JUSTICIA SELECTIVA EN CASO GUSTAVO MUÑOZ, PRESIDENTE DE FUNDACIÓN NUEVA ESPERANZA 12 oct JUSTICIA SELECTIVA EN CASO GUSTAVO MUÑOZ, PRESIDENTE DE FUNDACIÓN NUEVA ESPERANZAEl presidente de la Fundación Nueva Esperanza, Gustavo Muñoz Roa, fue capturado por orden de la Fiscalía bajo la acusación de calumnia agravada y fraude procesal por haber denunciado y pedido se investigaran las conductas del senador liberal Luis Fernando Velasco señalado por la ex representante Rocío Arias de haber hecho parte de los congresistas que pidieron y obtuvieron apoyo de las autodefensas ilegales. Una juez de garantías de Bogotá avaló la solicitud de detener preventivamente a Muñoz Roa por representar un peligro para la sociedad, el defensor de derechos humanos y activista político fue remitido en el día de ayer a la Penitenciaria La Picota de la capital colombiana. El 19 de noviembre de 2008, la ex representante Rocío Arias hizo una declaración en la Corte Suprema de Justicia en la que señaló a algunos congresistas de sostener relaciones con el paramilitarismo y enfiló baterías en particular contra el senador Luis Fernando Velasco. Según ella, el político caucano viajó en dos ocasiones a Antioquia para reunirse con jefes paramilitares que tiempo después le financiaron un viaje a España con el propósito de conocer de cerca la jurisprudencia penal aplicada en Europa en épocas de conflicto. La controvertida dirigente política reconoció haber sido miembro activo del ala política de las Auc y no ocultó el apoyo que le brindaron los jefes paramilitares de Antioquia, lo que le servía como fundamento para señalar a Velasco por conocer directamente los hechos. La acusación de la ex representante a la Cámara sirvió como argumento para que la Fundación Nueva Esperanza pidiera a la CSJ investigar y sancionar la presunta conducta del senador liberal quien terminó absuelto de los cargos y denunció a Gustavo Muñoz Roa por injuria y calumnia; Velasco había reconocido el pago del viaje a España pero argumentó que desconocía quiénes lo habían pagado y sobre reuniones con ex cabecillas de las Auc manifestó que había sido en procura de conocer la posibilidad de desmovilización de esa organización armada ilegal; los argumentos defensivos fueron tomados como hechos ciertos y el testimonio de la ex congresista desechado pese a su importancia. Por testimonios de oídas de otros miembros de esa organización ilegal, de menor rango jerárquico en ella, la Fiscalía y la misma CSJ mantienen privados de libertad a otros políticos o se ha fundamentado en ellos para condenar a otros, incluyendo militares y policías señalados de actuar en complicidad con las Auc en la guerra contra el terrorismo narcoguerrillero. Incluso el testimonio de Rocío Arias si ha sido tenido en cuenta en otros procesos, pero para el caso del senador liberal fue ignorado. Este es un aberrante ejemplo del modelo de justicia selectiva que predican el Fiscal General Eduardo Montealegre y el poder judicial para aplicar dentro del ámbito del marco jurídico para la paz con relación a las Farc. Justicia selectiva que ya viene aplicándose con base si en falsas denuncias, falsas víctimas y falsos testigos como ocurrió en el caso de Mapiripán, Meta, que mantiene privado de la libertad por condena injusta al señor General (r) Jaime Humberto Uscátegui, pese al cúmulo de evidencias que existen a su favor y que se probó que no tenía jurisdicción sobre el área donde supuestamente ocurrió una masacre por parte de las Auc con complicidad militar. Quien hubiere tenido que responder por omisión, un Coronel expulsado del Ejército, que si tenía entonces mando sobre las tropas en esa localidad, fue premiado con el exilio gestionado por el Polo Democrático, el Movice y el Colectivo Alvear Restrepo y el mismo poder judicial colombiano a cambio de que declarara contra el General hoy condenado. Nótese que en el caso de la falsa masacre de Mapiripán, ni la Fiscalía, ni la CSJ, investigan las conductas de quienes alentaron las falsas denuncias ante los tribunales nacionales y ante la CIDH, sino que se han limitado a presentar como culpables de ello a quienes fueron manipulados por el Movice y el Colectivo Alvear Restrepo a presentarse como víctimas del que aún se menciona como genocidio en esa localidad para vincular al también General (r) Rito Alejo del Río y otros mandos militares exitosos en la lucha contra las Farc. Es tan bien una aberración de nuestro poder judicial en la aplicación de esa justicia selectiva y en la aplicación de la privación preventiva de la libertad lo ocurrido con un delincuente común conocido como el “Mariachi”, responsable de más de 100 asesinatos, quien fuera dejado en libertad por los mismos jueces de garantía como no peligroso para la sociedad y recapturado ayer luego de cometer otros delitos; en tanto, a Gustavo Muñoz Roa se le pone en la picota pública y se le señala como peligro para la sociedad por haber recogido una información y presentarla a las autoridades judiciales para que fuera investigada. A diario en los medios de comunicación y cuanto foro existe, algunos columnistas, politólogos y toda suerte de militantes activos de la izquierda sindican y acusan a un expresidente de la nación y a quienes lo siguen de ser paramilitares, de apropiarse de tierras, de ser responsables de desplazamientos de campesinos y cuanto delito quieran endilgarle públicamente sin pruebas de ello, solamente mediante el lanzamiento de infundios, chismes, maledicencias, sin que la Fiscalía, los jueces o magistrados llamen a esos individuos a sustentar judicialmente sus señalamientos. Eso es justicia selectiva para nuestro fiscal y operadores judiciales; tales conductas no se investigan ni se sancionan, porque van dirigidas a quienes ellos mismos detestan y por ende deben ser tenidas como “opiniones altruistas”, pero si alguien denuncia o informa sobre presuntas conductas de políticos o miembros de organizaciones ilegales afectas a sus ideologías, entonces si deben ser encarcelados y condenados sumaria y mediáticamente. Lo actuado contra Gustavo Muñoz Roa y contra cientos de militares y policías injustamente privados de la libertad, demuestra una vez más que en Colombia tenemos una justicia militante y unos medios parcializados prestos a amplificar todo aquello que la Fiscalía o los operadores judiciales presentan como delito y a silenciar toda evidencia de inexistencia del hecho o conducta constitutiva del mismo. Y es que los medios tienen responsabilidad en el desbarajuste judicial que existe. La echada de El Tiempo de José Obdulio, de RCN de Pacho Santos, de la edición impresa de Semana de Alfredo Rangel y ahora de El Mundo de Juan Paz, es una tendencia clara de censura por parte de los medios, que ceden ante la presión que se ejerce con la pauta publicitaria[1], para silenciar todo lo que signifique defender la seguridad democrática que derrotó y arrinconó militarmente a unas Farc que ahora ven una luz de esperanza de reposicionarse políticamente y ser presentados como víctimas altruistas de la guerra del Estado c [1] EL NUEVO DÍA. Justicia militante y medios parcializados. Ibagué, enero 10 de 2013. En: elnuevodia.co/nuevodia/opinion/columnistas/168798-justicia-militante-y-medios-parcializados#sthash.iedo1so2.dpuf
Posted on: Sat, 12 Oct 2013 02:02:12 +0000
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