Para ser Franco, renuncio Las circunstancias detrás de la renuncia del fiscal Sergio Franco dos días después de haber sido suspendido por el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público por mal desempeño. El Tribunal se disponía a juzgar si el fiscal había intentado encubrir el accionar ilícito de Julio Miralles, el juez platense denunciado negociar sus sentencias. Sergio Franco, hasta hace poco fiscal a cargo de la fiscalía federal n°1 de La Plata, presentó su renuncia apenas dos días después de la resolución del Tribunal de Enjuiciamiento que lo suspendió en funciones por mal desempeño. La renuncia se hizo efectiva el mes de noviembre. El sumario contra el fiscal había sido iniciado en el año 2011 por el fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de La Plata, Julio Amancio Piaggio, a pedido de la Cámara Federal de esa ciudad. Franco se había negado a investigar a investigar al entonces titular del juzgado federal n°4 de La Plata, Julio Miralles, quien fue acusado de participar del arreglo de sentencias que negociaba personal de su juzgado con un grupo de abogados. Los procedimientos irregulares entorno al juzgado de Miralles fueron expuestos en una denuncia realizada por las abogadas Dionisia Ester González, Marisa Trani y Marta Susana Bartolotta. Las abogadas contaron que en dos causas que llevaban contra entidades bancarias y el Estado Nacional por el bloqueo de depósitos impuesto durante el “corralito financiero” el abogado Miguel Germán De Irureta se había presentado ante sus clientes ofreciéndoles la obtención de un pronunciamiento favorable en el plazo de 48 horas. El arreglo exigía que el cliente revocara la contratación de su abogado actual en su favor y la retribución de un porcentaje de la suma eventualmente liberada por decisión del juez Miralles. Según la denuncia, este procedimiento era posible por un acuerdo que tenían los abogados con los empleados del juzgado n°4, a quienes también correspondía una porción del negocio. Durante la sustanciación de la causa contra Miralles se descubrió que los abogados practicaban “fórum shopping”, direccionando al juzgado n°4 todos los expedientes relativos al corralito. Junto con el abogado De Irureta operaba Matías Calonje, hermano del empleado del juzgado, Diego Calonje. Las personas que en ese momento de desempeñaban en el juzgado declararon que los abogados eran recibidos personalmente por el juez y su personal aún fuera de horario judicial. Además se sabía que entre la familia Calonje y la familia de juez había una relación de estrecha amistad. Una de las denunciantes incluso testificó que tuvo la oportunidad de entrevistarse personalmente con Miralles y contarle la maniobra orquestada, sin que ello modificara el trámite pactado en absoluto. Por otra parte, los testigos que se presentaron en el caso destacaron la rapidez con la que tramitaban las causas relativas al corralito en relación al resto, que en el desorden generalizado de la secretaría a veces nunca recibían tratamiento y, en ocasiones, hasta eran extraviadas. En ese marco el accionar de fiscal Sergio Franco, en el que recayó la denuncia contra el juez, generó grandes controversias. No sólo porque omitió investigar a Julio Miralles y a Diego Calonje, a quienes defendió como víctimas de una maniobra pergeñada por los otros empleados, sino que además desconoció la práctica de fórum shopping y requirió su procesamiento por calificaciones de penalidad menor, afirmando que no había delito y posibilitando así la solicitud de prescripción de la acción penal. En base a ello el titular del juzgado n° 1 de La Plata, Manuel Blanco, dictó el procesamiento del secretario del juzgado, de los abogados De Irureta y Calonje y de personal de la Oficina de Distribución de Causas, dejando libres de toda responsabilidad al juez Miralles y al hermano del abogado. Consecuentemente, el fiscal Franco no apeló. Cuando la Sala III de la Cámara Federal de La Plata advirtió la flagrante omisión e inacción del fiscal en su deber de impulsar la acción penal, le exigió explicaciones en los términos del artículo 24 del Reglamento Disciplinario para los Magistrados del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Para los camaristas resultaba clara la concurrencia de la voluntad del juez en el curso de las maniobras y la implicación de Diego Calonje, quién había sido reiteradamente señalado como uno de los principales partícipes. En un primer momento el fiscal Franco explicó que Miralles había sido engañado por sus empleados, pero al ver que sus explicaciones no resultaban convincentes, comenzó a improvisar algunas muy originales justificaciones. Franco llegó a decir que su omisión de investigar al juez era parte de una “estrategia” según la cual una vez concluida las pesquisas sobre los sujetos implicados, tendría información suficiente para acusar a Miralles. Respecto del fórum shopping dijo que “ningún litigante deseaba que su amparo quedara radicado en el juzgado n°2”, porque era sabida la diferencia de criterios entre ambos “por cuanto el n°2 siempre concedía hasta 20 mil dólares mientras que el n°4 concedía distintos porcentajes y hasta el total del depósito”. Fue por ello que “no se sospechó de una connivencia inicial por el propio mecanismo de asignación de causas”, dijo. Tanto los jueces de Cámara como el fiscal general Julio Amancio Piaggio opinaron que los argumentos presentados por Franco no lograban despejar las dudas sobre su accionar, por lo que correspondía evaluar su remoción. Piaggio, el fiscal instructor del sumario, sostuvo que la argumentación de Franco era una “mera excusa ensayada” y que se contradecía con sus primeras declaraciones. Para el representante del Ministerio Público Fiscal, los hechos a investigar no daban lugar a las confusiones alegadas. El caso era simple: “un juez que habría puesto en venta sus servicios”, afirmó. Piaggio dijo que resultaba claro el favoritismo de Franco hacia el ex juez Miralles, a quien deliberadamente había tratado de proteger incurriendo de ese modo en graves negligencias sobre un asunto muy sensible para toda la comunidad judicial. El juez Miralles renunció a su cargo en el año 2006 luego de haber sido suspendido por el Consejo de la Magistratura, a partir del enjuiciamiento impulsado por el entonces consejero Beinusz Szmukler. No obstante ello, el juez falleció este año habiendo conservado intacto el incremento patrimonial cosechado durante sus años en la justicia.
Posted on: Thu, 21 Nov 2013 12:54:43 +0000
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