PINOCHET, el mayor ladrón de la historia de Chile. Bajo su protección, la derecha saqueó el patrimonio nacional y se enriquecieron civiles y militares, que hoy están detrás de la UDI y de Renovación Nacional. MARCO EXPLICATIVO DE ESTA OPERACION Marx, como recuerda el profesor Joseph A. Schumpeter en su obra Diez grandes economistas: de Marx a Keynes, “rechaza desdeñosamente la fábula infantil (Kinderfibel) de origen burgués que ve en la superior inteligencia, en el espíritu de trabajo y en el ahorro la causa de que algunos individuos, tanto en el pasado como en el presente, se hayan destacado de los demás llegando a convertirse en capitalistas”. Agrega el gran economista Schumpeter: “La actitud burlona cumplió, sin embargo, su función y contribuyó a abrir el camino a la teoría alternativa de Marx sobre la acumulación primitiva… La fuerza, el robo, la subyugación de las masas que posibilita su expoliación y los resultados del pillaje que, a su vez, facilitan la subyugación: todo esto es, por supuesto, cierto y se acomoda además admirablemente a las ideas habituales entre los intelectuales de todo tipo, más aún en nuestro tiempo que en el del propio Marx”.(1) Actualmente, yo diría que esta concepción la acoge sólo parte de los intelectuales en Chile, porque los llamados socialistas (del Partido Socialista) han renunciado al marxismo. Pero Recabarren, el gran líder obrero, sostuvo en El Socialismo, un trabajo de difusión teórica de comienzos del siglo XX, la tesis marxista. En efecto, para explicar históricamente la transformación social, recurrió como ejemplo a los cambios sucedidos en el mundo moderno, a partir de la Revolución Francesa, a través de la cual la burguesía abolió el derecho “divino” de los reyes y expropió la propiedad feudal para imponer la propiedad individual. Confirma este fundamento de las revoluciones, señalando que en América la propiedad burguesa se constituyó por medio de la violencia y el despojo, por la conquista de los pueblos aborígenes. La Colonia se formó por los “repartimientos y encomiendas” tanto de las tierras como de los pobladores originarios y, después de la independencia de España, los criollos expropiaron a los peninsulares o realistas. Este preámbulo es el marco explicativo del robo de la más grande herencia nacional realizado durante la dictadura de la derecha, encabezada por Pinochet y los altos mandos de las Fuerzas Armadas. LA CAPITALIZACION PUBLICA El Estado empresario asumió en Chile, en una primera etapa a partir del Frente Popular, funciones en la gestión directa de la economía y en la redistribución del ingreso, a fin de suplir y estabilizar la situación del empleo y del crecimiento económico en general, sin olvidar por cierto que él favorecía también a las empresas privadas. Antes de 1970, esta dinámica se insertaba en el marco de modelos de desarrollo en que se cuestionaba o el comportamiento estancado de las inversiones o la penetración de capitales extranjeros. Bajo el gobierno de Allende se desarrolló una segunda etapa, donde la implantación de programas de socialización de la economía determinó una extensión cuantitativa y cualitativa de esta participación del Estado, conformando un área de propiedad social con empresas de todos los sectores (primario, secundario y terciario). Esta era la herencia nacional, conformada por la capitalización pública, producto de la acción política de la Izquierda y el sacrificio de los trabajadores. La dictadura formuló a su vez un modelo de desarrollo orientado, entre otros objetivos, a privatizar dichas empresas y desmantelar el Estado empresario. Este proceso se realizó bajo la exclusiva decisión de los grupos financieros más poderosos, que controlaban la gestión del gobierno, sin plantearse una consulta popular para resolver un problema de tanta importancia social como es la transferencia de la capitalización pública de más de medio siglo, a manos privadas. Sin fijar tampoco un marco regulatorio adecuado, ni menos un valor justo y real, lo que dio lugar después a negocios escandalosos. Este despojo nacional se decidió y ejecutó en la cúspide de la dictadura. La mención de este proceso