Para conocer un poco sobre procesos de despojo y resistencia comunitaria en Costa Rica, donde CEMEX está involucrado. Alejandro Alvarado Alcázar y Gloriana Martínez Sánchez, Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica A manera de introducción En comparación con junio, este mes cerró con un menor número de acciones colectivas -137 en total- , sin embargo, mantiene una dinámica protesta social con una combinación de actores colectivos y demandas dirigidas principalmente hacia el poder ejecutivo y el poder legislativo. Durante este mes, el recurso de los denominados mecanismos formales de la protesta social se posicionó como el principal, mediante las declaraciones públicas y las reuniones con autoridades, los actores colectivos plantearon sus demandas, aunque la manifestación callejera -i.e. mítines, bloqueos, marchas, huelgas, etc.- se mantienen como una medida de presión importante en el repertorio de las acciones colectivas. Asimismo, los grupos de ciudadanos y ciudadanas -e.g. los foros- fueron los principales actores colectivos según el número total de acciones colectivas organizadas. La dinámica participación del Foro de Guanacaste en la organización y participación de las protestas del 25 de julio, la conformación del Foro de San José y la lucha del Foro de Oriente son expresión de este fenómeno durante el mes de julio. Otros actores colectivos como los sindicatos y los grupos de trabajadores y trabajadoras -con o sin afiliación sindical- se mantienen entre los principales actores colectivos de la protesta social en Costa Rica. Muestra de esto, es que los conflictos sobre derechos laborales persisten como el principal tipo de demanda en el escenario social y político costarricense. En este análisis de coyuntura, nos concentramos en reflexionar sobre el territorio y sus conflictos, posicionándolo como un elemento central en la configuración del conflicto social entre distintos actores colectivos. En esta línea, tratamos el asesinato de Jairo Mora y las luchas sostenidas por justicia para el conservacionista, las manifestaciones del 25 de julio en Guanacaste, las resistencias de los pueblos indígenas y de las comunidades costeras en defensa de sus territorios, entre otros. Finalmente, dedicamos un espacio para pensar el conflicto regional, encausado mediante protestas sociales que posicionaron a las municipalidades como la entidad hacia la que se dirigen los malestares de las y los trabajadores municipales y de las comunidades en distintos puntos del país. La lucha por justicia para Jairo Mora: conservación, territorio y conflicto En los últimos dos meses, se presentaron una serie de protestas sociales relacionadas con el asesinato del conservacionista, Jairo Mora, el pasado 31 de mayo, en playa Moín, en la provincia de Limón. En este informe de coyuntura, trataremos de reflexionar sobre este caso, relacionándolo con la situación de desprotección que enfrentan las personas dedicadas a la protección del medio ambiente, y con las luchas por el territorio específico de Limón, las cuales se han repetido durante los últimos años. En este sentido, intentamos posicionar la discusión sobre el discurso contradictorio de los gobiernos en torno a la protección del medio ambiente, y la compleja situación que enfrenta la provincia del Caribe, debido a su posición estratégica dentro del territorio nacional y regional. Desde la muerte de Jairo Mora, se han originado un importante número de protestas orientadas hacia mostrar solidaridad por la muerte de Mora, pero sobre todo en demanda por justicia ante la situación de impunidad instalada desde el 31 de mayo. De acuerdo con los reportes de medios de comunicación, el asesinato de Mora obedecería a una lucha desatada entre este conservacionista y un grupo de personas dedicadas a la extracción de huevos de tortugas baula, las cuales se encuentran en peligro de extinción. Meses atrás, mediante redes sociales y otros medios , el propio Mora habría pedido la presencia de la Fuerza Pública en el patrullaje de las playas ante las condiciones de amenaza que enfrentaban los conservacionistas en la labor de protección de estas especies marinas. Pese a las denuncias de Mora, en un principio el Organismo de Investigación Judicial consideró que el móvil del asesinato fue un asalto, según declaraciones de la vocera de prensa de este organismo: “el móvil inicial que se investiga del homicidio es un aparente asalto, porque les robaron (…) sin embargo, debido a las circunstancias, cómo se lo llevaron a él y cómo le dispararon, no se descarta que la investigación tome otro rumbo” . Luego de la presión ejercida, principalmente desde las organizaciones ambientalistas, el discurso de las autoridades ejecutivas y judiciales se tornó hacia manejar el asesinato como un crimen relacionado con la labor de protección realizada por Mora. Entre junio y julio se registraron un total de 11 acciones colectivas, incluidas una serie de reuniones con autoridades de los poderes ejecutivo