La crónica dominical de Juan Gossaín en El Tiempo desató un debate acalorado sobre el precio de los medicamentos y sobre qué está haciendo el Ministerio de Salud para regularlos. La temperatura subió cuando el Ministro Alejandro Gaviria y algunos periodistas trinaron duramente contra Gossaín (“mala literatura como substituta del mal periodismo”, fue uno de los cargos). Como de costumbre, cuando los debates se vuelven personales y se plantean como discusiones entre expertos e ignorantes, los primeros sacrificados son los hechos, el análisis sopesado y las propuestas constructivas sobre un tema esencial para las políticas públicas y los derechos de los colombianos. Ya con cabeza fría, hay que volver a la discusión para reconocer tanto lo que se ha avanzado en el gobierno actual como la realidad de la carestía de las drogas en Colombia. Esto es especialmente importante en un tema que tiene sus bemoles técnicos, que hay que explicar con detalle y serenidad. Desde este ángulo, se ve que, aunque Gossaín omitió información importante sobre lo que el gobierno está haciendo, no todas las críticas que plantea en su columna son infundadas. Y la alarma que prende sobre los altísimos precios en las droguerías debería ser atendida. Veamos: Es cierto que los medicamentos de marca, como los que sirven de ejemplo en la crónica de Gossaín, han sido y siguen siendo más caros en Colombia que en otros países. Esto lo admitió el mismo Ministro Gaviria en la entrevista que le dio a RCN, pero también se ha venido mostrando en varios estudios de organizaciones de la sociedad civil, tanto sobre medicamentos que se venden en farmacias como sobre medicamentos biotecnológicos que se administran hospitalariamente. Sin embargo, también es cierto que esta situación es una herencia del gobierno Uribe. Y que el gobierno actual (especialmente los ministerios de Beatriz Londoño y Alejandro Gaviria), ha intentado corregir los principales problemas. Gossaín cometió imprecisiones en relación con los ejemplos que usa, las políticas que menciona y las medidas correctivas que desconoce. Usa un par de ejemplos de medicamentos para el cáncer (Mabthera y Herceptín) que se administran hospitalariamente y para los cuales, por lo tanto, es irrelevante citar su precio en farmacia. También menciona regulaciones que no son las más importantes ni las que llevaron a la desregulación de precios de medicamentos. Fue la Circular 04 de 2006, emitida durante el gobierno Uribe y bajo el ministerio de salud de Diego Palacio, la que complicó profundamente la regulación de precios y la dejó en manos de una entidad (la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos) que no tenía la capacidad técnica para implementarla. Por último, Gossaín desconoció que el Ministerio de Salud ya ha cumplido con algunos de los mandatos del artículo 23 de la Ley Estatutaria y ya cuenta con un Conpes de Política Farmacéutica Nacional y con la Circular 03 de 2013 con una metodología y lineamientos técnicos generales para la regulación de precios de medicamentos. El Ministerio está adoptando lo que La Silla Vacía certeramente llamó una “reforma silenciosa”, a través de varias iniciativas para atajar los precios de medicamentos y algunos de los determinantes estructurales de los mismos. Entre esas iniciativas hay que resaltar la Política Farmacéutica Nacional de 2012, que constituye un hoja de ruta en materia de acceso, oportunidad de dispensación, calidad y uso de los medicamentos que hacía mucha falta. Además, a diferencia de su antecesora (la política farmacéutica nacional del 2003), la nueva política tiene la ventaja de haber quedado consignada en un documento Conpes, lo que aumenta su probabilidad de permanencia. Específicamente en relación con los precios de medicamentos, las resoluciones que se emitieron durante el 2011 y 2012 para fijar Valores Máximos de Recobro consiguieron ahorros sustantivos para el sistema, especialmente en lo que tenía que ver con medicamentos de alto costo. Así mismo, la Circular 03 de 2013, que establece la metodología para regular los precios de los medicamentos tiene varias virtudes. Resaltamos el hecho de que, a diferencia de lo que sucedía con la política anterior (Circular 04 de 2006), la nueva elimina complejidades en la determinación de precios de referencia internacionales (Artículos 9 y 10) y propone una estrategia mucho más precisa para establecer cuándo un medicamento tiene suficiente competencia y no debería ser regulado y cuando no la tiene y por lo tanto debería pasar a control directo (Artículos 18 y 19). Finalmente, pese a las críticas que se le han hecho, la nueva Ley Estatutaria introduce en el Artículo 23 al menos dos iniciativas que, de implementarse adecuadamente, podrían tener efectos muy benéficos en la regulación y el control de los precios. Por una parte, la ley corrige lo que resultó siendo un error craso de diseño institucional de la Ley 100: que la Comisión de Regulación de Precios de Medicamentos estuviera localizada