no significa desconocer el papel del Estado en la reproducción del conjunto de la burguesía, sino que se propone destacar cómo la utilización de este instrumento alienta la concentración y centralización capitalistas, fracturando su unidad política e imprimiendo un nuevo carácter al papel del Estado en la organización capitalista de la producción. EL BOTIN DE GUERRA La privatización de la economía constituyó uno de los procesos más oscuros de la dictadura, sin Congreso Nacional ni fiscalización alguna, con falta de independencia de la Contraloría General de la República y de los tribunales de justicia. En su desarrollo, según el economista Gustavo Marín, se distinguen cuatro etapas: La primera (1973-75) comenzó con la devolución de fundos y empresas ocupadas por los campesinos y obreros o intervenidos y requisados por el gobierno popular para impedir la paralización y el boicot de sus dueños, en su campaña por derrocar a Allende. En esta fase, se restituyeron 258 empresas antes de diciembre de 1973 y se privatizaron otras 350. En esta etapa se pagaron también cuantiosas indemnizaciones a los consorcios norteamericanos, a los cuales se les había expropiado (gran minería del cobre, ITT y otras). Las indemnizaciones alcanzaron a 1.315,2 millones de dólares (moneda de 1988) desde 1974 a 1988. Por razones desconocidas, se les pagó cantidades superiores a las que estas compañías reclamaban al gobierno de Allende, particularmente en el caso de las empresas del cobre y de la ITT. Ello sin considerar que la expropiación de la gran minería del cobre se había hecho de acuerdo a la reforma constitucional aprobada unánimemente por el Congreso Nacional. Bajo la conducción de la Corporación de Fomento de la Producción se vendieron empresas que ella administraba, en licitaciones abiertas y decisiones reservadas a su vicepresidente ejecutivo. Las devoluciones fueron discrecionales y sólo en algunos casos rechazadas por sus primitivos dueños, encargándose entonces la misma Corfo de su liquidación o venta. Esta entidad, una vez concluida la transferencia de sus empresas, redefinió sus funciones sólo como banco de fomento con los recursos originados en dichas enajenaciones, abandonando las amplias funciones de planificación y gestión de las empresas del área social que tuvo en el gobierno presidido por Salvador Allende. La Empresa Nacional de Minería empleó procedimientos similares a los definidos por Corfo. Las ventas comprendieron pequeñas y medianas empresas de explotación y procesamiento de minerales. Sólo conservó un porcentaje de la planta de procesamiento (fundición y refinería de cobre) de Las Ventanas, con lo que la mencionada empresa nacional volvió a constituirse en un poder de compra sin operaciones de explotación directa. La Compañía de Aceros del Pacífico vendió sociedades o participaciones en ellas, de acuerdo a la idea de centrar sus operaciones en la fabricación de acero y no en su procesamiento. La Corporación de la Reforma Agraria (Cora)) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) transfirieron el dominio de todas las propiedades agrícolas bajo su control. En este caso se utilizaron también diferentes modalidades, como restituciones parciales, que consistieron en devoluciones o formaciones de reservas dentro de predios expropiados; revocaciones, expresadas en devoluciones totales de terrenos expropiados; asignaciones de unidades reformadas (cooperativas y parcelas individuales) y ventas de activos de la Cora, la que terminó por disolverse. El Indap se mantuvo, pero con una considerable reducción de sus actividades. Con este desmantelamiento de los activos públicos, la dictadura se propuso que el Estado no interfiriera en las actividades económicas a no ser que se considerara necesario desde el punto de vista estratégico. Sobre esta base, la privatización de la economía derivó, por sobre todas las cosas, en la centralización del poder económico de ciertos grupos y en el consiguiente oligopolio de algunas industrias. Más que en la extensión y expansión del sector empresarial, esta centralización del poder económico se tradujo en el desplazamiento de sectores