y judicial, con el objetivo de dar seguimiento al proceso de investigación. Durante estas reuniones, las organizaciones ambientalistas manifestaron su inconformidad con el abordaje dado por el gobierno al asesinato y exigieron la instalación de una “Comisión de la Verdad” dedicada a esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Mora y los crímenes cometidos contra otros activistas por la defensa del medio ambiente . Entre otras discusiones, el asesinato de Jairo Mora coloca dos grandes temas de debate: el primero, directamente relacionado con la dinámica de protección/desprotección que enfrentan las personas dedicadas a la protección del medio ambiente, en cualquiera de sus manifestaciones. Segundo, el conflicto por el territorio específico de Limón que sitúa, desde nuestra lectura, cuatro distintos actores sociales en constante confrontación. Sobre el primero, cabe señalar que la imagen internacional en materia de medio ambiente de Costa Rica se ha construido sobre un elaborado discurso de “Paz con la naturaleza” que posiciona a nuestro país como un “país verde”. Este discurso, que responde a la lógica del capitalismo verde, y en el fondo es de carácter publicitario, pretende posicionar a Costa Rica como un destino turístico donde la “experiencia natural” inmediata, el contacto con lo “exótico” se desarrolla sin mediaciones o, como sostiene el eslogan, “sin ingredientes artificiales”. Pese a esto, los últimos años han encontrado un dinámico espacio de protesta social directamente relacionado con denunciar distintos proyectos mineros, hidroeléctricos, turísticos, entre otros, cuyos daños sobre el medio ambiente y sobre las comunidades donde se asientan, subvierten la lógica del discurso impulsado por los sectores dominantes ligados con estos proyectos y por el propio Estado costarricense. De la misma manera, durante los últimos años se ha incrementado de manera sostenida la criminalización de la protesta social con un crecimiento en el brazo represivo del Estado, que incluye la dotación de recursos humanos, económicos y materiales para los cuerpos de policía combinado con una tendencia hacia el endurecimiento de la legislación y un mayor grado de persecución contra los militantes sociales y políticos; los crímenes que se comenten contra estos mismos militantes, aumentan sus grados de impunidad y parecen perpetrarse bajo el amparo de las propias autoridades ejecutivas y judiciales. La caracterización del asesinato de Jairo Mora como un “accidente”, hecha por el vicepresidente Piva, no es en sí misma un “accidente”, sino la expresión de cómo se interpreta la labor de lucha social y política que los grupos sociales desarrollan y las consecuencias que estas generan cuando “entorpecen” el despliegue de los intereses de los sectores dominantes. Sobre el segundo, en un informe anterior mencionábamos que el territorio como escenario de conflicto social se ha colocado en el centro, debido a la confrontación de distintas formas de entenderlo y de hacer uso de él . En el caso de Limón, este es un territorio disputado, principalmente, entre cuatro actores sociales. Aunque la jerarquía no parece claramente definida, de un lado se colocarían tres actores sociales que encuentran en el territorio limonense un espacio para la realización de sus intereses propios y en los que el territorio es centralmente un espacio donde generar ganancias. Bajo esta orientación se articulan el Estado, particularmente la clase política ligado con la estrategia neoliberal, y que, en conjunto con un segundo actor social -el capital privado nacional y transnacional- ha configurado a este territorio por su importancia como “puerta de entrada” del comercio costarricense como una lugar central en la implementación de la apertura y privatización de la cosa pública, tal como lo ha expresado el enfrentamiento por la construcción de la nueva terminal de contenedores, la nueva refinería de petróleo y el proyecto de Limón Ciudad-Puerto. El segundo actor social mencionado -el capital privado- ha participado en el particular desarrollo del territorio limonense desde la presencia del capital trasnacional ligado con el monocultivo del banano y la piña, pero también ha participado en la apertura y privatización de los muelles del Caribe y los otros proyectos mencionados. Un tercer actor social, es el denominado “crimen organizado”, particularmente el ligado con el tráfico de drogas, el cual se superpone en el territorio limonense transformándolo en un escenario de violencia y muerte. Por otra parte, el cuarto actor social son las comunidades y grupos sociales organizados que defienden una noción de territorio relacionado con su presencia histórica en él, el desarrollo de una cultura particular -la afrocostarricense y la indocostarricense- bajo las cuales el territorio -o los territorios- ocupan un lugar esencial en la configuración de su identidad individual y colectiva. Este cuarto actor social, opone una visión-otra a la presentada por los