los militares, la noche del crimen y la mañana siguiente. Las evidencias nunca fueron formalmente entregadas y las balas extraídas de los cuerpos de las víctimas y el pantalón marcado simplemente desaparecieron. Las evidencias reunidas por la policía en la escena del crimen también desaparecieron cuando el detective encargado se vio involucrado en un accidente de tránsito en la carretera que une al Quiché y a Ciudad de Guatemala. Los negativos de las fotografías tomadas durante la autopsia también se evaporaron. Se dijo que el experto forense se las había entregado a un oficial del Ejército. Una prueba de balística que el gobierno ordenó hacer en México y en el FBI no se presentó sino meses después. Se teme que las pruebas balísticas hayan sido alteradas. Un arma que se consideró usada en el asesinato tuvo cambios en gatillo y cañón. Los supuestos objetos robados y encontrados en posesión de una banda de delincuentes comunes denominada los "Churuneles" fueron confiscados por la policía, y luego desaparecieron. Entre ellos había armas de diferente calibre a los que se cree se usaron en el asesinato. El expediente del caso se traspapeló 10 días, tras el incendio del edificio donde se creía que se había guardado. Apareció posteriormente en otro distrito. Cuando los arrestados de la banda habían pasado 10 meses en prisión, un informe de la División Penal de la Policía culpó del asesinato a elementos de la patrulla civil de San Pedro Jocopilas en el departamento del Quiché. El informe decía que incluían a un alcalde y a un exgobernador estatal, ambos miembros del partido Demócrata-Cristiano. Aunque el informe se concluyó en septiembre de 1993, no se dio a conocer sino hasta mayo de 1994, solo después de que la oficina de Derechos Humanos del Arzobispado emitió su propio informe de la investigación, atribuyendo el asesinato a causas políticas y realizado por miembros de la patrulla de San Pedro Jocopilas. Esta patrulla ha sido acusada de cometer 55 asesinatos. Luego, el caso fue girado a un juez, quien ordenó el arresto de los sospechosos. Se hicieron indagaciones superficiales de los acusados. Cuatro de los diez sospechosos fueron arrestados; otros cuatro se entregaron. Todos fueron liberados posteriormente. El jefe de la policía del Quiché, Augusto Medina Mateo, la primera persona que investigó el asesinato de Carpio, fue asesinado en octubre de 1994 — dos balas en la espalda y una en la boca. Era jefe de las fuerzas civiles de seguridad, a cargo de la unidad policial del Quiché que investigaba el caso Carpio. Había recibido varias amenazas de muerte tras el arresto de los primeros cuatro patrulleros sospechosos. Fue asesinado a los pocos días de pedir su transferencia a Ciudad de Guatemala. Su sustituto fue herido en un atentado y apenas pudo escapar con vida. El procurador general Ramsés Cuestas declaró que los militares estaban protegiendo a los patrulleros implicados en el caso Carpio. Dijo que el fiscal especial Abraham Méndez fue amenazado en sus viajes al Quiché por individuos que se movilizaban en vehículos pertenecientes a la Zona Militar 20. Nueve fiscales públicos se han negado a atender el caso. El fiscal de distrito que maneja el caso actualmente, quien dice que lo hace por convicción cristiana, teme por su vida. Entretanto, un patrullero implicado en el caso ha sido asesinado. Testigos, abogados y fiscales han enfrentado actos de intimidación y repetidas amenazas. Las evidencias se han extraviado o alterado, y el sistema legal se ha manipulado para evitar la admisión de nuevas evidencias. Mientras la familia Carpio busca agotar todas las medidas legales posibles en Guatemala, los muros de impunidad todavía son altos. Si fallan en la obtención de justicia en Guatemala, dicen que irán ante las cortes internacionales para obtener, al menos, un veredicto moral.
Posted on: Sat, 22 Jun 2013 16:26:35 +0000