pequeños y de medianos empresarios. Las operaciones de transferencia se hicieron con sigilo, sin fiscalización pública y en un ambiente de irregularidades, algunas de las cuales salieron a la luz pública. Al revés de la expropiación de las empresas de la gran minería por el gobierno de Allende, que se hizo al valor libros, con la crítica de la derecha, ahora ella vendió las empresas públicas por lo general por debajo de dicho valor. La extensión y acentuación extrema del proceso centralizador y concentrador de la economía aparece demostrada por la evidencia del control sobre sociedades anónimas y demás empresas. El simple cruzamiento de información de las empresas licitadas con las empresas controladas por los principales grupos, sugiere que el desmantelamiento del Estado, la privatización de la economía y la acentuación extraordinaria del poder oligopólico son facetas de un mismo proceso. Las interrelaciones entre estas tres facetas se convirtieron, a partir de entonces, en elementos centrales de todo análisis de la economía nacional.(2) NUEVAS ENAJENACIONES La segunda etapa (1975-1982) comprende el lapso entre la recesión del primero de estos años y la crisis del segundo, período en el cual la Corfo vendió a través de subasta o propuesta pública sus acciones y derechos en 135 sociedades, de las cuales en 91 de ellas era socio mayoritario. De la misma manera, transfirió al sector privado su participación en 16 bancos comerciales. Además la dictadura realizó más de 600 operaciones por ventas de plantas agroindustriales, pertenencias mineras, bienes raíces así como más de tres mil operaciones por ventas de bienes inmuebles. Las privatizaciones continuaron extendiéndose hasta abarcar diversos sectores de la vida económica y social. La legislación minera, la reorganización de las municipalidades, la modificación de los sistemas de educación, de salud, de previsión social y el plan laboral abrieron paso a la más generalizada privatización de la sociedad.(3) La crisis de 1982 paralizó este proceso de enajenación total, en medio de la bancarrota de algunos de los más voraces grupos económicos, que más habían aprovechado el remate o liquidación de este pequeño país. La tercera etapa (1983-1985) comprende los reacomodos al interior de la clase dominante, remecida por la crisis de 1982. Como señala Gustavo Marín, durante esta crisis se sucedieron hechos de tanta importancia como la intervención estatal en el sistema financiero, el derrumbe de los más destacados grupos económicos, la oposición de algunos empresarios a las políticas impuestas por la dictadura, el desplazamiento transitorio de los Chicago boys del gabinete, la devaluación de la moneda nacional, el ingreso de un hombre del grupo de Javier Vial, Rolf Lüders, como biministro de Hacienda y Economía -y luego la prisión de ambos por sus “irregularidades”- la constitución de la Comisión Fiscalizadora de las empresas y bancos del grupo Cruzat-Larraín, etc. La crisis desarticuló el sistema generado en las dos etapas anteriores, desencadenando un triple proceso: a) combinación de nueva estatización y posterior privatización de las actividades económicas, intervención del sistema financiero quebrado por su endeudamiento, estatización de la deuda externa privada, mediante el aval del Estado, al proceder a su negociación, administración de bancos y empresas; b) nueva privatización y transnacionalización del sistema financiero cambiando los bancos de dueños, con incorporación de inversionistas extranjeros y, c) privatización de las fuentes externas e internas de ahorro e inversión. LAS PRESAS MAYORES La cuarta etapa (1985-1989) marca la reanudación de las privatizaciones y la conversión de deudas en enajenación de activos nacionales, de acuerdo a “recomendaciones” del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Comité de Bancos Acreedores, trayendo consigo una mayor desnacionalización económica y política. Superado el lapso de administración de la crisis de 1982 y resuelto el conflicto al interior de las clases dominantes, los neoliberales volvieron a tomar el control de la política económica y se realizó el último reparto