Mordaza: Juicios contra periodistas Mordaza legal Por Leandro Filozof En la semana en que Víctor Hugo fue citado a una audiencia con Magnetto, que lo denunció por daños, un editor cordobés fue condenado a pagarles medio millón de pesos a los familiares de Nora Dalmasso. El antecedente de Murano y los riesgos de la censura por otros medios. "A mí me gustaría llegar con las manos en los bolsillos y decirle a Magnetto: ‘Señor, haga de mí lo que quiera, estoy encantado hasta de ir preso por usted’”, sostuvo Víctor Hugo Morales días antes de tener que verse cara a cara con el CEO del Grupo Clarín, audiencia que estaba programada para el jueves 8 de agosto. El encuentro será por una denuncia que Héctor Magnetto le hizo al periodista por daños. Aunque el motivo concreto todavía se desconoce, Víctor Hugo aclaró que “se aspira a un dinero, porque cárcel no puede haber, por monto indeterminado”. El encuentro tendrá lugar la misma semana en que se dictó la sentencia contra el periodista Hernán Vaca Narvaja por la cobertura periodística hecha en la revista El Sur del caso Dalmasso, que lo condena a indemnizar a la familia Macarrón con 430 mil pesos, y 80 mil para pagar los abogados de los demandantes. Si a esto se le suma el fallo de la jueza de primera instancia Nora González de Rossello contra el jefe de redacción de Veintitrés, Adrián Murano, por una denuncia del productor Enrique Estevanez, que lo condena a pagar 50 mil pesos, se abre un panorama preocupante. Tres casos distintos pero con una similitud: son denuncias directas a los periodistas que afectan su patrimonio, con montos abultados y, lo que es peor, podrían convertirse, como dijo Murano en una nota publicada en esta revista, en una “censura económica”. En declaraciones en su cuenta oficial de Twitter, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo, en relación con la denuncia al conductor del programa La mañana, que de no haberse despenalizado el delito de calumnias e injurias, “Magnetto lo hubiera querido meter preso por ser un periodista que dice lo que piensa”. El locutor, a su vez, aseguró que, a partir de la citación judicial, la sensación que tiene “es que el diablo se sentó en el sillón del living de mi casa… tiene ese toque mafioso que significa generar angustia”. Además, habló de que los ataques tienen una clara connotación política y que son parte de una persecución por la Ley de Medios: “Nunca se ocuparon de mí hasta que, en 2010, empezaron a relacionarme con el Gobierno y a decir que me entregaron 10 millones de dólares (…) desde ese momento hasta ahora, entre Clarín y los diarios que lo siguen junté más de 1.000 páginas dedicadas a mi persona”. Sobre la denuncia por “daños”, el locutor manifestó sus dudas: “No sé si es por lo que he dicho del caso Ángeles y la operación mafiosa de plantar una testigo, si es por las críticas por el viejo tema del fútbol y las denuncias de cómo mafiosamente se lo robó, se lo quedó y lo destruyó, no sé si es por el tema Fibertel, que no respeta las tarifas que se le han fijado, o por la presunción de que tiene las manos ensangrentadas por el tema de Papel Prensa”. El apoyo a Víctor Hugo fue inmediato: circula una solicitada con la firma de actores, periodistas, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y distintas personalidades. También manifestó su solidaridad el Colectivo de Trabajadores de Prensa, y la organización Comunicadores de Argentina llamó a una marcha para el día de la audiencia. La denuncia contra el periodista Hernán Vaca Narvaja, director de la revista El Sur de Río Cuarto, fue realizada por la familia Macarrón a partir de la cobertura que el medio hizo del asesinato de Nora Dalmasso: “Se me condena por la difusión de fotografías de Facundo Macarrón con quien era su pareja en ese momento, un chico de nombre Andy, que fue uno de los testigos que motivó la posterior imputación de Facundo. Esa fotografía ni siquiera es de autoría nuestra: salió una semana antes en la revista Noticias”. La familia acusó al periodista de exponer la intimidad de dos menores de edad: Facundo y Valentina (los hijos de Nora) tenían menos de 21 años. “Se me condena por una fotografía de Facundo y su padre en la tumba de Nora al cumplirse un año del crimen. Esa fotografía se la pedí a la corresponsal de La Nación porque había salido en la tapa del diario, pero resulta que ahora yo tengo que pagar los platos rotos”, agregó el periodista. En el fallo, que determina una indemnización de medio millón de pesos, la jueza Civil y Comercial de 5ª Nominación de Río Cuarto, Rita Freire de Barbero, estipula que “no existía un bien público superior que justificara el sacrificio de un bien individual, como es el derecho a la intimidad y la privacidad”, y afirma: “Se informaba sobre aspectos privados de las personas, sin que se acredite interés público en la difusión de los mismos”. En diálogo con la revista Veintitrés, el director de El Sur afirmó que “a casi siete años del crimen, el caso está impune, también las causas colaterales, la única causa que tiene una condena es la mía. Esto es coherente con uno de los poderes judiciales más vergonzosos de la República Argentina. Es una barbaridad desde todo punto de vista, la jueza conoce mi situación patrimonial, porque me he sometido a todo tipo de pericias contables y sabe que no puedo afrontar esa condena”. –¿Qué opina de la denuncia contra Víctor Hugo Morales? –Esta gente que está detrás del poder lo que hace es ir por el patrimonio de periodistas. La Justicia civil les permite embargarte los bienes y condicionarte cuando la finalidad es amedrentarnos e inspirarnos temor, pero afortunadamente periodistas como Víctor Hugo son ejemplos que todos seguimos. Si se llega al absurdo de que se lo condene para reparar la honra de Magnetto, sería como me sucede a mí, que tengo que reparar la honra del principal sospechoso del crimen. Al expedirse sobre el fallo contra el periodista Adrián Murano –en 2002 publicó una nota en la revista La Primera en la que dejaba constancia de que la AFIP, a partir de un informe oficial, estaba investigando por evasión impositiva a varias personas conocidas, entre las que se encontraba el productor Enrique Estevanez–, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) fue contundente: “Entendemos suficientemente fundamentado que la condena en recurso desconoce los estándares de libertad de expresión que debería reconocer y plasmar”, planteó en un recurso de amicus curiae. Debería llamar la atención que Magnetto, director ejecutivo de un grupo que afirma luchar por la libertad de expresión, haga una denuncia que atenta contra la labor periodística y, directamente, contra un periodista. Parece improbable que a uno de los principales accionistas del mayor multimedios del país le interese incrementar su capital con este juicio. Lo que preocupa es que atentar contra el sustento de vida de un trabajador, como afirmó Murano en esta revista, “puede ser una mordaza eficaz cuando se ve sufrir a quienes se ama…” Revista Veintitrés
Posted on: Tue, 13 Aug 2013 22:58:37 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015