Ley de Obediencia Debida La Ley de Obediencia Debida n.º 23.521 fue una disposición legal dictada en Argentina el 4 de junio de 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que estableció una presunción iuris et de iure (es decir, que no admitía prueba en contrario, aunque si habilitaba un recurso de apelación a la Corte Suprema respecto a los alcances de la ley) respecto de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas durante el Terrorismo de Estado y el dictadura miltar no eran punibles, por haber actuado en virtud de la denominada "obediencia debida" (concepto militar según el cual los subordinados se limitan a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores). Esta norma parecería haberse dictado luego de los levantamientos "carapintadas", por iniciativa del gobierno de Alfonsín, para intentar contener el descontento de la oficialidad del Ejército Argentino, eximiendo a los militares por debajo del grado de coronel (en tanto y en cuanto no se hubiesen apropiado de menores y/o de inmuebles de desaparecidos), de la responsabilidad en los delitos cometidos bajo mandato castrense. De ese modo, tuvo lugar el desprocesamiento de muchos de los imputados en causas penales del llamado terrorismo de Estado que no habían sido condenados hasta el momento.Sin embargo había sido anunciada con anterioridad a los levantamientos carapintadas; en marzo de 1987 por el propio Alfonsín en un discurso público en la localidad de Las Perdices - Córdoba - (Ver La Nación del 24-3-1987 - Córdoba -)y estaba enmarcado en la promesa electoral de la campaña de 1983 de los "3 niveles de responsabilidad"; por otro lado los juicios por terrorismo de estado continuaron a lo largo de todo el gobierno de Alfonsín. Algunos de los beneficiados por la norma fueron el ex capitán de fragata Alfredo Ignacio Astiz, el capitan de fragata Adolfo Donda y el general (R) Antonio Domingo Bussi, contra los cuales existían varias pruebas de la comisión de delitos de lesa humanidad. Las leyes de Punto Final (1986) y de Obediencia Debida (1987), junto a los indultos realizados por Carlos Menem (1989-1990), son conocidos entre sus detractores como las leyes de impunidad. La ley 25.779, sancionada en 2003, finalmente declaró la nulidad a la ley de Obediencia Debida, la cual por su parte ya había sido previamente derogada.
Posted on: Thu, 05 Sep 2013 01:53:11 +0000