del botín de guerra entre los grupos existentes y nuevos grupos emergentes en el interior del gobierno. En esta cuarta etapa, según Gustavo Marín, se emplearon diversos mecanismos: 1. La privatización del área denominada por los técnicos de la dictadura como “rara”. Las empresas productivas, servicios y bancos mantenidos en esta área después de la crisis en referencia fueron reprivatizados a partir de la Comisión Progresa y del equipo interventor de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, pudiéndose distinguir las siguientes situaciones: a) Grandes empresas industriales (Copec y sus filiales, CCU y sus filiales, Inforsa, Indus, CTI, Compañía General de Electricidad Industrial, etc.) Ellas pasaron a manos de grupos económicos locales, que habían sobrevivido a la crisis, y de consorcios transnacionales a través de la asociación del grupo Angelini con el grupo neozelandés Carter Holt Harvey (Copec); de la asociación del grupo Luksic son el consorcio cervecero alemán Paulaner (CCU) y de la asociación del grupo Matte con Fletcher Challenger de Nueva Zelandia (en el sector de la celulosa y el papel) optando el primero por controlar Inforsa. Otros consorcios transnacionales controlaron, sin asociación, importantes empresas como Hucke, MacKay, Nestlé, Victric Vidrios y Aluminios Lirquén, etc. b) Las principales sociedades de servicios, como las AFP y las compañías de seguros de vida fueron controladas por consorcios financieros norteamericanos, como Bankers Trust, Aetna y American International Group. c) Las grandes instituciones de crédito como el Banco de Chile y el Banco de Santiago, intervenidos en 1983, fueron a su vez reprivatizados, diseminándose su propiedad. 2. La privatización de grandes empresas públicas. En 1985 se privatizaron la Sociedad Química Minera de Chile (Soquimich); Industria Azucarera Nacional (Iansa); Empresa Nacional de Explosivos (Enaex); Compañía de Aceros del Pacífico (Cap); Laboratorios Chile; empresas elécticas Metropolitana, Quinta Región, Chilectra Generación, de Melipilla y de Coquimbo; Empresa Nacional de Electricidad (Endesa); Compañía de Teléfonos de Chile (CTC); Telex Chile. Además, Empresa Nacional de Comunicaciones (Ecom); empresas eléctricas de Tarapacá, del Norte, de Aysén, de Magallanes; hidroeléctricas de Pilmaiquén, Pullinque, Colbún-Machicura, Pehuenche; Línea Aérea Nacional (Lan Chile); Instituto de Seguros del Estado; Empresa Nacional del Carbón (Enacar); Carbonífera Schwager; Chile Films; Sociedad Chilena del Libro. 3. Las privatizaciones posteriores al plebiscito de 1988. Los mecanismos utilizados para el traspaso fueron, en general, los mismos que se aplicaron anteriormente, aunque en algunos casos se disfrazaron con la modalidad de “capitalismo popular”, con la cual se privatizaron algunas empresas energéticas en las regiones u otras en que participó personal de las Fuerzas Armadas, como la Compañía de Teléfonos de Chile y Endesa. En agosto de 1989, un balance de la progresión de este proceso referido a las 29 empresas públicas “privatizables” a mediados de 1985, expresaba: a) al 30 de septiembre de 1988, trece de ellas estaban totalmente enajenadas, ocho se encontraban parcialmente privatizadas y ocho comenzaban su privatización; b) después del plebiscito de octubre de 1988 se completó la privatización de las ocho parcialmente enajenadas y se privatizaron otras tres (Chile Films, Sociedad Chilena del Libro y Edelnor); c) en agosto de 1989, cuando se le acababa el tiempo a la dictadura, 24 de aquellas empresas se habían traspasado al sector privado. Respecto a las otras empresas fueron desmanteladas, como Ferrocarriles del Estado -privatizada por partes (carga)- y otras que los asaltantes del poder no alcanzaron a vender, como Codelco o el Banco del Estado. Sin embargo, metieron mano en sus recursos financieros para favorecer a grupos y personas del régimen, tanto en aquéllas como Enap, Correos, TVN y las que dependen del Ministerio de Defensa. ... postverdeolivo.wordpress/2013/06/17/el-gran-robo-de-la-herencia-nacional/
Posted on: Tue, 18 Jun 2013 09:41:02 +0000
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