en el Ministerio de Industria y Comercio en lugar de estar ubicada en el Ministerio de Salud. Ahora la regulación de precios de medicamentos estará a cargo del Ministerio de Salud, donde se conocen mucho mejor los detalles de este mercado cada vez más complejo, y donde las políticas de precios se pueden articular a otras en materia de salud. Por otra parte, la nueva ley obliga al Invima a dar información terapéutica periódica sobre los medicamentos que obtengan el registro sanitario. Esto podría permitir que los médicos reciban la información sobre nuevos medicamentos disponibles de una fuente neutral y oficial, en lugar de recibirla únicamente a través de la publicidad y el mercadeo de los laboratorios farmacéuticos. Todas estas medidas han requerido valentía y voluntad política, por cuanto han resistido la oposición tenaz de poderosos grupos de interés en la industria farmacéutica, que ya tumbaron ministros y hasta el momento tienen congelado el decreto que garantizaría la entrada de competencia para los medicamentos biotecnológicos (importantes para tratar enfermedades como el cáncer y la artritis reumatoidea). Pero también es cierto que el gobierno tiene cosas por hacer y mucho por ejecutar. De hecho, las medidas existentes no garantizan que los precios de medicamentos que se compran en farmacia, cómo la mayoría de los mencionados por Gossaín, vayan a tener precios sustantivamente más bajos en el corto plazo. Aquí de nuevo hay que ir por partes. Uno de los grandes retos de implementación es la calidad de la información enviada al sistema de información de medicamentos (SISMED) por parte de los diferentes actores de la cadena. Tradicionalmente, los laboratorios farmacéuticos han sido quienes mejor y más juiciosamente reportan sus precios (no sin algunos problemas y excepciones), mientras que los distribuidores y compradores al por mayor han sido mucho menos consistentes. Dado que toda la regulación de precios está montada en el punto de la cadena del mayorista, las prácticas de reporte de estos mayoristas y la capacidad del Estado de identificar y sancionar a quienes no reporten juiciosamente será crucial para que la nueva política funcione. Así mismo, cabe la posibilidad de que, una vez regulado el precio al nivel de mayorista, las pequeñas farmacias impongan utilidades exageradas que de nuevo incrementen los precios que experimentan los consumidores finales. Habrá que evaluar la lista de las 40 primeras moléculas reguladas que el Ministro anunció que saldrán esta semana y evaluar sus precios en farmacias. Ahí sabremos cuán efectivas serán las medidas tomadas hasta hoy. Finalmente, hay un aspecto crucial que la regulación propuesta hasta el momento omite: incluso en los casos de medicamentos que tienen muchos competidores, los pacientes pueden estar experimentando precios elevadísimos en las farmacias. La decisión de política pública frente a este tema ha sido (y sigue siendo), que aquello que tiene competencia no necesita ser regulado. Pero el problema es que incluso en segmentos del mercado en donde hay mucha competencia hay que prestarle atención a la economía política y los incentivos perversos que están detrás de las elecciones de los pacientes cuando deciden comprar uno u otro medicamento (por ejemplo uno de marca muy costoso versus un competidor genérico mucho más económico). Es importante preocuparse por el gasto de bolsillo de los colombianos, y no simplemente asumir que quienes compran medicamentos caros lo hacen porque quieren, de la misma forma que comprarían un carro lujoso. Por el contrario, muchos pacientes se ven obligados a pagar medicamentos costosos de marca en lugar de genéricos asequibles porque su médico así lo indica (como bien lo ilustra la investigación que el gobierno chino abrió esta semana en contra de la compañía GlaxoSmithKline a quien acusa de pagar sobornos a médicos para que formulen sus productos). Es por eso que, aunque costoso en términos de tiempo y esfuerzo, es vital acompañar cualquier política de regulación con políticas de educación y concientización sobre la importancia y la seguridad de los medicamentos genéricos, e iniciar acciones concretas y urgentes para minimizar el efecto perverso de las prácticas de mercadeo de la industria farmacéutica. En últimas, entonces, ¿tenía la razón Gossaín o Gaviria? Es claro que el Ministro tiene de su lado las medidas acertadas y valientes que él y su antecesora han tomado para conjurar el problema. Pero también es cierto que el reconocido periodista apunta a un problema real: los precios en las droguerías. Ese es uno de los puntos en los que el Ministerio, los medios y la sociedad civil deberían concentrar sus esfuerzos, en lugar de enredarse en un debate personalista. Porque, en río revuelto, los que pueden pescar son los grupos de presión comerciales que han tumbado ministros y saboteado medidas para controlar los precios.
Posted on: Thu, 18 Jul 2013 05:25:40 +0000
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