tres anteriores, y reclama respeto por sus territorios. Por supuesto, que estos cuatro actores sociales no ocupan territorios geográficamente diferenciados, sino que sus localizaciones se superponen generando los constantes conflictos entre estos y marcando dinámicas de territorialización-desterritoriallización-reterritorialización. Guanacaste y territorios indígenas: espacios en disputa El fortalecimiento de la producción en monocultivo, la agroindustria, el desarrollo inmobiliario y turístico, así como el desarrollo de proyectos para la generación e interconexión energética, han sido elementos fundamentales en las agendas de desarrollo de los gobiernos para las zonas rurales, lo que ha significado una aceleración en la presión sobre estos territorios (cultura, tierra, recursos naturales, etc.). Asimismo, a partir de los procesos de apertura comercial y de achicamiento de la institucionalidad pública se evidencia un desgaste en las respuestas institucionales para afrontar los problemas y los reclamos de las y los habitantes del campo costarricense. Elementos que han significado la agudización y deterioro de las condiciones de vida de los sectores rurales, por lo cual las conflictividades y tensiones en estos espacios van en aumento. En este mes comunidades de zonas costeras y limítrofes exigieron al Estado el reconocimiento y derecho sobre sus tierras. Así, en Paso Canoas, zona sur del país se dio inicio a la llamada “Marcha de la Dignidad”, la cual se dirigió hacia la Asamblea Legislativa en San José, con el motivo de exigir la aprobación del proyecto de ley N.° 16. 657 para la titulación de las tierras en la milla fronteriza. Tras 3 días de caminata, diversos sectores se fueron sumando a la marcha, entre ellos habitantes de la zona fronteriza de Sixaola, Limón. Cabe destacar, que según mencionan las y los manifestantes la falta de titulación de estas tierras afecta a unas 25 mil familias, las cuales se mantienen en inseguridad en torno a la propiedad de sus tierras y lotes. Este mismo tema se hizo presente en las manifestaciones del 25 de julio, Día de la Anexión de Nicoya, en el cual comunidades costeras exigieron la aprobación de la Ley de Territorios Comunitarios Costeros, y la detención de desalojos a las comunidades que habitan en la Zona Marítimo Terrestre. Asimismo, las y los guanacastecos reclaman soluciones a problemas como la contaminación con arsénico del agua que consumen comunidades de Cañas y Bagaces, el mejoramiento de la infraestructura vial en toda la provincia y el mejoramiento en la infraestructura de salud, en particular del Hospital La Anexión de Nicoya. Cabe destacar, que desde que se hizo el anuncio de dicha protesta el gobierno opto por rechazar la manifestación por lo que un día antes, el Concejo Municipal de Nicoya decidió trasladar la hora de los actos oficiales de la celebración con el argumento de “salvaguardar la vida de los nicoyanos, guanacastecos y costarricenses”. A pesar de la invisibilización de las demandas y necesidades de las comunidades guanacastecas, en esta provincia existen diversos territorios en conflicto entre los intereses empresariales, de terratenientes y agroindustriales, y las demandas de las y los habitantes, por tierra, vivienda, y por la protección y control de los recursos vitales. En este sentido, se enmarca el conflicto que se ha dado en la Finca El Aguacate en Liberia, cuando en mayo del 2011, alrededor de 300 familias campesinas ocuparon un terreno de más de 500 hectáreas que se encontraba en abandono por varias décadas. Por esta razón, el 22 de julio del presente año cuerpos policiales especializados, terratenientes y guardias de seguridad privada ejecutaron un desalojo contra los y las campesinas. Según reporta el Movimiento de Reforma Agraria, organización que ha acompañado y participado en la ocupación de las tierras, el desalojo se caracterizó por la violencia policial, en donde hubo golpes y persecuciones selectivas, así como la utilización de bombas lacrimógenas dentro de la finca, al final del desalojo se contabilizaron cerca de 100 personas detenidas. De esta manera, las protestas en la provincia de Guanacaste y la Marcha por la Dignidad se insertan en una dinámica política donde por un lado comunidades rurales y poblaciones campesinas exigen al Estado, derecho y seguridad sobre sus territorios y los recursos que se encuentran en ellos, en contraposición con los intereses expresos de las empresas estatales o privadas y los terratenientes. En una línea similar en el mes de julio diversas comunidades indígenas del país se reúnen en la Asamblea Legislativa para exigir la aprobación de la Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, proyecto de ley que lleva más de 19 años sin ser tramitado en la Asamblea Legislativa . Por esta razón representantes de los territorios indígenas bribris de Cabagra y Salitre, ambos ubicados en la zona sur, denuncian la sordera del gobierno ante la urgencia del reconocimiento jurídico de la