La millonaria estafa en el contrato CEL-ENEL Rigoberto Durante los gobiernos de ARENA se dieron muchos casos de corrupción, como el robo del abono donado por el gobierno de Japón cuando los terremotos del año 2001, una parte del cual fue a parar a una empresa de Alfredo Cristiani llamada UNIFERSA, el de la estafa en la adjudicación de medicamentos por 2.4 millones de dólares en el Seguro Social, dirigido en ese entonces por Romeo Majano, el del fraude por 2.1 millones en el Fondo de Inversión Social, entre otros. El presidente Mauricio Funes presentó ante la Fiscalía General 169 casos de corrupción de los gobiernos de ARENA para que fueran investigados. Uno de los casos más graves tiene que ver con el Contrato entre la empresa estatal Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y la empresa italiana ENELGREEN POWER, mediante el cual la ENEL se hizo socia de la CEL en la propiedad de otra empresa estatal llamada Geotérmica de El Salvador (GEO), encargada de operar las plantas generadoras de energía proveniente del vapor del subsuelo. Como el Contrato le da a la ENEL la posibilidad de aumentar sus acciones en la GEO cada vez que le haga una inversión, al cabo de un tiempo sería dueña exclusiva de la GEO y de todo el subsuelo del país, lo cual es violatorio de la Constitución. Además, el Contrato no fue aprobado por la Asamblea Legislativa, que es la única que puede decidir si una empresa del Estado se privatiza. Para julio del año 2002, cuando se firmó el Contrato, la ENEL se hizo dueña del 8.5% de las acciones de la GEO. Para el año 2007 ya era dueña del 36%. Luego quiso hacerle otra inversión de 125 millones de dólares para aumentar sus acciones hasta 53.25%, lo que la convertiría en accionista mayoritaria. Y de seguir invirtiendo, incluso sin generar más energía, la ENEL terminaría controlando todas las acciones de la GEO. Pero el presidente Funes no aceptó la inversión y denunció la ilegalidad del Contrato. Y luego una comisión de la Asamblea Legislativa investigó cómo se hizo el Contrato y encontró muchas ilegalidades, por lo cual le pidió a la Corte Suprema de Justicia indagar sobre el patrimonio del ex presidente Flores y de algunos funcionarios de su gobierno, y le pidió a la Fiscalía investigar el posible enriquecimiento ilícito de Flores y sus funcionarios. Es lógico que la Comisión de la Asamblea hiciera esas solicitudes, pues ante un Contrato tan dañino para el Estado y tan provecho para la empresa italiana, se debe sospechar que la empresa les pudo dar dinero a los funcionarios que lo apoyaron o firmaron, incluyendo al ex presidente Flores. Pues resulta que la Fiscalía realizó una investigación y encontró, al igual que la comisión de la Asamblea, que el Contrato era ilegal y dañino para el Estado, por lo cual presentó ante el juzgado Séptimo de Paz una solicitud de embargo de los bienes de funcionarios del gobierno del ex presidente Flores, a quienes acusa del delito de peculado (robo de dinero público) y de falsificar documentos. La Fiscalía también pide embargar bienes de la empresa italiana ENEL. El Fiscal, Luis Martínez, dijo que el Estado pedirá mil millones de dólares en concepto de indemnización. Los funcionarios acusados por la Fiscalía son el exministro de Economía, Miguel Lacayo, el Presidente de CEL, Guillermo Sol Bang, el Presidente de LaGeo, Jorge José Simán Zablahm, entre otros. En total son 21 los implicados en la corrupción, todos pertenecientes al partido ARENA. El Fiscal dice que sobre el ex presidente Flores no hay “evidencias” de corrupción, pero eso solo significa que el señor Flores fue más vivo que los otros implicados, o sea, supo hacer mejor la movida. El caso apenas se destapa. Ya se sabrán más cosas. Los mil millones de dólares que el Estado podría recuperar si embarga los bienes de los corruptos superan todo el presupuesto de educación de este año, que es de 864 millones. También superan el presupuesto del Ministerio de Salud y de los demás ministerios. Incluso, con ese dinero el gobierno no tendría déficit ni necesidad de pedir préstamos. Ante ese grave escándalo de corrupción, los directivos de la ANEP, que dicen defender la “legalidad democrática”, que tanto difaman a Alba Petróleos y que critican el déficit fiscal y el endeudamiento público, solo alcanzar a decir que el caso no debe politizarse. O sea, que para esos directivos empresariales, actuar contra los corruptos de ARENA es persecución política. Mil millones de dólares no les dicen nada a ellos ni a los economistas de derecha. Pero por más maniobras que hagan los corruptos, el pueblo sabrá juzgarlo correctamente y no permitirá que su partido vuelva a gobernar. 12 de noviembre de 2013
Posted on: Tue, 19 Nov 2013 15:08:51 +0000
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