Para no olvidar a las víctimas del invierno en Atlántico Oficina de Prensa Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, julio 31 de 2013 -------------------------------------------------------------------------------------- La tragedia se vive desde el año 2010. Todavía hay decenas de miles de familias damnificadas. Inaudita, la incapacidad del gobierno para dar soluciones definitivas. Una nueva protesta adelantada por los habitantes de Manatí, Candelaria y Campo de la Cruz, en el sur del Atlántico, acaba de recordarle al país que decenas de miles de familias damnificadas por la ruptura del Canal del Dique siguen sin recibir soluciones definitivas. Los mítines y marchas pusieron de presente la pobreza del pueblo y, en especial, la dramática situación por la que pasan los pequeños y medianos ganaderos, pues la venta de leche a las cooperativas cayó de diez mil litros diarios a menos de dos mil y el ganado que no se perdió en la inundación debió ser malvendido. Ven cerradas las puertas, pues la engorrosa tramitología les sirve de pretexto a los funcionarios para demorar los subsidios. “Se ha prometido mucha ayuda, pero no ha venido nada”, dice uno de los líderes en reportaje publicado hoy por el diario El Heraldo, de Barranquilla. “¿Dónde están las casas prometidas por el gobierno?”, pregunta un dirigente campesino del municipio de Candelaria. El senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, denunció que este horror se vive desde hace tres años por la desidia del gobierno nacional y demandó volcar urgentemente presupuesto y esfuerzos, porque la población está aguantando física hambre. Se anexa el artículo publicado hoy por El Heraldo En el sur del Atlántico siguen a la espera El Heraldo, 29 de julio de 2013 El jueves pasado, EL HERALDO hizo un recorrido por Candelaria, Manatí y Campo de la Cruz, motivado por informaciones sobre marchas campesinas para pedir fuentes de trabajo al gobierno. La pobreza en el Sur del Atlántico, una de las más agudas del país según el Departamento Nacional de Planeación, es una constante histórica desde mucho antes de las inundaciones causadas por La Niña en 2010 y 2011, la cuales dejaron sumergidas 44.000 hectáreas de un departamento en el cual las crecientes anuales suelen no cubrir mucho más de 100 hectáreas. Las voces de desaliento, reproche y escepticismo halladas a lo largo de este recorrido, ante la paquidermia del gobierno para materializar ayudas a los casi 100.000 damnificados, sugieren que la tragedia humana, lejos de terminar, se extiende. Así lo siente y asegura Carlos Acuña Martínez, de autoridad patriarcal entre los líderes campesinos del Atlántico, quien ha sido más de una vez presidente de la Asociación de Ganaderos de Manatí (Asogama): “aquí han prometido mucha ayuda, incentivos al trabajo, pero no ha venido nada”, se lamenta. Critica el hecho de que “lo poco que han hecho”, el plan de recuperación de tierras impulsado por el gobierno con la asesoría de Corpoica y financiación del Fondo de Adaptación, esté supeditado a que las fincas o parcelas sean despejadas de troncos por sus propios dueños, para meter la maquinaria agrícola y adecuar la tierra donde debe crecer el pasto que se debería utilizar en la alimentación de las vacas prometidas por el gobierno central a todo aquel propietario de tierra que pueda probar haber tenido ganado antes de las inundaciones. “El gobierno sabe que la gente aquí no tiene cómo pagar a los jornaleros que deben hacer esta tarea de destronque”, dice el líder campesino, recordando que algunos de los troncos enraizados a remover tienen más de dos metros de diámetro. Y observa que la única prueba válida para que el gobierno otorgue acceso al programa de repoblamiento bovino, implementado a un costo de $22.600 millones y que prevé la entrega de al menos una res por cada hectárea de tierra poseída, son los certificados de vacunación expedidos por el ICA. Acuña asegura que muchos campesinos de la subregión le vendían la leche a fábricas de queso y suero, y no a Colanta, Ciledco o Coolechera, por lo que nunca tuvieron que preocuparse por guardar sus certificados de vacunación, y no lo hacían: “esos pequeños ganaderos han quedado injustamente por fuera”. De brazos cruzados. En lo personal, lamenta la enorme pérdida de frutales y de catorce cabezas de ganado de su propia parcela pero asegura, a sus 76 años, que fuerzas para trabajar y levantarse de nuevo todavía quedan. “Pero aquí no hay dónde, todos estamos cruzados de brazos”. Se lo piensa unos