autonomía de los pueblos indígenas No obstante, señalan que continuarán construyendo sus procesos de autonomía en cada uno de los territorios. Mariana Delgado Morales, indígena de Salitre señala que: “en Salitre estamos dando la lucha por la recuperación de tierras y por nuestros derechos, en este proceso seguiremos adelante, porque le hemos pedido al gobierno la respuesta al proyecto de ley de autonomía y lo que vemos es falta de voluntad, es importante para nosotros porque así podremos rescatar lo que nos pertenece.” (Alvarado y Martínez, 2013b) Ante las recuperaciones de tierras, las amenazas y agresiones por parte de finqueros no indígenas hacia las comunidades y organizaciones locales han ido en aumento. Por esta razón, líderes de la comunidad de Río Azul de Salitre han solicitado a la Fiscalía de Buenos Aires de Puntarenas la pronta resolución para llevar a juicio e interponer medidas cautelares a los responsables de las agresiones ocurridas el pasado 4 de enero, cuando finqueros no indígenas atacaron a familias bribris que se encontraban en una finca recuperada, dando como resultado 4 indígenas heridos con arma de fuego y arma blanca. Asimismo, miembros del Consejo de Ancianos de la comunidad indígena de Cabagra denunciarpn casos de corrupción en la Asociación de Desarrollo Indígena del territorio, por la entrega de tierras y bonos de vivienda a personas no indígenas dentro de su territorio. Bajo el derecho y autonomía sobre los territorios indígenas, la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica (MNICR), organizaciones ambientales y líderes indígenas de Alta Talamanca, Limón, denunciaron la incursión en el sector de Alto Cuén, de no indígenas armados- nacionales y extranjeros-, con ropa de fatiga y en helicóptero. Según señala la MNICR, las y los indígenas decomisaron el equipo que portaban estas personas, dentro de los que encontraron equipo para mediciones topográficas. Las y los habitantes de la zona señalan haber sido amenazados por estas personas, y reconocen que existen sospechas que la incursión de estos hombres dentro del territorio indígena responde a intereses sobre los recursos minerales en las montañas de la Alta Talamanca. En este sentido, los conflictos dentro de los territorios indígenas del país son un acumulado de tensiones marcadas por el racismo y la invisibilización social y política sistemática. Los discursos hegemónicos utilizados a lo largo de la historia en Costa Rica se caracterizan por normalizar la construcción del ser costarricense, de lo cívico-patriótico, y de lo que es nacional, negando y silenciando la vivencia de los espacios rurales caracterizados por el mestizaje y la diversidad étnica y cultural. Poblaciones que re significan y valorizan al territorio como un conjunto de dimensiones culturales, geográficas, espaciales que se conjugan para la sobrevivencia de los pueblos y comunidades. Conflictos regionales, municipalidades, trabajadores y comunidades Durante este mes, las protestas sociales dirigidas hacia las municipalidades encontraron una importante resonancia entre las acciones colectivas. Desde las y los trabajadores de los mismos municipios, solicitando mejores condiciones laborales, hasta las y los vecinos, demandando mejor infraestructura en las comunidades, posicionaron el conflicto social en la escala regional, en donde la presencia de los gobiernos municipales es reclamada para satisfacer necesidades de todo tipo en las comunidades o para enfrentar las denuncias por el mal manejo de los fondos municipales o por la corrupción en la función pública. En primer lugar, en el transcurso de este mes, trabajadoras y trabajadores que laboran para la Municipalidad de Santa Ana, en San José, declararon una huelga de tres días para que se cumpliera con un acuerdo tomado por el Concejo Municipal para aumentar de un 2% a un 4% el monto de las anualidades que reciben. De acuerdo con estos, desde hace 18 años que no se aumentaba este monto, por lo que presentaron una solicitud ante las autoridades municipales la cual fue aprobada por estas. Sin embargo, en los días siguientes se emitieron tres oficios en los que se señalaban errores en el cálculo y se negaba la solicitud alegando que esta generaría la “quiebra” de la municipalidad . Luego de esto, el 10 de julio, segundo día de huelga, las y los trabajadores bloquearon la ruta 27 y cerraron el edificio municipal, mientras los regidores del Partido Acción Ciudadana y del Partido del Sol, este último partido cantonal, impidieron que el Concejo Municipal votará una moción con la que se solucionaría la situación, según señaló Albino Vargas . Finalmente, en el tercer día de huelga, el mismo Concejo Municipal votó la mencionada moción con lo que la manifestación fue depuesta. En este mismo tema, trabajadoras y trabajadores de la Municipalidad de Goicoechea declararon un paro de labores, registrado el 1 de julio, en solidaridad ante el posible despido de 140 funcionarios y funcionarias municipales que laboran