Las mineras y Mayoral en contra del impuesto al Derecho Real de Propiedad Inmobiliaria Minera, aprobado en Santa Cruz Martes, 23 de Julio de 2013 08:42 Santa Cruz La corporación minera y el gobierno nacional cerraron filas en contra del nuevo impuesto creado en la provincia de Santa Cruz, a instancias del Poder Ejecutivo. En un mar de intereses económicos, empresarios y financieros, se cuela la política y se avisoran acciones en conjunto para presionar a Santa Cruz y derrumbar el nuevo canon que pretenden cobrarle a las empresas que explotan y a las que tienen proyectos iniciados en esta provincia. Luego de la aprobación legislativa del Impuesto sobre el Derecho Real de la Concesión Minera en Santa Cruz, ocurrido en la Cámara de Diputados de Santa Cruz, con la abstención del FPV, la comunidad minera y el gobierno nacional se pusieron nerviosos y comenzó un trabajo en conjunto para impedir que esta medida impacte sobre las ganancias de las operadoras. Se han llevado a cabo diversas manifestaciones en este sentido. Desde la reunión que hace unos días mantuvo el Secretario de Minería Jorge Mayoral con ejecutivos de la empresa Minera Santa Cruz, hasta las manifestaciones del sindicato (AOMA), pasando por el comunicado de Goldcorp que administra el yacimiento Cerro Negro, todo tiende a pintar un panorama absolutamente obscuro para Santa Cruz, si acaso el gobierno provincial insiste en llevar adelante la aplicación de esta nueva ley que a criterio de la corporación minera nacional e internacional, es ilegal y peligroso porque “no incentiva la inversión”. En este sentido la operadora indica que los mayores costos, la baja del precio internacional, la restricción de mercados, la inflación y el retraso cambiario hacen menos eficiente los recursos financieros de la empresa y con motivo de esta nueva norma, que le permite al gobierno gravar con una alicuota del 1%, establecido sobre el valor de las reservas que posee la mina, a los proyectos actuales y futuros, se le hace imposible seguir desarrollando los compromisos de inversión acordados oportunamente. Por su parte, desde el gobierno provincial se sostiene que las mineras están acostumbradas a llevarse todo sin dejar nada en Santa Cruz, debido a las favorables condiciones contractuales que le dispensa la Nación, en base a los acuerdos internacionales que se labraron en el marco de la Ley Minera, absolutamente favorable a las multinacionales, que depredan las riquezas de la provincia. Los medios afines a la minería, han iniciado una campaña coordinada en este sentido, con el fin de establecer en la opinión pública, que de persistir este panorama, se pueden empezar a generar despidos y no pocas empresas comienzan a pensar en abandonar la provincia o así lo difunden. Como contrapartida, desde el gobierno resaltan que el 90% del personal minero no es de Santa Cruz y consideran irrisoria la amenaza de abandonar la explotación por cuanto en Argentina la actividad extractiva es una de las más convenientes del mundo y la mano de obra la más barata. De acuerdo a fuentes consultadas por OPI, la nueva jugada de las mineras y el gobierno nacional es la presentación ante la Justicia de un amparo que trabe la aplicación de la nueva ley provincial ya que es contrario a la Ley 24.196 de inversiones mineras y que, precisamente, constituyó a la Argentina en un “país amigable” para las multinacionales, ya que les otorga “estabilidad fiscal” por 30 años a las compañías y que las propias empresas pusieron el grito en el cielo cuando en el 2008, esa estabilidad, la vieron vulneradas con los derechos de exportación. En Santa Cruz, además, se ven afectadas: Cerro Vanguardia, de la sudafricana AngloGold Ashanti, Minera Santa Cruz, de Hochschild, Manantial Espejo, de la canadiense Panamerican Silver. La estrategia planteada es discutir esto en el fuero Federal y el gobierno nacional ha comprometido “todos sus esfuerzos” en buscar los medios necesarios para ayudar en este proceso de anulación de la norma impulsada desde el Ejecutivo provincial. En esto no es ajeno la pelea política que tiene el PJ encabezado por Peralta y el FPV de Cristina Fernández. La presión de las mineras sobre el gobierno de Santa Cruz está avalado por un guiño nacional y es parte de este juego donde la amenaza de estabilidad laboral y el desfinanciamiento, intentan marcar con una fuerte impronta a la gobernabilidad en plena campaña electoral. Agencia OPI Santa Cruz
Posted on: Tue, 23 Jul 2013 15:36:38 +0000
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