segundos antes de añadir: “Y debiendo; todos endeudados”. La venta de leche a las cooperativas cayó de 10.000 litros diarios a 2000. El ganado que no se perdió en la inundación debió ser malvendido, hasta por una décima parte de su valor real, ya que durante meses no hubo manera de alimentar a los animales, comenta Carlos Acuña, “y el vivo siempre está ahí, aprovechándose de la tragedia del pobre”, remata. Prevé que el agónico negocio de la leche terminará de morir en breve, pues el progresivo deterioro de los aproximadamente 15 kilómetros de caminos vecinales o carreteables de Manatí pronto acabará por impedir del todo el acceso de los camiones recolectores. Faltan acciones. Abel Devia Vizcaíno, alcalde de Manatí, ratifica todo lo denunciado por el líder campesino y añade: “los senadores del Atlántico ni siquiera han podido obtener los recursos para arreglar los canales de drenaje y de riego, aún cuando saben que con esta inversión aliviarían enormemente las condiciones de pobreza”. Sostiene que aunque hace dos o tres meses se entregaron al departamento recursos del Fondo de Adaptación para reparar la eternamente dañada estación de bombeo de aguas de Boquitas, aún no se ha visto acción alguna en este sentido. Carlos Acuña lamenta que las generaciones más jóvenes sean “tan pasivas ante estos problemas” pues considera necesaria una protesta para llamar la atención del gobierno. “Es que se han vuelto masoquistas”, dice, “o les da miedo demostrar su descontento”. El descontento. Sin embargo, un hecho reciente sí que ha llamado la atención de las autoridades. El pasado fin de semana una turba enardecida intentó quemar la sede de la Alcaldía del vecino municipio de Candelaria y a un agente de la Policía, y el detonante de esta explosión fue la intervención de la fuerza pública para controlar el excesivo volumen de la música en una verbena popular. Fuentes oficiales de mucha credibilidad insisten en achacarlo todo al hecho de que Candelaria es uno de los municipios con más alto consumo de licor de todo el departamento. Aunque, por otro lado, abundan los estudios sobre el consumo de sustancias embriagantes y su relación con poblaciones afectadas por síndrome postraumático generado por guerras, terremotos, inundaciones, y sobre cómo las drogas y el licor son un escape aparente a las causas del descontento y la infelicidad. La presencia de EL HERALDO en Candelaria fue como un catalizador de este descontento. En el municipio, una de las quejas más escuchadas ha sido la de la lentitud en el programa de reconstrucción de 300 viviendas afectadas por las inundaciones y en el de construcción de vivienda nueva. “¿Dónde están las casas prometidas por el gobierno?”, quiere saber Jaime Castro Porras, quien asegura vivir “como un animal”, refugiado en el único rincón relativamente habitable de la casa que compartía con su madre. Dice que desde 2011 está oyendo hablar de la construcción de 500 viviendas en el casco urbano del municipio y ha estado a la espera porque piensa que una debe ser para él y su progenitora, “que lo perdimos todo en las inundaciones, cuando se rompió el dique”. A Wenceslao Morales le desalienta y preocupa que tan solo el mes pasado, el 6 de mayo, la Gobernación del Atlántico haya anunciado que se ha celebrado un convenio para construir 163 de esas 500 viviendas anunciadas. “Ahora estamos peor”. Pedro Cabrales Guido dice que los habitantes de Candelaria, después de dos años y medio de las inundaciones, no conocen en qué se ha invertido el dinero del Fondo Adaptación. Añade que la recuperación del campo ha sido un embeleco: “estamos en peores condiciones que en el momento en que teníamos el agua en el pueblo, porque en ese momento por lo menos teníamos a los entes que socorrieron a la gente. Pero ahora que ya no traen los mercados, estamos pasando física hambre”. EL HERALDO coincidió en la zona rural de Candelaria con una inspección que el gobernador del Atlántico, José Antonio Segebre, organizó para funcionarios del orden nacional, de Corpoica y del Fondo de Adaptación. La segunda parte de este reportaje, que será publicado en la edición de mañana, recoge las explicaciones que el gobernador y estos funcionarios dan sobre las acciones y omisiones del gobierno, y reproduce la voz de un líder campesino de Campo de la Cruz, uno de los municipios más afectados por el desastre invernal que empezó el 30 de noviembre de 2010. Por Carlos A. Sourdís Pinedo
Posted on: Mon, 05 Aug 2013 19:18:22 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015