como interinos. En este caso, la seccional de la ANEP también participó en la protesta, denunciando que la situación obedecía a un supuesto error en el procedimiento de contratación cometido por la jefa de recursos humanos del municipio, la cual mantenía a las y los trabajadores bajo contratos bimensuales y, en algunos casos, pese a no cumplir con los requisitos. En este mismo municipio, se presentaron otras protestas sociales en la que participaron grupos de vecinas y vecinos; el 9 de julio, unos 50 habitantes de la comunidad de Los Cuadros, bloquearon el acceso a la comunidad como medida de presión para que la municipalidad realice trabajos de mejoras en las calles, en las aceras y en el sistema de alcantarillados. La manifestación generó una negociación con las autoridades municipales quienes otorgaron 210 toneladas de material para arreglar un tramo de las calles en mal estado. Semanas después, vecinas y vecinos de Guadalupe, perteneciente a este mismo cantón, se concentraron en el parque de la comunidad para manifestar su malestar por la matanza de palomas ordenada por la municipalidad y demandando respeto por la vida de los animales. Fuera de la capital, San José, se presentaron otras medidas de presión dirigidas hacia las municipalidades, como la protesta de un grupo de transportistas por el mal estado de las calles en distintas comunidades de Limón y por la falta de acciones por parte del municipio para la solución de la problemática. Asimismo, en Alajuela durante una reunión, un grupo de comunidades organizadas decidió solicitar a la municipalidad retirar los permisos otorgados a una transnacional estadounidense para la construcción de una planta que se dedicaría a transformar desechos en energía eléctrica. La oposición se generó debido a la cercanía entre la planta y la naciente Los Herrera, que comprometería una de las principales fuentes de agua de la provincia. En Guanacaste, se presentó un conflicto entre la empresa CEMEX, de capital mexicano, y la Municipalidad de Abangares, por la decisión del municipio de recaudar impuestos dejados de cobrar durante 10 años. Representantes de la cementera, presentaron denuncias debido a la anulación de una concesión otorgada para explotar los tajos en Colorado, ubicados en el mismo cantón. En Cartago, en el este de la Gran Área Metropolitana, el Foro de Oriente ha mantenido denuncias constantes ante el mal manejo de los fondos públicos y un conjunto de medidas implementadas por la Municipalidad de Cartago. El 11 de julio, durante el acto de rendición de cuentas anual del alcalde Rolando Rodríguez, integrantes de este foro se concentraron en el anfiteatro de la ciudad, donde tomó lugar el acto, para manifestarse, entre otras cosas, por la comisión de errores en la selección de los terrenos para construir el nuevo hospital y la intención de concesionar la carretera Florencio del Castillo . A manera de cierre Durante el mes de julio se da una intensificación de los conflictos en diversas zonas rurales del país, situación que se enmarca en una acumulación de tensiones históricas profundizadas a partir de las dinámicas de acumulación de capital. Las disputas y conflictos han girado en torno a la contradicción y tensión entre el arraigo histórico, cultural, patrimonial al territorio y lo que en este se encierra (cultura, recursos naturales, producción, etc), y por otro lado, los intereses económicos sobre los mismos, en donde desde la lógica capitalista, el territorio es leído como medio de producción para la generación y acumulación de riquezas. De esta manera, muchos territorios se han convertido en espacios de conflictos y tensión lo que ha significado un reavivamiento de los procesos de organización y resistencia de los pueblos indígenas, comunidades pesqueras, campesinas y organizaciones conservacionistas. Cabe destacar los altos niveles de presión y violencia simbólica y física ejercidas sobre estos sectores sociales por actores privados y con la complicidad del Estado; situación que agudiza aún mas las tensiones en los distintos territorios en disputa. Asimismo, el aumento en las acciones colectivas dirigidas hacia las municipalidades -como actor institucional en los distintos espacios rurales y urbanos-, podría responder a una lógica de disputa y reconocimiento de los territorios. Estas protestas podrían evidenciar un acumulado de tensiones a nivel local, lo que podría generar una cohesión organizativa y de protestas en los barrios y comunidades. Referencias Alvarado, A. y Martínez, G. Costa Rica Cronología del Conflicto Social Junio 2013a. San José: IIS-UCR. Disponible en: iis.ucr.ac.cr/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=102&Itemid=407 Alvarado, A. y Martínez, G. Costa Rica Cronología del Conflicto Social Julio 2013b. San José: IIS-UCR. Disponible en: iis.ucr.ac.cr/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=102&Itemid=407
Posted on: Sat, 14 Sep 2013 20:51:17 +0000
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